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Colombia Compra Eficiente Concepto

Principio de maxima publicidad: es fundamental partir del principio de máxima publicidad que rige la función pública en Colombia

C-774 de 2025 2025-07-31
¿Es obligación de la entidad pública permitir el acceso al expediente físico de un proceso contractual a cualquier ciudadano interesado?
Las entidades estatales deben permitir el acceso a los expedientes de los procesos contractuales a quien lo solicite, sin perjuicio de las excepciones legales de información clasificada o reservada, porque el principio de máxima publicidad garantiza el derecho de acceso a los documentos públicos del artículo 74 de la Constitución, y la Ley 1712 de 2014 presume pública toda información en posesión de una entidad sin exigir interés particular para solicitarla. La regla tiene un matiz según la plataforma. En los procesos tramitados en SECOP I, el expediente físico es la prueba principal de la gestión pública, que debe salvaguardarse y ponerse a disposición de quien lo solicite. En SECOP II el expediente se gestiona en línea, pero subsisten documentos en físico, como garantías, facturas o informes de supervisión que no se generan en línea. Para ellos, la Circular Externa Única exige incorporar una copia digitalizada en el expediente de SECOP II y conservar el original según sus Tablas de Retención Documental. Como consecuencia práctica, la entidad debe garantizar el acceso al expediente, en físico o digital según la plataforma y el soporte del documento.síntesis automática
También resuelve: Principio de maxima publicidad: acceso a la informacion, carácter público Acceso a la informacion Expediente fisico: carácter público, excepciones, información clasificada o reservada
Colombia Compra Eficiente Concepto

Acceso a la información pública: C-672 DE 2020

C-672 DE 2020 2020-11-11
¿Hasta qué punto la entidad para cumplir con el principio de publicidad debería publicar esta información sensible?
La entidad estatal tiene el deber legal y constitucional de publicar su información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, en cumplimiento del artículo 74 de la Constitución Política, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 y el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. Este principio de publicidad impone a las autoridades administrativas la divulgación proactiva de los documentos expedidos con ocasión del proceso de contratación. Sin embargo, cuando los documentos contengan información sensible, clasificada o reservada para proteger derechos de menores conforme a la Ley 1581 de 2012, la autoridad debe excluir dicha información específica del documento entregado por el proponente, sin que la restricción por reserva legal se extienda a otras piezas del expediente, garantizando la publicación general en el SECOP.síntesis automática
También resuelve: Acceso a documentación pública: derecho fundamental, transparencia, información contractual, información contractual / SECOP Secop: deber de publicación, información contractual Datos sensibles: reserva, excepción, SECOP
Colombia Compra Eficiente Concepto

Principio de publicidad: entre los más destacados puede mencionarse el 209

C-189 de 2024 2024-08-08
¿Un investigador privado puede solicitar a una entidad pública los contratos de prestación de servicios que un contratista firmó con la entidad o estos tienen algún tipo de reserva legal si hay una investigación judicial en curso?
Cualquier persona, incluido un investigador privado, puede solicitar en ejercicio del derecho de petición copias de los contratos y del expediente contractual de una entidad estatal, porque ese contenido es información pública, independientemente de que deba publicarse en el SECOP, conforme al numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y al principio de máxima publicidad de la Ley 1712 de 2014. Esa posibilidad solo se limita respecto de la documentación que tenga la calidad de reservada según la Constitución y la ley, pues el artículo 74 de la Constitución, los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 24 y 25 de la Ley 1437 de 2011 establecen que el derecho de acceso no es absoluto y puede exceptuarse cuando se configuren causales de reserva. La documentación reservada debe someterse al tratamiento del artículo 36 del CPACA sobre cuadernos separados, y, según el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, la restricción por reserva legal no se extiende a las demás piezas del expediente no cubiertas por ella, de modo que la entidad debe suministrar los documentos o apartes no reservados.síntesis automática
También resuelve: Principio de publicidad: naturaleza Acceso a documentación pública: derecho fundamental, transparencia, información contractual Reserva de información pública: fundamento, Constitución, Ley, aplicación
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acceso a la información

