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titulo: "CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante"
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tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2025-05-08"
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# CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL: CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2025-05-08
- **Número:** 202507301641120.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202507301641120.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accio contractual: Con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones a través de la cual se decretó la caducidad del Convenio celebrado entre el ente territorial y la demandante, mediante el cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra el acto administrativo anterior; y Resolución por la cual se resolvió negativamente una solicitud de revocación directa de la Resolución, presentada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; actos administrativos expedidos por el alcalde del Municipio de Acacías.
- Nulidad del acto acusado: Que declaró la caducidad de dicho negocio celebrado el 15 de abril de 1998
- Caducidad del contrato estatal: Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante, dado que no pudo culminar la ejecución del término pactado en el convenio
- Nulidad absoluta del contrato: Las nulidades absolutas del contrato se refieren a un vicio que surge del negocio jurídico, sin que pueda admitirse que pueda sobrevenir con posterioridad al mismo

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 446 de 1998
- Resolución 117 de 2005

## Extracto

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante, dado que no pudo culminar la ejecución del término pactado en el convenio La causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se configura frente a la vulneración directa de disposiciones imperativas esenciales al contrato estatal y sigue lo dispuesto en el Código Civil, artículos 6 y 1519 En igual forma, el artículo 1741 del C. C. dispuso la sanción de la nulidad absoluta para aquellos negocios jurídicos que contrarían las normas imperativas aplicables al contrato. Aunque se anuló la caducidad, la empresa ya había sufrido los efectos negativos, como la prohibición de contratar con el Estado por 5 años, la pérdida de reputación y mercado y la demandada se benefició del contrato y luego fue exonerada de responsabilidad, lo que representa una injusticia material.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante, dado que no pudo culminar la ejecución del término pactado en el convenio

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## Texto del documento

ACCIO CONTRACTUAL-Con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones a través de la cual se decretó la caducidad del Convenio celebrado entre el ente territorial y la demandante, mediante el cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra el acto administrativo anterior; y Resolución por la cual se resolvió negativamente una solicitud de revocación directa de la Resolución, presentada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; actos administrativos expedidos por el alcalde del Municipio de Acacías.
NULIDAD DEL ACTO ACUSADO-Que declaró la caducidad de dicho negocio celebrado el 15 de abril de 1998
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Tiene derecho la demandante a que se le reconozca el daño emergente y el lucro cesante, dado que no pudo culminar la ejecución del término pactado en el convenio
NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO-Las nulidades absolutas del contrato se refieren a un vicio que surge del negocio jurídico, sin que pueda admitirse que pueda sobrevenir con posterioridad al mismo
PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Pretendiendo que con su presencia se respeten los requisitos y formalidades esenciales a los cuales debe sujetarse todo acto para su existencia y ejecución
DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO-Efectos
En cuanto a los efectos de la declaratoria de la nulidad, ésta impone extinción de las obligaciones derivadas del contrato, y retrotraer las cosas al momento de la celebración del contrato, con el objeto de reconstituir a las partes en el estado anterior a la existencia del contrato. La causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se configura frente a la vulneración directa de disposiciones imperativas esenciales al contrato estatal y sigue lo dispuesto en el Código Civil, artículos 6 y 1519 En igual forma, el artículo 1741 del C. C. dispuso la sanción de la nulidad absoluta para aquellos negocios jurídicos que contrarían las normas imperativas aplicables al contrato. En cuanto al numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, ha reiterado la doctrina «en la desviación de poder el funcionario actúa con una finalidad distinta a la que señala la ley o actúa con una finalidad personal o para beneficiar a un tercero. En la arbitrariedad el funcionario se aparta “de lo objetivamente determinado por la razón y el derecho”»
DESVIACION DE PODER-El contrato que adolece de desviación de poder se encuentra viciado de nulidad
El contrato que adolece de desviación de poder se encuentra viciado de nulidad; en ese sentido, lo primero porque el artículo 44 del régimen de contratación estatal (Ley 80 de 1993) indica en su numeral 3º que la desviación de poder genera dicho efecto anulatorio; lo segundo, porque el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998) le da al operador la facultad oficiosa para decretar la nulidad absoluta del contrato (inciso 3º). El caso sometido a estudio versa entonces sobre la prosperidad de los argumentos de la parte demandante en sede de apelación de sentencia, y/o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscribió el convenio que ocupa la atención; en tanto que, si bien, el propósito originario buscó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 117 del 6 de abril de 2005 (Mediante la cual se decretó la caducidad del Convenio celebrado entre el ente territorial y la demandante el 15 de abril de 1998), la Resolución 251 del 5 de junio de 2005 y la Resolución 255 del 16 de junio de 2005; no es menos cierto que afloran evidentes razones para que se a declarada su nulidad absoluta y por ende, es ésta la tesis que emerge para la solución del litigio.
SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA-La suscripción del acuerdo eludió el procedimiento de selección objetiva del contratista mediante licitación, y en consecuencia materializó el vicio de desviación de poder
Para este ente, la suscripción del acuerdo en las condiciones que antecedieron, eludió el procedimiento de selección objetiva del contratista mediante licitación, y en consecuencia materializó el vicio de desviación de poder y ii) el desdén por el principio de transparencia, el desapego hacia los verdaderos fines de urgencia manifiesta, y la inexistencia de autorización previa para comprometer vigencias futuras, confluyeron inexorablemente al acaecimiento de la nulidad absoluta al tenor de las causales que se encuentran previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 1741 del Código Civil.
DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO-Por haberse configurado las causales de objeto ilícito y desviación de poder, y porque no se verificaron probadas las circunstancias que sanean la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria
Ahora bien, en gracia de discusión, afirmó el apelante que la nulidad del contrato fue saneada por prescripción extraordinaria, no obstante, para este ente, sigue prevaleciendo la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, por haberse configurado las causales de objeto ilícito y desviación de poder, y porque no se verificaron probadas las circunstancias que sanean la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria, en tanto que aquella se interrumpió con la presentación de la demanda el 19 de diciembre de 2005, fecha en la cual no trasegaron 20 años de conformidad con el Art. 2532 del C.C. vigente al momento de la suscripción del plurimencionado convenio, en tanto que es cierta la fecha de presentación de la demanda, su admisión conforme al auto del 17 de abril de 2007 y su correspondiente notificación al Municipio de Acacías el 09 de agosto de 2007.
RESTITUCIONES MUTUAS-No hay lugar al reconocimiento de las prestaciones al probarse que le fue cancelado el valor pactado en el convenio
Finalmente, con relación a las restituciones mutuas, no hay lugar al reconocimiento de las prestaciones en favor de HUMUCOL, al probarse que le fue cancelado el valor pactado en el convenio, lo cual se consignó en la liquidación unilateral del convenio, donde una vez efectuado el balance final del contrato estatal ya terminado, no se dejó constancia de pago pendiente, precisándose los pagos que cada parte recibieron.
CONCEPTO N° 063 /2025
Bogotá D. C., 8 de mayo de 2025
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Consejera Ponente, doctor [NOMBRE TACHADO]
S. D.
Radicación: 50001-23-31-000-2005-40538-01 (72.323)
Actor: HUMUS DE COLOMBIA -HUMUCOL S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE ACACÍAS
Referencia: Controversias contractuales
Apelación de sentencia del 24 de octubre de 2024.
