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## Guías temáticas y nomogramas disponibles

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md)): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, art. 11; Ley 1150 de 2007, art. 11; Decreto 1082 de 2015
  - Regla asentada: La liquidación es el corte de cuentas final del contrato: el balance de lo ejecutado con el que las partes se declaran a paz y salvo. Tiene carácter declarativo y liberatorio. Procede de común acuerdo (bilateral) y, a falta de acuerdo en el plazo, la entidad puede hacerla unilateralmente por acto administrativo motivado. Lo que el contratista no deje salvado en el acta bilateral queda, en principio, cerrado.
  - **Las salvedades: lo que no se deja salvado se cierra**: La liquidación bilateral tiene efecto liberatorio: una vez firmada, el contratista no puede reclamar en juicio posterior lo que no dejó expresamente salvado en el acta. Por eso la constancia de salvedades es la parte más delicada del acta.
  - **Liquidación unilateral: cuándo y cómo**: Si no hay acuerdo dentro del plazo (el pactado o, en su defecto, cuatro meses desde la terminación), la entidad puede liquidar unilateralmente mediante acto administrativo motivado, notificado y con los recursos de ley. Su legalidad se discute luego ante la jurisdicción.
  - **Qué puede incluirse en la liquidación**: La liquidación define saldos, reconocimientos y reajustes de lo ejecutado. No es la vía para reabrir el equilibrio económico ni para declarar incumplimientos que debieron tramitarse por su procedimiento propio; lo que exceda el corte de cuentas se discute aparte.
  - Revisar en expediente: Que el contrato haya terminado (ejecución completa, terminación anticipada o nulidad declarada): antes no hay nada que liquidar.
  - Revisar en expediente: En el acta bilateral: las dos firmas, la fecha y —sobre todo— las salvedades; lo no salvado queda en principio cerrado.
  - Revisar en expediente: El plazo para liquidar de común acuerdo: el pactado o, en su defecto, cuatro meses desde la terminación.
  - Revisar en expediente: Si la entidad liquidó unilateralmente: que el acto esté motivado, notificado y con los recursos de ley.
  - Revisar en expediente: Si nadie liquidó y el tiempo pasó: el contrato quedó abierto; revise la caducidad para el plazo de la acción.
  - Paso 1: ¿El contrato ya terminó: se ejecutó completo, se terminó anticipadamente o se declaró su nulidad?
    - No: Todavía no procede liquidar. La liquidación presupone que el contrato terminó.
  - Paso 2: ¿Las partes firmaron el acta de liquidación bilateral dentro del plazo?
    - Sí: Liquidación bilateral. El acta cierra el contrato. Lo que no quede expresamente salvado en el acta queda en principio cerrado. Revisar las salvedades del acta.
  - Paso 3: ¿Venció el plazo legal para liquidar bilateralmente sin acta firmada?
    - No: Esperar al vencimiento del plazo. Mientras tanto no hay liquidación unilateral posible.
  - Paso 4: ¿La entidad va a liquidar unilateralmente?
    - Sí: Liquidación unilateral mediante acto administrativo motivado, notificado y con los recursos de ley. Su legalidad luego se discute ante la jurisdicción.
    - No: Sin liquidación por ninguna vía, el contrato queda abierto. Cualquiera de las partes puede acudir a la jurisdicción. Ver el nomograma de caducidad para el plazo.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md)): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
  - Normas clave: Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 164, numeral 2, literal j)
  - Regla asentada: El medio de control de controversias contractuales caduca a los dos años. El día desde el que empiezan a correr depende de cómo terminó y se liquidó el contrato. Es un plazo único y de orden público: el juez lo declara de oficio, las partes no pueden renunciar a él y, fuera de la conciliación extrajudicial, no se interrumpe ni se suspende.
  - **Desde cuándo corren los dos años**: El cómputo cambia según el cierre del contrato. Si no requería liquidación, desde el día siguiente a la terminación. Si se liquidó de común acuerdo, desde el día siguiente a la firma del acta. Si la entidad liquidó unilateralmente, desde la ejecutoria del acto (no desde su expedición). Si nadie liquidó, desde que vencen los dos meses siguientes al plazo para liquidar de común acuerdo.
  - **El plazo es único: no se reabre reformando la demanda**: El Consejo de Estado ha sostenido que la caducidad es un lapso único que no se interrumpe ni suspende. Vencido, no pueden añadirse por reforma de la demanda pretensiones nuevas —por ejemplo la nulidad de los actos de terminación y liquidación unilateral— y el juez de segunda instancia no puede entrar a estudiarlas.
  - **Liquidación tardía o extemporánea**: Cuando la liquidación bilateral se firma después del plazo convencional, el término de dos años corre igualmente desde la firma del acta, siempre que la demanda se presente antes de que opere la caducidad por la vía residual.
  - **Caducidad de la acción de repetición**: En repetición el cómputo es distinto: los dos años corren desde el día siguiente al pago efectivo de la condena y, a más tardar, desde el vencimiento de los diez meses que tiene la entidad para cumplir la sentencia.
  - Revisar en expediente: La naturaleza del contrato: los de tracto sucesivo (obra, suministro, prestación continuada) requieren liquidación; de eso depende todo el cómputo.
  - Revisar en expediente: El acta de liquidación bilateral y su fecha de firma exacta: el término corre desde el día siguiente.
  - Revisar en expediente: Si hubo liquidación unilateral: la resolución, su notificación y la constancia de ejecutoria (el término corre desde la ejecutoria, no desde la expedición).
  - Revisar en expediente: Si nadie liquidó: sume terminación + plazo pactado para liquidar (o cuatro meses) + dos meses; desde ahí corren los dos años.
  - Revisar en expediente: La fecha de radicación de la conciliación extrajudicial y de su constancia: suspende el término en las condiciones de la ley.
  - Paso 1: ¿El contrato es de los que requieren liquidación (tracto sucesivo o los demás que lo exijan)?
    - No: Dos años contados desde el día siguiente a la terminación del contrato por cualquier causa (en los de ejecución instantánea, desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto).
  - Paso 2: ¿Se liquidó de común acuerdo, con acta firmada por las partes?
    - Sí: Dos años contados desde el día siguiente al de la firma del acta.
  - Paso 3: ¿La entidad lo liquidó unilateralmente mediante acto administrativo?
    - Sí: Dos años contados desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación.
  - Paso 4: ¿Ya vencieron los dos meses siguientes al plazo para liquidar de común acuerdo (el pactado o, en su defecto, cuatro meses desde la terminación)?
    - Sí: Dos años contados desde el vencimiento de esos dos meses, aunque el contrato nunca se haya liquidado.
    - No: El término de caducidad aún no ha empezado a correr por esta vía. Anotar la fecha en que vencen los plazos para liquidar.
  - Nota: El término se cuenta en años calendario, no en días hábiles.
  - Nota: La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término en las condiciones de la ley; hay que verificar la norma vigente y las fechas de radicación y de la constancia.
  - Nota: La caducidad es de orden público: el juez la declara de oficio y las partes no pueden renunciar a ella.
  - Nota: Para nulidad absoluta o relativa del contrato y para los actos previos a su celebración rigen reglas distintas, que este nomograma no cubre.
- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md)): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, art. 17; Ley 1474 de 2011, art. 86; Código Civil, arts. 1592 y ss.
  - Regla asentada: La multa y la cláusula penal son figuras distintas. La multa es un apremio para conminar al contratista a cumplir mientras el contrato se ejecuta; la cláusula penal es la tasación anticipada de los perjuicios del incumplimiento. Ambas requieren pacto y, desde el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se imponen por el procedimiento sancionatorio, con audiencia, defensa y decisión motivada.
  - **Multa o cláusula penal: cómo distinguirlas**: Lo que las separa es la función, no el nombre que use el contrato. La multa apremia para que el contrato se cumpla; la cláusula penal tasa por anticipado el perjuicio del incumplimiento. Una «multa» calculada sobre el valor total y cobrada al final suele ser, en realidad, cláusula penal.
  - **El procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474**: Imponer multa, cláusula penal o caducidad exige citar a audiencia, dar oportunidad de defensa y pruebas, y decidir de forma motivada con recursos. Omitir ese debido proceso vicia el acto administrativo.
  - **Proporcionalidad de la cláusula penal**: La cláusula penal puede moderarse cuando resulta desproporcionada frente al incumplimiento realmente ocurrido, sobre todo si el contrato se cumplió en parte.
  - Revisar en expediente: El pacto: sin cláusula que la prevea no hay multa ni cláusula penal contractual.
  - Revisar en expediente: La redacción exacta de la cláusula: su función (apremio o tasación) decide qué es, no su título.
  - Revisar en expediente: Que se haya seguido el artículo 86: citación, audiencia, pruebas, motivación y recursos.
  - Revisar en expediente: La proporción entre la pena y el incumplimiento realmente ocurrido.
  - Revisar en expediente: Si el contrato ya se liquidó: que se haya dejado salvedad sobre lo que se discute.
  - Paso 1: ¿La sanción está pactada en el contrato y se impone por un incumplimiento?
    - No: Sin pacto no hay multa ni cláusula penal contractual. Revisar si aplica la potestad sancionatoria legal.
  - Paso 2: ¿La sanción busca presionar el cumplimiento mientras el contrato se ejecuta? (Sí: es multa. No: es tasación anticipada de perjuicios, es decir, cláusula penal.)
  - Paso 3: Multa: ¿el incumplimiento sigue vigente al imponerla?
    - Sí: Procede imponer la multa mientras persista el incumplimiento. Cesado el incumplimiento, la multa pierde sustento.
    - No: No procede imponer multas por un incumplimiento que ya cesó. Verificar la discusión jurisprudencial sobre el punto.
  - Paso 4: Cláusula penal: ¿la entidad declaró el incumplimiento o la caducidad mediante acto administrativo, previa audiencia con garantía del debido proceso?
    - Sí: La cláusula penal se hace exigible como tasación anticipada del perjuicio: la entidad no tiene que probar el monto del daño, pero sí el incumplimiento. El juez puede reducirla en proporción a lo ejecutado.
    - No: Sin esa declaratoria la entidad no puede hacerla efectiva directamente. Debe adelantar primero el procedimiento sancionatorio o reclamarla ante el juez.
- [Equilibrio económico del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/equilibrio-economico.md)): Cuándo procede restablecer la ecuación financiera y qué debe probar quien reclama.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 4 (num. 3, 8 y 9), 5 (num. 1), 14, 27 y 28; Ley 1150 de 2007, art. 4
  - Regla asentada: El equilibrio económico del contrato es una garantía legal: cuando una circunstancia sobreviniente, ajena al contratista y no imputable a su gestión, altera gravemente la ecuación financiera pactada, procede restablecerla. No cubre el álea normal del negocio ni los sobrecostos por la propia mora o ineficiencia del contratista, y quien reclama debe probar el hecho, su carácter imprevisible y el impacto real.
