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¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿Cuáles son las reglas aplicables a la enajenación de un bien inmueble fiscal indivisible por parte de una entidad pública y, en particular, si dicha enajenación puede realizarse a través del proceso divisorio regulado en el artículo 414 del Código General del Proceso incluyendo la posibilidad de celebrar una transacción dentro de este?
En relación con el problema jurídico, se precisa que con la enajenación de cuotas parte de entidades estatales sobre inmuebles común y proindiviso, es pertinente tener en cuenta que existe una regla especial para entidades del orden nacional. Para ello, se acude al artículo 2.2.1.2.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 que estableció que la enajenación de bienes de las entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S.A., de que se refiere el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe hacerse de conformidad con las reglas establecidas en tales normas.
¿Cuál es la modalidad de contratación que debe adelantar una entidad territorial, para la enajenación de bienes inmuebles, por motivos de utilidad pública?
Para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad de entidades territoriales, la modalidad aplicable es la selección abreviada, que el artículo 2.2.1.2.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece como mecanismo para la enajenación de bienes del Estado. Las entidades territoriales no se rigen por el supuesto de transferencia a la CISA del artículo 2.2.1.2.2.1.3, que aplica a entidades del orden nacional, por lo que pueden realizar la enajenación directamente y lideran el proceso de selección abreviada, sin trasladarlo a un intermediario. Esa selección abreviada debe seguir lo dispuesto en el capítulo de enajenación del Decreto 1082. La figura de la contratación directa no se confunde con esa posibilidad, porque el artículo 2.2.1.2.2.1.3 no se refiere a la contratación directa como modalidad. En consecuencia, para enajenar inmuebles con fines de utilidad pública, la entidad territorial debe adelantar una selección abreviada que ella misma conduzca, conforme a la naturaleza de utilidad pública de la enajenación.síntesis automática
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¿Cuáles son los mecanismos para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad de las entidades públicas?
El literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995, se realiza a través de la modalidad de selección abreviada.
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1 En los procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 (licitación pública, concursos de mérito, subasta inversa, menor cuantía, mínima cuantía) se debe solicitar la declaración de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019.
1 En los procesos de contratación bajo las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 (licitación pública, concursos de mérito, subasta inversa, menor cuantía, mínima cuantía) se debe solicitar la declaración de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés de la Ley 2013 de 2019.
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¿Cómo debe realizarse la adquisición de bienes y servicios requeridos para la defensa y seguridad nacional?
La adquisición de bienes y servicios requeridos para la defensa y seguridad nacional es una causal de selección abreviada, y no de contratación directa, salvo los casos que requieran reserva para su adquisición. Según la postura expuesta, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que la consagraba como causal directa, y el literal i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 la trasladó a la selección abreviada, mientras que los literales d) y j) del numeral 4 mantienen la contratación directa para los casos reservados. La postura se apoya en que la defensa y seguridad nacional es un concepto jurídico indeterminado, al no tener definición legal en el Estatuto General de Contratación. La consecuencia práctica es que la entidad que adquiera bienes o servicios para la defensa y seguridad nacional debe acudir a la selección abreviada, salvo que el bien o servicio requiera reserva, y no a la contratación directa.síntesis automática
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¿Cuáles son los mecanismos para la enajenación de bienes fiscales?
El literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995, se realiza a través de la modalidad de selección abreviada.
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¿Cómo debe realizarse la adquisición de bienes y servicios requeridos para la defensa y seguridad nacional?
De conformidad con el artículo 2, numeral 2, literal i), de la Ley 1150 de 2007, la adquisición de bienes o servicios requeridos para la actividad de defensa y seguridad nacional se deberá contratar mediante la causal de selección abreviada. De igual manera, el artículo 2, numeral 4, literales d) y j) de la Ley 1150 de 2007 establece la posibilidad de contratación directa cuando estos bienes y servicios requieran reserva para su adquisición.
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¿Cuáles son las Entidades Estatales que pueden contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional, conforme a la modalidad de selección abreviada del artículo 2, numeral 2, literal i), de la Ley 1150 de 2007?
El artículo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 11 del Decreto 142 de 2023, reglamenta la causal de selección abreviada y define los procedimientos a seguir para la adquisición de bienes y servicios requeridos para la actividad de defensa y seguridad nacional. Según esta norma, cuando una entidad estatal requiere bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional, debe acudir al proceso de selección abreviada de menor cuantía o, cuando se trate de bienes o servicios de características técnicas uniformes o no uniformes, al proceso de selección abreviada por subasta inversa, acuerdos marco de precios o bolsas de productos, cuando estos existan.
