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titulo: "ACTOS PRECONTRACTUALES: ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2022-09-13"
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# ACTOS PRECONTRACTUALES: ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — ACTOS PRECONTRACTUALES
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2022-09-13
- **Número:** 202212291012530.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202212291012530.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Intervención: Se debe confirmar sentencia que declaró caducidad de las pretensiones indemnizatorias en proceso de controversias contractuales contra el IDU por contrato de interventoría de 2008
- Caducidad: De las pretensiones indemnizatorias por acto ejecutado en la actividad precontractual a la celebración del contrato estatal
- Actos precontractuales: Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales
- Actos precontractuales: Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal

## Fundamentos jurídicos

- Ley 43 de 1990

## Extracto

ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales ACTOS PRECONTRACTUALES-Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal ACCION CONTRACTUAL-Procedencia contra actos precontractuales cuyo contrato se adjudica 30 días siguientes al acto precontractual En consecuencia, el IDU adjudicó el contrato al Consorcio Pro-3, quedando en segundo orden de elegibilidad el CONSORCIO URBANO 2009, por tener también un integrante MIPYME. Arguyó inconsistencias en la certificación de experiencia especifica presentada por la empresa Proeza Consultores Ltda., miembro del Consorcio Pro-3, por cuanto el documento fue emitido y suscrito por el contratista [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no por el INCO que era la sociedad contratante.