El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso referenciado de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad se solicita confirmar la sentencia recurrida en el sentido de declarar la nulidad absoluta del convenio del 15 de abril de 1998, en razón al surgimiento de las causales de nulidad previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 44 de la Ley 80 de 1993
ANTECEDENTES
1.1. Demanda: El día 19 de diciembre de 2005, se radicó la acción de controversias contractuales en la que figuró como parte demandante HUMUS DE COLOMBIA -HUMUCOL- S.A. y demandados el MUNICIPIO DE ACACÍAS, con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones No. 117 del 6 de abril de 2005, a través de la cual se decretó la caducidad del Convenio celebrado entre el ente territorial y la demandante el 15 de abril de 1998; Resolución 251 del 5 de junio de 2005, mediante el cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición presentado contra el acto administrativo anterior; y Resolución 255 del 16 de junio de 2005, por la cual se resolvió negativamente una solicitud de revocación directa de la Resolución 117 de 2005, presentada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.; actos administrativos expedidos por el alcalde del Municipio de Acacías.
Pidió igualmente, condenar a la demandada a título de indemnización, a cancelar perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, que se le causaron por la expedición de los actos administrativos demandados. Solicitó la actualización de las sumas reconocidas conforme al IPC, el pago de intereses legales, el cumplimiento de la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su notificación y la condena en costas.
En abril de 1998, bajo un estado de urgencia manifiesta declarado por el municipio, se celebró un convenio para el manejo y disposición final de residuos sólidos, montaje de una planta de reciclaje y producción de abono orgánico, fijándose como plazo inicial diez (10) años y cuyas obligaciones mutuas: El Municipio de Acacías debía proporcionar el predio donde debía adecuarse la planta de tratamiento de residuos sólidos e infraestructura para el manejo y disposición final de las basuras, el pago mensual de $21.000.000 y reconocimiento de un 50% de participación de la venta de abono orgánico humus y la comercialización de material reciclable y, HUMUCOL debía operar la planta.
Alegó HUMUCOL que cumplió sus obligaciones, las cuales consistieron en recibir, seleccionar y transformar bajo su responsabilidad, en la planta de residuos sólidos del municipio, las basuras producidas, a pesar de que el municipio incumplió las suyas, esto es, la entrega de las obras de infraestructura, que resultaban necesarias para adelantar el proyecto, obligándolo a asumir costos adicionales. Así mismo, el actor señaló que el municipio no entregó todas las obras de infraestructura prometidas, que retrasó y realizó pagos incompletos y con descuentos injustificados, que fue excluido de procesos importantes, como la aprobación del Plan de Manejo Ambiental, el cual fue elaborado por la empresa; pero, presentado por el municipio ante Cormacarena, autoridad ambiental que negó la aprobación y realizó requerimientos, los cuales no alcanzaron a ser atendidos por HUMUCOL, quedando ejecutoriada la decisión de negar la aprobación y, las inversiones que la empresa realizó de su propio patrimonio para sostener el proyecto.
En el 2003 se realizó una primera modificación al convenio, en virtud de la cual se estableció como obligación reportar las ventas de forma mensual, para que la interventoría autorizara el pago pactado como retribución de los servicios; y además se previó que el área de plásticos de la planta de tratamiento de residuos sólidos dejara de ser responsabilidad de HUMUS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., y pasara a ser del ente territorial demandado, lo cual ocasionó despojar a la empresa de dichos ingresos originalmente proyectados en el convenio. El 9 de diciembre de 2003, se hizo una segunda reforma al convenio, se reajustó la contraprestación mensual reconocida por el servicio prestado, estableciéndolo en $39.800.000 mensuales, cifra que anualmente se reajustaría por el ente territorial conforme el IPC; y en la que adicionalmente se prorrogó la duración del convenio en cinco (5) años más, agregando una nueva obligación a la empresa, consistente en aportar un horno incinerador una vez el municipio adecuara la infraestructura pendiente de construir, lo cual nunca ocurrió; por tanto, no fue posible instalar dicho horno.
El 6 día de abril de 2005, el municipio decretó la caducidad del convenio, mediante la Resolución No. 117, alegando incumplimientos por parte de HUMUCOL, como la no obtención de licencia ambiental, fallas en el manejo laboral (falta de elementos de seguridad para los trabajadores) y no destinar ciertos recursos para mejoras.