  - **Las causas que sí rompen el equilibrio**: Se reconocen el hecho del príncipe (medida general de la propia entidad contratante que encarece la ejecución), el hecho del contratante (su incumplimiento o conductas que afectan la ejecución) y la teoría de la imprevisión (hechos externos, ajenos a las partes, extraordinarios e imprevisibles). El álea normal del negocio no se restablece.
  - **Qué debe probar quien reclama**: No basta alegar mayores costos. Hay que acreditar el hecho alterador, su carácter imprevisible y ajeno al contratista, y el impacto económico real y cuantificado. Los sobrecostos por la propia mora o ineficiencia del contratista no dan derecho a restablecimiento.
  - **Las salvedades: firmar sin reservas cierra la puerta**: La Sección Tercera ha entendido que firmar modificaciones, suspensiones o el acta de liquidación sin dejar salvedades implica aceptar las condiciones en que el contrato continúa o se cierra. Las reclamaciones por lo no salvado en esos documentos difícilmente prosperan.
  - Revisar en expediente: La causa invocada: ¿es hecho del príncipe, hecho del contratante o imprevisión? El álea normal del negocio no se restablece.
  - Revisar en expediente: Que el hecho sea sobreviniente, imprevisible y ajeno al contratista; no la propia mora o ineficiencia.
  - Revisar en expediente: La prueba del impacto económico real y cuantificado, no la simple afirmación de mayores costos.
  - Revisar en expediente: Cada documento firmado durante la ejecución (modificaciones, suspensiones, acta de liquidación): ¿se dejaron salvedades? Lo firmado sin reserva cierra la puerta.
  - Revisar en expediente: La oportunidad: el reclamo dentro del contrato y, en todo caso, antes de que caduque la acción.
  - Paso 1: ¿La alteración proviene de un hecho posterior a la oferta o a la celebración del contrato, y no de un error de cálculo del propio contratista?
    - No: No hay ruptura del equilibrio. Los errores de la oferta y el riesgo comercial ordinario los asume quien ofertó.
  - Paso 2: ¿El hecho es imputable a la entidad contratante: incumplimiento o modificación unilateral del contrato?
    - Sí: Si es incumplimiento, se rige por la responsabilidad contractual y la reparación es integral. Si es ejercicio legítimo de la modificación unilateral, procede el restablecimiento de la ecuación.
  - Paso 3: ¿Se trata de un acto general del Estado (hecho del príncipe) o de un hecho externo, imprevisible y extraordinario (teoría de la imprevisión)?
    - No: Sin una de esas causas no procede el restablecimiento: se trata de un riesgo propio de la ejecución.
  - Paso 4: ¿El riesgo que se materializó estaba asignado al contratista en la matriz de riesgos del proceso?
    - Sí: En principio lo asume el contratista: el riesgo previsible, tipificado y asignado no da lugar a restablecimiento.
  - Paso 5: ¿El contratista dejó salvedades al firmar las prórrogas, adiciones, suspensiones u otrosíes posteriores al hecho?
    - Sí: La reclamación es viable. Quien reclama debe probar el hecho, su carácter imprevisible y una afectación grave y anormal de la economía del contrato, no una simple menor utilidad.
    - No: Riesgo alto de que la reclamación no prospere: la Sección Tercera ha entendido que firmar acuerdos sin salvedades implica aceptar las condiciones en que continúa el contrato. Revisar cada documento firmado.
- [Terminación unilateral](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/terminacion-unilateral.md)): Cuándo puede la entidad terminar el contrato por sí misma y cómo se diferencia de la caducidad.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 14, 17, 18, 44 y 45
  - Regla asentada: La terminación unilateral es una potestad excepcional de la entidad (Ley 80, art. 17): extinguir el contrato por acto administrativo motivado cuando lo exigen el servicio público o causales objetivas (muerte o incapacidad del contratista persona natural, disolución de la persona jurídica, cesación de pagos o concurso, interdicción judicial). No es sancionatoria como la caducidad: no presupone un incumplimiento grave imputable.
  - **Terminación unilateral frente a caducidad**: La caducidad sanciona el incumplimiento grave que amenaza paralizar la ejecución; la terminación unilateral responde a causales objetivas sin necesidad de culpa del contratista. Usar una por la otra vicia el acto.
  - **Causales legales y motivación del acto**: Debe fundarse en una causal del artículo 17 y motivarse; de lo contrario es anulable. Su legalidad se controla ante la jurisdicción.
  - **Efectos: liquidación y reconocimientos**: Terminado el contrato se procede a liquidarlo; proceden los reconocimientos por lo efectivamente ejecutado y, en concesión, por las inversiones en bienes reversibles pendientes de amortizar.
  - Revisar en expediente: La causal invocada: ¿es una de las del artículo 17 de la Ley 80?
  - Revisar en expediente: La motivación del acto administrativo y su notificación con recursos.
  - Revisar en expediente: Que no se esté usando para sancionar un incumplimiento (eso es caducidad o el procedimiento del art. 86).
  - Revisar en expediente: La liquidación posterior y los reconocimientos por lo ejecutado.
  - Revisar en expediente: En concesión: las inversiones en bienes reversibles no amortizadas.
  - Paso 1: ¿El motivo es un incumplimiento grave del contratista que afecta la ejecución y amenaza con paralizar el contrato?
    - Sí: No es terminación unilateral sino caducidad (art. 18): tiene carácter sancionatorio, genera inhabilidad y hace exigible la cláusula penal. Exige debido proceso previo.
  - Paso 2: ¿El contrato adolece de nulidad absoluta por haberse celebrado con persona inhabilitada, contra expresa prohibición legal o con fundamento en actos declarados nulos?
    - Sí: El jefe de la entidad debe terminarlo unilateralmente y ordenar su liquidación (art. 45, inciso 2). Es un deber, opera en cualquier contrato estatal y no depende de cláusulas excepcionales.
  - Paso 3: ¿Se configura una causal del artículo 17: exigencias del servicio público u orden público, muerte o incapacidad del contratista persona natural o disolución de la persona jurídica, interdicción o liquidación, o cesación de pagos y embargos que afecten gravemente el contrato?
    - No: No hay fundamento legal para la terminación unilateral. Las alternativas son el mutuo acuerdo o acudir al juez del contrato.
  - Paso 4: ¿El contrato es de aquellos en los que las cláusulas excepcionales son obligatorias, o se pactaron siendo facultativas (art. 14)?
    - Sí: Procede mediante acto administrativo motivado. No es una sanción ni genera inhabilidad; sigue la liquidación y, según la causal, el reconocimiento de lo que corresponda al contratista.
    - No: La entidad carece de competencia para terminar unilateralmente con base en el artículo 17. Un acto expedido sin esa competencia es anulable.
- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md)): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.
  - Normas clave: Ley 1474 de 2011, arts. 83, 84 y 85; Ley 80 de 1993, art. 32, num. 1
  - Regla asentada: La vigilancia de la ejecución corre por cuenta de la supervisión (interna, a cargo de la propia entidad) y de la interventoría (externa, contratada). La Ley 1474 de 2011 (arts. 82 a 85) fija sus funciones —seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico— y su responsabilidad: supervisor e interventor responden, incluso fiscal y disciplinariamente, por lo que omiten.
  - **Supervisión o interventoría: cuál corresponde**: La supervisión la ejerce la entidad con su propio personal; la interventoría se contrata con un tercero cuando el seguimiento exige conocimiento especializado o cuando la ley o el contrato lo imponen.
  - **Alcance de las funciones**: Abarca el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico; el supervisor o interventor debe advertir y requerir, pero no sustituye a la entidad en las decisiones contractuales.
  - **Responsabilidad por acción u omisión**: Responden por los perjuicios derivados de incumplir sus deberes de vigilancia; la omisión en advertir irregularidades compromete su responsabilidad fiscal y disciplinaria.
  - Revisar en expediente: Si el contrato o la ley exigían interventoría externa o bastaba la supervisión.
  - Revisar en expediente: El acto o la comunicación de designación del supervisor y su alcance.
  - Revisar en expediente: Los informes de supervisión/interventoría y los requerimientos hechos.
  - Revisar en expediente: Las omisiones en advertir irregularidades y sus consecuencias.
  - Revisar en expediente: La coordinación con la entidad para las decisiones contractuales (no las toma el supervisor por sí solo).
  - Paso 1: ¿Es un contrato de obra adjudicado por licitación pública?
    - Sí: La interventoría es obligatoria y debe contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista.
  - Paso 2: ¿El seguimiento exige conocimiento especializado, o la complejidad o extensión del contrato lo justifican?
    - Sí: Corresponde interventoría: seguimiento técnico contratado con un tercero. La entidad puede incluir además el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico.
  - Paso 3: ¿El valor del contrato supera la menor cuantía de la entidad?
    - Sí: Los estudios previos deben pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contar con interventoría, cualquiera sea la modalidad de selección.
    - No: Basta la supervisión, ejercida por la propia entidad, que puede apoyarse en contratos de prestación de servicios.
  - Nota: Supervisión e interventoría no pueden concurrir sobre las mismas funciones en un contrato. Si se dividen, el contrato de interventoría debe indicar las actividades técnicas a cargo del interventor; las demás quedan a cargo de la entidad a través del supervisor.
  - Nota: El supervisor o interventor que no informa hechos que puedan constituir incumplimiento o poner en riesgo el contrato responde civil, fiscal, penal y disciplinariamente, y puede ser solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios.
  - Nota: Sus deberes mínimos: mantener informada a la entidad, exigir la ejecución idónea y oportuna y dejar constancia escrita de sus requerimientos.
- [Contratación directa](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/contratacion-directa) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/contratacion-directa.md)): Cuándo la ley permite contratar sin concurso y qué exige cada causal.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, art. 2, num. 4; Ley 80 de 1993, art. 42 (urgencia manifiesta); Decreto 1082 de 2015 (verificar artículo vigente)
  - Regla asentada: La contratación directa es excepcional y de causales taxativas (Ley 1150 de 2007, art. 2, num. 4): urgencia manifiesta, contratos interadministrativos, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, bienes y servicios para la defensa y seguridad, inexistencia de pluralidad de oferentes, entre otras. Salvo contadas excepciones, exige acto administrativo de justificación motivado, y no puede usarse para eludir la licitación.
  - **Las causales son taxativas**: Solo procede por una causal expresamente prevista en la ley; no se crean causales por conveniencia ni se fracciona el objeto para evitar un proceso competitivo.