## Descriptores temáticos

ACTOS PRECONTRACTUALES, Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal

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## Texto del documento

INTERVENCIÓN-Se debe confirmar sentencia que declaró caducidad de las pretensiones indemnizatorias en proceso de controversias contractuales contra el IDU por contrato de interventoría de 2008
CADUCIDAD-De las pretensiones indemnizatorias por acto ejecutado en la actividad precontractual a la celebración del contrato estatal
ACTOS PRECONTRACTUALES-Una vez celebrado el contrato sólo procede la acción de controversias contractuales
Los actos proferidos antes a la celebración del contrato estatal son susceptibles de debatir ante la jurisdicción de los contencioso administrativo por medio de la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación; pues una vez celebrado el contrato estatal, la ilegalidad de aquellos actos previos solo puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato a través de la acción de controversias contractuales, esto debido a que los actos de celebración en la etapa precontractual, una vez suscrito el contrato estatal, se tornan en inseparables de aquél acuerdo de voluntades, dada su dependencia en el ordenamiento jurídico para su valides y eficacia, lo que hace ineludible que su control judicial se efectúe mediante la acción de controversias contractuales como un mecanismo procedente para escrutar la presunción de legalidad de los actos previos y contractuales.
ACTOS PRECONTRACTUALES-Posibilidad de presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho desaparece por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal
ACCION CONTRACTUAL-Procedencia contra actos precontractuales cuyo contrato se adjudica 30 días siguientes al acto precontractual
“Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán (sic) aquellas encaminadas a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la no adjudicación del contrato estatal correspondiente ” (Texto destacado nuestro).”
ACTOS PRECONTRACTUALES-Acción contractual se presentó 30 días posteriores al acto de adjudicación por tanto no deben considerase pretensiones indemnizatorias
CONCEPTO No. 091 / 2022
Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2022.
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
E. S. D.
EXPEDIENTE:
25000-23-26-000-2010-00607-02 (68.406)
MEDIO DE CONTROL:
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE:
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A. - CONSORCIO URBANO 2009 Y OTROS
DEMANDADO:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU
Sentido del concepto: Se debe CONFIRMAR la sentencia recurrida. / Se presento el fenómeno de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias en el presente caso derivadas de la adjudicación mediante la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 del Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 al Consorcio Pro-3. / No se probó en el plenario desconocimiento a las reglas de evaluación previstas en el pliego de condiciones elaborado, que se deriven en la nulidad de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 que adjudico al Consorcio Pro-3 el Concurso de Méritos No. IDU-CM-DG-013-2008 para el Grupo 3 y del Contrato de Interventoría No. IDU-93 del 31 de diciembre de 2008.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Objeto del litigio:
Las sociedades Ingeniería y Consultoría INGECON S.A., Diconsultoria S.A., y Geotecnia y Cimientos INGEOCIM Ltda., integrantes del CONSORCIO URBANO 2009, a través de apoderado judicial, radicaron medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU- y el Consorcio Pro 3, conformado por Prointec S.A. y Proyteco S.A. y Proeza Consultores Ltda, con el fin de que mediante sentencia de fondo se ordene a la accionada acceder a las siguientes pretensiones, las cuales fueron expuestas por el actor en su escrito petitorio en el siguiente sentido:
“DE DECLARACIÓN PRIMARIA
PRIMERA. - Que se declare la nulidad del acto administrativo de adjudicación del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, contenido en la Resolución No. 5923, de 30 de diciembre de 2008.
SEGUNDA. - Que como consecuencia de la anterior pretensión, se declare la nulidad absoluta del Contrato de InterventoríaIDU-93 de 2008 suscrito entre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- y el CONSORCIO PRO 3.
TERCERA. - A. Que se declare que con ocasión de la adjudicación y celebración ilegal del contrato Estatal de que trata la presente demanda no se le adjudicó y no se pudo celebrar el contrato Estatal de interventoría con el CONSORCIO URBANO 2009.
B. Que por lo mismo, se declare que de no haber existido los actos administrativos anulados el adjudicatario del contrato Estatal de interventoría hubiese sido el CONSORCIO URBANO 2009.
C. Que se declare que de lo anterior se desprenden las respectivas, indemnizaciones, compensaciones, reparaciones y condenas de parte de la entidad demandada a las sociedades demandantes.
CUARTA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de la totalidad de los perjuicios materiales causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con la expedición irregular de los actos acusados, consistente en (i) costos directos invertidos en la elaboración y presentación de la propuesta, (ii) así como el valor de lo que habrían recibido de haber ejecutado el contrato por concepto de lo que se conoce como gastos de administración, imprevistos y utilidad (A.I.U. que en el presente caso NO SE DESAGREGARON, como lo anotamos) más la actualización monetaria correspondiente y los intereses comerciales desde la fecha de la entrada en firme de la resolución de adjudicación hasta la sentencia definitiva y/o los perjuicios que se prueben en el proceso.
