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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:f365a031-15c8-4a45-9d54-9278bab9af21.docx"
titulo: "EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: el CDP y el registro presupuestal son requisitos de ejecución y pago"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2026-06-02"
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# EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: el CDP y el registro presupuestal son requisitos de ejecución y pago

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2026-06-02
- **Número:** f365a031-15c8-4a45-9d54-9278bab9af21.docx
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:f365a031-15c8-4a45-9d54-9278bab9af21.docx
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Suministro de maquinaria amarilla y materiales para la respuesta y recuperación de la emergencia por temporada de lluvia en el Municipio de Cumbitara, Nariño
- Incumplimiento contractual: Declaración de existencia e incumplimiento de la Orden de Proveeduría, suscrita entre R.R. INGECON S.A.S. y la UNGRD ( Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)
- Caducidad de la accion contractual: Dos (2) años contados desde la liquidación del contrato o desde cuándo debió liquidarse
- Liquidacion del contrato estatal: Plazos

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1523 de 2012
- Resolución 0532 de 2020

## Extracto

La UNGRD agregó que el contratista no subsanó satisfactoriamente las observaciones documentales formuladas frente a las cuentas de cobro y soportes de ejecución. Asimismo, el CDP y el registro presupuestal son requisitos de ejecución y pago, no de existencia del contrato. En síntesis, el Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 20 de marzo de 2026, decidió: i) declarar la celebración y ejecución de un contrato estatal a través de la orden de proveeduría No. GS-SMD-212-2022; ii) declarar que la sociedad R.R. INGECON S.A.S. cumplió con el objeto contractual. iii). declarar que la UNGRD incumplió las obligaciones económicas del mencionado contrato estatal. iv) condenar a la UNGRD a pagar a la demandante la suma de $1.257.597.604.90 debidamente actualizada. v) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. vi) condenar en costas a la demandada.

## Descriptores temáticos

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL, La orden de proveeduría se suscribió sin cdp (certificado de disponibilidad presupuestal ) ni registro presupuestal/requisitos de ejecucion- aprobación de garantías, registro presupuestal, acta de inicio

