Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
Finaliza señalando que cuando existen mecanismos distintos a la acción popular para defender derechos públicos o el interés general, ésta acción no es de recibo ya que el cumplimiento de las cláusulas contractuales y las garantías se debe hacer efectivo mediante la acción contenciosa contractual.
El contratista que pretende controvertir la terminación unilateral de un contrato suscrito con una empresa de servicios públicos domiciliarios y su posterior adjudicación a otra persona jurídica debe acudir al medio de control ordinario de la acción contractual y no a la acción popular. Aunque la acción popular tiene carácter principal para garantizar y proteger derechos e intereses colectivos de una comunidad, tales como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos domiciliarios o los derechos de los consumidores y usuarios, dicho mecanismo constitucional resulta improcedente cuando las pretensiones y los hechos de la demanda son de índole estrictamente contractual y persiguen un beneficio económico particular. En consecuencia, no es jurídicamente admisible invocar la vulneración aparente de derechos colectivos para desvirtuar los medios ordinarios de control instituidos en el ordenamiento jurídico con el fin de dirimir controversias derivadas de un negocio jurídico específico.síntesis automática
También resuelve:
Acción popular: Procede para defender derechos colectivos o de interés general no para controversias contractuales de interés particular
Acción popular: Es improcedente en razón a que las pretensiones son de índole contractual
Acción contractual: Se trata de un contrato terminado de manera unilateral y posteriormente adjudicado a otra persona jurídica