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titulo: "LIBRE CONCURRENCIA: la parte demandante y la demandada allegaron copia de la Directiva Presidencial 08 de 2022 -acto administrativo cuestionado"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2023-08-01"
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# LIBRE CONCURRENCIA: la parte demandante y la demandada allegaron copia de la Directiva Presidencial 08 de 2022 -acto administrativo cuestionado

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — LIBRE CONCURRENCIA
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2023-08-01
- **Número:** 202311291208430.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202311291208430.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de nulidad de acto administrativo: La Directiva Presidencial 08 de 2022, mediante la cual impartió medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público
- Potestad reglamentaria: Lo establecido en el aparte demandado del inciso 4 del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, ¿es efectivamente un ejercicio de la potestad reglamentaria establecida en el artículo 189 numeral 11 superior?
- Inhabilidades e incompatibilidades para contratar: Competencia para su creación
- Directiva presidencial: No. 08, dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, por medio de la cual, entre otras determinaciones, se adoptaron medidas para la optimización de recursos en la contratación pública/DEMANDA DE NULIDAD-Competencia al H. Consejo de Estado

## Fundamentos jurídicos

- Ley 2080 de 2021
- Ley 80 de 1993
- Ley 1437 de 2011

## Extracto

Consejero Ponente Doctor: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Lo anterior, guarda plena consonancia con los derechos consagrados en los artículos 6º, 13 y 40 de la Constitución Política. Mediante auto del 9 de diciembre de 20221 , se admitió la demanda presentada por los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], cuyo objeto se dirigió a obtener la nulidad parcial del inciso 4º del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, mediante la cual se impartieron medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en cuanto estableció una limitación para que personas naturales que hubieren celebrado previamente contratos de prestación de servicios con el Estado, suscriban contratos de apoyo a la gestión con entidades pertenecientes al orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público, cuando la justificación para la contratación sea la insuficiencia de personal de planta.

## Descriptores temáticos

LIBRE CONCURRENCIA, En suma, dicha disposición restringe la libre concurrencia que rige el ordenamiento jurídico y que se concreta en la facultad que toda persona tiene para concurra o participe en proceso de selección con el propósito de suscribir un contrato estatal

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- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Acto de adjudicación](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:34801.md)
- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Alcances progresivos: 11001 03 06 000 2013 00212 00_2148](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:37306.md)
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## Texto del documento

