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titulo: "Clausula penal: Decisión disciplinaria"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2022-02-09"
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# Clausula penal: Decisión disciplinaria

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CLAUSULA PENAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2022-02-09
- **Número:** 202206011801230.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA 153 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA NEIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202206011801230.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Acción contractual: Que se declare la nulidad de la decisión de los actos contractuales, de fiduprevisora cuyo objeto es “implementación de soluciones de saneamiento básico rural para huila y tolima.”
- Contrato estatal: Regulado por el derecho privado/CLÁUSULA PENAL-Los actos a través de los cuales se impuso la aplicación de la, no derivan de habilitación legal, la cual es inexistente en el régimen jurídico del contrato
- Autonomia de la voluntad: Sin embargo, la facultad para ejercer directamente la cláusula penal derivó de la autorización contractual dada por las partes/CLÁUSULA PENAL-Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las partes
- Contrato estatal: El contrato que origina el presente litigio es un contrato estatal regulado por el derecho privado.

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Constitución Política

## Extracto

En consecuencia, los actos mediante los cuales se ejerció la cláusula penal, no son actos administrativos por lo que el análisis de su juridicidad no puede hacer a la luz de la causales tradicionales de nulidad construidas dentro de la teoría del Acto Administrativo. DEMANDADO : FIDUCIARIA LA PREVISORA – PA FINDETER PAF Con oficio CSR – 588-18092020 de 18 de septiembre de 2020, el representante del CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, solicitó la inaplicación de la Cláusula Penal, argumentando, i) Violación al Debido Proceso por parte de FIDUPREVISORA S. A., al aplicar el procedimiento sancionatorio en forma directa; ii) Se sancionó al contratista sin competencia por parte de Fiduprevisora y bajo un procedimiento no dispuesto en la ley; iii) La entidad no respondió de fondo los argumentos planteados por el contratista, relacionados con la falta de competencia para adelantar la actuación administrativa, entre otros.

## Descriptores temáticos

CLAUSULA PENAL, El régimen jurídico aplicable a un contrato estatal regulado por el derecho privado, no contempla el ejercicio unilateral de la aplicación de multas ni facultad directa para imposición de la cláusula penal

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- [Consejo de Estado — El juez niega la aclaración o adición de una providencia cuando la parte solo expresa inconformidades sin señalar puntos oscuros o asuntos no resueltos.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020170045901-71456-auto-interlocutorio.md)
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## Texto del documento