HUMUCOL impugnó la decisión a través de recurso de reposición, confirmada mediante la Resolución 251 del 15 de junio de 2005 y, solicitud de revocatoria directa, que fueron resueltos desfavorablemente. Así mismo, HUMUCOL indicó que no se cumplió el debido proceso, pues no hubo requerimiento previo antes de decretar la caducidad, que el municipio estaba también en mora en sus obligaciones, pues el ente territorial entregó tardíamente las obras para operar de forma eficiente la planta de tratamiento de residuos sólidos, por lo que no podía declarar la caducidad conforme al artículo 1609 del Código Civil. Invocó como causal de nulidad la falsa motivación de las resoluciones 117, 251 y 255 de 2005, conforme al artículo 84 del CCA, sostuvo que se le exigió cumplir una obligación no contemplada en el convenio, esta es, destinar la suma de $500.000 mensuales en la realización de obras que optimizaran el servicio, la cual nació de la voluntad de la empresa, quedó plasmada en el plan de manejo ambiental, el cual no fue aprobado por Cormacarena, por tanto, no podía exigirse su cumplimiento.
Adujo que, la falta de licencia ambiental no era atribuible a HUMUCOL, y, además, la actividad de reciclaje no requería licencia según concepto técnico previo, los supuestos incumplimientos laborales no eran suficientemente graves ni probados, que se violó el debido proceso, conforme la cláusula octava del convenio del 15 de abril de 1998, ya que no se permitió el ejercicio del derecho de contradicción y defensa del demandante, así mismo, existió desviación de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

del contrato.
La causal prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se configura frente a la vulneración directa de disposiciones imperativas esenciales al contrato estatal y sigue lo dispuesto en el Código Civil, artículos 6 y 1519. En igual forma, el artículo 1741 del C. C. dispuso la sanción de la nulidad absoluta para aquellos negocios jurídicos que contrarían las normas imperativas aplicables al contrato.
En cuanto al numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, ha reiterado la doctrina «en la desviación de poder el funcionario actúa con una finalidad distinta a la que señala la ley o actúa con una finalidad personal o para beneficiar a un tercero. En la arbitrariedad el funcionario se aparta “de lo objetivamente determinado por la razón y el derecho”» .
El contrato que adolece de desviación de poder se encuentra viciado de nulidad; en ese sentido, lo primero porque el artículo 44 del régimen de contratación estatal (Ley 80 de 1993) indica en su numeral 3º que la desviación de poder genera dicho efecto anulatorio; lo segundo, porque el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998) le da al operador la facultad oficiosa para decretar la nulidad absoluta del contrato (inciso 3º).
El caso sometido a estudio versa entonces sobre la prosperidad de los argumentos de la parte demandante en sede de apelación de sentencia, y/o de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se suscribió el convenio que ocupa la atención; en tanto que, si bien, el propósito originario buscó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 117 del 6 de abril de 2005 (Mediante la cual se decretó la caducidad del Convenio celebrado entre el ente territorial y la demandante el 15 de abril de 1998), la Resolución 251 del 5 de junio de 2005 y la Resolución 255 del 16 de junio de 2005; no es menos cierto que afloran evidentes razones para que se a declarada su nulidad absoluta y por ende, es ésta la tesis que emerge para la solución del litigio.
Para este ente, la suscripción del acuerdo en las condiciones que antecedieron, eludió el procedimiento de selección objetiva del contratista mediante licitación, y en consecuencia materializó el vicio de desviación de poder y ii) el desdén por el principio de transparencia, el desapego hacia los verdaderos fines de urgencia manifiesta, y la inexistencia de autorización previa para comprometer vigencias futuras, confluyeron inexorablemente al acaecimiento de la nulidad absoluta al tenor de las causales que se encuentran previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 1741 del Código Civil.