ACCION DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-La Directiva Presidencial 08 de 2022, mediante la cual impartió medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público
POTESTAD REGLAMENTARIA-Lo establecido en el aparte demandado del inciso 4 del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, ¿es efectivamente un ejercicio de la potestad reglamentaria establecida en el artículo 189 numeral 11 superior?
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR-Competencia para su creación
DIRECTIVA PRESIDENCIAL-No. 08, dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, por medio de la cual, entre otras determinaciones, se adoptaron medidas para la optimización de recursos en la contratación pública/DEMANDA DE NULIDAD-Competencia al H. Consejo de Estado
El día 17 de septiembre de 2022 el Presidente de la República emitió la Directiva Presidencial No. 08, dirigida a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, por medio de la cual, entre otras determinaciones, se adoptaron medidas para la optimización de recursos en la contratación pública, tema sobre el cual se resolvió: responde la competencia al H. Consejo de Estado, lo anterior, en atención a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 24 de Ley 2080 de 2021 que provee que conocerá en única instancia de las demandas de nulidad formuladas contra los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden; siempre y cuando no se traten de actos de certificación o de registro, pues en dicho caso, la competencia recaerá en los tribunales administrativos.
ACCION DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO-En este orden de ideas, se tiene que la competencia establecida en el artículo antes referido, está orientada al factor subjetivo, es decir, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad que emitió el acto demandado
En este orden de ideas, se tiene que la competencia establecida en el artículo antes referido, está orientada al factor subjetivo, es decir, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad que emitió el acto demandado este caso el inciso 4º del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022. Conforme a lo anteriormente citado, se encuentra que el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del medio de control de nulidad interpuesto, toda vez, que el acto demandado fue emitido por la Presidencia de la República, entidad del orden nacional.
NULIDAD-Directiva Presidencial 08 de 2022
POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-La emisión de la Directiva Presidencial encuentra su génesis en la facultad reglamentaria que ostenta el Presidente de la República y que está contenida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política que dispone
Si bien como se señaló, la Directiva Presidencial 08 de 2022 es una expresión de la facultad reglamentaria del Presidente de la República; de la lectura del extracto demandado se advierte que éste introduce una limitación nueva, no contenida en el estatuto de la contratación Ley 80 de 1993 ni en las normas posteriores sobre la materia, para que los particulares celebren negocios jurídicos con el Estado, en la medida que restringe o impide la suscripción de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respetivo trabajo en entidades de la rama ejecutiva, a aquellas personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, circunstancia o condicionamiento que si bien esta contenido en el acto demandado, debe ser una expresión de contenido legal, y en esta caso del marco normativo que regula la relación contractual de los particulares con el estado, por ende no solamente la regula nada sobre la materia sino que introduce unos nuevos tipos de inhabilidades para contratar no existentes en la ley.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR-Persiguen un fin moralista a través del cual se pretende el desarrollo de la eficacia, las trasparencia e imparcialidad para la ejecución de los recursos públicos y que de ninguna manera limita la libertad de los particulares para contratar con el Estado
LIBRE CONCURRENCIA-En suma, dicha disposición restringe la libre concurrencia que rige el ordenamiento jurídico y que se concreta en la facultad que toda persona tiene para concurra o participe en proceso de selección con el propósito de suscribir un contrato estatal/LIBRE CONCURRENCIA-A más que restringir o limitar el derecho a trabajo de aquellos que concurran con el propósito antes descrito
Por lo anterior estima el Ministerio Público que la Directiva Presidencial No. 008 de 2022 excede las competencias del Presidente de la República en el aparte demandado pues desborda las facultades reglamentarias con las cuales se expidió el aparte del acto acusado pues agrega un condicionamiento que el legislador no previó para la celebración de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión fundados en la insuficiencia de personal de las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público. A más de lo anterior no pude pasar por alto el Ministerio Público que el extremo demandado a través del oficio OFI23-00110498 / GFPU 14000000 allego la Directiva Presidencial No. 02 de fecha 30 de marzo de 2023 a través de la cual dejo si efectos la Directiva Presidencial No. 008 de 2022.
CONCEPTO No. 079 / 2023
Bogotá D.C, 1 de agosto de 2023.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente Doctor: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ.
E. S. D.
EXPEDIENTE: 11001-03-24-000-2022-00393-00 (69.231)
Medio de control de Nulidad - Única instancia Ley 1437/2011
ACTOR: [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO].
DEMANDADO: JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS
Consejero Ponente. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ.
