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titulo: "ARBITRAJE: el estatuto actual de arbitraje definió la institución jurídica del arbitraje administrativo"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2022-03-18"
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# ARBITRAJE: el estatuto actual de arbitraje definió la institución jurídica del arbitraje administrativo

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — ARBITRAJE
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2022-03-18
- **Número:** 202205250901001.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202205250901001.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Acción de controversias contractuales: Contra el Departamento de Antioquia, instituto para el desarrollo de Antioquia, idea y ingenio vegachi ltda al pago de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del contrato de suministro de caña de azúcar
- Cláusula compromisoria: Noción
- Cláusula compromisoria: En el contrato estatal
- Cláusula compromisoria: Renuncia tácita en el contrato estatal

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Ley 1563 de 2012
- Ley 446 de 1998

## Extracto

ARBITRAJE-Causales según art 41 de ley 1563 de 2012 Por lo tanto condénese al pago de las indemnizaciones solicitadas en las pretensiones principales en las que ellas directamente no sean aceptadas por el Honorable Tribunal. Por consiguiente propuso como excepciones el contenido de la cláusula vigésima tercera del contrato 002 que modificó el 087 “Cláusula compromisoria”; así como la de contrato no cumplido, dado que las obligaciones acordadas no se cumplieron por las partes de manera simultánea y permanente, tal como lo ordena el artículo 1609 del Código Civil. Por consiguiente, la suspensión de operaciones del Ingenio Vegachí Ltda., llevó a que éste dejara de recibir las cañas cultivadas por la actora quien por la exclusividad pactada en el contrato, no podía venderlas a otras personas distintas a la mentada sociedad, originándose un deterioró de los cultivos y perdida de los mismo (sic).