Para el apelante, el plazo pactado fue razonable con el fin de conjurar las causas del estado de emergencia al requerir la construcción de la infraestructura, luego un periodo de operación y, de transformación de los residuos. Así mismo, indicó que la ley no regula el término de duración de los contratos al amparo de la declaratoria de emergencia.
No obstante, para esta vista resulta inverosímil sustentar la legalidad del convenio en la urgencia manifiesta, cuando de bulto el plazo del pacto (diez (10) años) se torna in extenso frente a la situación que se pretendía conjurar, lapso prorrogado además por cinco (5) años.
Si bien es cierto, tal y como aparece fundado en el Decreto 152 del 13 de abril 1998, dicha urgencia manifiesta declarada por el municipio, se debió a la situación coyuntural de la necesidad de “velar por la salud y el saneamiento ambiental de la población”, no aparece justificado por los medios de prueba allegados al expediente que el plazo de dicho convenio se haya extendido a quince (15) años y más, al amparo de las prerrogativas esenciales y puras de la contratación directa.
Es más, no es dable atribuir al pacto contractual “convenio” la noción de contrato interadministrativo para abrirse camino a la contratación directa, pues la naturaleza jurídica de tales contratos (convenios o contratos interadministrativos) corresponde por disposición especial a la calidad pública de las partes contrayentes y los elementos que conforman no solo la forma, sino los motivos, requisitos y fines de la administración pública.
De otra parte, es preciso puntualizar que la actividad contractual del Estado se somete a los fines de la Ley 80 de 1993, a saber, transparencia, planeación, economía, responsabilidad, buena fe; y, en consecuencia, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP, por lo que las prerrogativas de una parte en desmejora de la otra, no encuentran cabida en el caso que nos ocupa, ni en ninguno en que el Estado vea comprometido el interés general y el bien común.
El artículo 328 del Código General del Proceso, prescribe que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y a renglón seguido expone, (…) “sin perjuicio de las decisiones que deba tomar de oficio cuando lo prevé la ley”.
Por consiguiente, surge prevalente la nulidad absoluta del contrato estatal al tener su génesis no sólo en las circunstancias fácticas y jurídicas que antecedieron, sino porque, en verdad es de corte procesal que el juez despliegue sus facultades oficiosas advertida la ilicitud y al tenor de lo especificado en los Arts. 1502 C.C., Art. 44 Ley 80 de 1993, 1742 C.C.
Ahora bien, en gracia de discusión, afirmó el apelante que la nulidad del contrato fue saneada por prescripción extraordinaria, no obstante, para este ente, sigue prevaleciendo la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, por haberse configurado las causales de objeto ilícito y desviación de poder, y porque no se verificaron probadas las circunstancias que sanean la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria, en tanto que aquella se interrumpió con la presentación de la demanda el 19 de diciembre de 2005, fecha en la cual no trasegaron 20 años de conformidad con el Art. 2532 del C.C. vigente al momento de la suscripción del plurimencionado convenio, en tanto que es cierta la fecha de presentación de la demanda, su admisión conforme al auto del 17 de abril de 2007 y su correspondiente notificación al Municipio de Acacías el 09 de agosto de 2007.
Finalmente, con relación a las restituciones mutuas, no hay lugar al reconocimiento de las prestaciones en favor de HUMUCOL, al probarse que le fue cancelado el valor pactado en el convenio, lo cual se consignó en la liquidación unilateral del convenio, donde una vez efectuado el balance final del contrato estatal ya terminado, no se dejó constancia de pago pendiente, precisándose los pagos que cada parte recibieron.
3. CONCLUSIONES
El Ministerio Público conceptúa en el proceso de la referencia que se debe CONFIRMAR el fallo de primera instancia y en consecuencia rechazar las pretensiones subjetivas de la parte demandante.
JULIÁN FERNÁNDEZ
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
JAF/AJMB

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL. 2025-05-08. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202507301641120.DOCX).
