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Colombia Compra Eficiente
Concepto
El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo supone que las entidades no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados.
C-718 de 2026
2026-05-29
¿Cuáles es el alcance de los mecanismos y metodologías que para la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo en el sistema de compras y contratación pública?
Las entidades estatales no pueden establecer en los pliegos causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley, y para prevenir el riesgo de lavado de activos y de corrupción en la contratación deben recurrir a medidas de gestión del riesgo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, el régimen de inhabilidades tiene reserva legal y es taxativo y restrictivo, por lo que una entidad no puede crear nuevas causales que afecten la capacidad para contratar, ni siquiera presentándolas como causa de rechazo de los ofrecimientos. Segunda, de acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tanto las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 como las exceptuadas tienen opciones para prevenir la corrupción y los delitos derivados de la contratación, como tipificar, estimar y asignar los riesgos en los estudios previos, verificar las calidades de los proponentes o futuros contratistas y, en los pliegos de condiciones, incorporar medidas equivalentes.síntesis automática
También resuelve:
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
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Actos de corrupción: medidas de mitigación
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Concepto
Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
C-867 de 2025
2025-07-16
¿Respecto a la verificación de las situaciones de control de que trata el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, existe riesgo de inhabilidad e incompatibilidad conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, para efectos del literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública regula algunas inhabilidades relacionadas con la existencia de situaciones de control. Sin pretensión de exhaustividad, este es el caso de la prevista para condenas por actos de corrupción del literal j del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 2014 de 2019, caso en el cual la restricción aplica a “… las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras”.
También resuelve:
Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual
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Actos de corrupción: inhabilidad, fundamento
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Concepto
Lista clinton: las causales aplicables son de interpretación restrictiva
C-1449 de 2025
2025-11-26
La denominada Lista Clinton tiene carácter no vinculante en Colombia, porque la Orden Ejecutiva 12.798 del Gobierno de Estados Unidos no rige en el país, como recoge el anexo de la Circular Conjunta 034 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Contraloría General de Santander. Como esa lista no es norma nacional, no puede servir por sí sola de fundamento para terminar un contrato. La terminación unilateral solo procede en los eventos que el Estatuto General de Contratación establece expresamente, como los del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la misma ley, en concordancia con el inciso segundo del artículo 45. La consecuencia práctica es que la entidad debe fundar cualquier decisión de terminación unilateral en una causal legal, y no en la inclusión de una persona en esa lista.síntesis automática
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Lista clinton: carácter no vinculante
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
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Concepto
Debida diligencia: los municipios deben establecer en su programa de transparencia criterios para mitigar el riesgo de lavado de activos
C-494 de 2024
2024-11-21
¿Cuál es el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública?
La entidad estatal no puede contemplar dentro de los criterios de evaluación la adopción de programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos, porque, conforme al principio de legalidad, se trata de una exigencia transversal a todos los proponentes que no determina la oferta más favorable en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y los artículos 12 y 31 de la Ley 2195 de 2022 no autorizan asignarle puntaje. El marco de la debida diligencia parte del literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que obliga a toda entidad, cualquiera que sea su régimen de contratación, a implementar Programas de Transparencia y Ética Pública que incluyen medidas de debida diligencia, y del artículo 12 de esta última ley. Por la reserva legal del régimen de inhabilidades, la entidad tampoco puede crear causales no previstas en la ley, ni siquiera como causales de rechazo.síntesis automática
También resuelve:
Debida diligencia: marco normativo
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Sarlaft: marco jurídico, definición
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Concepto
La inhabilidad por actos de corrupción puede asimilarse a una pena en los términos del artículo 38.2 de la Ley 153 de 1887 para efectos de determinar que la infracción correspondiente se castigará con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.
C-1226 de 2026
2026-08-27
¿Cuál es el criterio para aplicar la inhabilidad del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993 frente a sus modificaciones en el tiempo?
El contratista está inhabilitado para contratar con el Estado si ha sido declarado responsable judicialmente por delitos contra la Administración Pública o de corrupción, o administrativamente por soborno transnacional, lo que limita su capacidad contractual durante 20 años, y esta inhabilidad se extiende a las sociedades en las que sea socio o tenga roles directivos, a sus matrices, subordinadas y a los grupos empresariales involucrados en la política delictiva, según las modificaciones introducidas por las Leyes 1474 de 2011, 1778 de 2016 y 2014 de 2019, y el Decreto 1358 de 2020, reiterando la necesidad de interpretar restrictivamente las inhabilidades conforme al principio de legalidad y la taxatividad de su creación.síntesis automática
También resuelve:
Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractual, taxatividad
Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripción
Actos de corrupción: inhabilidad, modificaciones
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Concepto
Las entidades pueden exigir una declaración juramentada sobre la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades para participar en los procesos de selección.
C-307 de 2026
2026-03-11
¿Cuáles son los puntos de conexión entre las prácticas restrictivas de la competencia con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades?
El contratista debe identificar y denunciar las prácticas colusorias en los procesos de selección, ya que estas violan la libre competencia y son objeto de sanciones administrativas según el Decreto Ley 2153 de 1992. Para establecer la existencia de colusión, se requiere un juicio de tipicidad basado en indicios que demuestren la concurrencia de factores como la conducta concertada entre participantes y la eliminación de la competencia, lo que puede llevar a la Superintendencia de Industria y Comercio a suspender los procesos y adoptar medidas cautelares. Además, las entidades pueden implementar medidas contractuales como el rechazo de ofertas y la declaración de desierta del proceso, en caso de evidencia de colusión, en conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4886 de 2011. Estas acciones refuerzan la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, promoviendo la transparencia y la protección de los recursos públicos.síntesis automática
También resuelve:
Colusión: prácticas, procedimientos de selección, alcance
Restricción a la competencia: estándar probatorio
Acuerdos anticompetitivos: alternativas, denuncia, rechazo de las ofertas, declaratoria de desierta
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Concepto
Es así como el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 permite que la Entidad Estatal a través del ordenador del gasto se separare del concepto emitido por el comité evaluador y no acoja sus recomendaciones, en cuyo caso deberá justificar completa y correctamente su decisión.
C-1328 de 2025
2025-10-02
¿Respecto a la verificación de las situaciones de control de que trata el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, existe riesgo de inhabilidad e incompatibilidad conforme al artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y cuáles son los mecanismos para mitigarlo?
Las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva deben verificar las situaciones de control de los oferentes y de los proponentes plurales, de acuerdo con el literal a) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el Decreto 1600 de 2024. Para ello examinan la información suministrada por los oferentes y la que reposa en los expedientes públicos de las Cámaras de Comercio, con el fin de prever la configuración de inhabilidades e incompatibilidades del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. El Registro Único de Proponentes es plena prueba de lo que contiene, según el artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007, de modo que la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la de organización deben verificarse exclusivamente con él. Por regla general, la verificación de situaciones de control puede hacerse a través del RUP, y si el registro no es obligatorio, el pliego debe fijar el mecanismo de validación correspondiente. En consecuencia, el pliego debe prever cómo se acreditará ese dato cuando no exista RUP, y la entidad debe contrastar la información del oferente con los registros públicos.síntesis automática
También resuelve:
Decreto 1600 de 2024: situaciones de control, acreditación
Registro único de proponentes: definición, marco jurídico
Requisitos habilitantes: registro único de proponentes, plena prueba