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titulo: "CONTRATO ESTATAL: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Aplicó una modalidad de selección que no era procedente"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2019-07-15"
radicado: "IUS 2014-161537"
numero: "202001031430570.DOCX"
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# CONTRATO ESTATAL: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Aplicó una modalidad de selección que no era procedente

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2019-07-15
- **Radicado:** IUS 2014-161537
- **Número:** 202001031430570.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202001031430570.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Contrato estatal: Omisión en la revisión de estudios previos
- Competencia: Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados
- Recurso de apelacion: Otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos
- Ilicitud sustancial: En el derecho disciplinario

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Ley 80 de 1993
- Ley 1474 de 2011

## Extracto

CONTRATO ESTATAL-Omisión en la revisión de estudios previos CELEBRACION DE CONTRATO-Existió buena fe con el único propósito de generarle al municipio un incremento en el recaudo Con la queja se allegó copia del referido contrato, sus anexos y otros documentos. El 8 de mayo de 2015, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal abrió investigación disciplinaria en contra de [NOMBRE TACHADO] por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo 001 de 2012. En consecuencia, la disciplinada pudo, con el comportamiento antes descrito, incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con posible desconocimiento del principio de transparencia que rige la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Omisión en la revisión de estudios previos

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTRATO ESTATAL-Omisión en la revisión de estudios previos
COMPETENCIA-Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados
RECURSO DE APELACION-Otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos
ILICITUD SUSTANCIAL-En el derecho disciplinario
TIPICIDAD-En materia disciplinaria, se fundamenta en normas con estructura de reglas
ILICITUD SUSTANCIAL-La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna/ILICITUD SUSTANCIAL-No existió dado que no hubo daño antijurídico a los intereses patrimoniales del municipio
La ilicitud sustancial no implica una mera infracción del deber; ella, como lo precisa el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002, tiene que ser sustancial y la sustancialidad, en criterio de la Sala, hace referencia a la violación de los principios constitucionales y legales que rigen la función pública. Por eso la Corte Constitucional, sobre este punto ha dicho:
En pos de que la función pública cumpliese su objetivo, la misma Constitución Política se encargó de estipular expresamente en su artículo 209 unos principios a los cuales debe sujetarse el ejercicio de la actividad administrativa, si bien, dicha norma hace referencia específica a la función administrativa y la ubica dentro del capítulo concerniente a la rama ejecutiva, es pertinente señalar que dichas directrices orientan toda la actividad estatal, razón por la cual en caso de no ser cumplidos dan lugar inequívocamente a la realización de un correspondiente control disciplinario, de allí que garantizar la aplicación de los mismos sea una de las prioridades de la potestad disciplinaria.
PAGO-Por el cumplimiento del incremento sobre la meta de recaudo
NORMAS PRESUPUESTALES-Se incumplieron
PRINCIPIO DE ECONOMIA-Se infringió por cuanto no se realizaron estudios previos conforme a los lineamientos legales.
CELEBRACION DE CONTRATO-Existió buena fe con el único propósito de generarle al municipio un incremento en el recaudo
Ahora bien, respecto a que en la celebración del contrato existió buena fe con el único propósito de generarle al municipio un incremento en el recaudo, es un tema que no se ha puesto en duda en la presente actuación disciplinaria, al punto que la conducta que se le imputó se hizo a título de culpa grave y no de dolo. Para esta colegiatura la buena fe, además de ser un principio constitucional (artículo 83 Superior), también es un postulado en la interpretación de las reglas contractuales (artículo 28 de la Ley 80 de 1993) que hace que las relaciones jurídicas que surgen en los contratos estatales observen un orden justo, teniendo en cuenta que al ser un principio que integra el régimen de contratación estatal, la administración pública y los contratistas tienen la obligación, no solo jurídica, sino ética, de actuar con mutua confianza en la celebración, ejecución y liquidación del contrato, sin embargo, la buena fe manifestada por la recurrente, en nada afecta la comprobación de la vulneración del principio de economía que estructuró la ilicitud sustancial en la presente actuación, pues lo que quedó demostrado en la actuación es que los estudios previos no se realizaron con las exigencias señaladas en la Ley, violándose por tanto el principio de economía.