QUINTA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- al pago de la totalidad de los perjuicios inmateriales o morales causados a mis mandantes miembros del CONSORCIO URBANO 2009, con la expedición irregular e ilegal de la resolución y contrato acusados.
SEXTA. - Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga, como consecuencia de las declaraciones realizadas, compensar y/o reparar todos los menoscabos a las situaciones jurídicas tuteladas a favor de los demandantes de todo orden que del incumplimiento en el proceso precontractual y contractual le hayan sido vulneradas a mis poderdantes, así como todos aquellos perjuicios materiales e inmateriales que se prueben en el proceso.
PRETENSIONES GENERALES COMUNES.
PRIMERA. - Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el proceso o lo que disponga el Honorable fallador.
SEGUNDA. - Que se condene a la entidad demandada (como entidad convocante en el Concurso de Méritos y como contratante) al pago de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine el H. fallador.
TERCERA. - Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA. - Que para el caso en que la entidad demandada no diere cumplimiento inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso que se inicia, se le condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena líquida, señalados en el artículo 177 del C.C.A.”
Hechos del caso.
El Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante IDU, mediante la Resolución No. 3932 del 7 de noviembre de 2008 ordenó la apertura del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008 para contratar la “interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente, sur, suroccidente y occidente, en la ciudad de Bogotá D.C.”; el concurso se dividió en 6 grupos, con el fin de seleccionar un contratista por cada uno de los distritos objeto del concurso. El IDU emitió los pliegos de condiciones, los cuales fueron objeto de 5 adendas.
El día 25 de noviembre de 2008, el CONSORCIO URBANO 2009 presentó propuesta para el grupo 3 correspondiendo a los distritos de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe. En audiencia pública celebrada el 30 de diciembre de 2008, el IDU adjudicó el contrato por el grupo 3 al Consorcio Pro-3; en la diligencia, se asignaron los puntajes correspondientes a los factores de experiencia especifica del proponente, formación y experiencia del personal clave y protección a la industria nacional. Se presentó empate entre 12 oferentes en primer orden de elegibilidad, por lo cual, el IDU aplicó lo previsto en el pliego de condiciones, numeral 3.9. de desempates, el criterio para el desempate tuvo en consideración, para oferentes plurales, que el integrante que tuviera mayor porcentaje de participación y acreditara condición MYPIME. En consecuencia, el IDU adjudicó el contrato al Consorcio Pro-3, quedando en segundo orden de elegibilidad el CONSORCIO URBANO 2009, por tener también un integrante MIPYME.
1.1.2. La postura de la PARTE DEMANDANTE integrada por el CONSORCIO URBANO 2009 es que el acto de adjudicación es ilegal, porque existían inconsistencias en la información financiera consignada en el anexo 3 del integrante PROINTEC S.A. y la certificación suministrada como experiencia específica no fue emitida por la entidad contratante, sino por el contratista concesionario.
Precisó que la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 que adjudico el proceso contractual y el Contrato de Interventoría IDU-93 de 31 de diciembre de 2008 son ilegales, por cuanto se emitieron y suscribieron con violación de normas superiores y de los pliegos de condiciones. Que respecto de la violación de normas superiores, indicó que la propuesta presentada por el Consorcio Pro-3 registraba inconsistencias entre la información financiera contenida en el anexo 3 y la del registro único de proponentes.
Que el anexo No. 3, sobre la información financiera de la sociedad PROINTEC S.A. debía estar suscrito por el revisor fiscal; y en cuanto a la violación del pliego de condiciones refirió que la certificación aportada para acreditar experiencia especifica no fue suscrita por el contratante sino por el contratista, lo cual se opone a lo establecido en el numeral 2.1.11.2 del pliego de condiciones.
Señaló que la demanda formulada fue oportuna, en tanto que se pretende la nulidad del acto de adjudicación contenido en la Resolución 5923 de 30 de diciembre de 2008, como la del contrato en que derivó, por lo cual, el término para accionar es el de dos años contados desde la suscripción del negocio jurídico. Que entonces, como el contrato se perfeccionó el 31 de diciembre de 2008 y la demanda se radicó el 30 de agosto de 2010, el derecho de acción se ejerció dentro del límite temporal fijado por el legislador.
Que en cuanto a los cargos de nulidad, insistió en que la sociedad Prointec S.A., integrante del Consorcio Pro-3, debió presentar el anexo financiero No. 3 con firma del revisor fiscal, pues al ser una sociedad por acciones, según lo consagrado en el Código de Comercio, estaba obligada a contar con esa figura, indistintamente de sus activos o ingresos brutos con corte a 31 de diciembre del año anterior. Que la información reportada por la mentada sociedad en el anexo No. 3, no coincidía con la contenida en el RUP, lo cual daba lugar al rechazo de la propuesta por inconsistencias en la información.
Arguyó inconsistencias en la certificación de experiencia especifica presentada por la empresa Proeza Consultores Ltda., miembro del Consorcio Pro-3, por cuanto el documento fue emitido y suscrito por el contratista [NOMBRE TACHADO] – Girardot y no por el INCO que era la sociedad contratante.
El IDU se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el anexo No. 3 de información financiera de Prointec S.A., soc