Sentido del concepto: ACCEDER a las pretensiones de la demanda // Se debe declara la nulidad del inciso 4° del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 // No hay ejercicio de potestad reglamentaria alguna // las inhabilidades e incompatibilidades para contratar son tema de reserva legal // La disposición demandada excede las competencias del Presidente de la República.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presenta el siguiente concepto:
1. ANTECEDENTES
1.1. Objeto del litigio.
Mediante escrito presentado ante el Consejo de Estado el 04 de octubre de 2022, los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra la Nación – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, con el fin de que se declare la nulidad parcial del inciso 4º del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial 08 de 2022, mediante la cual impartió medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público.
La demanda expreso como pretensiones:
“Solicito a ustedes, señores consejeros de Estado, se sirvan declarar la nulidad parcial del inciso 4° del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial No. 08 de 2022, que establece lo siguiente:
Las entidades públicas no podrán justificar la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respectivo trabajo, si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas, lo cual verificarán previamente en la plataforma del Secop. Tampoco si en sus plantas de personal hay cargos en vacancia definitiva por más de 6 meses. (Énfasis nuestro para destacar el apartado objeto de la presente demanda).”
1.2. Hechos del caso.
La demanda señala como fundamento factico que el 17 de septiembre de 2022, el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, expidió la Directiva Presidencial No. 08 de 2022, mediante el cual impartió medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público.
El inciso 4° del numeral 1.1 de la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 establece que las entidades no podrán suscribir un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con personas que ya tienen un contrato de prestación de servicios con otras entidades públicas.
1.3. La postura de los demandantes.
Señala el extremo actor que:
“El Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 establece que cualquier persona, a través del medio de control de nulidad, podrá solicitar que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter general, entre otras causas, cuando haya sido expedido sin competencia.
El presente caso es similar al resuelto en la Sentencia del 12 de marzo de 2015, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso con Radicado No. 36760, en la que se revisó la legalidad de las directivas presidenciales 12 de 2002 y 4 de 2003. En esa oportunidad, esa corporación destacó que “las directivas presidenciales deben respetar la ley y el ámbito a ella asignado (…) toda vez que son actos de menor jerarquía que la ley, dentro del sistema jurídico colombiano”.
Además, en esa ocasión también se indicó que esa regla está prevista en el Artículo 12 de la Ley 153 de 1887 que establece que “las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución y a las leyes”. Con sustento en lo anterior, en la referida decisión, el Consejo de Estado destacó que, si se desconoce esa subordinación, “el Ejecutivo desborda la facultad reglamentaria y se arroga una competencia de la que carece que termina por invadir la órbita del legislador al punto de colegislar, conjuntamente, con él”.
En esa misma línea citó una sentencia de unificación jurisprudencial sobre el alcance legal del objeto del contrato de prestación de servicios y enfatizó que la potestad del Ejecutivo en esa materia es de naturaleza subordinada y dependiente de las normas de carácter superior, por lo que “sería absurdo pensar en la posibilidad de una potestad normativa de la administración ausente o inmune al principio de la legalidad”.
A modo de conclusión, en la referida sentencia se hizo énfasis en que el Ejecutivo “so pretexto de reglamentar una norma, no puede modificar, ampliar o restringir el sentido de la ley dictando nuevas disposiciones o suprimiendo las contenidas en las mismas, porque ello no sería reglamentar sino legislar”.
No obstante, frente a la Directiva Presidencial No. 08 de 2022, también resulta necesario tener en cuenta que las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones constituyen limitaciones al derecho fundamental consagrado en el Artículo 40 de la Constitución Política. Además, de conformidad con el Artículo 6º y el numeral 25 del Artículo 150 constitucional existe reserva legal frente al establecimiento de esas restricciones, por lo que solo el Congreso de la República es el competente para regular esa materia.
Sobre la naturaleza de las inhabilidades e incompatibilidades, el Consejo de Estado ha dicho que “las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal” por lo que su tipificación corresponde a una actividad que está reservada al Congreso de la República. Lo anterior, guarda plena consonancia con los derechos consagrados en los artículos 6º, 13 y 40 de la Constitución Política.
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, el Consejo de Estado ha dicho que estos surgen de la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, no pueden ser entendidos a la luz de los criterios de la función pública y, por ello, a los contratistas no puede aplicárseles el régimen de los funcionarios públicos. En consonancia con la anterior, esa corporación ha indicado que no existe una disposición de rango constitucional o legal que impida o inhabilite a una persona para suscribir varios contratos de prestación de servicios.
Con el mismo fundamento constitucional y legal, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ha señalado en sus lineamientos que la prohibición de percibir doble asignación no es aplicable a los contratos de prestación de servicios. Lo anterior, en razón a que en esos contratos no comportan una relación laboral y, en tal virtud, los contratistas se encuentran por fuera del ámbito de aplicación del Artículo 128 de la Constitución Política.
Con fundamento en lo expuesto y de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