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20001233900020170005201 de 20262026-06-26Rad. 20001233900020170005201
Ello significa que no cualquier persona tiene derecho a usarlos, sino que cuentan con una vocación de uso exclusivo por parte de entidades del Estado, ora para destinarse a la prestación de servicios públicos, ora para ser adjudicados; por tal motivo, la propiedad que ejerce el Estado sobre los baldíos tiene determinados atributos que la distinguen de la propiedad plena que ejercen los particulares respecto de sus bienes. Por lo tanto, los bienes baldíos no son susceptibles de cambiar de propietario mediante prescripción adquisitiva. En la legislación nacional la imprescriptibilidad de los bienes baldíos se encuentra establecida en la ley desde que el Código Fiscal, adoptado mediante la Ley 48 de 1882, dispuso en su artículo 3º que “Las tierras baldías se reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la Nación, en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519 del Código Civil”.
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¿Los bienes inmuebles adquiridos por motivo de utilidad pública se rigen por el estatuto general de contratación de la Administración Pública?
El procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles con fines de utilidad pública e interés social se encuentra excluido de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por cuanto está regulado en un régimen especial y exceptuado, previsto en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018. Aunque ese procedimiento contempla una etapa previa de negociación en la que la administración intenta adquirir voluntariamente el bien para evitar la expropiación, y puede culminar en una promesa de compraventa o en un contrato de compraventa que, según el criterio orgánico del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son auténticos contratos estatales, ello no implica la aplicación del Estatuto General. Con todo, al margen de su especialidad, la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria implica el ejercicio de funciones administrativas, por lo que le son aplicables los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad del artículo 209 de la Constitución Política, y, como compromete dineros del erario, también los principios de la gestión fiscal del artículo 267.síntesis automática
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¿Existen restricciones o prohibiciones a las entidades públicas celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles de interés cultural, en los que sean propietarios?
Las entidades públicas que son propietarias de bienes inmuebles de interés cultural pueden disponer de los bienes fiscales mediante actos jurídicos como la compraventa, la donación o el arriendo, porque esos bienes, aunque estén destinados a la prestación de servicios públicos, son administrados de forma similar a como lo hacen los particulares con los bienes de su propiedad. Distinta es la situación de los bienes de uso público. Según la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 14 de agosto de 2018, no es procedente que las autoridades administrativas entreguen bienes de uso público mediante la fórmula contractual del arrendamiento, porque esos bienes, además de inalienables, inembargables e imprescriptibles, están afectados a una destinación de interés general que consiste en servir al uso y disfrute de la colectividad. En consecuencia, no es posible arrendar un bien de uso público ni pactar cánones o formas de pago por su uso. La Agencia señala que esa conclusión no deriva de una prohibición legal expresa, sino de la incompatibilidad entre la naturaleza del bien de uso público y la esencia del contrato de arrendamiento.síntesis automática
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¿Cuáles son las condiciones y requisitos que deben tenerse en cuenta para la enajenación de bienes inmuebles por las entidades públicas a CISA?
En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, se precisa que el artículo 2.2.1.2.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 estableció una regla especial sobre la enajenación de bienes de las entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S. A., de que trata el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe hacerse de conformidad con las reglas establecidas en tales normas.
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Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1. Distinción entre bienes de uso público y bienes fiscales; 2. Caducidad de la acción y 3. Análisis del caso concreto.
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¿Se encuentra obligado este municipio a adquirir bienes de características técnicas en la modalidad de mínima cuantía a través de acuerdos marco de precios?
Actualmente los municipios no están obligados a adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de Acuerdo Marco de Precios. En este sentido, si un municipio quiere adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, y están disponibles en un acuerdo marco, podrá adquirirlos a través de ese instrumento; en caso contrario debe adelantar el respectivo proceso de selección de mínima cuantía.
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¿Es posible la celebración de contratos sobre bienes y servicios futuros?
Los contratos sobre bienes y servicios futuros son posibles. El artículo 1518 del Código Civil permite que el objeto de una declaración de voluntad sean cosas que se espera que existan, siempre que sean comerciales y estén determinadas al menos en cuanto a su género. Cuando la compraventa o el suministro se refiere a una cosa que no existe pero se espera que exista, se somete a condición suspensiva, de modo que el contrato se perfecciona cuando se constata su existencia efectiva. Si la condición falla, no surgen las obligaciones correlativas del adquirente por falta de objeto, lo que descarta un daño al patrimonio público. Por ello, la celebración de contratos sobre bienes futuros no es per se contraria a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. En cuanto a los servicios, la diferencia entre bienes presentes y futuros no es aplicable, porque sus actividades se individualizan y ejecutan durante la vigencia del contrato, y la norma regula la posibilidad física y moral de las actividades contratadas. El plazo de la condición debe definirse por las partes.síntesis automática
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¿Cuáles son los límites que debe considerar una Entidad Estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al celebrar un contrato con un particular para la operación de un bien fiscal de su propiedad afecto a la prestación de un servicio público?