  - **El acto de justificación**: Salvo la prestación de servicios profesionales y la mínima cuantía, la contratación directa requiere un acto administrativo que motive la causal y las condiciones de la contratación.
  - **Servicios profesionales y de apoyo**: Caben para actividades especializadas o de apoyo a la gestión, pero no para cubrir funciones permanentes de la planta: ahí puede configurarse un contrato realidad.
  - Revisar en expediente: La causal exacta invocada y su encaje en el artículo 2, numeral 4, de la Ley 1150.
  - Revisar en expediente: El acto administrativo de justificación (cuando se exige) y su motivación.
  - Revisar en expediente: Que no se haya fraccionado el objeto para eludir la licitación.
  - Revisar en expediente: En servicios profesionales: que no encubra una relación laboral ni funciones permanentes.
  - Revisar en expediente: La idoneidad y experiencia del contratista frente al objeto.
  - Paso 1: ¿El caso encaja en una de las causales taxativas de contratación directa de la ley?
    - No: No procede contratación directa. Debe hacerse el proceso competitivo que corresponda a la cuantía y al objeto: licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.
  - Paso 2: ¿Es urgencia manifiesta: una situación de fuerza mayor, calamidad o peligro que exige actuar de inmediato?
    - Sí: Procede contratación directa por urgencia manifiesta, mediante acto administrativo motivado que declare la urgencia y limite el contrato a lo estrictamente necesario.
  - Paso 3: ¿El contrato es con otra entidad estatal (interadministrativo)?
    - Sí: Procede contratación directa si las obligaciones tienen relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. La modalidad de selección cambia, pero no la naturaleza del contrato.
  - Paso 4: ¿El objeto es un servicio profesional o de apoyo a la gestión?
    - Sí: Procede si la entidad acredita idoneidad y experiencia directamente relacionadas con el objeto y verifica la capacidad del contratista. Sin ellas, no hay causal.
    - No: Revisar la causal específica: arrendamiento, empréstito, fiducia u otra de las listadas. Cada una tiene requisitos propios que deben estar en los estudios previos.
  - Nota: Las causales son taxativas: la cuantía del contrato no crea una causal por sí misma.
  - Nota: La contratación directa exige estudios previos que justifiquen la causal invocada; sin ellos el acto de contratación es vulnerable.
  - Nota: La urgencia manifiesta se declara mediante acto motivado y no admite pactar más allá de lo estrictamente necesario para conjurar la situación.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md)): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
  - Normas clave: Ley 1474 de 2011, art. 86; Ley 80 de 1993, arts. 17 y 18; Ley 1150 de 2007, art. 17
  - Regla asentada: Declarar el incumplimiento e imponer multas, cláusula penal o caducidad exige el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: citación a audiencia, oportunidad de defensa y pruebas, decisión motivada y recursos. Omitir el debido proceso vicia el acto. La caducidad, además, solo procede ante un incumplimiento grave que amenace paralizar la ejecución.
  - **El debido proceso del artículo 86**: La entidad debe citar a audiencia, permitir defensa y pruebas, y motivar la decisión con recursos. La ausencia de estas garantías anula la sanción, por grave que sea el incumplimiento.
  - **Gravedad: cuándo procede la caducidad**: La caducidad es una sanción excepcional reservada al incumplimiento grave que paralice o amenace paralizar la ejecución; no cualquier incumplimiento la habilita, ni procede ya vencido el plazo de ejecución.
  - **Imputabilidad: hay que probar el incumplimiento**: Debe acreditarse el incumplimiento imputable al contratista. La mora de la propia entidad, el álea normal o causas ajenas excluyen la sanción; quien incumple primero no puede exigir al otro.
  - Revisar en expediente: Que se haya seguido el artículo 86: citación, audiencia, pruebas, motivación y recursos.
  - Revisar en expediente: Si es caducidad: la gravedad del incumplimiento y que la ejecución esté en curso.
  - Revisar en expediente: La prueba del incumplimiento imputable al contratista.
  - Revisar en expediente: Que la propia entidad haya cumplido sus obligaciones (pagos, entrega de predios, permisos).
  - Revisar en expediente: La oportunidad: la potestad se ejerce durante la vigencia del contrato.
  - Paso 1: ¿La entidad advirtió un posible incumplimiento del contratista y pretende imponer una multa, declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, o declarar la caducidad?
    - No: No hay materia para el procedimiento sancionatorio. Las potestades del artículo 86 presuponen un presunto incumplimiento imputable al contratista.
  - Paso 2: ¿Citó a audiencia al contratista y a su garante, con indicación expresa de los hechos, las normas y las posibles consecuencias?
    - No: Sin citación debida a contratista y garante el acto nace viciado por violación del debido proceso administrativo.
  - Paso 3: ¿En la audiencia permitió al contratista y al garante presentar descargos, pedir y controvertir pruebas?
    - No: La ausencia de contradicción vicia la actuación. El debido proceso en sede administrativa es presupuesto de validez del acto sancionatorio.
  - Paso 4: ¿La decisión se adoptó en acto administrativo motivado, notificado y con el recurso de reposición del artículo 86, literal c)?
    - Sí: El acto es exigible. Su legalidad se discute después ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; la cláusula penal o la multa se hacen efectivas conforme a lo decidido.
    - No: Sin acto motivado, notificado y con recurso, la sanción no queda en firme. El garante también puede interponer el recurso de reposición.
  - Nota: El procedimiento del artículo 86 es común a la multa, a la efectividad de la cláusula penal y a la caducidad: cambia la decisión final, no el trámite.
  - Nota: El garante (la aseguradora) es parte del procedimiento y debe ser citado; de lo contrario la póliza no se le puede hacer efectiva.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md)): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 44 a 49; Código Civil, arts. 1740 y ss.; Ley 1437 de 2011, art. 164
  - Regla asentada: La nulidad absoluta del contrato estatal procede por objeto o causa ilícitos, por celebrarse contra expresa prohibición legal, con abuso o desviación de poder, o con personas incursas en inhabilidad o incompatibilidad (Ley 80, art. 44). Es de orden público: el juez la declara de oficio cuando esté plenamente probada y estén presentes las partes que la originaron, y no se sanea por ratificación de las partes.
  - **Las causales de nulidad absoluta**: Objeto o causa ilícitos, contrato contra expresa prohibición, abuso o desviación de poder, e inhabilidad o incompatibilidad del contratista. Son las del artículo 44 de la Ley 80, de interpretación estricta.
  - **Declaración de oficio y quién puede pedirla**: El juez la declara de oficio cuando esté probada y presentes las partes; también pueden pedirla el Ministerio Público y cualquier persona interesada, además de las partes del contrato.
  - **Efectos: restituciones y lo ejecutado**: Declarada la nulidad, proceden las restituciones mutuas; cuando la prestación ejecutada benefició a la entidad o al interés público, se reconoce lo ejecutado para evitar el enriquecimiento sin causa.
  - Revisar en expediente: La causal exacta: objeto/causa ilícita, prohibición, inhabilidad o desviación de poder.
  - Revisar en expediente: Que esté plenamente probada y presentes las partes que originaron la nulidad.
  - Revisar en expediente: La legitimación de quien la alega (partes, Ministerio Público, tercero interesado).
  - Revisar en expediente: El término para demandar (su propia caducidad).
  - Revisar en expediente: Los efectos restitutorios y el reconocimiento de lo ejecutado en interés público.
  - Paso 1: ¿El vicio es una causal de nulidad absoluta (objeto o causa ilícita, celebración contra expresa prohibición, con persona inhábil o incompatible, o abuso o desviación de poder) o una de nulidad relativa (vicios del consentimiento, incapacidad relativa)?
    - No: Nulidad relativa: solo la alegan las partes, se sanea por ratificación o por el paso del tiempo (dos años) y el juez no la declara de oficio.
  - Paso 2: ¿El vicio aparece de manifiesto en el acto o en el contrato, y las partes que lo celebraron están en el proceso?
    - Sí: El juez debe declarar la nulidad absoluta de oficio: es un deber, no una facultad.
  - Paso 3: ¿Ya se ejecutaron prestaciones bajo el contrato?
    - Sí: Declarada la nulidad por objeto o causa ilícita, no hay restituciones a favor de quien obró a sabiendas; solo se reconoce lo ejecutado en beneficio de la entidad y hasta ese monto (art. 48 Ley 80).
    - No: Declarada la nulidad, el contrato no produce efectos y debe cesar su ejecución. La pueden pedir las partes, el Ministerio Público, un tercero con interés directo o declararla el juez de oficio.
  - Nota: Las causales de nulidad absoluta del contrato estatal son las del artículo 44 de la Ley 80 y las del derecho común.
  - Nota: La nulidad absoluta por objeto o causa ilícita no es saneable por ratificación de las partes.
- [Inhabilidades e incompatibilidades para contratar](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/inhabilidades-incompatibilidades) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/inhabilidades-incompatibilidades.md)): Cómo verificar si una persona puede contratar con el Estado y qué efecto tiene la inhabilidad.
  - Normas clave: Constitución, art. 127; Ley 80 de 1993, arts. 8 y 9; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011
  - Regla asentada: Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar son taxativas y de interpretación restrictiva (Ley 80, art. 8; Ley 1150; Ley 1474): no se extienden por analogía. Contratar estando incurso vicia el contrato de nulidad absoluta. La inhabilidad que sobreviene durante la ejecución obliga a ceder el contrato, previa autorización de la entidad, o a renunciar a su ejecución.
  - **Taxatividad e interpretación restrictiva**: Las causales son solo las que la ley enuncia; no pueden crearse ni ampliarse por analogía. La duda se resuelve a favor de la habilidad para contratar.
  - **Inhabilidad sobreviniente**: Si la inhabilidad surge después de celebrado el contrato, el contratista debe cederlo con autorización de la entidad o renunciar a su ejecución; no puede continuar como si nada.
  - **Efecto: nulidad del contrato**: Contratar con quien está inhabilitado configura una causal de nulidad absoluta del contrato (Ley 80, art. 44). El punto se cruza con el nomograma de nulidad.
  - Revisar en expediente: La causal exacta y su fuente legal: debe estar enunciada en la ley (taxativa).
  - Revisar en expediente: El momento: ¿la inhabilidad era previa a contratar o sobrevino durante la ejecución?
  - Revisar en expediente: Si sobrevino: que se haya cedido el contrato (con autorización) o renunciado.
  - Revisar en expediente: El efecto sobre el contrato: nulidad absoluta si se contrató estando incurso.
  - Revisar en expediente: Conflictos de interés e interés indebido en la celebración de contratos.
  - Paso 1: ¿La persona (o alguno de sus socios o administradores) encaja en una causal legal expresa de inhabilidad o incompatibilidad?