PRINCIPIO DE ECONOMIA-Se demostró la transgresión sustancial
FUNCION PUBLICA-La protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD-La dirección y manejo de la actividad contractual es responsabilidad del representante de la entidad
En cuanto a la violación del principio de responsabilidad, debe tenerse en cuenta que el artículo 26.5 de la Ley 80 de 1993, para el caso bajo estudio, consagra que la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es responsabilidad del representante de la entidad estatal, quien no puede trasladarla a los comités asesores; a su vez, el artículo 3.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo advierte que las autoridades asumen las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
Como resultado, el principio de responsabilidad contractual, del numeral aludido, obliga a que los diferentes actores del proceso respondan y asuman las consecuencias por el incumplimiento del Estatuto; del mismo modo, lo deben hacer los servidores públicos por sus actuaciones en la administración.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA-No a la desviación o abuso de poder y ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley
De manera que el principio de transparencia les impone a las autoridades el deber de hacer pública su gestión y decisiones; en el ámbito contractual, se cumple publicando todas las etapas de la contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para que sean de conocimiento público.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Aplicó una modalidad de selección que no era procedente.
ILICITUD SUSTANCIAL-Se estructura a partir de la violación de los principios de la función pública y no de la violación de bienes jurídicos.
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019)
Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria n.° 39
Radicación n.°:
161-7386, IUS 2014-161537, IUC D-2014-564-689079
Disciplinada:
[NOMBRE TACHADO]
Cargo y Entidad:
Alcaldesa municipal de Florencia (Caquetá)
Quejoso:
Armando Gallego Celis
Fecha queja:
24 de abril del 2014
Fecha hechos:
30 de julio del 2012
Asunto:
Fallo de segunda instancia
P.D. PONENTE: JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ
ASUNTO POR TRATAR
La Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que profirió la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el 12 de octubre de 2018, mediante el cual declaró probados dos de los tres cargos formulados a [NOMBRE TACHADO], sancionándola con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de ocho meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos.
HECHOS INVESTIGADOS
[NOMBRE TACHADO], alcaldesa municipal del Florencia (Caquetá), para la fecha de los hechos investigados, suscribió el contrato interadministrativo 001 del 30 de julio de 2012, con la Universidad Distrital «Francisco José de Caldas», omitiendo la revisión de los estudios previos, los cuales no se habían realizado con las exigencias legales. El objeto del contrato era:
Fortalecer las actividades tributarias que desarrolla la administración del municipio de Florencia y generarle un verdadero empoderamiento de sus componentes misionales a través de desarrollo y transferencia de plataformas tecnológicas tributaria, del apoyo instrumental a la gestión y las asesorías profesionales con el propósito de que el municipio incremente su recaudo, mejore la atención al contribuyente y propicie una mayor transparencia y eficacia en los procesos
Sin embargo, el mencionado contrato interadministrativo sirvió para realizar obras, desconociendo la prohibición legal de adelantar contratos de obra a través de contratos interadministrativos.
ANTECEDENTES PROCESALES
Con escrito radicado en la Procuraduría Regional de Caquetá, el 24 de abril de 2014, Armando Gallego Celis denunció presuntas irregularidades en el contrato interadministrativo 001 del 30 de julio de 2012, el cual suscribió la Alcaldía de Florencia con la Universidad Distrital «Francisco José de Caldas». Con la queja se allegó copia del referido contrato, sus anexos y otros documentos.
El 12 de mayo de 2014, la Procuraduría Regional de Caquetá abrió indagación preliminar en contra de [NOMBRE TACHADO] y el 11 de julio de 2014, la Procuraduría Regional de Caquetá remitió las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto), de acuerdo con la competencia asignada para investigar alcaldes de capital de departamento.
