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clave: "tribunal_administrativo:providencia:11001333603420210028201-sentencia"
titulo: "Contratación estatal: Sentencia"
corporacion: "Tribunal Administrativo de Cundinamarca"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-02-26"
radicado: "11001333603420210028201"
numero: ""
ponente: "JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ"
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# Contratación estatal: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Tribunal Administrativo de Cundinamarca
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-02-26
- **Radicado:** 11001333603420210028201
- **Ponente:** JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
- **Sección / Sala:** SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** NEXURA INTERNACIONAL S.A.
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU Y OTRO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001333603420210028201-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/2500023/11001333603420210028201/29859DEDEE8939B9265BDD6CB2FF12BF3818EFA8B996AEB52E3FAC110AF261A5/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013336034202100282012500023

## Problema jurídico

¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 392 de 2018, art. 1
- Ley 80 de 1993, art. 23
- Constitución Política

## Extracto

… a) De una lectura integral de la norma, se constata que, la norma no impone que el documento deba ser expedido exactamente el mismo día del cierre. b) Al verificar la intención del legislador al expedir esta norma, se pudo evidenciar que el artículo 1 del Decreto 392 de 2018 fue expedido en desarrollo de la Ley 1618 de 2013, con el propósito de incentivar la vinculación laboral de personas en condición de discapacidad a través de mecanismos de acción afirmativa en materia de contratación estatal3. c) El otorgamiento de puntaje adicional previsto en esta norma no se trata de una exigencia formal, sino que pretende la verificación de una condición para el proponente, como lo es tener trabajadores con discapacidad dentro de su planta de personal. d) Fue así que, como una medida de seguimiento y control para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad…

## Síntesis temática

El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRATACIÓN ESTATAL, ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ADJUDICACIÓN DE CONTRATO, REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE, OFERTA MÁS FAVORABLE, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, FALTA DE PRUEBA, INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, INTERPRETACIÓN DE LA LEY, PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY, INTERPRETACIÓN LITERAL, INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LA LEY, DICCIONARIO, INTERPRETACIÓN DE LA NORMA

