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titulo: "ACCION DE NULIDAD ELECTORAL: solicitó se revoque la sentencia apelada"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-05-15"
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# ACCION DE NULIDAD ELECTORAL: solicitó se revoque la sentencia apelada

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — ACCION DE NULIDAD ELECTORAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-05-15
- **Número:** 202411141355250.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 11: SEPTIMA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202411141355250.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de nulidad electoral: Causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal desde un año atrás a la fecha de la elección
- Accion de nulidad electoral: Inhabilidad electoral por la gestión de negocios sus elementos para su configuración son temporal, material, territorial y subjetivo
- Accion de nulidad electoral: Debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente
- Accion de nulidad electoral: Principio de preclusividad cuando es un tema de índole procesal agotado no procede la ineptitud sustancia de la demanda

## Fundamentos jurídicos

- Ley 617 de 2000
- Ley 136 de 1994
- Ley 80 de 1993

## Extracto

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal desde un año atrás a la fecha de la elección ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Inhabilidad electoral por la gestión de negocios sus elementos para su configuración son temporal, material, territorial y subjetivo ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Principio de preclusividad cuando es un tema de índole procesal agotado no procede la ineptitud sustancia de la demanda En ese sentido, para la Sala resultó palmario que las pretensiones estaban llamadas a prosperar y, por lo tanto, se debía decretar la nulidad del acto de elección y la cancelación de la credencial entregada a VITELVA ACEVEDO MANTILLA como concejal del municipio de Pamplona. En consecuencia, solicitó se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda.

## Descriptores temáticos

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL, Causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la ley 617 de 2000 se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal desde un año atrás a la fecha de la elección

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- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.
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## Decisiones relacionadas

- [Procuraduría General de la Nación — Accion de nulidad electoral: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202511121354260.DOCX.md)