## Descriptores temáticos

ARBITRAJE, En el contrato estatal

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020220017300-68994-sentencia-unificacion.md)
- [Consejo de Estado — El cargo analizado resulta infundado y así también será declarado.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020240005600-71195-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la Sala declarará infundado el recurso de anulación formulado por la USPEC](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020230016600-70480-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020220019600-69185-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra el Departamento de Antioquia, instituto para el desarrollo de Antioquia, idea y ingenio vegachi ltda al pago de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del contrato de suministro de caña de azúcar
CLÁUSULA COMPROMISORIA-Noción
CLÁUSULA COMPROMISORIA-En el contrato estatal
La inclusión normativa de la cláusula compromisoria en la Ley 80 de 1993, la cual regula los contratos de las entidades estatales, permite afirmar sin duda alguna que dicha institución jurídica fue prevista para los denominados contratos estatales, en los que resulta válido que en su estructuración, negociación y celebración se incluya mediante este tipo de cláusulas, la necesidad de someter las diferencias surgidas entre las entidades públicas, a los tribunales de arbitramento, por causa y razón del convenio interadministrativo celebrado entre ellas.
CLÁUSULA COMPROMISORIA-Renuncia tácita en el contrato estatal
CLÁUSULA COMPROMISORIA-Mecanismo alternativo de solución de conflictos
ARBITRAJE-En el contrato estatal
El estatuto actual de arbitraje definió la institución jurídica del arbitraje administrativo, señalando claramente que los tribunales donde intervenga una entidad pública o quién desempeñe funciones administrativas, si las controversias hayan surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo se proferirá en derecho
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-En las nulidades
ARBITRAJE-Causales según art 41 de ley 1563 de 2012
ARBITRAMENTO-Noción y características según la corte constitucional
ARBITRAMENTO-Evolución normativa en Colombia
ARBITRAJE-Noción
El estatuto actual de arbitraje definió la institución jurídica del arbitraje administrativo, señalando claramente que los tribunales donde intervenga una entidad pública o quién desempeñe funciones administrativas, si las controversias hayan surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo se proferirá en derecho
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO No 040 / 2022
Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2022
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Dr.: ALBERTO MONTAÑA PLATA
E. S. D.
Ref.: Proceso No.: 05001-23-31-000-2002-02532-01(67.339)
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor: [NOMBRE TACHADO]
Demandados: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTROS
El Ministerio Público, dentro del término legal para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. La señora [NOMBRE TACHADO], en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el INGENIO VEGACHÍ LTDA y el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, para obtener las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERO: A) Que se declare que entre las partes INGENIO VEGACHI LTDA Y SONIA ISABEL URREA, celebró un contrato de suministro de caña de azúcar, que se identifica así: Nro. 087 de Agosto 11 de 1992, y modificado el 19 de febrero de 1996, nuevamente modificado el 29 de agosto de 1996. contrato de Tracto Sucesivo y que al entrar en Concordato una de las partes no afecta su vigencia.
B) Que Se declare que el INGENIO VEGACHÍ LTDA. Ha incumplido contractualmente el CONTRATO DE SUMINISTRO DE CAÑA DE AZÚCAR 087, celebrado con SONIA ISABEL URREA, y de sus Administradores EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA, que se relaciona en el numeral anterior con fundamento en la no cosecha de la caña de azúcar, conforme a su obligación establecida en la cláusula sexta del contrato.
SEGUNDO: Que se condene solidariamente a las entidades demandadas DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA Y INGENIO VEGACHI LTDA al pago de los perjuicios materiales, como son daño emergente y lucro cesante, tanto pasados, actuales como futuros, consecuencia de su incumplimiento y que se estiman y cuantifican de conformidad al parágrafo Segundo de la cláusula Sexta del contrato que asciende a la cuantía de $ 1.181.765.253.41 (...).
TERCER: Con base en las anteriores declaraciones, se procede a dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO DE CAÑA DE AZÚCAR 087, celebrado entre las partes, con base en el incumplimiento contractual del INGENIO VEGACHI LTDA y de sus administradores EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA, de sus obligaciones como consecuencia de la declaración anterior y procédase a decretar y declarar su liquidación.
CUARTO: Que, se condene SOLIDARIAMENTE a EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y INGENIO VEGACHI LTDA Y INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA a pagar a título de indemnización sobre las COSECHAS PERDIDAS y con base en el rendimiento que estas podían generar, una suma correspondiente al valor de las toneladas de caña, a razón de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($35.000) cada tonelada de caña, valor actual con que se liquida y paga las cañas; esta indemnización al pagarse al valor presente, cubre los costos del dinero en el tiempo, de acuerdo a la cláusula sexta parágrafo cuarto del contrato celebrado y a las indemnizaciones pactadas y se señala en cuantía de ($1.009.765.253.41).
QUINTO: Probado el corte no oportuno de la caña por parte del ingenio y como consecuencia de su incumplimiento, CONDÉNESE a los demandados INGENIO VEGACHI LTDA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, E INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA, a pagar a favor de SONIA ISABEL URREA, LA SUMA DE ciento setenta y dos millones, ($ 172.000.000), como reconocimiento contractual establecido en la cláusula sexta parágrafo segundo del contrato.
SEXTO: Como quiera que la sumas de que tratan las pretensiones precedentes es la que corresponde a la estimación razonada de la cuantía o el superior que se demuestre en el proceso, los dineros que deben pagar los demandados a favor de SONIA ISABEL URREA, deben ser actualizados de acuerdo a los índices de precios al consumidor suministrados por el DANE.