ACCIÓN CONTRACTUAL-Que se declare la nulidad de la decisión de los actos contractuales, de fiduprevisora cuyo objeto es “implementación de soluciones de saneamiento básico rural para huila y tolima.”
CONTRATO ESTATAL-Regulado por el derecho privado/CLÁUSULA PENAL-Los actos a través de los cuales se impuso la aplicación de la, no derivan de habilitación legal, la cual es inexistente en el régimen jurídico del contrato
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD-Sin embargo, la facultad para ejercer directamente la cláusula penal derivó de la autorización contractual dada por las partes/CLÁUSULA PENAL-Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las partes
En consecuencia, los actos mediante los cuales se ejerció la cláusula penal, no son actos administrativos por lo que el análisis de su juridicidad no puede hacer a la luz de la causales tradicionales de nulidad construidas dentro de la teoría del Acto Administrativo. Ahora bien, hecho el Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las pates de la imposición de la cláusula penal(3.5), se concluye que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron legalmente y sin que se demuestre violación a normas imperativas o de orden público ni vicios en la voluntad derivados de error fuerza o dolo que condujeran a viciar de nulidad absoluta el pacto contractual una habilitación contractual para imponer la cláusula penal como en efecto se hizo, por lo que no se puede, so pretexto de falta de competencia calificar como actos administrativos actos contractuales en los que habían convenido previamente.
CONTRATO ESTATAL-El contrato que origina el presente litigio es un contrato estatal regulado por el derecho privado.
La condición de contrato estatal deviene de la naturaleza pública de los recursos que por vía de la fiducia mercantil dieron lugar a la constitución del patrimonio autónomo PA FINDETER PAF pero sin sustraerlos del patrimonio público. Así las cosas, tal como se desprende de los documentos precontractuales, contractuales y demás, el contratante, es el patrimonio autónomo PA FINDETER PAF, representado por su vocero, FIDUPREVISORA S.A. por lo tanto, esta última no es la parte contratante, sino la vocera de quien suscribe el contrato. Al tener el patrimonio autónomo la condición de sujeto de derechos (no de persona jurídica) con capacidad para comparecer al proceso, derivada del artículo 159 del CPACA en concordancia de lo preceptuado por el artículo 54 del CGP, hace que la controversia sea materialmente objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
CLÁUSULA PENAL-Los actos a través de los cuales se impuso la aplicación de la cláusula penal de apremio, no derivan de habilitación legal/CLÁUSULA PENAL-El régimen jurídico aplicable a un contrato estatal regulado por el derecho privado, no contempla el ejercicio unilateral de la aplicación de multas ni facultad directa para imposición de la cláusula penal/CLÁUSULA PENAL-La facultad para ejercer directamente la cláusula penal derivó de la autorización contractual dada por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad.
En defecto de la habilitación legal expresa para la imposición unilateral de la cláusula penal, debe analizarse si el régimen jurídico aplicable al contrato, permite que en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, estas convengan contractualmente la imposición de la cláusula penal de apremio por parte de una de ellas.
Para responder lo anterior, considera esta agencia del Ministerio Público, que conforme lo ha señalado la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, las cláusulas unilaterales como el ejercicio de la cláusula penal se puede pactar válidamente como consecuencia del ejercicio de la autonomía de la voluntad.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las partes de la imposición de la cláusula penal
Ahora bien, el ejercicio de una atribución contractual, así no se concrete en un acto administrativo, no escapa del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando aquella se ejerza al amparo o como consecuencia de un contrato estatal. Lo que cambia, es el análisis que debe hacerse ya no a la luz de la causales de nulidad de la teoría del Acto Administrativo sino de la validez y eficacia de la cláusulas contractuales y su correspondencia con el ordenamiento jurídico y el interés general
CONTRATO ESTATAL-Regulado por el derecho privado/CLÁUSULA PENAL-Derivó de la autorización contractual dada por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad
En consecuencia, los actos mediante los cuales se ejerció la cláusula penal, no son actos administrativos por lo que el análisis de su juridicidad no puede hacer a la luz de la causales tradicionales de nulidad construidas dentro de la teoría del Acto Administrativo. Ahora bien, hecho el Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las pates de la imposición de la cláusula penal, se concluye que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron legalmente y sin que se demuestre violación a normas imperativas o de orden público ni vicios en la voluntad derivados de error fuerza o dolo que condujeran a viciar de nulidad absoluta el pacto contractual una habilitación contractual para imponer la cláusula penal como en efecto se hizo, por lo que no se puede, so pretexto de falta de competencia calificar como actos administrativos actos contractuales en los que habían convenido previamente.
Neiva, 09 de febrero de 2022
CONCEPTO 006-2022.
Doctor
[NOMBRE TACHADO]
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA
RADICADO : 410012333000-2021-00120-00
MEDIO DE CONTROL : CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE : CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL
DEMANDADO : FIDUCIARIA LA PREVISORA – PA FINDETER PAF
DAVID DE LA TORRE VARGAS, obrando en calidad de Procurador Judicial II delegado ante el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en la oportunidad procesal para ello, me permito de manera respetuosa presentar concepto en el proceso citado en la referencia en los siguientes términos:
Antecedentes Procesales Relevantes:
La demanda