    - No: Puede contratar. Las inhabilidades e incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva: no se extienden por analogía.
  - Paso 2: ¿La causal se apoya en un hecho concreto que la ley prevé (parentesco, condena, sanción, participación en la etapa previa), o se pretende derivar de una simple coincidencia como un socio común?
    - No: No hay inhabilidad automática. La mera existencia de un socio común entre dos sociedades no configura la causal: debe acreditarse el supuesto legal.
  - Paso 3: ¿La inhabilidad existía antes de presentar la oferta o celebrar el contrato?
    - Sí: La oferta debe rechazarse. Si pese a ello se celebró el contrato, hay nulidad absoluta por haberse celebrado con persona inhábil (art. 44.1 Ley 80).
    - No: Inhabilidad sobreviniente: el contratista debe ceder el contrato previa autorización, o renunciar a su ejecución; el proponente en proceso de selección queda excluido (art. 9 Ley 80).
  - Nota: La verificación cubre a la persona que contrata y, en estructuras plurales, a sus integrantes.
  - Nota: La inhabilidad sobreviniente en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal obliga a ceder su participación a los demás.
- [Adición y prórroga del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/adicion-prorroga.md)): Hasta dónde puede modificarse un contrato en valor y plazo, y por qué vía.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, art. 40, parágrafo; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015
  - Regla asentada: Adicionar (aumentar el valor) y prorrogar (ampliar el plazo) son modificaciones del contrato. La adición no puede exceder el 50% del valor inicial, expresado en salarios mínimos (Ley 80, art. 40, parágrafo). Toda modificación debe constar por escrito, motivarse en razones del servicio y no desnaturalizar el objeto ni servir para eludir un nuevo proceso de selección.
  - **El límite del 50% a la adición**: La suma de las adiciones no puede superar el 50% del valor inicial del contrato, en salarios mínimos legales mensuales. Superarlo exige un nuevo contrato, no una adición.
  - **Adición frente a contrato nuevo**: La adición complementa lo pactado; no puede cambiar el objeto ni agregar obligaciones ajenas al contrato original. Desnaturalizar el objeto encubre un contrato nuevo que debió seleccionarse.
  - **Prórroga: motivación y oportunidad**: La prórroga amplía el plazo por razones del servicio y debe pactarse por escrito antes de que el plazo venza; un contrato ya vencido no se prorroga.
  - Revisar en expediente: El porcentaje acumulado de las adiciones frente al tope del 50% del valor inicial.
  - Revisar en expediente: Que la adición no cambie el objeto del contrato.
  - Revisar en expediente: La motivación en razones del servicio y la forma escrita.
  - Revisar en expediente: Que la prórroga se haya pactado antes del vencimiento del plazo.
  - Revisar en expediente: La actualización de las garantías por el nuevo valor o plazo.
  - Paso 1: ¿Lo que se pretende es aumentar el valor del contrato (adición) o ampliar su plazo o ajustar su alcance (prórroga o modificación)?
  - Paso 2: Adición en valor: ¿la suma de las adiciones supera el 50 % del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos mensuales?
    - Sí: No procede. El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 prohíbe adicionar los contratos en más del 50 % de su valor inicial, en salarios mínimos legales mensuales.
    - No: Procede mediante contrato adicional motivado, dentro del mismo objeto, con estudios que lo justifiquen y previo ajuste de las garantías.
  - Paso 3: Prórroga o modificación: ¿mantiene el objeto del contrato y responde a una necesidad surgida en su ejecución, sin suplir una necesidad nueva ni eludir un nuevo proceso de selección?
    - No: No procede modificar el contrato. Una necesidad nueva o distinta del objeto exige su propio proceso de selección.
  - Paso 4: ¿El contratista acepta la modificación y se actualizan las garantías?
    - Sí: Procede mediante otrosí motivado, suscrito por ambas partes, con ajuste de la garantía única.
    - No: Sin acuerdo no hay prórroga: la entidad no puede imponerla de forma unilateral, salvo el ejercicio de las potestades excepcionales previstas en la ley.
  - Nota: El límite del 50 % se calcula en salarios mínimos, no en pesos: convierta el valor inicial a SMMLV de la fecha del contrato.
  - Nota: Adición (más valor), prórroga (más plazo) y modificación (otros cambios) son figuras distintas aunque suelan instrumentarse en un mismo otrosí.
  - Nota: Toda modificación debe conservar el objeto y el equilibrio económico del contrato.
- [Cesión del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/cesion-contrato) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/cesion-contrato.md)): Cuándo puede el contratista ceder su posición contractual y qué debe verificar la entidad.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 9 y 41, inciso 3; Código de Comercio, arts. 887 y ss.
  - Regla asentada: Los contratos estatales se celebran en consideración a la persona del contratista (intuitu personae): por eso la cesión requiere autorización previa y escrita de la entidad (Ley 80, art. 41). Se cede la posición contractual completa y el cesionario debe reunir las mismas condiciones y requisitos habilitantes del cedente. La inhabilidad sobreviniente es causa típica de cesión.
  - **Autorización previa de la entidad**: Sin autorización previa y escrita de la entidad no hay cesión válida; el contratista no puede ceder por su cuenta la ejecución a un tercero.
  - **Condiciones del cesionario**: El cesionario debe cumplir los mismos requisitos habilitantes y no estar incurso en inhabilidad; de lo contrario la cesión no sanea nada y puede viciar el contrato.
  - **Cesión por inhabilidad sobreviniente**: Cuando sobreviene una inhabilidad durante la ejecución, el contratista debe ceder el contrato (con autorización) o renunciar a su ejecución. Ver el nomograma de inhabilidades.
  - Revisar en expediente: La autorización previa y escrita de la entidad para la cesión.
  - Revisar en expediente: Que el cesionario cumpla los mismos requisitos habilitantes del cedente.
  - Revisar en expediente: Que el cesionario no esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad.
  - Revisar en expediente: El documento de cesión y la actualización de garantías.
  - Revisar en expediente: Si la cesión deriva de una inhabilidad sobreviniente, su trámite correcto.
  - Paso 1: ¿Lo que se pretende transferir es la posición contractual completa (derechos y obligaciones), y no solo los derechos económicos del contrato?
    - No: Es cesión de derechos económicos: el cesionario solo recibe los pagos. No cambia el contratista ni sus obligaciones, y se rige por las reglas de la cesión de créditos, con notificación a la entidad.
  - Paso 2: ¿La entidad autorizó la cesión de manera previa, expresa y escrita?
    - No: No hay cesión válida. El contrato estatal se celebra en consideración a la persona del contratista (intuitu personae): sin autorización previa y escrita de la entidad, la cesión no produce efectos (art. 41, inciso 3, Ley 80).
  - Paso 3: ¿La causa de la cesión es una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista?
    - Sí: La cesión se vuelve un deber: el contratista debe ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad o, si ello no fuere posible, renunciar a su ejecución (art. 9 Ley 80). En consorcios y uniones temporales el afectado cede su participación a un tercero, no a los demás integrantes sin más.
  - Paso 4: ¿El cesionario acredita capacidad, idoneidad y experiencia al menos equivalentes a las que se exigieron al cedente en el proceso de selección, y se ajustan las garantías?
    - Sí: Procede la cesión mediante acuerdo escrito suscrito por cedente, cesionario y entidad. El cesionario asume la posición contractual íntegra, incluido lo ejecutado, y la garantía única debe ajustarse al nuevo contratista.
    - No: La entidad debe negar la autorización: la cesión no puede convertirse en un mecanismo para eludir los requisitos del proceso de selección ni para entregar el contrato a quien no habría podido ganarlo.
  - Nota: Autorizar una cesión exige dejar constancia del estado de ejecución: avance físico y financiero, pagos efectuados, anticipo amortizado y pendientes.
  - Nota: La cesión no es una adición ni una prórroga: no cambia valor, plazo ni objeto; solo cambia quién ejecuta.
  - Nota: La autorización es discrecional pero motivada: la entidad evalúa al cesionario como evaluaría a un proponente.
- [Suspensión del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/suspension-contrato) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/suspension-contrato.md)): Cuándo procede suspender la ejecución, por qué vía y qué debe cuidar cada parte.
  - Normas clave: Figura no regulada expresamente en la Ley 80 de 1993; desarrollo jurisprudencial y doctrina de Colombia Compra Eficiente
  - Regla asentada: La suspensión detiene temporalmente la ejecución por circunstancias que impiden continuar (fuerza mayor, caso fortuito, causas ajenas a las partes). Consta en acta motivada, con fecha de reinicio; suspende los plazos pero no extingue el contrato. No puede usarse para encubrir incumplimientos ni para prolongar el contrato indefinidamente.
  - **Causas que justifican suspender**: Debe mediar una circunstancia real y temporal que impida ejecutar (fuerza mayor, caso fortuito, hechos ajenos). La suspensión sin causa o indefinida es irregular.
  - **El acta de suspensión**: La suspensión se documenta en acta que motive la causa, fije el término y la fecha de reinicio. Sin fecha de reinicio la suspensión queda indefinida, lo que no es admisible.
  - **Efectos: plazos, garantías y mayor permanencia**: La suspensión amplía los plazos y obliga a ajustar las garantías; los sobrecostos por la mayor permanencia pueden reclamarse si se dejó la salvedad correspondiente (ver equilibrio económico).
  - Revisar en expediente: La causa real y temporal de la suspensión.
  - Revisar en expediente: El acta motivada, con término y fecha de reinicio (no indefinida).
  - Revisar en expediente: La ampliación de las garantías por el nuevo plazo.
  - Revisar en expediente: Los sobrecostos por mayor permanencia y si se dejó salvedad.
  - Revisar en expediente: Que la suspensión no encubra un incumplimiento ni se use para dilatar.
  - Paso 1: ¿Existe un hecho ajeno a la voluntad de las partes (fuerza mayor, caso fortuito o una circunstancia de interés público) que impide temporalmente ejecutar el contrato?
    - No: La suspensión no es una herramienta de gestión discrecional: es el cese provisional de la ejecución ante un hecho que la impide. Sin ese hecho, lo procedente es prorrogar el plazo o continuar la ejecución.
  - Paso 2: ¿Las partes suscribieron acta de suspensión de común acuerdo, con plazo determinado o condición clara de reanudación?
    - No: La entidad no puede imponer ni prolongar la suspensión por su sola voluntad: ante la prolongación unilateral, el Consejo de Estado ha declarado terminado el contrato en la fecha pactada en la última suspensión acordada.
  - Paso 3: ¿La suspensión le genera sobrecostos al contratista (personal y equipos en espera, administración, mayor permanencia)?