SÉPTIMO: De resultar los demandados condenados al pago de obligaciones dinerarias que se dé cumplimiento a los artículos 176 y 177 del C.C.A. para el no pago oportuno por parte de entidades públicas de sumas a las que no han sido condenadas.
OCTAVO: Que (...) se reconozca por la entidad, a manera de indemnización, el daño emergente y el lucro cesante indexados y el reconocimiento de los intereses comerciales y de mora a que haya lugar, los cuales deberán liquidarse.
OCTAVO: Condénese a las entidades DEMANDADAS en costas y gastos del proceso (LEY 446 de 1998) y subsidiariamente al pago de la actualización dineraria de sus resultas o indexación conforme a los establecido por el CONSEJO DE ESTADO.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA: Sírvase declarar la responsabilidad de los socios de conformidad al Art. 207 de la ley 222 de 1995 en consideración a que la sociedad se encuentra en liquidación los bienes de la liquidación son insuficientes para cubrir los créditos reconocidos y los socios utilizaron la sociedad en su propio beneficio. Por lo tanto condénese al pago de las indemnizaciones solicitadas en las pretensiones principales en las que ellas directamente no sean aceptadas por el Honorable Tribunal.
SEGUNDO: En caso de que el Tribunal no encuentre de recibo la pretensión principal formulada en esta demanda, le ruego que en FORMA SUBSIDIARIA, las entidades demandadas sean condenadas al pago de las sumas determinadas en la estimación razonada de la cuantía, con apoyo en el principio de enriquecimiento sin causa, toda vez que el INGENIO VEGACHÍ LTDA, EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA, en forma indebida, con abuso del derecho y de su posición predominante, se enriquecieron con violación de la ley y del trabajo lícito de la sociedad demandante y acogiendo los principios de INTEGRIDAD Y EQUIDAD consagrados en el artículo 16 de la ley 446 de 1998. (SIC).
2. En cuanto a las normas violadas invocó los artículos 116 de la Constitución Política; 75, 82, 85, 396 del CPC; 36 del CCA; 1546, 1613 y 1614 del Código Civil; 353, 358 y 968 del Código de Comercio; 59 a 61 de la Ley 23 de 1991; 5, 14 y 25 de la Ley 80 de 1993; 200 de la Ley 222 de 1995; y 42 de la Ley 640 de 2001, para precisar, que la Constitución obliga a las autoridades velar por los bienes de sus coasociados, quienes deben ser tratados en igualdad de condiciones respecto a las decisiones tomadas por esas autoridades y la aplicación de la ley, de ahí que, aquellas deban responder por sus acciones y omisiones con total sujeción a la norma.
3. Que el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes, por ende cada una de ellas debía hacer todo lo posible para garantizar su cumplimiento. En ese orden, la demandante cumplió con la parte que le correspondía de establecer el cultivo de caña de azúcar para el Ingenio Vegachí, quien cumplió tardíamente y a partir de septiembre de 1998 dejó de hacerlo totalmente, ya que no cortó ni cargó la caña pendiente de cosechar para su procesamiento.
4. Que hubo un desequilibrio de la ecuación económica del contrato, debido a que el Ingenio Vegachí Ltda., junto con sus socios, el Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, desconoció las estipulaciones contractuales, no cumplió sus obligaciones y afectó de manera injusta y grave las perspectivas económicas que llevaron al demandante a contratar con el Ingenio.
1.2. Contestación
5. El INGENIO VEGACHÍ LTDA -en liquidación-, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que carecen de fundamento legal y soporte probatorio. Por consiguiente propuso como excepciones el contenido de la cláusula vigésima tercera del contrato 002 que modificó el 087 “Cláusula compromisoria”; así como la de contrato no cumplido, dado que las obligaciones acordadas no se cumplieron por las partes de manera simultánea y permanente, tal como lo ordena el artículo 1609 del Código Civil.
6. El INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-, a través de profesional del derecho, ejerció su derecho de defensa exponiendo que quien incumplió el contrato fue el cañicultor demandante y no el Ingenio. Además, expuso que, al ser el Ingenio una sociedad de responsabilidad limitada, no es posible condenar solidariamente al IDEA, pues la responsabilidad solidaria solo se predica de las sociedades colectivas y en comandita.
7. Así, propuso como excepciones: i) que operó el fenómeno de la caducidad; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, pues nunca fue parte en los contratos, ni es matriz ni ente dominante sobre el Ingenio; iii) inconstitucionalidad del contrato por lesión al bien común, nulidad del contrato y de las modificaciones al mismo por dolo del cañicultor, violación al principio de equilibrio contractual; iv) nadie puede alegar su propia culpa, excepción de contrato no cumplido (mora purga la mora); v) enriquecimiento sin causa; vi) buena fe del Ingenio y mala fe del cañicultor; y vii) petición de lo no debido frente al supuesto perjuicio sufrido.
8. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, al contestar la demanda señaló que al no ser parte del contrato sobre el que gira la controversia, no se le puede vincular al mismo. Adujo, además, que el Ingenio Vegachí es una empresa industrial y comercial del estado de orden departamental que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, que sus actos y contratos se rigen por las normas del derecho privado, por lo que, las irregularidades entre las partes contratantes, no se pueden extender a los socios que conformaron el Ingenio, debido a que la sociedad y los socios individualmente considerados son diferentes.
9. Por consiguiente, propuso como excepciones: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) inexistencia de la obligación, pues el único llamado a responder por las obligaciones contractuales es el Ingenio Vegachí; y c) la genérica del artículo 306 del CPC.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 11 de mayo de 2021, decidió declarar no probadas las excepciones propuestas, en especial la de la cláusula compromisoria, debido a que:
(...)
En primer lugar, el pacto de la Cláusula Compromisoria se restringe a las diferencias de carácter exclusivamente técnico y tal como lo advierte el apoderado del demandante en los alegatos de conclusión, el debate en el presente proceso es eminentemente jurídico.
En se