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## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Suministro de maquinaria amarilla y materiales para la respuesta y recuperación de la emergencia por temporada de lluvia en el Municipio de Cumbitara, Nariño
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Declaración de existencia e incumplimiento de la Orden de Proveeduría, suscrita entre R.R. INGECON S.A.S. y la UNGRD ( Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)
CADUCIDAD DE LA ACCION CONTRACTUAL-Dos (2) años contados desde la liquidación del contrato o desde cuándo debió liquidarse
LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL-Plazos
VALOR PROBATORIO-Existe evidencia de la ejecución total del objeto contractual con aprobación de la interventoría y la entidad territorial
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL-El contrato se perfecciona con acuerdo sobre objeto y contraprestación, elevado a escrito
REQUISITOS DE EJECUCION-La Orden de Proveeduría se suscribió sin CDP (certificado de Disponibilidad Presupuestal ) ni registro presupuestal/REQUISITOS DE EJECUCION- aprobación de garantías, registro presupuestal, acta de inicio
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Las órdenes de proveeduría en emergencias son contratos estatales válidos por derecho privado, aunque no cumplan las formalidades de la Ley 80 de 1993 y la ausencia de CDP es imputable exclusivamente a la UNGRD
En consecuencia, la falta del Certificado de Disponibilidad Presupuestal conforme aparece demostrado se atribuye a una irregularidad imputable única y exclusivamente a la gestión administrativa de la UNGRD, no enerva una dificultad en la prosperidad de las pretensiones de la demandante, pues tangiblemente se aprecia que sí existió una efectiva prestación de un servicio de maquinaria amarilla en el municipio de Cumbitara, cúmulo probatorio que desdibuja los motivos de apelación frente a la ejecución contractual de la Orden de Proveeduría No. GS-SMD-212-2022 del 25 de mayo de 2022, por parte del contratista.
Bogotá, D. C., 02 de junio de 2026
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente, doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
CONCEPTO N° 107 /2026
Radicación: 52001-23-33-000-2024-00303-01 (74515)
Actor: R.R. INGECON S.A.S.
Demandado: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Referencia: Controversias contractuales
Asunto: Apelación Sentencia - Segunda Instancia.
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso referenciado de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad se solicita negar la apelación y CONFIRMAR la sentencia de primera Instancia, por las siguientes razones:
ANTECEDENTES.
1.1. Demanda: El día 18 de julio de 2024, por intermedio de apoderado judicial, la empresa R.R. Ingecom S.A.S. interpuso demanda por el medio de control de controversias contractuales contra Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de rogar se declarare la existencia, validez y el cumplimiento de un contrato estatal derivado de la Orden de Proveeduría No. GS-SMD-212-2022 celebrada con la UNGRD; que se declare el incumplimiento contractual por parte de la UNGRD y del Ministerio de Hacienda, debido a la falta de pago del servicio ejecutado; que se ordene la liquidación judicial del contrato, se condene a las entidades demandadas al pago de la suma de $1.257.597.604,90, de forma solidaria o individual, a la UNGRD y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por concepto del valor adeudado por la ejecución del suministro de maquinaria amarilla y que se reconozcan las demás sumas derivadas del incumplimiento contractual, incluyendo actualización y demás efectos económicos correspondientes.
La controversia tuvo su origen en la declaratoria de calamidad pública efectuada por el municipio de Cumbitara (Nariño) mediante el Decreto No. 025A del 04 de marzo de 2022, debido a graves afectaciones viales causadas por la temporada de lluvias.
Señaló la parte actora que el 17 de mayo de 2022 el municipio solicitó apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD para el suministro de horas de maquinaria amarilla destinadas a atender la emergencia vial.