    - Sí: El contratista debe dejar salvedades expresas en el acta de suspensión: firmarla sin salvedades se ha entendido como aceptación de las condiciones y compromete gravemente la reclamación posterior.
  - Paso 4: ¿Cesó el hecho que motivó la suspensión o venció el plazo pactado?
    - Sí: Debe reanudarse la ejecución con acta de reinicio, prorrogar la vigencia de las garantías por el tiempo suspendido y recalcular la fecha de terminación.
    - No: Puede ampliarse la suspensión de común acuerdo mediante nueva acta. La suspensión indefinida no procede: la figura es esencialmente temporal.
  - Nota: La suspensión detiene el plazo de ejecución, pero no la vigencia de las pólizas: hay que ajustar las garantías para que cubran el periodo suspendido y el nuevo plazo final.
  - Nota: El acta debe decir por qué se suspende, desde cuándo, hasta cuándo o hasta qué condición, y en qué estado queda la ejecución.
- [Garantía única y efectividad de la póliza](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/efectividad-garantias) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/efectividad-garantias.md)): Qué cubre la garantía del contrato y qué debe hacer la entidad para hacerla efectiva.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, art. 7; Ley 80 de 1993, art. 25, num. 19; Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.3.1.1 y ss.; Ley 1474 de 2011, art. 86
  - Regla asentada: La garantía única ampara el cumplimiento del contrato: buen manejo del anticipo, cumplimiento, pago de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y responsabilidad civil extracontractual. Para hacerla efectiva, la entidad debe declarar el incumplimiento por el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474, cuantificar el perjuicio y vincular y oír a la aseguradora; el siniestro se declara por acto administrativo motivado.
  - **Qué amparos cubre y su vigencia**: Cada amparo tiene objeto, cuantía y vigencia propios (cumplimiento, anticipo, salarios, estabilidad, calidad, RCE). Hay que verificar cuál cubre el riesgo ocurrido y si estaba vigente al momento del siniestro.
  - **Cómo se hace efectiva**: No basta afirmar el incumplimiento: se declara por el procedimiento del artículo 86, con la aseguradora vinculada y oída, y el siniestro se formaliza en acto administrativo motivado que cuantifique el perjuicio.
  - **Límites y exclusiones**: La póliza no releva de probar el perjuicio ni cubre más allá de sus amparos y exclusiones; la aseguradora puede oponer las excepciones del contrato de seguro.
  - Revisar en expediente: Los amparos vigentes, sus cuantías y su vigencia al momento del siniestro.
  - Revisar en expediente: Que la aseguradora haya sido vinculada y oída en el procedimiento.
  - Revisar en expediente: El acto administrativo que declara el siniestro y su motivación.
  - Revisar en expediente: La cuantificación del perjuicio (la póliza no exime de probarlo).
  - Revisar en expediente: Los plazos de reclamación y las exclusiones de la póliza.
  - Paso 1: ¿El riesgo que se materializó está cubierto por un amparo pactado en la garantía (cumplimiento, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del servicio)?
    - No: La póliza solo responde por los amparos contratados y hasta su valor asegurado. Sin amparo que cubra el riesgo, la entidad debe acudir a las demás vías: cláusula penal, compensación o demanda ante el juez del contrato.
  - Paso 2: ¿El hecho ocurrió dentro de la vigencia del amparo correspondiente?
    - No: Fuera de vigencia no hay cobertura. La garantía de cumplimiento debe tener vigencia mínima hasta la liquidación del contrato, y la de estabilidad de la obra corre desde el recibo a satisfacción: verificar las fechas de cada amparo antes de descartar.
  - Paso 3: ¿La entidad adelantó el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474, citando al contratista y a la aseguradora, con oportunidad real de descargos y pruebas?
    - No: Hacer efectiva la garantía no es una decisión que pueda adoptarse de plano: exige debido proceso previo con participación del garante. Sin citación a la aseguradora, el acto nace viciado y la póliza no puede hacérsele efectiva.
  - Paso 4: ¿El acto que declara el siniestro y cuantifica la obligación quedó en firme (notificado y resuelto el recurso de reposición)?
    - Sí: El acto en firme presta mérito ejecutivo contra el contratista y contra la aseguradora, hasta el valor asegurado del amparo afectado.
    - No: Sin firmeza no hay título ejecutivo. La aseguradora, en su calidad de garante, está legitimada para recurrir y para demandar los actos ante la jurisdicción por el medio de control de controversias contractuales.
  - Nota: Cada amparo tiene su propia vigencia y su propio valor asegurado: el siniestro se declara amparo por amparo.
  - Nota: La prórroga o suspensión del contrato sin ajuste de las garantías deja periodos descubiertos: es el error más costoso en esta materia.
- [Anticipo y pago anticipado](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/anticipo-pago-anticipado) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/anticipo-pago-anticipado.md)): Cómo distinguirlos, cuál es su límite y qué control exige el manejo del anticipo.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, art. 40, parágrafo; Ley 1474 de 2011, art. 91; Decreto 1082 de 2015
  - Regla asentada: El anticipo y el pago anticipado se parecen pero son distintos. El anticipo es un adelanto de recursos que siguen siendo públicos hasta amortizarse: se maneja en cuenta o fiducia separada, se destina solo al contrato y se amortiza con las actas. El pago anticipado, en cambio, ingresa al patrimonio del contratista como pago. El mal manejo del anticipo puede configurar incumplimiento y responsabilidad penal (peculado).
  - **Anticipo frente a pago anticipado**: La diferencia es de quién son los recursos: en el anticipo siguen siendo públicos hasta amortizarse; en el pago anticipado pasan al contratista. De eso dependen el manejo y las responsabilidades.
  - **Manejo y amortización del anticipo**: El anticipo se maneja en cuenta separada o fiducia, se invierte solo en el contrato según el plan aprobado y se amortiza en cada acta de pago hasta quedar en cero.
  - **Consecuencias del mal uso**: Destinar el anticipo a fines ajenos o no amortizarlo configura incumplimiento, habilita la efectividad de la garantía y puede derivar en responsabilidad fiscal y penal.
  - Revisar en expediente: Si se pactó anticipo o pago anticipado (define quién es dueño de los recursos).
  - Revisar en expediente: El plan de manejo e inversión y la cuenta separada o fiducia.
  - Revisar en expediente: La amortización en cada acta de pago.
  - Revisar en expediente: El destino exclusivo de los recursos al contrato.
  - Revisar en expediente: La buena cuenta del manejo y las consecuencias de su desvío.
  - Paso 1: ¿Lo pactado obliga al contratista a destinar los recursos a la ejecución del contrato y a amortizarlos con los pagos?
    - No: Es pago anticipado: parte del precio que entra al patrimonio del contratista como retribución. No exige plan de inversión ni amortización, pero sí el amparo de devolución del pago anticipado, y respeta el mismo límite del 50 %.
  - Paso 2: ¿El anticipo pactado supera el 50 % del valor del contrato?
    - Sí: No procede: el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 limita el anticipo y el pago anticipado al 50 % del valor del contrato.
  - Paso 3: ¿Se pactó el manejo del anticipo: plan de inversión, amparo de buen manejo y, en contratos de obra, concesión, salud o adjudicados por licitación, fiducia o patrimonio autónomo irrevocable (Ley 1474, art. 91)?
    - No: La entidad debe adoptar medidas razonables de control y seguimiento de la correcta inversión: el anticipo es dinero público entregado en administración, no propiedad del contratista.
  - Paso 4: ¿Al terminar el contrato quedó anticipo sin amortizar?
    - Sí: Procede declarar el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la parte no amortizada, mediante el procedimiento sancionatorio con citación de la aseguradora.
    - No: El anticipo quedó amortizado. En la liquidación, verificar la destinación de los rendimientos financieros del anticipo cuando corresponda reintegrarlos a la entidad.
  - Nota: Anticipo: financiación de la ejecución con dineros que siguen siendo públicos y se amortizan. Pago anticipado: primer pago del precio, que entra libremente al patrimonio del contratista.
  - Nota: El interventor o supervisor aprueba y vigila el plan de inversión del anticipo; su descuido compromete su propia responsabilidad.
- [Prestación de servicios y contrato realidad](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/contrato-realidad) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/contrato-realidad.md)): Cuándo el contrato de prestación de servicios es válido y cuándo esconde una relación laboral.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, art. 32, num. 3; Código Sustantivo del Trabajo, art. 23; CE, Sección Segunda, sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025)
  - Regla asentada: Cuando un contrato de prestación de servicios encubre una verdadera relación laboral —subordinación, cumplimiento de horario, funciones permanentes de la planta, continuidad en contratos sucesivos— prima la realidad sobre las formas (art. 53 de la Constitución): se declara la relación laboral y se reconocen las prestaciones. La contratación de servicios no puede cubrir funciones permanentes.
  - **La subordinación es la clave**: De los tres elementos (prestación personal, subordinación y remuneración), el que define la relación laboral es la subordinación: órdenes, horario, control y sujeción, más allá de la coordinación propia de cualquier contrato.
  - **Primacía de la realidad sobre las formas**: El nombre del contrato no decide: si en la práctica hubo relación laboral, se reconoce aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios.
  - **Efectos y prescripción**: Declarada la relación, se reconocen las prestaciones sociales; las acreencias se sujetan a los términos de prescripción, que hay que vigilar desde la terminación del vínculo.
  - Revisar en expediente: La subordinación real: órdenes, horario, control y sujeción (no mera coordinación).
  - Revisar en expediente: La permanencia y continuidad (contratos sucesivos encadenados).
  - Revisar en expediente: Si las funciones son propias y permanentes de la planta de la entidad.
  - Revisar en expediente: La prescripción de las acreencias laborales desde la terminación.
  - Revisar en expediente: La prueba documental y testimonial de la relación.
  - Paso 1: ¿La actividad es temporal, o exige conocimientos especializados que el personal de planta no puede atender?
    - No: La prestación de servicios no es la vía: las funciones permanentes propias de la entidad se atienden con empleos de planta. Usarla para actividades permanentes y subordinadas expone a la entidad al contrato realidad y a una nómina paralela.
  - Paso 2: ¿En la ejecución real el contratista actúa con autonomía e independencia, sin subordinación (sin horario impuesto, sin órdenes permanentes, sin control de jornada)?
    - Sí: El contrato de prestación de servicios es válido: la autonomía del contratista es su rasgo esencial y lo que lo distingue de la relación laboral. Documentar la ejecución autónoma protege a ambas partes.
  - Paso 3: ¿Se prueban los tres elementos de la relación laboral: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación continuada?
    - Sí: Se configura el contrato realidad: prima la realidad sobre las formas. Proceden los reconocimientos conforme a las reglas de la sentencia de unificación de la Sección Segunda, incluidos sus límites y su regla de prescripción.