2017_11001-03-26-000-2017-00031-00_58820 2017-08-14 Sección Tercera
SUSPENSIÓN PROVISIONAL,POTESTAD REGLAMENTARIA,ACCESO A LA INFORMACIÓN,PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES,CONTRATACIÓN ESTATAL,INTERÉS GENERAL SECOP,ACTIVIDAD CONTRACTUAL,CONTRATO ESTATAL – Acto administrativo,Naturaleza de la suspensión provisional,Finalidad,Contradicción,Contenidos normativos,Presidente de la república,Función,Contenido,Definición,Titulares,Derecho,Principios y criterios,Aplicación,Deber, – Mes: agosto – Año: 2017…
También resuelve: Suspensión provisional: actividad contractual, naturaleza de la suspensión provisional, finalidad, contradicción Potestad reglamentaria: presidente de la república, función Acceso a la información: derecho, contenido, definición, titulares
Consejo de Estado Providencia

La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230042701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos? Sí
La prueba testimonial carece de conducencia cuando no existe relación alguna entre la finalidad de la prueba solicitada y los supuestos de hecho de las excepciones o de los argumentos que descorren el traslado de estas, y por ello no procede su decreto. En la impugnación de una decisión probatoria no es oportuno reformular ni modificar la petición inicial, porque el recurso no constituye una nueva oportunidad probatoria. El recurso de apelación contra el auto que niega pruebas en la audiencia inicial es procedente conforme al artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y es oportuno cuando se interpone en la audiencia una vez surtida la notificación en estrados. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio conforme al artículo 328 del Código General del Proceso. En el caso concreto, el despacho no advirtió relación entre la prueba testimonial pedida y las excepciones propuestas, y confirmó la decisión impugnada. Como consecuencia práctica, la parte debe sustentar la pertinencia de la prueba desde su solicitud inicial y no con explicaciones posteriores en el recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra el auto proferido en la audiencia inicial fue presentado oportunamente? ¿Si bien las partes se encuentran habilitadas para solicitar pruebas, también lo es que deben indicar con precisión qué elementos facticos pretenden probar? ¿La solicitud de decreto y práctica de pruebas se realizó al descorrer el traslado de las excepciones, dentro de una de las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera…
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Derecho de habeas data: la información pública está organizada en distintos grupos

11001030600020240031200 de 2024 2026-08-11 Rad. 11001030600020240031200
El derecho de habeas data en Colombia, establecido constitucionalmente y desarrollado por las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, permite a una persona conocer, actualizar, rectificar o suprimir la información personal que reposa en registros o bancos de datos públicos o privados, protegiendo así su autodeterminación informática y su intimidad. Este derecho se contrapone al de acceso a la información pública, regulado en el artículo 74 de la Constitución, que garantiza el derecho a acceder a los documentos públicos, siempre que no se afecten derechos fundamentales como el habeas data, la intimidad o el buen nombre. Las entidades públicas deben tratar los datos personales en armonía con estos derechos, recolectándolos solo para fines legítimos y necesarios, y asegurando su veracidad y actualización, sin necesidad de autorización del titular cuando se ejerce en el marco de sus funciones legales. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y el acceso a la información pública, lo que implica una mayor responsabilidad para las entidades públicas en la gestión de datos personales.síntesis automática
También resuelve: Derecho de habeas data: definición, marco jurídico, ámbito de aplicación Protección de datos personales: marco jurídico, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Constitución Política artículo 15 Obligaciones de las entidades públicas respecto del tratamiento de datos personales: contraposición con el derecho de acceso a la información pública, tratamiento de datos personales registrados en base de datos de entidades públicas, no requiere autorización del titular cuando es desarrollada en ejercicio de sus funciones, publicación sujeta a principios de la administración de datos personales
Consejo de Estado Providencia

El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad

Sentencia — Sentencia 2023-05-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020140144601 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve: ¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria? ¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS? ¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
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