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

o compromiso), con lo cual deciden, de manera consciente y voluntaria, habilitar la competencia de los árbitros para conocer de los litigios que surjan entre ellas y que se encuentren comprendidos dentro del correspondiente pacto arbitral, a la vez que derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o permanentes, resulta evidente que, si estos últimos advierten la existencia de ese pacto, bien pueden y, más aún, deben rechazar la demanda, sin tener que esperar a que el extremo pasivo de la misma proponga la respectiva excepción, por cuanto, en esas condiciones, carecen de jurisdicción y de competencia; de lo contrario, sus actuaciones resultarían afectadas de nulidad, conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P. C.
Continuar aceptando la tesis de la renuncia tácita a la aplicación de la cláusula compromisoria, por el hecho de que la parte demandada no formule la excepción correspondiente, equivaldría a dejar al arbitrio de cada parte la escogencia de la jurisdicción que ha de decidir el conflicto entre ellas presentado, a pesar de haber convenido, en forma libre y con efectos vinculantes, que sus diferencias irían al conocimiento de la justicia arbitral, e implicaría admitir, también, la existencia de dos jurisdicciones diferentes y con igual competencia para solucionarlo, a pesar de que sólo una de ellas puede conocer y decidir sobre el particular.
En suma, cuando las partes deciden sustraer del conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo la decisión de los conflictos que lleguen a surgir de un contrato estatal, para someterlos a la justicia arbitral, ninguna de ellas tiene la posibilidad de optar, de manera unilateral e inconsulta, entre acudir a la justicia institucional contenciosa o a la arbitral; por el contrario, sólo tiene una opción, cual es la de someterse a la decisión arbitral, de modo que, si una de las partes que concurrió a la celebración de un pacto arbitral acude al juez de lo contencioso administrativo, en lugar de convocar un tribunal de arbitramento, dicho acto no desaparece, ni siquiera si el demandado no excepciona falta de jurisdicción, y ello supone, necesaria e indefectiblemente, que el juez contencioso al que se asigne el caso le dé aplicación rechazando la demanda o declarando la nulidad de lo actuado, esto último con apoyo en las causales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P.C.”
(Resaltado y subrayado ajeno al texto original)
32. El artículo 70 de la Ley 80 de 1993, vigente para la fecha de suscripción de la modificación del precitado contrato (19 de febrero de 1996), respecto a la cláusula compromisoria establecía:
"En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación y liquidación.
El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un sólo árbitro.
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia (...)"
33. La inclusión normativa de la cláusula compromisoria en la Ley 80 de 1993, la cual regula los contratos de las entidades estatales, permite afirmar sin duda alguna que dicha institución jurídica fue prevista para los denominados contratos estatales, en los que resulta válido que en su estructuración, negociación y celebración se incluya mediante este tipo de cláusulas, la necesidad de someter las diferencias surgidas entre las entidades públicas, a los tribunales de arbitramento, por causa y razón del convenio interadministrativo celebrado entre ellas.
34. Bajo el entendido que la cláusula compromisoria es una expresión del principio de autonomía de la voluntad de las partes, tal consideración se refleja de manera clara en el caso concreto, pues las partes vinculadas mediante el contrato de compraventa de caña de azúcar No 087, suscrito el 11 de agosto de 1992 y modificado el 19 de febrero de 1996, de manera libre voluntaria decidieron pactar la cláusula compromisoria, en el que acordaron, entre otros aspectos lo siguiente:
"CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: Cláusula Compromisoria. Las partes pactan que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas según lo establecido en el Artículo 74 de la ley 80. Además, pactan hacer uso de los mecanismos de solución directa de las controversias contempladas en el Artículo 68 de la ley 80, como son la conciliación, amigable composición y transacción. De tal forma las partes podrán someter las controversias o diferencias relativas a la presente modificación del contrato de compravente (sic) de caña de azúcar ya celebrado por las partes, para que sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento el cual será designado por la Cámara de Comercio de Medellín. El Tribunal se sujetará a estas reglas especiales: (...)
[...]
(Resalto y subrayo)
35. En el caso sub examine, surge incontrovertible que las partes, esto es, la señora [NOMBRE TACHADO] y el INGENIO VEGACHÍ LTDA, que suscribieron el contrato de compraventa de caña de azúcar No 087 de fecha 11 de agosto de 1992 y su modificación del 19 de febrero de 1996, pactaron la cláusula compromisoria, estipulación que implica sustraer de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el conocimiento de los conflictos surgidos del convenio interadministrativo en cuestión, para que fuese dirimido por la justicia arbitral por razón de competencia, tal y como lo indica el precedente jurisprudencial de unificación.
36. Las consideraciones que se dejan expuestas resultan suficientes para concluir, que de conformidad con la cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato referenciado, la jurisdicción competente para conocer de las divergencias derivadas del referido contrato o convenio interadministrativo es la justicia arbitral, quien cuenta con plena competencia para conocer el acto administrativo contractual, lo que de suyo excluye la competencia de la Jurisdicción Contenciosa, para resolver sobre el caso concreto.
III. CONCLUSIÓN
De conformidad con las consideraciones precedentes, surge evidente que se configuró una causal de nulidad insaneable por falta de competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer de la controversia contractual que se solicita resolver en el presente proceso, razón por la cual, el Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado, declarar de manera oficiosa la nulidad de todo lo actuado y que se convoque al Tribunal de Arbitramento con plenas competencias para conocer del presente asunto controvertido por las partes.
Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente
Original fdo
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado
Proyectó: Henrry Alejandro Bolívar Callejas

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — ARBITRAJE. 2022-03-18. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202205250901001.DOCX).