El 8 de mayo de 2015, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal abrió investigación disciplinaria en contra de [NOMBRE TACHADO] por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo 001 de 2012.
El 30 de agosto de 2016, la primera instancia declaró cerrada la investigación, decisión que se notificó en estados del 13 y 19 de septiembre de ese año sin que se interpusiera recurso alguno.
El 30 de septiembre de 2016, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal le formuló tres cargos a la investigada, así:
Primer cargo:
La señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcaldesa de Florencia, participó en la actividad contractual, con presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, específicamente el de responsabilidad (consagrado en los numerales 4 y 5, del artículo 26 de la Ley 80 de 1993); y el de economía (consagrado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993; numeral 12 que fuera modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011), por cuanto suscribió el contrato interadministrativo 001 del 30 de julio de 2012, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto era «Fortalecer las actividades tributarias que desarrolla la Administración Municipal de Florencia y generarle un verdadero empoderamiento de sus componentes misionales a través del desarrollo y transferencia de plataformas tecnológicas tributarias, del apoyo instrumental a la gestión y las asesorías profesionales con el propósito que el municipio incremente su recaudo, mejore la atención al contribuyente y propicie una mayor transparencia y eficiencia en los procesos», basándose estudios (sic) previos que podrían resultar deficientes para determinar la conveniencia del objeto a contratar, su contraprestación y los riesgos del contrato, y en los cuales, al parecer, no se analizaron la totalidad de componentes que se desarrollarían con ocasión a la ejecución del contrato.
En consecuencia, la disciplinada pudo, con el comportamiento antes descrito, incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con posible desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal.
La falta se calificó provisionalmente como gravísima y se atribuyó a título de culpa gravísima.
Segundo cargo:
La señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcaldesa de Florencia, participó en la actividad contractual, con presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, específicamente el de transparencia (consagrado en el artículo 24 numeral 8.° de la Ley 80 de 1993, el inciso primero literal c) del numeral 4.° del artículo 2.° de la Ley 1150 de 2007 -Que subrogó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a su vez modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011) por cuanto, suscribió el contrato interadministrativo 001 del 30 de julio de 2012, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto era «Fortalecer las actividades tributarias que desarrolla la Administración Municipal de Florencia y generarle un verdadero empoderamiento de sus componentes misionales a través del desarrollo y transferencia de plataformas tecnológicas tributarias, del apoyo instrumental a la gestión y las asesorías profesionales con el propósito que el municipio incremente su recaudo, mejore la atención al contribuyente y propicie una mayor transparencia y eficiencia en los procesos», fundando la modalidad de selección, en la causal prevista para el contrato interadministrativo, con lo cual pudo buscar eludir los procedimientos de selección objetiva, consagrados en la Ley 80 de 1993.
En consecuencia, la disciplinada pudo, con el comportamiento antes descrito, incurrir en la realización de la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues participó en la actividad contractual con posible desconocimiento del principio de transparencia que rige la contratación estatal.
La falta se calificó provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
Tercer cargo:
La Señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcaldesa de Florencia, suscribió el contrato interadministrativo 001 del 30 de julio de 2012, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de «Fortalecer las actividades tributarias que desarrolla la Administración Municipal de Florencia y generarle un verdadero empoderamiento de sus componentes misionales a través del desarrollo y transferencia de plataformas tecnológicas tributarias, del apoyo instrumental a la gestión y las asesorías profesionales con el propósito que el municipio incremente su recaudo, mejore la atención al contribuyente y propicie una mayor transparencia y eficiencia en los procesos», presuntamente con desconocimiento de la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos, contenida en el artículo 1.° de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

