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clave: "tribunal_administrativo:providencia:11001334306420170009802-sentencia"
titulo: "Tribunal Administrativo: tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia"
corporacion: "Tribunal Administrativo de Cundinamarca"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-07-23"
radicado: "11001334306420170009802"
numero: ""
ponente: "FERNANDO IREGUI CAMELO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001334306420170009802-sentencia"
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# Tribunal Administrativo: tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Tribunal Administrativo de Cundinamarca
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-07-23
- **Radicado:** 11001334306420170009802
- **Ponente:** FERNANDO IREGUI CAMELO
- **Sección / Sala:** SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** MARIA DEL PILAR HUERTAS MACHADO
- **Demandado:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001334306420170009802-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2500023/11001334306420170009802/EB6CA465E141469C4507DE2DA097494606772C15483D200E654C6D65328D84C7/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013343064201700098022500023

## Problema jurídico

“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?”

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 88
- Ley 1564 de 2012, art. 167
- Ley 489 de 1998, art. 86 lit. A

## Extracto

… La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto ninguno de los cargos formulados por la parte apelante tuvo la entidad de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las Resoluciones Nos. 5997 y 6050 de 2016.… En primer lugar, no se acreditó la incompetencia de los funcionarios que intervinieron en el trámite sancionatorio contractual, pues la facultad para expedir los actos administrativos sancionatorios se encontraba válidamente delegada en el ordenador del gasto —la Subsecretaria de Gestión Institucional, quien en efecto suscribió ambas resoluciones— en virtud de la Resolución No. 1333 de 2014, sin que la parte actora hubiera desvirtuado dicha delegación ni demostrado la subdelegación irregular que alegó; la carga de acreditar este extremo le correspondía a ella…