En ejercicio del medio de control de contorversias contractuales, el CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL formula las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD de la decisión de los actos contractuales, contenidos en los oficios con radicado 20200042534191 de 11 de septiembre de 2020, suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en calidad de representante legal de FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se comunicó y notificó la “APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA PENAL DE APREMIO”, al CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL y a la COMPAÑÍA MUNDIAL SE SEGUROS, y en cuya referencia se lee “REF.: – Solicitud de imposición cláusula penal Contrato No. 68573-014-2018 (PAF- ADR-O-009-2018) – CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA.” y del radicado número 20200043181901 de 10 de noviembre de 2020, suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en calidad de representante legal de FIDUPREVISORA S.A., referencia RATIFICACIÓN_IMPOSICIÓN CLÁUSULA PENAL CONTRATO No. 68573- 014-2018 (PAF-ADR-O-009-2018) – CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA.”, por falta de competencia de quien la profirió.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos cualquier sanción y/o obligación de pago impuesta al CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL por parte de FIDUPREVISORA S.A., por concepto de aplicación de Cláusula penal y/o Cláusula Penal de Apremio, con ocasión del contrato No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-O-009-2018)
TERCERA: En el evento en que se hubiere efectuado algún descuento por parte de FIDUPREVISORA S. A., de las cuentas a favor del CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, con base en las decisiones contenidas en los actos contractuales contenidos en los oficios radicado 20200042534191 de 11 de septiembre de 2020, suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en calidad de representante legal de FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se comunicó y notificó la “APLICACIÓN DE LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA PENAL DE APREMIO”, al CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL y a la COMPAÑÍA MUNDIAL SE SEGUROS, y en cuya referencia se lee “REF.: – Solicitud de imposición cláusula penal Contrato No. 68573-014-2018 (PAF-ADR-O-009-2018) – CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA.” y del radicado número 20200043181901 de 10 de noviembre de 2020, suscrito por el doctor [NOMBRE TACHADO], en calidad de representante legal de FIDUPREVISORA S.A., referencia RATIFICACIÓN_IMPOSICIÓN CLÁUSULA PENAL CONTRATO No. 68573- 014-2018 (PAF-ADR-O-009-2018) – CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA.”, que se ordene inmediatamente su reembolso y/o devolución a título de Restablecimiento del Derecho a favor del CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], constituído mediante documento privado, de acuerdo con las leyes colombianas, el día 13 de febrero de 2018, integrado por BRACO CONSTRUCTOR SAS; PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA SAS; INCIARCO SAS y HENRY ARIZA SANTOYO, representado legalmente por el ingeniero CARLOS ALBERTO PERICO CAÑON.
Como hechos relevantes, se indica en la demanda que Mediante Convocatoria Pública No. PAF-ADR-O-009-2018, FIDUPREVISORA S. A., abrió proceso de selección para contratar la “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”, precisando en los Términos de Referencia que el régimen jurídico aplicable al proceso y al contrato es el Derecho Privado.
El 4 de mayo de 2018, FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF, previo agotamiento del proceso de selección indicado en el numeral primero, celebró con el CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL1, con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], representado por el ingeniero CARLOS ALBERTO PERICO CAÑON, el contrato de obra Número 68573-014-2018 (PAF-ADR-0- 009-2018) el cual estableció en su Cláusula Primera como objeto:
“EL CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE con autonomía técnica y administrativa, a la ejecución en dos fases, sometidas a condición, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”,
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE: El presente contrato se ejecutará en dos (2) fases claramente definidas y delimitadas para la ejecución del proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”, el cual contempla, entre otras, las siguientes actividades:
El valor del contrato de obra No 68573-014-2018 (PAF ADR-O-009-2018), se estableció en la Cláusula segunda, así:
“CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DIEZ MIL VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($10.025.666.295) M/CTE, INCLUIDO IVA, costos, gastos, impuestos tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de acuerdo con los términos de Referencia de la Convocatoria No PAF-ADR-0-009-2018.
Señala la demanda que el plazo de ejecución del contrato, fue establecido inicialmente en once (11) meses, los cuales fueron prorrogados mediante otrosí suscrito el 28 de noviembre de 2019, por lo que inicialmente se consideraría que el plazo vencía el 25 de marzo de 2020, sin embargo, en razón de las circunstancias extraordinarias sobrevinientes, causadas por la pandemia generada por el COVID -19, que llevó a la expedición del Decreto Nacional 457 de 22 de marzo de 2020, por el cual se dispuso la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional, operó en el contrato una suspensión de facto, que trajo consecuencias en el contrato y en su operatividad, hecho que fue desconocido por la interventoría y la entidad contratante.
En la Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA, del citado contrato de obra No 68573-014- 2018 (PAF ADR-O-009-2018), se estableció:
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con la firma del presente contrato, las partes convienen y facultan EL CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA el pago de este a EL CONTRATANTE, a título de pena, de la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato que se esté ejecutado, para tal fin facultan al contratante para que haga efectiva la cláusula penal. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir del contratista la indemnización total de los perjuicios causados.
En la CLÁUSULA VIGÉS