El contratista no puede sustraer materialmente un bien fiscal afecto a la prestación de un servicio público a la actividad económica privada, ni configurar una contravención del artículo 355 de la Constitución Política, ni comprometer la selección objetiva ni alterar la finalidad para la cual fueron apropiados los recursos destinados a la adquisición del bien, al celebrar un contrato con la entidad estatal para su operación, ya que estos límites garantizan la licitud del objeto del contrato y su conformidad con el ordenamiento jurídico. La entidad estatal, en ejercicio de su autonomía de voluntad, puede celebrar contratos típicos o atípicos siempre que no contraríen el orden público ni tengan objeto o causa ilícitos, y cumplan las formalidades legales, lo que implica que debe considerar cuidadosamente la naturaleza del bien y el esquema contractual para evitar nulidades absolutas por objeto ilícito o por contravención de la Constitución.síntesis automática
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¿Resulta procedente que las entidades territoriales acudan a la contratación directa, invocando las causales previstas relativa a la defensa y seguridad del Estado, y cuáles son los límites normativos y jurisprudenciales que condicionan su aplicación en el ámbito territorial?
El contratista puede acudir a la contratación directa basándose en las causales de defensa y seguridad del Estado, siempre que justifique adecuadamente por qué los bienes y servicios son necesarios para garantizar la estabilidad y continuidad del Estado, distinguiendo claramente este concepto de la seguridad ciudadana. La entidad estatal debe evaluar si los bienes o servicios a adquirir presentan características técnicas uniformes, lo que determinará el procedimiento de contratación a seguir. La jurisprudencia reitera que el concepto de defensa y seguridad nacional es indeterminado y su concreción depende de la situación fáctica particular, por lo que no es aplicable para entidades del orden territorial que se encargan de la seguridad ciudadana. Esto implica que las entidades estatales deben interpretar y aplicar este concepto bajo una comprensión sistemática del orden público, lo que limita su uso a entidades del orden nacional con competencias específicas en defensa y seguridad.síntesis automática
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¿Resulta jurídicamente procedente que una entidad estatal condicione la acreditación de la experiencia del proponente a la existencia o coincidencia con uno o varios códigos determinados del Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC)?
La clasificación del proponente en el RUP, que corresponde a los listados de los numerales 1.1 y 2.1 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, no condiciona la capacidad jurídica ni de ninguna otra clase de los proponentes. Por esa razón, si un proponente cumple los demás requisitos del pliego, su oferta no puede rechazarse por no contar con la inscripción del código de los bienes, obras o servicios del objeto del proceso. Esta conclusión se mantiene sin perjuicio de la forma como se exija la experiencia en los pliegos, porque la experiencia es un requisito habilitante distinto de la capacidad jurídica. Para evaluar la experiencia, sí puede acudirse al Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, de modo que los contratos aportados se identifiquen por los códigos que corresponden a su objeto. Por lo anterior, la entidad puede utilizar el clasificador como criterio para verificar la experiencia en el pliego, pero no puede convertir la inscripción del código en una condición de capacidad jurídica del proponente. La consecuencia práctica es que la exigencia de códigos específicos debe estar justificada en la experiencia requerida y no en la capacidad del oferente.síntesis automática
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¿Qué se entiende por Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización al momento de clasificar dispositivos e insumos médicos, y cuáles son los criterios normativos aplicables para dicha categorización, y si existe una lista taxativa?
El contratista debe aplicar la licitación pública para bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, salvo que una norma especial indique otra modalidad contractual, debido a que estos objetos comparten especificaciones técnicas y patrones de desempeño objetivamente definidos, lo que permite su adquisición en condiciones estandarizadas y la concurrencia de múltiples oferentes. La ficha técnica incluida en el pliego de condiciones debe detallar la clasificación del objeto conforme al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), garantizando así la transparencia y la selección objetiva en la contratación estatal. Esta regla reitera y matiza precedentes, enfatizando la importancia de la definición legal sobre el uso general o el significado técnico, y promueve la eficiencia y la transparencia en la contratación pública.síntesis automática
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