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ontratistas plurales), Objeto, Actividades efectuadas en desarrollo del contrato, Plazo y Valor ejecutado o facturado. En caso de aportar certificación, la misma deberá ser emitida por la Entidad contratante. En caso de tratarse de un contrato mixto (p. ej. Estudio, diseño y construcción) debe certificarse por parte del proponente el valor correspondiente a cada una de las actividades por separado”.
En tal marco precontractual la certificación que se reprocha por el apelante señaló:
“Que la firma PROEZA CONSULTORES LTDA. (…) ejecutó para la CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ-GIRARDOT, el contrato de “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO URBANO COMPRENDIDO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA HASTA LA TE DEL SALTO”, en el marco del contrato de concesión No. GG-040-2004 celebrado entre Instituto Nacional de Concesiones – INCO y La Concesión Autopista Bogotá – Girardot S.A.
Fecha de Iniciación: 6 de Enero de 2006
Fecha de Terminación: 24 de Junio de 2008
Valor Total de la Interventoría: $1.520.000.000.oo”
Precisado lo anterior, estima el Ministerio Público, llegando a una conclusión idéntica a la expuesta por el fallador de primera instancia en el fallo recurrido, que si bien la certificación en comento fue suscrita por el representante legal de la Concesión Autopista Bogotá – Girardot y no por el Instituto Nacional de Concesiones -INCO, aquello no puede ser de otra forma por cuanto fue a aquel consorcio en el marco del Contrato de Concesión No. GG-040-2004 a quien PROEZA CONSULTORES Ltda. integrante del Consorcio Pro-3 le presto el servicio de interventoría de manera directa, conforme a lo probado y no desvirtuado en el proceso. Conclusión a la cual en términos similares llego el IDU en la respuesta que realizó a la observación que sobre los mismos hechos realizó la parte actora en la etapa previo del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, así:
“RESPUESTA:
Revisando nuevamente la propuesta presentada por CONSORCIO PRO-3, se encuentra que entre folios 172 y 175 de su propuesta relaciona y soporta los contratos Nos. 834 de 2006 y 835 de 2006, cuyos objetos son “INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL Y CONTABLE DE LA RENOVACIÓN URBANA SECTOR CENTRAL y INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCION AVENIDA SAN LUIS – VIA UREÑA. PUENTE GAITAN DURA, respectivamente.
En los soportes relacionados a folios 172 y 173 de la propuesta se observa que en los contratos señalados se efectuó la pavimentación, reparcheo, diseño geométrico de vías y estructura de pavimento, entre otras actividades propias de proyectos de infraestructura vial.
Por otra parte las obras de renovación urbana y obras de arte contempladas en la ejecución de proyectos de infraestructura vial, son parte esencial del mismo y en tal sentido, para efectos de acreditación de experiencia, no se discriminan y mucho menos se descuentan del valor total del contrato.
En cuanto a la certificación del contrato de obra relacionado como de orden 3 en el ANEXO No. 7, dado que la firma PROEZA CONSULTORES LTDA., ejecuto los trabajos para la Concesión Autopista de Bogotá Girardot, es precisamente a esta Concesión a quien corresponde certificar los trabajos. De otra parte la certificación es clara en definir que la obra en la construcción de un tramo urbano, razón por la cual el contrato se encuentra debidamente soportado y cumple con la experiencia solicitada (sic)
De otra parte, en lo referente a la experiencia acreditada por el profesional Juan Ramón Jiménez, propuesto para el cargo de Ingeniero Residente, se manifiesta al observante que el pliego de condiciones no restringe la experiencia de dichos profesionales a la adquirida en proyectos de infraestructura vial urbana.
De acuerdo a lo anterior, se tiene que la observación presentada en este sentido no procede”. (fs. 526-528, c. pruebas)” (Subrayado fuera de texto)
Por lo anterior, dadas las exigencias que para la certificación de experiencia específica se requería en el numeral 2.1.11.2. de los pliegos de condiciones del Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008, no advierte el Ministerio Público que aquella no cumpliera las exigencias previstas en la etapa previa. Asimismo esta Delegada resalta, en igual sentido que lo hiciera el fallador de primera instancia, que el tenor literal del numeral 2.1.11.2. de los pliegos de condiciones, no realiza ninguna discriminación en el sentido de exigir que la certificación de experiencia especifica solo podía ser emitida por una “entidad” de carácter pública, pues nada al respecto estipula el clausulado de forma taxativa, de modo que si el pliego no hace diferenciación no le es dable al interprete hacerla, siguiendo un principio básico de la interpretación legal, por lo que en criterio del Ministerio Publico, la certificación de experiencia dada por el concesionarios es válida para acreditar la experiencia requerida para el contrato.
Atendido la línea argumentativa antes planteada y descartadas las irregularidades antes abordadas, y enrostradas al Concurso de Méritos IDU-CM-DG-013-2008 por la parte actora a través del recurso de apelación que nos ocupa; estima el Ministerio Público que se torna en innecesario abordar los argumentos expuesto por el apelante referentes a la mejor propuesta que en su criterio fue la presentada por el CONSORCIO URBANO 2009 para el grupo 3 del proceso precontractual en comento y lo pertinente a su estimación de los perjuicios ocasionados, pues, como ya se refirió, el material probatorio da cuenta que la evaluación para la adjudicación a través de la Resolución No. 5923 de 2008 que se efectuara por el grupo 3 del Concurso de Méritos al Consorcio Pro-3, atendió los parámetros contractuales exigidos en el pliego de condiciones que gobernó el proceso precontractual, y el cual escogió al proponente que quedó en el primer lugar de elegibilidad, sin advertir que su adjudicación se haya realizado de manera caprichosa o injustificada, por lo cual, como bien lo señala el apelante en su escrito de alzada, es evidente que el CONSORCIO URBANO 2009 estaba el segundo orden de elegibilidad y por tal razón no le fue adjudicado en Contrato de Interventoría IDU-93 de 31 de diciembre de 2008, razón por la cual resulta improcedente declara la nulidad del Contrato de Interventoría en comento.
CONCEPTO
Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, conceptúa que la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2021 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debe ser CONFIRMADA en cuanto declarar la caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda por los integrantes del CONSORCIO URBANO 2009 derivadas de la adjudicación del Concurso de Méritos No. ICU-CM-DG-013-2008 que se efectuara a través de la Resolución No. 5923 de 30 de diciembre de 2008 y negar las pretensiones de nulidad contractual expuestas en la demanda.
De la Honorable Magistrado.
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — ACTOS PRECONTRACTUALES. 2022-09-13. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202212291012530.DOCX).