## Guías prácticas relacionadas

- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
- [Requisitos habilitantes, experiencia y RUP](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/requisitos-habilitantes.md): Cómo fijar y verificar la capacidad jurídica, financiera y la experiencia del proponente.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El caso sometido a estudio debe ser abordado, bajo el entendido de que el acto cuestionado es un acto administrativo, cuyo examen, se insiste debe ser efectuado a la luz de las reglas propias del Estatuto de Contratación de la Administración Pública.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170238301-67715-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: en consonancia con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada de denegar las pretensiones de la demanda](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150102701-61142-sentencia.md)
- [Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Permite establecer que el participante cumple con lo mínimo que se requiere para ejecutar el contrato sin poner en riesgo a la entidad.](https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:25000233600020230044300-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020050211702-59917-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / OFERTA MÁS FAVORABLE / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE
Problema jurídico:
¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección?
Respuesta al problema jurídico: No
"(...) a) De una lectura integral de la norma, se constata que, la norma no impone que el documento deba ser expedido exactamente el mismo día del cierre. b) Al verificar la intención del legislador al expedir esta norma, se pudo evidenciar que el artículo 1 del Decreto 392 de 2018 fue expedido en desarrollo de la Ley 1618 de 2013, con el propósito de incentivar la vinculación laboral de personas en condición de discapacidad a través de mecanismos de acción afirmativa en materia de contratación estatal3. c) El otorgamiento de puntaje adicional previsto en esta norma no se trata de una exigencia formal, sino que pretende la verificación de una condición para el proponente, como lo es tener trabajadores con discapacidad dentro de su planta de personal. d) Fue así que, como una medida de seguimiento y control para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, el Decreto 392 de 2018 estableció que las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantengan en su planta de personal la cantidad de trabajadores en situación de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta, y que la reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato con las consecuencias derivadas de esto (contractuales y normativas). e) Así las cosas, la Sala estima que con la expedición del Decreto 392 de 2018 lo pretendido por el Gobierno Nacional fue materializar el deber de implementar medidas que garanticen o propicien la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad y buscar garantizar que, al momento de la evaluación, la entidad contratante cuente con información cierta, vigente y verificable sobre la planta de personal del oferente. (...) g) En otras palabras, la finalidad de la norma consiste en permitir que la entidad contratante cuente con información suficiente y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. h) De manera que, no es dable señalar que la certificación de que trata el artículo 1º del decreto 392 de 2018 debía expedirse el día del cierre del proceso de selección, pues de ser asi, el legislador habría dicho: “certificación expedida en la fecha de cierre”. Lo cual iría en contra de la política pública de inclusión laboral mediante incentivos en la contratación estatal, y se trataría de un rigorismo formal que desconocería el beneficio previsto por el legislador. (...) l) Adicionalmente, conviene señalar que, en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, acorde con lo señalado en el artículo 228 de nuestra Carta Política y de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 que establece que “las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. m) Es asi que la propia ley 80 de 1993 estableció en el artículo 25 que, en virtud del principio de economía “las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias” n) De acuerdo con lo anterior, en un proceso de selección, no podrá rechazarse una propuesta o como en el caso, abstenerse de otorgar puntaje a un proponente, por la ausencia de requisitos meramente formales. (...) 2.5. Así entonces, contrario a lo expuesto por la parte actora, el acto de adjudicación no desconoció el artículo 1º del Decreto 392 de 2018, se destaca que, en el caso concreto, se acreditó que: (i) el adjudicatario aportó una certificación del revisor fiscal en la cual se indicó el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad de fecha 11 de noviembre de 2011; (ii) el cierre del proceso de selección ocurrió el 17 del mismo mes y año; (iii) en este orden, este documento a juicio de la sala permite verificar de manera objetiva el cumplimiento del requisito previsto en la citada norma, al no vislumbrarse una situación diferente en la planta de personal, lo anterior, si se tiene en cuenta que esta información fue certificada por el Ministerio de Trabajo. 2.6. En otras palabras, para la Sala el requisito de certificación fue satisfecho en su esencia: ya que acreditó la proporción real de trabajadores y personas con discapacidad; certificación que además fue respaldada por la expedida por el Ministerio Público. 2.7. Se resalta que, el recurrente no probó que hubo modificación de la nómina entre la fecha del certificado y el cierre del proceso, esto es, en los 6 días antes del cierre del proceso y como ya se analizó, está sola circunstancia no evidencia que a la SOCIEDAD NUEVA TRANSPORTADORA SIGLO XXI S.A.S no le asistiera el derecho a que se le asignara el respectivo puntaje de que trata la Ley. 2.8. Finalmente, frente a la referencia en la sentencia de un concepto de Colombia Compra Eficiente, si bien es cierto que conforme al artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 estos, no obligan a la administración ni a los jueces, lo cierto es que, sí constituyen criterios que orientan la interpretación del régimen de contratación pública, particularmente cuando armonizan con los principios de eficiencia y selección objetiva. 2.9. En consecuencia, al haberse cumplido la finalidad del requisito previsto en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018 y no evidenciarse afectación alguna a la selección objetiva, ni a la igualdad de los oferentes, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA. 3. DE LA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los principios de economía y prevalencia del derecho sustancial, en materia de contratación estatal, se cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 25804, M.P. Enrique Gil Botero. Reiterado en providencia del 12 de junio de 2014 (Expediente 21324) C.P Enrique Gil Botero
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, DECRETO 392 DE 2018 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23
INTERPRETACIÓN DE LA LEY / PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN LITERAL / INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LA LEY / DICCIONARIO / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
Problema jurídico:
¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
"(...) la Sala parte por señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la interpretación de las normas debe realizarse de acuerdo con el sentido natural, en tanto no exista definición expresa dada por el legislador. b) Es así como, el Artículo 27 del Código Civil Colombiano establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal y cuando haya duda se puede acudir al uso general de las palabras. c) En el caso concreto, la parte actora afirma que el requisito previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad” en su tenor literal es una norma clara que impide acudir a criterios auxiliares de interpretación y a su juicio establece de manera concreta que esta certificación debe ser expedida al momento del cierre del proceso de selección. (...) frente al alcance de esta norma, la Sala estima que el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 no define de forma técnica y clara la expresión literal “a la fecha de”. f) Aunque se señala de manera literal que “(…) el revisor certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección”, en esta normativa no se define la expresión “a la fecha”, ni existe otra norma legal que contenga de manera clara y concreta, que se entiende por esta frase. g) De manera que, a la juez de instancia si le era dable acudir a criterios auxiliares de interpretación, para entender el sentido de términos no definidos legalmente y nada impedía acudir al Diccionario de la RAE para comprender el sentido de esta expresión, de acuerdo con el significado común de las palabras en castellano. (...) si existe un sustento jurídico para acudir al Diccionario de la Real Academia Española, existe doctrina y jurisprudencia que lo reconoce como un referente autorizado para la interpretación de expresiones normativas que no se han definido de manera expresa en la Ley. k) Es así como existe variada jurisprudencia del Consejo de Estado en la cual se ha acudido expresamente al Diccionario de la RAE para determinar el sentido de términos incluidos en normas objeto de interpretación judicial cuando no existe definición legal clara o precisa. l) De acuerdo con lo anterior, como quiera que en el caso el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 no define de forma técnica y clara la expresión literal ‘a la fecha de…” le era dable a la juez de instancia acudir a criterios de interpretación. (...)"
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27

## Cómo citar esta fuente

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-02-26. C.P. JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ. Rad. 11001333603420210028201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/tribunal_administrativo:providencia:11001333603420210028201-sentencia).