    - No: Sin prueba de la subordinación no hay contrato realidad: la carga de demostrarla recae en quien la alega. La sola sucesión de contratos de prestación de servicios no basta.
  - Nota: La sentencia de unificación SUJ-025 de 2021 (Sección Segunda) fija las reglas vigentes sobre reconocimientos y prescripción: revisarla antes de conceptuar.
  - Nota: Para la entidad el riesgo no es solo el litigio laboral: la nómina paralela también genera responsabilidad fiscal y disciplinaria.
- [Prestaciones ejecutadas sin contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/prestaciones-sin-contrato) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/prestaciones-sin-contrato.md)): Cuándo puede reclamarse lo ejecutado sin contrato (enriquecimiento sin causa) y por qué vía.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41 (perfeccionamiento del contrato); Ley 1437 de 2011, art. 140; jurisprudencia de unificación sobre enriquecimiento sin causa
  - Regla asentada: Quien ejecutó prestaciones en favor de la administración sin contrato, o con contrato nulo o irregular, puede reclamar excepcionalmente por la actio de in rem verso para evitar el enriquecimiento sin causa del Estado. El Consejo de Estado ha sido restrictivo: exige que el empobrecimiento no provenga de la propia culpa del particular por eludir las formas, y que haya mediado un constreñimiento o una situación excepcional atribuible a la entidad.
  - **Requisitos del enriquecimiento sin causa**: Enriquecimiento de la entidad, empobrecimiento correlativo del particular, ausencia de causa jurídica y que no exista otra acción. La actio in rem verso es subsidiaria y de aplicación estricta.
  - **No debe haber culpa del particular**: Si el particular ejecutó a sabiendas de que no había contrato, o para eludir el proceso de selección, su empobrecimiento le es imputable y la reclamación no prospera.
  - **Hechos cumplidos y constreñimiento**: La jurisprudencia admite el reclamo cuando la administración constriñó o indujo la ejecución, o ante una urgencia real; no para legitimar contrataciones de hecho corrientes.
  - Revisar en expediente: El enriquecimiento de la entidad y el empobrecimiento correlativo del particular.
  - Revisar en expediente: La ausencia de causa jurídica y de otra acción disponible (subsidiariedad).
  - Revisar en expediente: Que el particular no haya actuado para eludir el proceso de selección.
  - Revisar en expediente: El constreñimiento, la inducción o la urgencia atribuibles a la entidad.
  - Revisar en expediente: La caducidad de la acción.
  - Paso 1: ¿Existe contrato estatal perfeccionado (acuerdo escrito) que cubra las prestaciones ejecutadas?
    - Sí: La reclamación es contractual: lo ejecutado se discute por el medio de control de controversias contractuales. El enriquecimiento sin causa es improcedente cuando el conflicto tiene origen en un contrato.
  - Paso 2: ¿La entidad solicitó o consintió la prestación y se benefició de ella, y hay prueba de ambas cosas?
    - No: Sin participación de la entidad no hay reclamo viable: quien ejecuta prestaciones de manera espontánea, sin que la administración las pida, asume su propio riesgo.
  - Paso 3: ¿Quien ejecutó obró de buena fe exenta de culpa — por ejemplo, porque la entidad lo constriñó a ejecutar o le exigió hacerlo con la promesa firme del contrato?
    - Sí: Procede la actio in rem verso, por el medio de control de reparación directa: compensación limitada al monto del enriquecimiento de la entidad, sin utilidad ni lucro cesante. Es una acción excepcional y de interpretación restrictiva.
    - No: Quien ejecuta a sabiendas de que no hay contrato no puede reclamar: las exigencias de formalidad del contrato estatal son conocidas y el empobrecimiento tiene causa en su propia incuria.
  - Nota: La pretensión es compensatoria, no indemnizatoria: se restituye el valor del beneficio recibido por la entidad, no la utilidad esperada.
  - Nota: El juez puede reencauzar el medio de control escogido (iura novit curia), pero la fuente del daño que se invoque delimita el análisis.
- [Subsanabilidad y rechazo de ofertas](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/subsanabilidad-ofertas) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/subsanabilidad-ofertas.md)): Qué defectos de una oferta pueden corregirse, hasta cuándo, y cuándo procede el rechazo.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, art. 5, parágrafos 1 a 4 (modificado por la Ley 1882 de 2018)
  - Regla asentada: Los requisitos que no otorgan puntaje —habilitantes y de forma— son subsanables hasta antes de la adjudicación; lo que asigna puntaje no se subsana ni se mejora después del cierre (Ley 1150, art. 5; Ley 1882 de 2018). El rechazo de la oferta solo procede por causales previstas, no por defectos subsanables, y siempre con trato igualitario.
  - **Qué es subsanable y qué no**: La regla es simple: lo que no da puntaje se puede subsanar; lo que da puntaje, no. Un requisito habilitante faltante se subsana; una oferta económica o un factor ponderable no se mejora tras el cierre.
  - **Oportunidad y trato igualitario**: La entidad debe requerir la subsanación y darla hasta antes de adjudicar, con el mismo trato para todos los oferentes; no puede negar a uno lo que permite a otro.
  - **Causales de rechazo**: El rechazo procede solo por las causales previstas en el pliego y la ley; rechazar por un defecto subsanable, sin dar la oportunidad, vicia la decisión.
  - Revisar en expediente: Si el requisito en cuestión otorga puntaje (no subsanable) o no (subsanable).
  - Revisar en expediente: Que se haya requerido la subsanación con trato igual para todos.
  - Revisar en expediente: Que la subsanación se diera hasta antes de la adjudicación.
  - Revisar en expediente: Que el rechazo invoque una causal prevista en el pliego o la ley.
  - Revisar en expediente: Que no se haya mejorado la oferta después del cierre.
  - Paso 1: ¿El requisito o documento faltante asigna puntaje o es factor de comparación de las ofertas?
    - Sí: No es subsanable: lo que otorga puntaje no puede acreditarse ni mejorarse después del cierre, porque alteraría la comparación objetiva de las ofertas.
  - Paso 2: ¿Lo que falta es la prueba de una condición que el proponente ya tenía al cierre del proceso (requisito habilitante o documento que la acredita)?
    - No: Si lo que falta es la condición misma y no su prueba, no hay nada que subsanar: la oferta no cumple. Las condiciones deben existir al cierre; lo corregible es su acreditación.
  - Paso 3: ¿El proponente subsanó dentro del término del traslado del informe de evaluación (o hasta antes de la subasta, cuando aplica)?
    - Sí: La oferta queda habilitada: prevalece lo sustancial sobre lo formal, y rechazarla por un defecto subsanable y subsanado vicia el acto que lo decida.
    - No: Vencido el término sin subsanar, procede el rechazo de la oferta.
  - Nota: Regla de oro: lo subsanable es la prueba, no el requisito. Nada de lo que asigna puntaje se subsana.
  - Nota: Los pliegos pueden fijar causales de rechazo, pero no pueden convertir en insubsanable lo que la ley ordena permitir subsanar.
- [Documentos tipo (pliegos tipo)](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/documentos-tipo) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/documentos-tipo.md)): Cuándo son obligatorios, qué puede ajustar la entidad y qué es inalterable.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, art. 2, parágrafo 7 (adicionado por la Ley 1882 de 2018, art. 4, y modificado por la Ley 2022 de 2020); Decreto 1082 de 2015
  - Regla asentada: Los documentos tipo (pliegos tipo) son obligatorios e inalterables en las condiciones que fija el Gobierno (Ley 2022 de 2020; Ley 1882 de 2018): las entidades no pueden modificar los requisitos habilitantes, los factores técnicos y económicos ponderables ni los de desempate definidos. Buscan estandarizar los procesos y evitar los pliegos a la medida.
  - **Obligatoriedad e inalterabilidad**: Donde hay documento tipo vigente para el objeto, su uso es obligatorio y sus condiciones definidas son inalterables; la entidad no puede sustituir el modelo por un pliego propio.
  - **Qué no puede modificar la entidad**: No puede alterar los requisitos habilitantes, los factores ponderables ni los de desempate fijados en el documento tipo; solo completa lo que el propio modelo deja a su definición.
  - **Consecuencias de apartarse**: Apartarse del documento tipo sin habilitación vicia el proceso y expone a la entidad a nulidades y responsabilidad; es controlable por los oferentes y los órganos de control.
  - Revisar en expediente: Si el objeto está cubierto por un documento tipo vigente.
  - Revisar en expediente: Que no se hayan alterado requisitos habilitantes, ponderables ni desempates.
  - Revisar en expediente: Que la entidad solo haya completado los campos que el modelo deja a su definición.
  - Revisar en expediente: La publicación y el uso correcto en el SECOP.
  - Revisar en expediente: Las justificaciones indebidas para apartarse del modelo.
  - Paso 1: ¿El objeto y la modalidad del proceso están cubiertos por documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública (infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento, gestión catastral, interventoría, entre otros)?
    - No: La entidad elabora sus propios pliegos con las reglas generales. Puede tomar los documentos tipo como guía de buenas prácticas, sin que le sean obligatorios.
  - Paso 2: ¿La entidad pretende modificar, adicionar o suprimir algún contenido del documento tipo?
    - No: Debe aplicarlos tal como están: adoptados los documentos tipo, su uso es obligatorio para las entidades sometidas al Estatuto y para los proponentes.
  - Paso 3: ¿El ajuste recae sobre los aspectos que el propio documento tipo permite diligenciar o adaptar (espacios editables y condiciones particulares del proceso)?
    - Sí: Procede el ajuste, solo dentro de lo permitido: las entidades únicamente pueden modificarlos en los aspectos que los propios documentos tipo autorizan.
    - No: Rige la inalterabilidad: la entidad no puede incluir ni modificar condiciones habilitantes, factores o exigencias por fuera de lo autorizado. Hacerlo vicia el pliego y expone el proceso.
  - Nota: Antes de estructurar, verificar la versión vigente del documento tipo aplicable y las normas que lo actualizan.
  - Nota: Los umbrales y reglas especiales cambian: hay procesos que por presupuesto y plazo tienen reglas propias dentro de los mismos documentos tipo.
- [Requisitos habilitantes, experiencia y RUP](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/requisitos-habilitantes) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/requisitos-habilitantes.md)): Cómo fijar y verificar la capacidad jurídica, financiera y la experiencia del proponente.
  - Normas clave: Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 6; Decreto 1082 de 2015; Decreto 1600 de 2024 (RUP)
  - Regla asentada: Los requisitos habilitantes —capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional— habilitan pero no otorgan puntaje: se cumplen o no. Deben ser proporcionados y adecuados al objeto (Decreto 1082 de 2015), no restrictivos de la competencia, y se acreditan con el RUP cuando aplica. Su falta es subsanable, salvo lo que confiera puntaje.