## Síntesis temática

El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, SANCIÓN CONTRACTUAL, FALTA DE COMPETENCIA, FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, OPORTUNIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / SANCIÓN CONTRACTUAL / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES
Problema jurídico:
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?”
Respuesta al problema jurídico: No
“(...) La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto ninguno de los cargos formulados por la parte apelante tuvo la entidad de desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las Resoluciones Nos. 5997 y 6050 de 2016. (...) En primer lugar, no se acreditó la incompetencia de los funcionarios que intervinieron en el trámite sancionatorio contractual, pues la facultad para expedir los actos administrativos sancionatorios se encontraba válidamente delegada en el ordenador del gasto —la Subsecretaria de Gestión Institucional, quien en efecto suscribió ambas resoluciones— en virtud de la Resolución No. 1333 de 2014, sin que la parte actora hubiera desvirtuado dicha delegación ni demostrado la subdelegación irregular que alegó; la carga de acreditar este extremo le correspondía a ella, en aplicación de la presunción de legalidad del acto administrativo y del artículo 167 del Código General del Proceso, y no fue satisfecha.” (...) “Recuerda la Sala que, conforme al artículo 88 del CPACA, los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, presunción que releva a la Administración de acreditar, en cada proceso judicial, la regularidad de su propia competencia, y traslada a quien alega el vicio la carga de desvirtuarla mediante prueba idónea. Esta regla no es una imposición arbitraria del juez de instancia, como lo sugiere el recurrente, sino la aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, que dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Quien invoca la nulidad de un acto administrativo por incompetencia de su suscriptor formula una afirmación concreta y perfectamente verificable, no una negación indefinida de las que exceptúa el inciso final de dicha norma, pues la fuente de la competencia invocada por la entidad demandada es un acto administrativo de carácter general, publicado y de libre consulta, susceptible de ser controvertido por cualquier medio probatorio ordinario. (...) Se trata, entonces, de un acto de delegación general, previo, escrito y de conocimiento público, que la parte demandante tuvo oportunidad de conocer y controvertir a lo largo del proceso, sin que hubiere aportado elemento de juicio alguno tendiente a demostrar su inexistencia, su irregularidad o su inaplicabilidad al caso concreto. (...) En este orden de ideas, no encuentra la Sala demostrada la vulneración a la prohibición de subdelegación contenida en el numeral 2° del artículo 11 de la Ley 489 de 1998, como quiera que no obra prueba de que la Subsecretaria de Gestión Institucional hubiera trasladado a un tercero la competencia decisoria que le fue conferida; por el contrario, fue ella misma quien suscribió los actos administrativos cuya nulidad se depreca. Tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia, en tanto la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, sumada a la existencia de un instrumento de delegación de conocimiento público e invocado expresamente por la entidad demandada desde la propia vía gubernativa, imponía a la parte actora la carga mínima de controvertir dicho fundamento normativo, carga que no fue satisfecha. (...)”
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 86 LITERAL A, B
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / SANCIÓN CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
“¿Se configura una vulneración al debido proceso administrativo sancionatorio del contratista […] por haberse invocado, en el oficio de convocatoria a audiencia (S-2016-5070 del 12 de enero de 2016), el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, norma derogada desde el 1° de enero de 2014 por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, y qué incidencia tiene dicha circunstancia sobre la legalidad de los actos administrativos demandados?”
Respuesta al problema jurídico: No
“(...) En segundo lugar, la mención de una norma derogada —el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010— en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vició el debido proceso del contratista, en tanto el contenido normativo allí consagrado se encontraba vigente bajo el inciso 4° del artículo 192 del CPACA, disposición que producía idéntica consecuencia jurídica y que resultaba aplicable a los hechos investigados, de suerte que la imprecisión de cita careció de incidencia sustancial en el fundamento y en el resultado de la actuación.” (...) “De la revisión de las documentales, la Sala advierte que la propia Resolución No. 5997 de 2016, al resolver este mismo reparo (formulado por el contratista desde la primera sesión de la audiencia, el 25 de febrero de 2016, como fundamento de su solicitud de cesación del procedimiento) explicó, con razón que esta Sala comparte, que si bien el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, fue derogado por el artículo 626 del Código General del Proceso a partir del 1° de julio de 2012, el contenido normativo allí consagrado (esto es, la obligatoriedad de la audiencia de conciliación previa a la concesión del recurso de apelación contra sentencias condenatorias proferidas contra entidades públicas, y la consecuencia jurídica de declarar desierto el recurso ante la inasistencia del apelante) no desapareció del ordenamiento jurídico, sino que fue recogido en idénticos términos por el inciso 4° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, disposición que, por virtud del régimen de transición previsto en el artículo 308 del mismo estatuto, se encontraba plenamente vigente y era la aplicable a la actuación administrativa sancionatoria en curso, así como a la audiencia de conciliación programada para el 18 de marzo de 2015 dentro del proceso 2014-00368. (...) De manera que la obligación cuyo incumplimiento se reprochó al contratista (la de asistir a las diligencias de los procesos a su cargo, prevista en el numeral 4° de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios No. 1753 de 2015) no dependía, para su exigibilidad, de la vigencia del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, sino que emanaba directamente del clausulado contractual y encontraba respaldo, en cuanto a la consecuencia procesal de la inasistencia a la audiencia de conciliación, en una norma legal vigente y aplicable —el artículo 192 del CPACA— que produce exactamente el mismo efecto jurídico que el recurrente denuncia como inexistente. La mención de la disposición derogada en el informe del supervisor y, por reflejo, en el oficio de citación, constituyó entonces una imprecisión de cita normativa carente de incidencia sustancial en el fundamento de la sanción, en tanto la falta imputada y su consecuencia jurídica permanecían inalteradas bajo una norma vigente. En consecuencia, no advierte esta Sala que la mención de una norma derogada, cuyo contenido normativo se hallaba vigente bajo otra disposición legal aplicable al caso, configure un vicio de nulidad de los actos administrativos demandados, ni una vulneración al debido proceso del contratista, por lo que también este cargo de apelación habrá de desestimarse. (...)”
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / SANCIÓN CONTRACTUAL / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / OPORTUNIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
“¿La discordancia entre el conjunto probatorio anunciado en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria y el efectivamente valorado en la Resolución No. 5997 de 2016 constituye una vulneración al derecho de defensa y contradicción del contratista, con entidad suficiente para viciar de nulidad los actos administrativos sancionatorios acusados?”
Respuesta al problema jurídico: No
“(...) En tercer lugar, la incorporación de nuevo material probatorio durante las sesiones de la audiencia sancionatoria se surtió con el correspondiente traslado y oportunidad de contradicción, efectivamente ejercida por el contratista, y la falta de mención expresa de algunos documentos inicialmente anunciados no fue acompañada de la demostración de su incidencia en el sentido de la decisión, la cual, en todo caso, se sostiene en prueba documental incontrovertida sobre la inasistencia del contratista a la audiencia de conciliación pese al conocimiento oportuno que tuvo del proceso desde la radicación del poder que lo acreditaba como apoderado de la entidad.”
“Previo a resolver el punto, la Sala pone de presente que el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige que la citación a audiencia contenga mención expresa y detallada de los hechos que soportan la actuación, acompañada del informe de interventoría o supervisión, así como la enunciación de las normas o cláusulas presuntamente violadas y las consecuencias que de ello podrían derivarse para el contratista; pero no exige que el acervo probatorio anunciado en ese momento inicial constituya un catálogo cerrado e inmodificable, ni que la Administración quede inhabilitada para incorporar, practicar o trasladar nuevos elementos de convicción en el curso de las sesiones subsiguientes de la audiencia.
Por el contrario, el propio literal d) de la norma en cita faculta expresamente al jefe de la entidad o su delegado para suspender la audiencia, de oficio o a petición de parte, cuando ello resulte necesario para allegar o practicar pruebas conducentes y pertinentes, exigiendo únicamente que dicha variación se surta con observancia del derecho de contradicción, esto es, con el correspondiente traslado a las partes.
(...)
Consta, en efecto, que el contratista hizo uso efectivo de esa oportunidad: en la sesión del 1° de noviembre de 2016 cuestionó puntualmente el contenido de los documentos trasladados, señalando inconsistencias respecto de otras sentencias condenatorias contra la entidad y solicitando la verificación de casos adicionales, ejercicio de controversia que resulta incompatible con la tesis de una incorporación sorpresiva o subrepticia de prueba. No se trata, entonces, de documentos aportados unilateralmente por la Administración y valorados a espaldas del investigado, sino de elementos de juicio surgidos durante el trámite y sometidos al contradictorio en legal forma.
(...)
Además, la parte apelante se limita a denunciar la omisión formal, pero en ningún momento explica ni acredita cuál habría sido la incidencia favorable de esos nueve documentos (relativos, según su propia descripción, a informes de supervisión, requerimientos al contratista, copias del contrato y de sus modificaciones, y certificados de garantía) en el sentido de la decisión, ni de qué manera su valoración expresa habría conducido a una conclusión distinta sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales. La nulidad de los actos administrativos por desconocimiento del derecho de defensa no opera de manera objetiva ante cualquier inconsistencia procedimental, sino que exige que la irregularidad alegada hubiera tenido la entidad de alterar el sentido de la decisión o de colocar al investigado en un estado real de indefensión, extremo que en el presente caso no fue esbozado por la recurrente, quien construyó su reproche sobre la sola comparación numérica de los listados, sin acometer el ejercicio argumentativo que le correspondía para demostrar la trascendencia del vicio denunciado. (...)”

## Cómo citar esta fuente

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-07-23. C.P. FERNANDO IREGUI CAMELO. Rad. 11001334306420170009802. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001334306420170009802-sentencia).