r ejecutaran contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública, a no ser que participen y ganen procesos licitatorios o de selección abreviada al acreditar que tienen la capacidad requerida para el efecto.
Aunado a lo anterior, el hecho de que el contrato tuviera dentro de las actividades a ejecutar el componente de «mejoramiento locativo» va en contravía del citado artículo 2.4, literal c), de la Ley 1150 de 2007, ya que la referida modificación legislativa es precisa en advertir que la modalidad de selección directa de contratos interadministrativos sólo procederá sí, y sólo sí, las obligaciones derivadas del mismo tienen relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.
Los anteriores comportamientos, a la luz del principio de transparencia desarrollado en el proceso contractual y en la función pública, llevan a esta colegiatura a la inequívoca conclusión de que la disciplinada efectivamente eludió los procedimientos de selección objetiva del contratista al incumplir su obligación legal y funcional de revisar que la modalidad escogida fuera la legalmente adecuada para satisfacer la necesidad de la Alcaldía de Florencia, suscribiendo un contrato sin la participación de más oferentes cuando el Estatuto de la Contratación Pública así se lo imponía, quebrantando por esta vía el principio de transparencia, como acertadamente lo manifestó el fallo de primera instancia y configurándose, por tanto, la categoría dogmática de la ilicitud sustancial.
Llegados a este punto, tampoco es posible atender la petición de resolver a su favor el principio in dubio pro disciplinada, ya que también en el segundo cargo existe certeza sobre su responsabilidad en la comisión de la falta.
Como corolario de todo lo expuesto, para la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no es dable que ningún servidor público o particular que administre recursos públicos quebrante los principios que rigen las actuaciones de la administración pública en nombre de una supuesta eficacia y eficiencia.
Con base en lo anterior, afirmar que para el año 2012 la Universidad Distrital era la única que podía satisfacer las necesidades a contratar, es algo que no se motivó ni en el estudio previo ni en las consideraciones consignadas en el contrato interadministrativo, aunado a que por esta vía no se podía perfeccionar un contrato de obra. En el estudio previo se hizo referencia a la «universidad» sin aclarar cuál o por qué se hacía alusión a una institución de educación superior. En el contrato, se consignó lo que el contratista presentó en su propuesta, sin mayores detalles.
En lo referente a que el contrato interadministrativo fortaleció la consecución de recursos, no es motivo de discusión ni análisis en esta instancia, pues el cargo le reprocha a la investigada que para suscribir el contrato interadministrativo aplicó una modalidad de selección que no era procedente, como ya se corroboró en precedencia.
Por lo expuesto, se confirmará el fallo de primera instancia en lo relacionado con este cargo.
DECISIÓN
Desvirtuados los planteamientos presentados por la disciplinada [NOMBRE TACHADO], no queda otro camino distinto que confirmar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal el 12 de octubre de 2018, por medio del cual la declaró disciplinariamente responsable de dos de los tres cargos que le formuló; en consecuencia, se mantendrá la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de ocho meses, convertidos a salarios mensuales devengados para la época de los hechos, dado que terminó su periodo como alcaldesa de Florencia el 31 de diciembre de 2015.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el a quo no determinó el valor de la conversión en salarios, es deber de esta instancia hacerlo en aplicación del principio de legalidad de la sanción disciplinaria. De donde resulta que si para el año 2012 la investigada devengaba un salario mensual de $3.770.993, se convertirá el término de la suspensión en el equivalente a ocho salarios, es decir, a un total de $30.167.944 que deberá consignar a favor de la alcaldía de Florencia, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, que a su tenor preceptúa:
Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 12 de octubre de 2018, por medio del cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal declaró disciplinariamente responsable a [NOMBRE TACHADO], identificada con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de alcaldesa municipal de Florencia (Caquetá), y la sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de ocho (8) meses.
SEGUNDO: El término de la suspensión se convertirá en ocho (8) meses de salarios que devengaba para la época de la comisión de las faltas (año 2012), lo que equivale a un total de $30.167.944 que deberá consignar a favor de la Alcaldía de Florencia (Caquetá), de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
TERCERO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, NOTIFICAR la presente providencia a los sujetos procesales y COMUNÍCARSELA al quejoso, advirtiéndoles que contra lo decidido no procede recurso alguno. Para tal efecto, se remitirá la correspondencia así:
A la apoderada de la disciplinada, Francy Elena Falla Núñez, al correo electrónico visible a folio 508 del cuaderno original n.° 2
A la disciplinada, [NOMBRE TACHADO], al correo electrónico visible a folio 517 del cuaderno original n.° 2
Al quejoso, Armando Gallego Celis, al correo electrónico visible a folio 3 del cuaderno original n.° 1
CUARTO: Por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, REMITIR las comunicaciones pertinentes a efectos de ejecutar, reportar y registrar la sanción disciplinaria impuesta, conforme lo reglado en los artículos 172, 173 y 174 de la Ley 734 de 2002.
QUINTO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, previo los registros y anotaciones a que haya lugar, DEVOLVER el expediente a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal para que adelante todas las gestiones necesarias para el acatamiento de lo aquí dispuesto.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ
Procurador Primero Delegado
Presidente
SILVANO GÓMEZ STRAUCH
Procurador Segundo Delegado
Expediente: 161-7386, IUS 2014-161537, IUC D-2014-564-689079
JESG/coo

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2019-07-15. Rad. IUS 2014-161537. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202001031430570.DOCX).