  - **Habilitan, no puntúan**: Son un filtro de aptitud: quien los cumple queda habilitado para competir, sin que su cumplimiento sume puntos. Exigir de más convierte el filtro en barrera.
  - **El RUP y su fuerza probatoria**: Cuando aplica, el Registro Único de Proponentes acredita la capacidad jurídica, la experiencia y la capacidad financiera y organizacional, y su información en firme es plena prueba de esos requisitos.
  - **Proporcionalidad y adecuación al objeto**: La experiencia y la capacidad exigidas deben guardar relación con el objeto y su magnitud; requisitos desproporcionados que direccionan o restringen la competencia son ilegales.
  - Revisar en expediente: Que los requisitos sean proporcionados y adecuados al objeto (no barreras).
  - Revisar en expediente: La acreditación por el RUP cuando aplica y su firmeza.
  - Revisar en expediente: La experiencia exigida y su relación con el objeto y la cuantía.
  - Revisar en expediente: La capacidad financiera y organizacional pedida.
  - Revisar en expediente: La subsanabilidad de lo que no otorga puntaje.
  - Paso 1: ¿La condición exigida mide la aptitud del proponente para ejecutar (capacidad jurídica, financiera, organizacional, experiencia) y no la calidad de su oferta?
    - No: Es un factor de evaluación, no un requisito habilitante: asigna puntaje, sirve para comparar ofertas y no es subsanable. Ver el nomograma de subsanabilidad.
  - Paso 2: ¿El requisito es adecuado y proporcional al objeto y al valor del contrato, sin restringir indebidamente la concurrencia?
    - No: Requisitos desproporcionados o ajenos al objeto violan la selección objetiva: por ejemplo, exigir que la experiencia provenga de ciertos rubros presupuestales no es un criterio válido.
  - Paso 3: ¿El requisito se verifica con el Registro Único de Proponentes (RUP), cuando es exigible?
    - No: En los casos exceptuados (mínima cuantía, regímenes especiales, urgencia) la entidad verifica directamente los requisitos. La información debe existir al cierre: circunstancias posteriores no se acreditan.
  - Paso 4: ¿El proceso es de obra pública y el proponente tiene contratos en ejecución?
    - Sí: Además de la experiencia, se mide la capacidad residual: la aptitud real del proponente descontando los compromisos que ya tiene contratados.
    - No: La verificación es ordinaria contra el RUP en firme. La experiencia puede haberse adquirido de manera directa o en asocio con otras personas (consorcios o uniones temporales), según las reglas del proceso.
  - Nota: Los requisitos habilitantes no dan puntaje: habilitan o no habilitan, y su prueba es subsanable.
  - Nota: El RUP hace plena prueba de lo que certifica; lo que el RUP no cubre se verifica directamente por la entidad.
- [Convocatorias limitadas a Mipyme](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/mipyme-emprendimiento) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/mipyme-emprendimiento.md)): Cuándo debe limitarse un proceso a Mipyme y cómo opera la limitación territorial.
  - Normas clave: Ley 2069 de 2020, arts. 34 y 35; Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.2.4.2.2 y ss. (modificados por el Decreto 1860 de 2021)
  - Regla asentada: La ley promueve a las Mipyme y el emprendimiento en la contratación: convocatorias que pueden limitarse a Mipyme cuando se cumplen los umbrales, y factores de desempate que favorecen a Mipyme, emprendimientos y poblaciones protegidas (Ley 2069 de 2020; Decreto 1082). Estas medidas no pueden usarse para direccionar el contrato.
  - **Convocatorias limitadas a Mipyme**: El proceso puede limitarse a Mipyme cuando el valor no supera el umbral y hay un mínimo de Mipyme interesadas que lo soliciten; fuera de esos supuestos la limitación es improcedente.
  - **Factores de desempate**: Ante empate se aplican en orden los factores legales, que favorecen a Mipyme, emprendimientos y poblaciones protegidas; su orden y acreditación son reglados.
  - **Límite: no direccionar**: Estas medidas buscan inclusión, no favorecer a un proponente determinado; usarlas para direccionar vicia el proceso.
  - Revisar en expediente: Que se cumplan los umbrales y requisitos para limitar la convocatoria a Mipyme.
  - Revisar en expediente: La acreditación de la calidad de Mipyme de los proponentes.
  - Revisar en expediente: El orden correcto de aplicación de los factores de desempate.
  - Revisar en expediente: Que la medida no encubra un direccionamiento.
  - Revisar en expediente: La documentación de la condición (emprendimiento, población protegida).
  - Paso 1: ¿El proceso es de licitación, selección abreviada o concurso de méritos, con valor inferior al umbral vigente (fijado en dólares y actualizado periódicamente)?
    - No: No procede limitar la convocatoria: por la modalidad o por la cuantía el proceso queda abierto a todos los interesados.
  - Paso 2: ¿Al menos dos Mipyme colombianas, con mínimo un año de existencia, solicitaron limitar la convocatoria dentro del plazo reglamentario?
    - No: Sin las solicitudes en tiempo, la convocatoria permanece abierta. La limitación no opera de oficio.
  - Paso 3: ¿Las solicitantes piden además la limitación territorial (al municipio o departamento)?
    - Sí: El referente territorial es el lugar de ejecución del contrato, no el domicilio formal: la sola existencia de una sucursal, sede operativa o lugar de atención no basta para acreditar la condición territorial.
    - No: La convocatoria se limita a Mipyme nacionales. No es procedente crear distinciones entre Mipyme nacionales y municipales por fuera de las reglas del reglamento.
  - Nota: La regulación de convocatorias limitadas no desplaza las reglas generales de selección objetiva ni las de subsanabilidad.
  - Nota: Los factores de desempate de la Ley 2069 (art. 35) son figura distinta de la limitación de convocatorias; cada uno tiene sus propios supuestos y pruebas.
  - Nota: Emprendimientos y empresas de mujeres tienen definición propia (participación mayoritaria de mujeres) y beneficios específicos.
- [Ley de garantías electorales](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/ley-garantias) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/ley-garantias.md)): Qué contratación se restringe en época electoral y qué excepciones existen.
  - Normas clave: Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38 (parágrafo)
  - Regla asentada: La Ley 996 de 2005 (ley de garantías electorales) restringe ciertas contrataciones en época electoral. En particular, prohíbe a las entidades del Estado celebrar contratos por contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, y restringe los convenios interadministrativos para ejecución en los entes territoriales donde haya elecciones. Contratar en contra de estas prohibiciones vicia el contrato.
  - **Qué prohíbe y a quién**: La prohibición central es la contratación directa por las entidades del Estado en el período previo a la elección presidencial, y restricciones a los convenios interadministrativos; no toda contratación queda vedada, pero sí la directa.
  - **Períodos y ámbito territorial**: Las restricciones dependen del calendario electoral y, para territoriales, del lugar donde haya elecciones; hay que ubicar la fecha del contrato dentro del período prohibido y en el territorio pertinente.
  - **Excepciones y consecuencias**: Hay excepciones (defensa y seguridad, crédito público, urgencia, entre otras); fuera de ellas, el contrato celebrado contra la prohibición es nulo.
  - Revisar en expediente: La fecha del contrato frente al calendario electoral.
  - Revisar en expediente: La modalidad: la contratación directa está prohibida en el período.
  - Revisar en expediente: El ámbito territorial cuando se trate de entes territoriales.
  - Revisar en expediente: Si aplica alguna de las excepciones legales.
  - Revisar en expediente: El efecto: nulidad del contrato celebrado contra la prohibición.
  - Paso 1: ¿La entidad pretende celebrar contratos por contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial (y hasta la segunda vuelta, si la hay)?
  - Paso 2: ¿Aplica una excepción expresa de la propia ley (defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias o desastres, reconstrucción de infraestructura, entre otras)?
    - Sí: Procede la contratación directa amparada en la excepción, que es de interpretación restrictiva y debe quedar motivada en los estudios previos.
    - No: La contratación directa está prohibida en ese periodo para todas las entidades estatales, de todos los niveles. La restricción recae sobre la modalidad, no sobre el objeto.
  - Paso 3: ¿Se trata de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección (incluidas las territoriales)?
    - Sí: Rige la prohibición del parágrafo del artículo 38: la Nación, los departamentos y los municipios no pueden celebrarlos en ese periodo. La prohibición no se extiende por analogía a los contratos interadministrativos, que son figura distinta.
  - Paso 4: ¿La actuación cae en otra restricción electoral (vinculación a la nómina estatal, publicidad oficial, inauguración de obras con participación de candidatos)?
    - Sí: Cada ente del Estado es responsable de observar su restricción específica; conviene documentar la verificación en cada caso.
    - No: No hay restricción: la contratación por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía continúa habilitada. La ley de garantías no suspende la contratación competitiva.
  - Nota: Las restricciones y sus fechas dependen del calendario electoral: lo primero es ubicar la elección y contar los cuatro meses hacia atrás.
  - Nota: Las instituciones y entidades de todo nivel deben revisar también las restricciones de los convenios antes de comprometer recursos en época preelectoral.
- [Contratos y convenios interadministrativos](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/convenios-interadministrativos) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/convenios-interadministrativos.md)): Cómo distinguir el contrato del convenio entre entidades y qué reglas sigue cada uno.
  - Normas clave: Ley 489 de 1998, art. 95; Ley 1150 de 2007, art. 2, num. 4, lit. c); Ley 80 de 1993
  - Regla asentada: Los contratos y convenios interadministrativos se celebran entre entidades estatales por contratación directa, pero la entidad ejecutora debe tener dentro de su objeto las obligaciones del convenio y la capacidad real de ejecutarlas. No pueden usarse para eludir la selección objetiva ni para que la ejecutora subcontrate lo que no puede hacer por sí misma.
  - **Cuándo procede y por qué modalidad**: Proceden entre entidades estatales por contratación directa, siempre que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.
  - **Capacidad y objeto de la ejecutora**: La ejecutora debe poder cumplir con medios propios; si lo que recibe excede su objeto o capacidad y termina subcontratando casi todo, el convenio encubre una intermediación irregular.
  - **Límite: no eludir la licitación**: No puede usarse para evitar un proceso competitivo que correspondía; cuando la ejecutora es apenas un puente hacia terceros, se vulnera la selección objetiva.
  - Revisar en expediente: Que ambas partes sean entidades estatales.
  - Revisar en expediente: Que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la ejecutora.
  - Revisar en expediente: Que la ejecutora tenga capacidad real y medios propios (no subcontrate casi todo).