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

l régimen aplicable al caso en estudio, para los actos y los contratos, sea el derecho privado, conlleva importantes consecuencias, siendo la más obvia, natural y significativa (aunque muchas veces olvidada), el que, en efecto, los actos se rijan por ese derecho, y no por el derecho público
La facultad de que las partes puedan válidamente pactar este tipo de atribuciones ha sido reiterada de manera reciente por la Sección Tercera del Consejo de Estado en los siguientes términos:
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que en el contrato 3303775 del 19 de febrero de 1999 que fue amparado por la póliza 916942 no se incluyeron cláusulas excepcionales y, por tanto, concluye que se rigió exclusivamente por el derecho común y que la entidad pública demandada, en el marco de este negocio jurídico, debía actuar en las mismas condiciones que un particular, por lo cual no estaba habilitada para expedir un acto administrativo.
A la misma conclusión se arriba en relación con el contrato de seguro en el que era asegurada EPM, correspondiente a la póliza 916942 tomada por la unión temporal General Electric Company, Parsons Group International Ltd. y General Electric International Inc, para garantizar, entre otros riesgos, el de incumplimiento del contrato 3303775 del 19 de febrero de 1999, pues no existe ni en la Constitución ni en la Ley 142 de 1994, excepción al artículo 32 de esta última normativa que faculte a las empresas de servicios públicos para imponer, con la fuerza ejecutiva y ejecutoria propias de un acto administrativo, la decisión unilateral de hacer efectiva la póliza de seguro en contra de la Aseguradora por la vía administrativa, lo que impone que, para tales efectos, debía actuar bajo las reglas dispuestas para ello en el Código de Comercio, en concordancia con las contenidas en las condiciones generales de la póliza 916942.
Lo anterior, sin embargo, no conlleva declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, respecto de las cuales se alega que se expidieron sin competencia, con falsa motivación y desviación de poder, pues, antes de eso, es necesario determinar si, más allá de su denominación y forma, constituyen verdaderos actos administrativos y, por tanto, si es procedente realizar un análisis de legalidad desde las causales de nulidad previstas por el legislador frente a este tipo de actos, en el entendido que dichas causales están diseñadas para atacar los vicios que puedan configurarse en relación con los elementos propios de esta clase de manifestaciones unilaterales de voluntad.
(…)
Se concluye, entonces, que, pese a su denominación y a la forma que adoptaron, las resoluciones demandadas no constituyen verdaderos actos administrativos, pues conforme a la autonomía de la voluntad, se trataba mutatis mutandis, de la expedición un acto que estaba a cargo de una entidad pública, en relación con el cual abandonaba la categoría de “administrativo”, conservando el elemento subjetivo que era indicativo de la entidad que estaba en capacidad de producirlo.
(…)
Es verdad que en el marco del régimen jurídico que rige los actos y los contratos de EPM la ley no la facultó para imponer multas y declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria de manera unilateral; sin embargo, al revisar el contenido de los numerales 3.13 y 3.17 del pliego de condiciones, que hacen parte integrante del contrato 3303775, amparado por la póliza 916942, lo que se observa es que la posibilidad de dar por causado el supuesto que daba lugar a la exigibilidad de las multas y de la cláusula penal pecuniaria –el incumplimiento del plazo contractual- y a deducir su valor directamente de cualquier suma que se adeudara a la contratista o de la garantía de cumplimiento, sin necesidad de acudir a un proceso judicial, proviene de lo que, en el marco de la autonomía negocial, las partes convinieron en ese contrato.
(…)
Observa la Sala que para que pudiera hacerse efectivo el pago de la cláusula penal pecuniaria pactada como tasación anticipada de perjuicios, las partes del contrato 3303775 establecieron un procedimiento que no involucraba la intervención judicial para que se declarara el incumplimiento negocio jurídico por hechos imputables a la unión temporal como condición necesaria para que se causaran tales perjuicios, sino que lo que estipularon fue que la constatación de ese supuesto estaba a cargo de EPM, ante quien, con posterioridad al pago de la cláusula penal pecuniaria, la unión temporal contratista podía demostrar la existencia de circunstancias que la exoneraran de responsabilidad, pero, al final, era la contratante la que debía determinar si esas circunstancias en realidad se configuraron y si eran suficientes para exonerar de responsabilidad a la unión temporal y, por tanto, era la que, con base en ese análisis, debía determinar si se debían devolver los valores deducidos por concepto de cláusula penal pecuniaria a la contratista.
Se advierte además que, por acuerdo de las partes, la entidad contratante quedó habilitada para deducir el valor de la cláusula penal pecuniaria directamente de cualquier suma que se adeudara al contratista, si la hubiere o si no de la garantía de cumplimiento y, solo en caso de no ser posible, debía acudir a la vía judicial para su cobro; mas no para definir si existió o no incumplimiento atribuible a la unión temporal contratista.
IV. CONCLUSIÓN.
Para esta agencia del Ministerio Público, el contrato que origina el presente litigio es un contrato estatal regulado por el derecho privado, por lo tanto, los actos a través de los cuales se impuso la aplicación de la cláusula penal de apremio, no derivan de habilitación legal, la cual es inexistente en el régimen jurídico del contrato. Sin embargo, la facultad para ejercer directamente la cláusula penal derivó de la autorización contractual dada por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad. En consecuencia, los actos mediante los cuales se ejerció la cláusula penal, no son actos administrativos por lo que el análisis de su juridicidad no puede hacer a la luz de la causales tradicionales de nulidad construidas dentro de la teoría del Acto Administrativo. Ahora bien, hecho el Análisis de la juridicidad del pacto contractual que autorizó el ejercicio a una de las pates de la imposición de la cláusula penal, se concluye que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pactaron legalmente y sin que se demuestre violación a normas imperativas o de orden público ni vicios en la voluntad derivados de error fuerza o dolo que condujeran a viciar de nulidad absoluta el pacto contractual una habilitación contractual para imponer la cláusula penal como en efecto se hizo, por lo que no se puede, so pretexto de falta de competencia calificar como actos administrativos actos contractuales en los que habían convenido previamente.
Por todo lo anterior, respetosamente solicitamos negar las pretensiones de la demanda.
De la Honorable Sala de Decisión,

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CLAUSULA PENAL. 2022-02-09. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202206011801230.DOCX).