El 24 de mayo de 2022 la UNGRD remitió por correo electrónico la activación de la orden de proveeduría No. GS-SMD-212-2022, suscrita por el Director General de la UNGRD, y en ella se indicó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizaría los recursos necesarios, por tanto, la orden de proveeduría tenía por objeto, suministrar maquinaria amarilla para atender la emergencia ocasionada por las lluvias en Cumbitara, por un valor de $1.259’181.572,25. Dicho instrumento, suscrito en el marco del régimen especial de contratación para situaciones de desastre, contó con la aceptación formal por parte del contratista sociedad R.R. INGECON S.A.S. respecto de la orden de proveeduría emitida por la UNGRD, el día 24 de mayo de 2022.
R.R. INGECON S.A.S. manifestó que el 31 de mayo de 2022, se suscribió el acta de inicio para ejecutar el contrato y que la empresa contratista aportó varias pólizas de responsabilidad civil extracontractual. De la misma manera, indicó que ejecutó el suministro de horas de maquinaria amarilla conforme a las obligaciones previstas en la orden de proveeduría y dentro del plazo fijado por la UNGRD, bajo la supervisión de la interventoría por parte de la empresa ZEFEL S.A.S., labores que concluyeron el 26 de julio de 2022.
Consideró que durante la ejecución contractual se realizaron ajustes en las cantidades de horas máquina mediante acta de modificación No. 1, quedando un saldo a liberar a favor de la UNGRD por aproximadamente $1,5 millones de pesos. Asimismo, una vez finalizadas las labores, se retiró la maquinaria y se suscribieron las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción con el municipio y la interventoría.
Declaró que el 30 de julio de 2022, la empresa ZEFEL S.A.S. certificó que R.R. INGECON S.A.S. ejecutó satisfactoriamente las actividades contratadas entre el 31 de mayo y el 26 de julio de 2022 y el día 9 de septiembre de 2022, la empresa presentó ante la UNGRD el informe final de ejecución y la cuenta de cobro por valor de $1.257.597.604,90.
No obstante, tras la radicación de la cuenta de cobro por valor de $1.257’597.604,90, la UNGRD omitió el pago de la obligación, argumentando de manera verbal la falta de disponibilidad de recursos y deficiencias en la gestión presupuestal interna. Consideró la demandante que la UNGRD no efectuó el pago reclamado fundándose verbalmente en falta de recursos, cambios de personal y ausencia de autorizaciones administrativas.
La demandante sostuvo que la entidad estatal obtuvo el beneficio del servicio prestado, pero omitió pagar el valor pactado. En tal virtud, el día 4 de junio de 2024 se presentó solicitud de conciliación prejudicial administrativa contra la UNGRD y el Ministerio de Hacienda. El día 8 de julio de 2024 la UNGRD realizó observaciones a la documentación presentada por el contratista, las cuales fueron subsanadas el 10 de julio de 2024 y el día 15 de julio de 2024 la audiencia de conciliación prejudicial fue declarada fallida por falta de acuerdo entre las partes. Ante la falta de ánimo conciliatorio en la diligencia ante la Procuraduría, el demandante acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
1.2. La defensa y formulación de excepciones.
1.2.1. UNGR. El día 6 de febrero de 2025, el demandado por intermedio de apoderado contestó la demanda y se opuso en su totalidad a las pretensiones, y sostuvo que no existía un contrato estatal válidamente perfeccionado entre la entidad y R.R. INGECON S.A.S.
La entidad demandada indicó que muchos de los hechos relatados por la demandante correspondían a actuaciones del Municipio de Cumbitara o del propio contratista, sin participación directa de la UNGRD. Además, precisó que la declaratoria de calamidad pública era competencia exclusiva del alcalde municipal.
La entidad afirmó que los documentos aportados por la parte actora —como actas de inicio, modificación, entrega y recibo— no estaban suscritos por funcionarios de la UNGRD, sino por el interventor y autoridades municipales, razón por la cual no reconocía el supuesto incumplimiento contractual.
En ese sentido, sostuvo que la orden de proveeduría No. GS-SMD-212-2022 no cumplía los requisitos legales para el perfeccionamiento del contrato, debido a la inexistencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal, requisitos que consideró indispensables conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Afirmó también que desconoce las razones por las cuales el demandante ejecutó actividades sin que existiera respaldo presupuestal válido, y señaló que no puede trasladarse responsabilidad patrimonial a la entidad sin un título jurídico plenamente perfeccionado.