  - Revisar en expediente: Que no se use para eludir un proceso de selección que correspondía.
  - Revisar en expediente: La justificación de la contratación directa.
  - Paso 1: ¿Ambas partes son entidades estatales?
    - No: No es la figura: con particulares se aplican las modalidades ordinarias de selección (o el régimen de convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489, que tiene reglas propias).
  - Paso 2: ¿Las entidades aúnan esfuerzos por un fin común, sin que una le pague a la otra un precio como contraprestación?
    - Sí: Es un convenio interadministrativo: hay unidad de causa y cooperación, no intereses contrapuestos. Se celebra con fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 y debe precisar aportes, obligaciones y coordinación.
  - Paso 3: ¿Las obligaciones del contrato tienen relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus estatutos?
    - Sí: Procede el contrato interadministrativo por contratación directa. La causal exige esa relación directa; la ejecución puede instrumentarse incluso mediante figuras como el mandato.
    - No: No procede la causal: la entidad debe acudir al proceso competitivo que corresponda. Contratar directamente con una entidad que no tiene el objeto adecuado desvía la figura.
  - Nota: El convenio también se incumple y también se liquida: la liquidación es el balance final de la relación y el incumplimiento se reclama ante el juez del contrato.
  - Nota: En época electoral los convenios interadministrativos tienen restricción propia: ver el nomograma de ley de garantías.
- [Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/regimen-aplicable) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/regimen-aplicable.md)): Cómo determinar el régimen jurídico del contrato según la entidad y qué mínimos aplican siempre.
  - Normas clave: Ley 80 de 1993, arts. 1 y 2; Ley 1150 de 2007, arts. 13 y 14; Ley 142 de 1994; Ley 30 de 1992, entre otras leyes de excepción
  - Regla asentada: No todas las entidades ni todos los contratos se rigen por el Estatuto General de Contratación (Leyes 80 y 1150). Hay entidades de régimen especial o exceptuado —empresas industriales y comerciales del Estado en competencia, empresas de servicios públicos, ciertas entidades financieras y universidades— que contratan por derecho privado, aunque siempre sujetas a los principios de la función administrativa y al control fiscal.
  - **Quién está exceptuado y por qué**: La excepción responde a la naturaleza de la entidad y a su actuación en competencia o en mercados regulados; la fuente de la excepción es siempre una norma concreta, no la conveniencia.
  - **Aun en derecho privado, los principios aplican**: Contratar por derecho privado no libera de los principios de la función administrativa (igualdad, transparencia, selección objetiva, moralidad) ni del control fiscal.
  - **Efectos en jurisdicción y acciones**: El régimen influye en la jurisdicción competente y en las acciones procedentes; conviene precisarlo antes de demandar.
  - Revisar en expediente: La naturaleza de la entidad y la norma concreta que la exceptúa.
  - Revisar en expediente: Si el contrato se rige por el Estatuto General o por derecho privado.
  - Revisar en expediente: Que, aun en derecho privado, se respeten los principios y el control fiscal.
  - Revisar en expediente: La jurisdicción competente según el régimen.
  - Revisar en expediente: Las acciones y términos aplicables.
  - Paso 1: ¿Una norma legal expresa exceptúa a la entidad del Estatuto General o la somete a un régimen especial (empresas de servicios públicos, EICE en competencia, universidades públicas, entidades financieras estatales, entre otras)?
    - No: La entidad se rige por el Estatuto General de Contratación (Leyes 80 y 1150): modalidades de selección, cláusulas excepcionales y régimen contractual plenos.
  - Paso 2: ¿El contrato específico tiene además norma propia (convenios de fomento del artículo 355 de la Constitución, ciencia y tecnología, servicios públicos domiciliarios)?
    - Sí: Se aplica esa norma especial. Los convenios y contratos así celebrados se rigen por el derecho privado en lo no regulado, como lo ha reconocido la jurisprudencia.
  - Paso 3: ¿La actuación contractual respeta los mínimos que aplican aun en régimen privado: principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, régimen de inhabilidades e incompatibilidades (art. 13 Ley 1150) y publicidad en el SECOP cuando es exigible?
    - Sí: La entidad contrata válidamente bajo el derecho privado, con autonomía de la voluntad en lo no regulado por esos mínimos.
    - No: La excepción al Estatuto no exime de esos mínimos: su omisión vicia la actuación y compromete la responsabilidad de quienes la adelantan. El deber de publicar en el SECOP alcanza también a las entidades con régimen especial.
  - Nota: El régimen lo define la ley, no la voluntad de la entidad: no se puede optar por el derecho privado sin norma que lo autorice.
  - Nota: Las controversias de los contratos de las entidades estatales, aun regidos por derecho privado, suelen corresponder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; verificar las reglas de competencia en cada caso.
- [Acción de repetición contra el agente](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/accion-repeticion) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/accion-repeticion.md)): Cuándo la entidad debe repetir contra su servidor o excontratista por una condena pagada.
  - Normas clave: Constitución, art. 90; Ley 678 de 2001; Ley 1437 de 2011, arts. 142 y 164
  - Regla asentada: La acción de repetición busca que el Estado recupere del agente lo que pagó por una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, cuando el daño se debió a la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor (Ley 678 de 2001). La entidad está obligada a ejercerla; la ley fija presunciones de dolo y de culpa grave.
  - **Presupuestos de la repetición**: Se requieren un pago efectivo hecho por la entidad por una condena o conciliación, y que el daño sea atribuible a la conducta dolosa o gravemente culposa del agente; sin dolo o culpa grave, no prospera.
  - **Presunciones de dolo y culpa grave**: La Ley 678 presume el dolo y la culpa grave en ciertos supuestos (p. ej. violación manifiesta de normas, desviación de poder); la presunción invierte la carga, pero admite prueba en contrario.
  - **Caducidad y llamamiento en garantía**: La repetición caduca a los dos años desde el pago (ver el nomograma de caducidad); como alternativa, la entidad puede llamar en garantía al agente dentro del propio proceso.
  - Revisar en expediente: El pago efectivo hecho por la entidad y su fecha (inicio del término).
  - Revisar en expediente: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente.
  - Revisar en expediente: Las presunciones de dolo o culpa grave aplicables.
  - Revisar en expediente: La caducidad: dos años desde el pago.
  - Revisar en expediente: El llamamiento en garantía como alternativa dentro del proceso.
  - Paso 1: ¿La entidad pagó una condena, una conciliación u otra forma de terminación de un conflicto originada en un daño antijurídico?
    - No: Aún no procede: el pago es presupuesto de la repetición. Mientras no haya pago total no corre el término para demandar.
  - Paso 2: ¿La conducta del agente fue dolosa o gravemente culposa, en los términos de la Ley 678 (incluidas sus presunciones, como la violación manifiesta e inexcusable de las normas)?
    - No: No procede: la repetición es un control de actuaciones manifiestamente contrarias al ordenamiento. La culpa leve o el simple error de apreciación no comprometen al agente.
  - Paso 3: ¿La demanda se presenta dentro de los dos años contados a partir del pago total efectuado por la entidad?
    - Sí: Procede el medio de control de repetición. Las presunciones de dolo y de culpa grave de la Ley 678 invierten la carga: probado el supuesto, corresponde al agente desvirtuarlas.
    - No: Opera la caducidad: el término se cuenta desde el pago (o desde el vencimiento del plazo para pagar), y vencido no hay repetición posible.
  - Nota: El comité de conciliación debe pronunciarse sobre la procedencia de la repetición en cada caso de pago: omitirlo genera responsabilidad propia.
  - Nota: La entidad que no repite pudiendo hacerlo expone a sus directivos ante los órganos de control.
- [Condena en costas y agencias en derecho](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/costas-agencias) ([Markdown](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/costas-agencias.md)): Cuándo condenan en costas en lo contencioso administrativo y cómo se fijan las agencias.
  - Normas clave: Ley 1437 de 2011, art. 188; Código General del Proceso, arts. 361 a 366
  - Regla asentada: En el proceso contencioso administrativo la condena en costas procede a cargo de la parte vencida (CPACA; CGP, art. 365, por remisión) e incluye las agencias en derecho, que fija el juez atendiendo las tarifas y la actividad procesal desplegada. No proceden de manera automática: ceden ante el vencimiento recíproco y el criterio reglado del juez.
  - **Cuándo proceden las costas**: Se imponen a la parte vencida; el juez las decreta según las reglas del CGP aplicables al contencioso, valorando el vencimiento y la conducta procesal.
  - **Agencias en derecho: fijación y tarifas**: Las agencias en derecho son la parte de las costas que remunera la gestión del apoderado; el juez las fija dentro de las tarifas, según la naturaleza y la cuantía del proceso y la actividad desplegada.
  - **Excepciones al vencimiento**: No hay condena, o se modera, cuando el vencimiento es recíproco o cuando el juez, motivadamente, se aparta conforme a las reglas; la liquidación de costas se controvierte por objeción.
  - Revisar en expediente: El vencimiento: total (condena) o recíproco (puede no haber costas).
  - Revisar en expediente: La fijación de las agencias en derecho según las tarifas.
  - Revisar en expediente: La actividad procesal desplegada por el apoderado.
  - Revisar en expediente: La liquidación de las costas y su eventual objeción.
  - Revisar en expediente: La motivación del juez cuando se aparta de la regla general.
  - Paso 1: ¿La parte resultó vencida en el proceso, en el incidente o en el recurso?
    - No: Sin vencimiento no hay condena en costas. En los procesos en que se ventila un interés público, la regla del artículo 188 del CPACA excluye la condena.
  - Paso 2: ¿Las costas aparecen causadas y comprobadas en el expediente (criterio objetivo valorativo)?
    - No: No se imponen: en lo contencioso administrativo no basta perder el pleito; la condena exige que las costas estén causadas y probadas.
  - Paso 3: ¿Hubo actuación de apoderado que justifique fijar agencias en derecho?
    - Sí: Se fijan agencias en derecho dentro de las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, valorando la gestión del apoderado, la naturaleza y la cuantía del proceso.
    - No: La condena se limita a las expensas probadas (gastos del proceso), sin agencias en derecho.
  - Nota: Cada instancia liquida sus propias costas; la condena de segunda instancia se pronuncia también sobre las del recurso.
  - Nota: El criterio objetivo valorativo es doctrina constante de la Sección Tercera: revisarlo en la providencia más reciente antes de alegar.

## Temas especiales

- [Ciberseguridad y datos personales en la contratación](https://adjudicalo.com.co/tema/ciberseguridad-datos): Seguridad de la información, datos personales y habeas data en contratos estatales. Documentos donde el tema aparece en el texto, aunque no esté en el índice temático.