unción pública por sujetos idóneos mediante la exigencia de determinadas condiciones o cualidades para acceder a ella, y a prevenir la indebida utilización de los factores de poder para el beneficio individual, procurando un efecto moralizador en el desarrollo de la actividad y en la disposición del patrimonio público; así, las inhabilidades se erigen en“…circunstancias negativas o impeditivas preexistentes para acceder a la función pública (inelegibilidad), evitando el ingreso de sujetos que no reúnen determinadas condiciones, calidades y cualidades de idoneidad o moralidad, para desarrollar determinadas actividades o adoptar ciertas decisiones, ora para acceder a la contratación estatal…” y, por lo tanto, en el ámbito de la contratación pública se constituyen en una justificada restricción a la autonomía privada y a la libertad de contratación, que si bien limitan el principio de igualdad y los derechos negociales, representan un trato diferencial razonable y proporcional fundamentado en intereses superiores.
(…)
La inhabilidad, sea que se adopte como criterio que identifica su noción el de la restricción a la autonomía o libertad de contratación, legitimación para actuar u obrar, ora el de la incapacidad particular, lo cierto es que el supuesto en que consiste la misma no permite acceder al proceso de selección o celebrar el contrato, por circunstancias éticas y morales o de imparcialidad, eficacia, eficiencia y transparencia.”
En línea con lo anterior la Corte Constitucional ha destacado que las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado persiguen un fin moralista a través del cual se pretende el desarrollo de la eficacia, las trasparencia e imparcialidad para la ejecución de los recursos públicos y que de ninguna manera limita la libertad de los particulares para contratar con el Estado; al respecto a destacado:
“Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello, que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del contrato.
(…)
En este orden de ideas, la consagración de las inhabilidades e incompatibilidades obedecen unas, primordialmente a razones éticas, y otras se vinculan con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa, pues, se busca asegurar una adecuada selección del contratista, que redunde en beneficio de los fines de interés público o social ínsitos en la contratación.”
2.3.2.2. En cuanto a la competencia del Presidente de la República para crear inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el Estado.
De acuerdo a los planteamientos expuesto en el acápite anterior, para el Ministerio Público, la disposición demandada se constituye en un nuevo condicionamiento, una nueva inhabilidad para contratar con el Estado, que de ninguna forma puede ser introducida al ordenamiento jurídico a través de una Directiva Presidencial pues el funcionario que la expidió no es competente para ello, pues aquélla competencia es exclusiva del legislador; además que al respecto el único condicionamiento previsto por el legislados para la celebración de contratos de prestación de servicios está dada en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que dispuso de manera expresa que aquellos contratos solo podrán celebrase con personas naturales cuando las actividades que se contratan no pueden ser ejecutadas con personal de planta de las entidades o que para su ejecución se requieren conocimientos especiales.
En tal medida es evidente para el Ministerio Público que la disposición acusa se constituye sin mayor elucubración en una incompatibilidad que debe ser anulada del ordenamiento jurídico, pues las leyes que regula la materia no prescribe que una persona natural no pueda celebrar y ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios de manera simultánea o concomitante, cuando al menos uno de ellos sea de apoyo a la gestión y esté justificado en la insuficiencia del personal de planta de una entidad del orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público para desarrollar una determinada labor. Ello pues al prescribir tal disposición, se impuso un condicionamiento que el legislador no previo y que excede las competencias y funciones reglamentarias del funcionario que profirió la Directiva Presidencial No. 008 de 2022 y de existir aquélla debe estar contenida en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
En suma, dicha disposición restringe la libre concurrencia que rige el ordenamiento jurídico y que se concreta en la facultad que toda persona tiene para concurra o participe en proceso de selección con el propósito de suscribir un contrato estatal, a más que restringir o limitar el derecho a trabajo de aquellos que concurran con el propósito antes descrito.
Por lo anterior estima el Ministerio Público que la Directiva Presidencial No. 008 de 2022 excede las competencias del Presidente de la República en el aparte demandado pues desborda las facultades reglamentarias con las cuales se expidió el aparte del acto acusado pues agrega un condicionamiento que el legislador no previó para la celebración de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión fundados en la insuficiencia de personal de las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público.
A más de lo anterior no pude pasar por alto el Ministerio Público que el extremo demandado a través del oficio OFI23-00110498 / GFPU 14000000 allego la Directiva Presidencial No. 02 de fecha 30 de marzo de 2023 a través de la cual dejo si efectos la Directiva Presidencial No. 008 de 2022.
3. CONCLUSIÓN
En concepto de esta Delegada del Ministerio Público, en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad, solicita de manera respetuosa al Consejo de Estado, que mediante sentencia de única instancia proceda a ACCEDER a las pretensiones de la presente demanda de nulidad, toda vez que, atendiendo el material probatorio, y las consideraciones expuestas en este concepto, el contenido demandado de la Directiva Presidencial No. 008 de 2022 excede las competencias del Presidente de la Republica.
Del Honorable Consejera,
CARLOS JOSÉ HOLGUIN MOLINA
Procurado Delegado de Intervencion 9:
Cuarto ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — LIBRE CONCURRENCIA. 2023-08-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202311291208430.DOCX).