La UNGRD agregó que el contratista no subsanó satisfactoriamente las observaciones documentales formuladas frente a las cuentas de cobro y soportes de ejecución. Por ello, sostuvo que no existía prueba suficiente de una ejecución válida bajo dirección o supervisión de la entidad.
La entidad propuso que se declararan probadas las excepciones formuladas; que se absolviera a la UNGRD de toda condena económica; que se negaran perjuicios, intereses, costas y agencias en derecho y; que se reconociera cualquier excepción genérica que resultara demostrada en el proceso.
1.2.2. Contestación de la demanda – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Hacienda manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues no celebró contrato alguno con R.R. INGECON S.A.S. ni participó en la expedición, ejecución o supervisión de la orden de proveeduría.
Explicó que la UNGRD es una entidad con autonomía administrativa, técnica y financiera, responsable exclusivamente de sus actos y contratos, por lo que no podía trasladarse responsabilidad al Ministerio por pertenecer al mismo sector administrativo. También sostuvo que el Ministerio únicamente tiene funciones relacionadas con la política fiscal y presupuestal, sin intervenir en los procesos contractuales adelantados por la UNGRD.
Agregó que no existía prueba de relación contractual ni extracontractual con la sociedad demandante, ni participación en autorizaciones de pago o recepción de los servicios prestados.
Las excepciones propuestas por el Ministerio de Hacienda fueron las siguientes: i) que se declarara la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) que se negaran totalmente las pretensiones formuladas en su contra; iii) que se declararan probadas las demás excepciones propuestas en el proceso.
Final del formulario
1.3. La sentencia. El día 20 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió fallo de primera instancia. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
El Tribunal explicó que, conforme a la Ley 1523 de 2012 y la Resolución 0532 de 2020 de la UNGRD, las órdenes de proveeduría emitidas en situaciones de calamidad pública constituyen verdaderos instrumentos contractuales válidos.
Para la Sala estas órdenes se rigen por reglas del derecho privado y se perfeccionan con la aceptación del proveedor, sin necesidad de cumplir todas las formalidades ordinarias de contratación estatal. Precisó que, sí existió acuerdo sobre el objeto contractual, se pactó una contraprestación económica determinada; el negocio jurídico constó por escrito y la orden fue suscrita por el director general de la UNGRD como ordenador del gasto. Por ello, concluyó que el contrato sí se perfeccionó válidamente.
El Tribunal aclaró que la ausencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal no impedía la existencia del contrato. El perfeccionamiento ocurre cuando existe acuerdo sobre objeto, precio y el contrato consta por escrito. Asimismo, el CDP y el registro presupuestal son requisitos de ejecución y pago, no de existencia del contrato. De la misma manera, sostuvo que la falta de apropiación presupuestal no elimina la obligación.
El Tribunal consideró acreditado el perfeccionamiento del contrato; la ejecución material del objeto contractual y la existencia de obligaciones económicas a cargo de la UNGRD, por tanto, concluyó que sí existió ejecución real y efectiva del contrato, que la UNGRD sí adquirió obligaciones contractuales, que la ausencia de pago no podía trasladarse al contratista que actuó de buena fe y ejecutó plenamente las actividades requeridas para atender la emergencia invernal. Para ello valoró el acta de inicio, las pólizas aportadas por el contratista, las actas de modificación, el acta de entrega y recibo, los informes finales, las planillas diarias y semanales de operación, los registros fotográficos, la certificación expedida por la interventoría ZEFEL S.A.S.
El Tribunal resaltó que las planillas técnicas detallaban maquinaria utilizada, horas trabaja

