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BIENES DE UTILIDAD PÚBLICA

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Bienes de utilidad pública: no resultan aplicables para la adquisición de bienes inmuebles destinados a los proyectos de infraestructura vial

C-324 de 2021 2021-08-13
¿La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y/o complementarios, aplican para la adquisición de aquellos bienes inmuebles declarados como de utilidad pública e interés social por parte de los entes territoriales para el desarrollo de obras de infraestructura vial?
De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen y adicionen, así como sus decretos reglamentarios y complementarios, no resultan aplicables para la adquisición de bienes inmuebles destinados a los proyectos de infraestructura vial, dada su naturaleza y el procedimiento especial que regula esta actividad, establecido en las leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013 y 1882 de 2018, tal como se explicó anteriormente.
También resuelve: Propiedad privada: garantía, límites constitucionales, límites constitucionales / expropiación, concepto Expropiación: concepto, régimen jurídico, tipos, etapa previa para la enajenación voluntaria directa Bienes de utilidad pública: adquisición, procedimiento, régimen jurídico, especial –exceptuado del régimen general de contratación pública
Colombia Compra Eficiente Concepto

El principio de máxima publicidad establece que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal”.

C-656 de 2024 2024-10-30
¿Los bienes inmuebles adquiridos por motivo de utilidad pública se rigen por el estatuto general de contratación de la Administración Pública?
El procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles con fines de utilidad pública e interés social se encuentra excluido de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por cuanto está regulado en un régimen especial y exceptuado, previsto en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018. Aunque ese procedimiento contempla una etapa previa de negociación en la que la administración intenta adquirir voluntariamente el bien para evitar la expropiación, y puede culminar en una promesa de compraventa o en un contrato de compraventa que, según el criterio orgánico del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son auténticos contratos estatales, ello no implica la aplicación del Estatuto General. Con todo, al margen de su especialidad, la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria implica el ejercicio de funciones administrativas, por lo que le son aplicables los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad del artículo 209 de la Constitución Política, y, como compromete dineros del erario, también los principios de la gestión fiscal del artículo 267.síntesis automática
También resuelve: Bienes de interes público: adquisición, procedimiento, régimen jurídico especial Bienes de utilidad pública: adquisición, procedimiento, principios, aplicación Contratación pública: principio de publicidad, principio de transparencia, uso del SECOP