## Texto del documento

ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal desde un año atrás a la fecha de la elección
“[P]or cuanto celebró un contrato de prestación de servicios con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona dentro del periodo inhabilitante -un año antes de elecciones-, con una entidad pública del orden departamental, el cual se ejecutó en la ciudad de Pamplona, dando lugar así a la configuración los elementos o supuestos de hecho que le restringían el derecho a ser elegida.”
ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Inhabilidad electoral por la gestión de negocios sus elementos para su configuración son temporal, material, territorial y subjetivo
ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Debe ser realizada directamente por quien luego es candidato o elegido y ii) tiene que ser potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente
ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Principio de preclusividad cuando es un tema de índole procesal agotado no procede la ineptitud sustancia de la demanda
EXCEPCIONES PREVIAS-La condición o calidad de concejal no nace de la credencial de concejal que expida la autoridad electoral respectiva, sino del acto administrativo que declara electa a la persona de que se trate
Bogotá D.C., 15 de mayo de 2024
Concepto No. 2024-05-NE-046
Doctora
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00262-01, artículo 137 del CPACA
Demandante: JOSÉ OVIDIO CARVAJAL SANDOVAL
Demandada: [NOMBRE TACHADO] concejal del municipio de Pamplona, Norte de Santander, para el período 2024-2027
Asuntos de interés: inhabilidad celebración de contrato en período inhabilitante
Dentro del término de traslado para rendir pronunciamiento, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
Hechos
El 01 de noviembre de 2022, VITELVA ACEVEDO MANTILLA suscribió el contrato de prestación de servicios No. SA2262 con la Empresa Social del Estado -ESE-Hospital San Juan de Dios, del municipio de Pamplona.
El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones para la escogencia de mandatarios departamentales, distritales y municipales y miembros de asambleas, concejos y juntas administradoras locales.
Mediante formulario E-26 CON de 29 de octubre de 2023, se declaró la elección de VITELVA ACEVEDO MANTILLA como CONCEJAL DE PAMPLONA para el período 2024-2027.
El 30 de noviembre de 2023, el ciudadano José Ovidio Carvajal Sandoval interpuso demanda de nulidad electoral contra la elección de VITELVA ACEVEDO MANTILLA como concejal del municipio de Pamplona para el período 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Pamplona de Norte de Santander.
El 7 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 21 de marzo de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de VITELVA ACEVEDO MANTILLA como concejal del municipio de Pamplona para el período 2024-2027.
En dicha providencia, el a quo fijó el problema jurídico en los siguientes términos:
“…si se encuentra viciada la elección de la señora [NOMBRE TACHADO] como concejal electa del Municipio de Pamplona, para el período constitucional 2024-2027, por la causal subjetiva de anulación invocada en la demanda contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, de encontrarse incursa en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 199, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000…”
Trajo a colación los elementos constitutivos que configuran la inhabilidad de que trata el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dio cuenta de los hechos probados dentro del proceso y, finalmente, abordó el caso concreto.
Centró su explicación en la consumación de los elementos que configuran la inhabilidad, dando cuenta que:
(i). VITELVA ACEVEDO MANTILLA fue elegida concejal del municipio de Pamplona para el período 2024-2027 en los comicios del 29 de octubre de 2023. Por consiguiente, el período inhabilitante del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que le aplicaba, tenía como extremo inicial el 29 de octubre de 2022.
En ese sentido, ACEVEDO MANTILLA al celebrar un contrato de prestación de servicios con una entidad pública el 01 de noviembre de 2022, configuró, tanto el elemento material como el temporal de la inhabilidad.
(ii). El contrato se ejecutó en la Sede de la ESE San Juan de Dios de Pamplona con domicilio en el municipio del mismo nombre, por lo que configuró el elemento material territorial.
(iii). La ESE San Juan de Dios de Pamplona es una entidad descentralizada del orden departamental con connotación pública en virtud del acto de creación, el factor funcional y la naturaleza jurídica.
En ese sentido, para la Sala resultó palmario que las pretensiones estaban llamadas a prosperar y, por lo tanto, se debía decretar la nulidad del acto de elección y la cancelación de la credencial entregada a VITELVA ACEVEDO MANTILLA como concejal del municipio de Pamplona.
Finalmente, por un lado, dispuso que los efectos de la declaratoria de nulidad de la elección de ACEVEDO MANTILLA serían hacía futuro – ex nunc-, por respeto a la “verdad material cierta” por encima de la “mera ficción jurídica” y, por el otro, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.3. Recurso de apelación
El apoderado judicial de la demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo con fundamento en los siguientes argumentos:
En cuanto a la inhabilidad por contratación, al momento de señalar el elemento material u objetivo, hace énfasis en que la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que sujeta el perfeccionamiento de los contratos del Estado a que “se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
En oposición, cuestiona que, “no se distingue que las actividades realizadas por parte de la concejal [NOMBRE TACHADO] hayan sido ejercidas durante su tiempo de contratación dentro de la circunscripción en la que fue elegida, es decir, dentro del Municipio de Pamplona y es de precisar que no toda celebración que reúna los cuatro elementos citados configura una inhabilidad, puesto que, una interpretación contraria llevaría al absurdo jurídico de considerar contratos como los de servicio de energía eléctrica, bancarios, de seguros, de transporte, entre otros, también podría inhabilitar al concejal electo, la incontrastable verdad de que hubo, finalmente, una celebración de contratos estatales y que la concejal demanda no ejerció dentro de la respectiva territorialidad, puesto que sus actividades no se llegan a evidenciar que hayan sido realizadas dentro del municipio respectivo”.
Asevera que hubo una indebida solicitud de nulidad electoral sobre formularios electorales, pues se persigue la nulidad del acto electoral, Formulario E-26 “Por del cual se declaró electo los concejales del municipio de Pamplona-Norte de Santander’’, “siendo improcedente e incumpliendo con los requisitos de la demanda de medio de control de nulidad electoral, en cuanto a que, los documentos correctos a demandar son: Formulario E-26 “Por del cual se declaró electo los concejales del municipio de Pamplona-Norte de Santander’’ y Formulario E-27 “Credencial de declaratoria de elección que expiden las comisiones distritales, municipales, y auxiliares”; actos que deben ser demandados en conjunto por ser un acto administrativo de carácter complejo”.
En ese sentido, concluye: el auto que admitió la demanda expedida el día 07 de diciembre de 2023, al señalar que, “se declare la nulidad del acto de elección contenido en el acta de escrutinio municipal, formulario E-26…”, no recae únicamente sobre la accionada, sino sobre todos los elegidos.
Por último, alega que el demandante no realizó una labor argumentativa ni probatoria tendiente a controvertir las circunstancias que fueron invocadas como impedimento de la elección, pues se limitó alegar que la concejal desconoció los conceptos de prohibición e inhabilidad sin un documento verídico que permitiera dar garantía de la presunta violación.
Lo anterior, por cuanto no se dio cuenta que el contrato al que se hace mención tenga como funciones de la demandada autoridad administrativa, presupuestal, sancionatoria y/o civil, e inclusive, el despacho al fijar el litigio no determinó realmente la configuración de la presunta inhabilidad en la territorialidad de la ejecución de un contrato que durante varios meses se ha venido desarrollando con el municipio de Pamplona.
En consecuencia, solicitó se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda.
ó egurdicho programa. ante por la de egresado, al haber culminado la formacibtenidos por los candidatos. i
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de acceder las pretensiones de la nulidad de nulidad del acto de elección de [NOMBRE TACHADO] como concejal de Pamplona, Norte de Santander, para el período 2024-2027, por estar incursa en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Para resolver dicho problema jurídico, el Ministerio Público considera necesario analizar la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para poder determinar si, en el caso de la demandada, se configuró o no esa causal.
2.1.1. La inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000
El texto de la inhabilidad por el que se demandó a la concejal [NOMBRE TACHADO] es el siguiente:
Artículo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…).
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)”.
La primera parte del numeral trascrito contiene dos conductas o hechos inhabilitantes: la primera, la gestión de negocios; y, la segunda, la celebración de contratos.
El último apartado, consagra una inhabilidad adicional; esto es, la relacionada con la representación legal de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.
En cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, que fue atribuida a la demandada, debe recordarse que la Sección Quinta ha precisado sus elementos, los cuales deben ser concurrentes. Veamos:
Elemento temporal: desde la fecha de la elección, se cuenta un año hacia atrás.
Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. La inhabilidad, según la jurisprudencia, se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato estatal.
Elemento territorial: el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito para el cual resultó electa o electo.
Elemento subjetivo: la intervención en el contrato estatal debe aportar beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales al candidato o a terceros.
Refiriéndose a inhabilidad por celebración de contratos, la Sección Quinta ha reiterado que para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la concurrencia de todos y cada uno de tales elementos definitorios (temporal, territorial, objetivo y subjetivo), al margen de las condiciones de tiempo y modo para la ejecución o liquidación del contrato que se analice, en cuanto que “De acuerdo con la jurisprudencia la conducta que materializa la inhabilidad objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que se ha ent