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

linaria, penal y fiscalmente, incluso patrimonialmente –alcance personal de la conducta-, por ejecutar un contrato sin respaldo presupuestal”.
Por tal motivo, la falta de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro constituye un vicio administrativo que no invalida la obligación contractual, contrario sensu, la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista en favor de la UNGRD, sí genera una obligación de pago, cuyo desconocimiento vulneraría el derecho a la contraprestación económica que corresponde al aquí demandante.
En consecuencia, la falta del Certificado de Disponibilidad Presupuestal conforme aparece demostrado se atribuye a una irregularidad imputable única y exclusivamente a la gestión administrativa de la UNGRD, no enerva una dificultad en la prosperidad de las pretensiones de la demandante, pues tangiblemente se aprecia que sí existió una efectiva prestación de un servicio de maquinaria amarilla en el municipio de Cumbitara, cúmulo probatorio que desdibuja los motivos de apelación frente a la ejecución contractual de la Orden de Proveeduría No. GS-SMD-212-2022 del 25 de mayo de 2022, por parte del contratista.
Al respecto, el principio de la buena fe impone una nueva manera de valorar el incumplimiento”, en la medida que “la ¨bona fides¨ juega un papel esencial en la aclaración del contenido concreto de los intereses contrapuestos en el contrato, definiendo la estructura negocial y la configuración de la responsabilidad de los contrayentes, de ahí que incida en la determinación de los criterios de responsabilidad contractual operando sobre ellos como un “elemento propulsor” en el desarrollo de los mismos, mediante una progresiva especificación de las obligaciones que de ella emanan. Ciertamente, el constante proceso de expansión de la responsabilidad contractual debe ser atribuido en gran parte a la buena fe, pues en los iudicia bonae fidei la responsabilidad deberá evaluarse de conformidad con cada caso en particular, y en ellos el deudor es responsable de “todo aquello que sea exigible entre personas justas y leales, importando poco que se trate de un acto positivo o de una omisión”
2.2.3. Legitimación del Ministerio de Hacienda. En este asunto compete determinar si la responsabilidad es exclusiva de la entidad ejecutora por la negligencia en la gestión de sus propios recursos. La decisión debe determinar si el Ministerio, como rector de la política fiscal, concurre como uno de los obligados o si la obligación es responsabilidad exclusiva de la UNGRD por la inobservancia de los procedimientos de contratación y el pago de las obligaciones. En virtud del principio de unidad, la Ley Orgánica de Presupuesto aplica en el ámbito territorial la celebración de un contrato por una entidad territorial debe articularse con los artículos 23 y 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en razón de los cuales se indica que junto con la expedición del acto administrativo que afecte una apropiación presupuestal debe acompañarse el correspondiente Certificado de Disponibilidad y el Registro Presupuestal. Sin embargo, en el marco del parágrafo 1 del artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, la cual adopta la política en materia de gestión del riesgo de desastres, “El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación, respuesta y recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre”.
Ahora bien, el artículo 54 de la misma Ley 1523 de 2012 indica que las administraciones departamentales, distritales y municipales, constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción”
En este orden de las cosas, el artículo 17.1 de la Resolución No. 0532 de 2020 – Manual de Contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, indica la competencia de la UNGRD, a quien le corresponde “agotar e instrumentalizar todas las actuaciones necesarias para la definición de los estudios de necesidad de los bienes y servicios a contratar (…) así como los procedimientos de disposición y registro presupuestal, la publicación de los instrumentos que hacen parte del proceso de selección y los demás actos y requisitos previstos para la misma, de acuerdo con los criterios y procedimientos previstos en la ley y en el presente Manual”.
Con relación a la responsabilidad financiera ante la carencia de CDP y Registro Presupuestal, es claro que está en cabeza de la entidad contratante, siendo la única responsable, evitando que el contratista sea quien asuma el riesgo de una deficiente gestión administrativa del Estado (Cfr. Sentencia SU-695/15) o que, en su defecto, sea el Ministerio de Hacienda en su calidad de rector de la política fiscal quien asuma una responsabilidad a la que no compareció como contratante.
Por lo dicho, esta vista considera que, tal como lo decidió el Tribunal a quo, la condena debe recaer exclusivamente sobre la entidad contratante (UNGRD), -en cuantía de lo probado-, esto es la suma de $1.257.597.604,90. y debidamente actualizada. En este sentido, existe una notable responsabilidad exclusiva de la UNGRD al aprobar la Orden de Proveeduría No. GS-SMD-212-2022 sin tener la disponibilidad de los recursos que demanda toda obra estatal.
Bajo esta línea de argumentación, se debe excluir al Ministerio de Hacienda como responsable.
Finalmente, se debe asegurar que la administración cumpla con su deber de pago, garantizando la seguridad jurídica y la eficacia del gasto público, tal como lo exige el estándar de debido proceso judicial (Sentencia C-179/16).
En conclusión, se solicita a la Sala, de manera respetuosa, CONFIRMAR la sentencia recurrida en el sentido de negar en su integridad las pretensiones de la apelación y se condene al pago de las obligaciones adquiridas en la Orden de Proveeduría No. GS-SMD-212-2022 celebrada entre R.R. Ingecom S.A.S y la UNGRD.
2.2.3. Costas. Se solicita por esta instancia condenar en costas a la parte demandada.
3. CONCLUSIONES
El Ministerio Público, al fundarse en los aspectos fácticos, probatorios, normativos, legales y constitucionales expresados en el presente concepto, solicita respetuosamente a la Sala CONFIRMAR la sentencia de primera Instancia, por las razones expuestas en el análisis precedente.
Con la consideración y el respeto debido, cordialmente,
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
SGS/AJMB

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL. 2026-06-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:f365a031-15c8-4a45-9d54-9278bab9af21.docx).
