Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Caducidad de la acción: el municipio demandado y el Ministerio Pœblico guardaron silencio
El contratista no puede ejercer su derecho de acción judicial después de la caducidad del medio de control, establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica y evitar situaciones indefinidas en el tiempo, lo cual implica que los plazos para presentar demandas son perentorios e irrenunciables. En el caso de convenios interadministrativos, la terminación del acuerdo y el inicio del plazo para su liquidación bilateral determinan el inicio del término de caducidad, que en este caso fue de cuatro meses, y si el convenio no fue liquidado, el plazo para presentar la demanda es de dos años a partir del vencimiento de este plazo. La Sala confirma la sentencia que declaró la caducidad del medio de control y condena al contratista en costas, lo que implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la pérdida del derecho a accionar.síntesis automática
También resuelve:
Convenio interadministrativo: Ley 489 de 1998 artículo 95, finalidad, contraprestación económica, aplicación La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 199823, porque aquel fue suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan. De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y del departamento de Magdalena, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección c
Consejera ponente: adriana polidura castillo