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

bstante, por claridad, el Ministerio Público considera importante hacer énfasis en algunos aspectos.
De la fundamentación de la demanda. Como bien lo esgrimió el fallador de instancia, la demanda tuvo en cuenta el acápite de violación en el que se explicó con suficiencia la causal de anulación electoral subjetiva contenida en el artículo 275, numeral 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consonancia con lo prescrito en el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000.
Se relacionó de manera ilustrada y discriminada la premisa menor, consistente en que la accionada incurrió en esa inhabilidad, por cuanto celebró un contrato de prestación de servicios con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona dentro del periodo inhabilitante -un año antes de elecciones-, con una entidad pública del orden departamental y lugar de ejecución la ciudad de Pamplona, por lo que se configuraron los elementos o supuestos de hecho que le restringían el derecho a ser elegida.
Para acreditarlo, se allegó con la demanda diferente documentos, entre ellos, el contrato celebrado con los soportes incorporados en el SECOP II, los cuales posteriormente fueron requeridos por el Tribunal y se allegaron al proceso por la Empresa Social del Estado, con lo que se terminó de acreditar la comisión de la inhabilidad alegada.
De las funciones de autoridad administrativa, presupuestal, sancionatorio y civil. La inhabilidad alegada no requiere que se pruebe la clase de funciones que debió ostentar la servidora demandada, al menos por dos aspectos: por un lado, se trata de un impedimento para acceder al cargo por haber celebrado un contrato con entidad pública dentro del período inhabilitante, independiente de sus obligaciones contractuales y, por el otro, existe una inhabilidad autónoma que se configura a partir de haber ejercido funciones de autoridad administrativa, civil o política en un período anterior a la elección, la cual opera diferente al caso bajo estudio.
Asimismo, los estudios previos dejaron claro la necesidad de contratación bajo aristas de la necesidad de atención de personas bajo los criterios de calidad, eficiencia, equidad, compromiso social y ética profesional:
“El objeto de la Empresa será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantara acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. Para cumplir con su objeto, la Empresa asumirá como principios básicos la calidad, la eficiencia, la equidad, el compromiso social y la ética profesional. La calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua de acuerdo con patrones fijos aceptados sobre procedimientos científicos, técnicos y administrativos, y mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo con las especificaciones de cada servicio y las normas vigentes. La eficiencia definida como la mejor utilización de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria. La equidad, entendida como la atención a los usuarios en la medida en que lo determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condiciones la atención o discriminen la población. Y el compromiso social, entendido como la firme disposición de la Empresa de contribuir al desarrollo integral de la población, poniendo todo lo que este -sic- a su alcance para responder a las necesidades sociales afines con su razón de ser”.
Por lo que la demandada tuvo preeminencia fáctica en relación con los demás participantes del proceso eleccionario, al obtener un contrato de prestación de servicios que le permitía ejercer labores desde el apoyo a la función pública, interrelacionándose con asuntos de los eventuales votantes.
La territorialidad de la ejecución del contrato. Como se dejó claro en puntos anteriores, tanto la minuta contractual como el acta de inicio de ejecución del contrato y los estudios previos, dejaron establecido de manera diáfana que la territorialidad de la ejecución del contrato era el municipio de Pamplona, entidad territorial por la cual resultó electa la demandada como concejala.
Bajo dichas consideraciones, para el Ministerio Público los argumentos traídos a colación sobre este punto tampoco están llamados a prosperar.
2.2. Síntesis
Para el Ministerio Público, en el presente caso, queda plenamente acreditado lo siguiente:
(i). La ciudadana VITELVA ACEVEDO MANTILLA, el 01 de noviembre de 2022, celebró un contrato de prestación de servicios con la Empresa Social del Estado San Juan de Dios de Pamplona, entidad pública, el cual fue ejecutado en esa territorialidad, por lo que incurrió en la inhabilidad prescrita en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40-3 de la Ley 617 de 2000. Es decir, que se consumaron los criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y criterio subjetivo por beneficios patrimoniales.
(ii). El acto electoral demandado fue el indicado; esto es, el E-26 CON, pues la condición o calidad de concejal no nace con la credencial de concejal que expida la autoridad electoral respectiva, sino, a partir del acto que declara electa a la persona que se trate. Siendo la credencial un instrumento para acreditar la calidad o el estatus que se adquiere con el acto electoral que declara la elección.
(iii). Finalmente, el escrito introductorio tuvo en cuenta el acápite de violación la causal de anulación electoral subjetiva contenida en el artículo 275, numeral 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consonancia con lo prescrito en el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, para luego dar cuenta que la accionada incurrió en esa inhabilidad, por cuanto celebró un contrato de prestación de servicios con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona dentro del periodo inhabilitante -un año antes de elecciones-, con una entidad pública del orden departamental, el cual se ejecutó en la ciudad de Pamplona, dando lugar así a la configuración los elementos o supuestos de hecho que le restringían el derecho a ser elegida.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta delegada del Ministerio Público solicita CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de 21 de marzo de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad del formulario E-26 CON de 29 de octubre de 2023, en lo que hace a la elección de VITELVA ACEVEDO MANTILLA como concejal de Pamplona para el período 2024-2027.
Respetuosamente,
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — ACCION DE NULIDAD ELECTORAL. 2024-05-15. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202411141355250.DOCX).
