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titulo: "DESVIACION DE PODER: de otro lado es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación"
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# DESVIACION DE PODER: de otro lado es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — DESVIACION DE PODER
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-07-05
- **Número:** 201905071944050.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201905071944050.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Controversias contractuales: Contra actos por los cuales se declaró caducidad de contrato para construcción de redes domiciliarias
- Contratos estatales: Procedencia de la caducidad según regulación legal
- Responsabilidad civil contractual: Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
- Desviación de poder: Como vicio del contrato estatal, según jurisprudencia del Consejo de Estado

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984
- Ley 446 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

DESVIACIÓN DE PODER-Como vicio del contrato estatal, según jurisprudencia del Consejo de Estado Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que accedió a las súplicas de la demanda // caso en el que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. decretó la caducidad del contrato de obra 2/DJV-1757/24 // INCOLTES LTDA solicitó la nulidad de las Resoluciones 58517 del 7 octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996 que confirmó las dos anteriores// solicita se declare falsa motivación, desviación de poder y desequilibrio económico // solicita sean reconocidos intereses moratorios por lo dejado de cancelar //Temas: //el incumplimiento contractual // El debido proceso // Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Por su parte, la apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia.

## Descriptores temáticos

DESVIACION DE PODER, Como vicio del contrato estatal, según jurisprudencia del consejo de estado

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Acción de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:73001233100020010235402-59941-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020030082801-60403-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020120022304-67707-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se negarán las pretensiones de la demanda](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140007300-51268-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra actos por los cuales se declaró caducidad de contrato para construcción de redes domiciliarias
CONTRATOS ESTATALES-Procedencia de la caducidad según regulación legal
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
DESVIACIÓN DE PODER-Como vicio del contrato estatal, según jurisprudencia del Consejo de Estado
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS-Vulneró el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa
….llama la atención de esta Delegada como Empresas Públicas de Medellín E.S.P. si ya había declarado la caducidad del contrato el 7 de octubre de 1996 da respuesta a la firma INCOLTES LTDA dos días después, indicando que informarían al contratista el valor de las cantidades medidas por ellos para confrontar valores y realizar descuentos o pagos y solicitó además enviaran un análisis de precios unitarios y cantidades de obra extra adeudadas para su respectiva evaluación, si ya habían declarado la citada caducidad, lo cual demuestra que la administración con esta actuación actuó de manera ligera, sin tener en cuenta las garantías que debe brindar el Estado en ejercicio de su actividad unilateral y excepcional, ya que las consecuencias pueden llegar a afectar considerablemente al contratista.
Así las cosas, para esta Delegada, las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., vulneraron el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa, los cuales fueron transgredidos en tanto no tuvo la posibilidad de intervenir en el proceso para contradecir las causas que se adujeron para justificar la caducidad del contrato, ser escuchado, presentar y solicitar pruebas; pues basta con remitirnos a lo acontecido durante el proceso, para concluir que tales justificaciones para declarar la caducidad carecen de fundamento, cuando la realidad demuestra que tales derechos no le fueron garantizados y respetados.
DEMANDADO-No está acreditado el monto que le debe ser cancelado
Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se no encuentra acreditado el monto establecido que debe ser cancelado a la parte demandada, de acuerdo con lo manifestado por los peritos, ya que no se encuentra acreditado la metodología empleada para identificar que no hubo sobrefacturación, intereses, no se logró establecer los documentos soportes para emitir el dictamen, lo que le restaría credibilidad al mismo, teniendo en cuenta que éste debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el Juez, en cuanto a la precisión debe referirse solo al tema del dictamen y detallado ósea con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen; por otro lado en su contenido también se deben expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen.
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-No se adjuntó prueba que acredite el rompimiento de este
Dentro de lo pretendido por la parte demandante a raíz de lo no pagado de las actas de obra que fueron sujetas de revisión y que en sentir del recurrente afectaron el equilibrio económico del referido contrato de obra ya que considera que la ejecución del mismo terminó el 31 de agosto de 1996 y esas obras no le fueron canceladas. En su criterio le han ocasionado un grave desequilibrio económico que se estimó en $83.000.000, suma que debe ser cancelada para restablecer dicho equilibrio. Ahora bien, de acuerdo con el material allegado no se encontró prueba de los gastos que soportan los $83.000.000 alegados, tales como gastos de personal, maquinaria o costos extras en que incurrió INCOLTES LTDA.Consecuente con lo anterior, es dable concluir que la parte actora no cumplió con el requisito necesario para que se reconozca el rompimiento del equilibrio financiero o económico del contrato, en tanto no allegó prueba que acredite la pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato.
CONDENA EN ABSTRACTO-Se debe recurrir a esta por carecerse de suficiencia probatoria
Ahora bien, visto que no se cuenta con el documento técnico que acredite la suma a reconocer por perjuicios materiales, esta Delegada comparte la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en que pide se condene en abstracto de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 del código contencioso administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el Juez Administrativo puede recurrir en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio -material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida. De otra parte beneficiada debe adelantar el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental.
INTERESES MORATORIOS-Se deben pagar a partir de cuando se hizo exigible el pago de cantidades de dinero adeudado/PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Debe velar por interés público, defensa del patrimonio y preservación de derechos humanos/ACTOS ADMINISTRATIVOS-Que fueron objeto de litigio están viciadas de nulidad/ENTIDAD ESTATAL-Vulneró el debido proceso que debe garantizar la defensa y contradicción del contratista
….Por su parte, la parte actora – INCOLTES LTDA - recurrió la sentencia de primera instancia, debido a que el A quo no condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Respecto a la obligación de pago de dichos intereses, debe considerarse que esta surge a partir del momento en que se debieron pagar las cantidades de dinero adeudadas, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Sin embargo tal y como se señaló anteriormente no han sido fijados y serán liquidados de acuerdo a las resultas del incidente de liquidación de condena, en ese momento se señalara si hay lugar a intereses moratorios o no.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso se logró demostrar que las resoluciones objeto del litigio están viciadas de nulidad, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vulneraron el debido proceso que debe garantizar la defensa y contradicción del contratista, es decir de INCOLTES LTDA.
CONCEPTO No. 135/2018
Bogotá D.C., 5 de julio de 2018
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente
Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 05001233100019970125701 (61029)
ACCIÓN: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR: INCOLTES LTDA
ACCIONADO: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida, que accedió a las súplicas de la demanda // caso en el que Empresas Públicas de Medellín E.S.P. decretó la caducidad del contrato de obra 2/DJV-1757/24 // INCOLTES LTDA solicitó la nulidad de las Resoluciones 58517 del 7 octubre de 1996, 58745 del 15 de octubre de 1996 y 60218 del 3 de diciembre de 1996 que confirmó las dos anteriores// solicita se declare falsa motivación, desviación de poder y desequilibrio económico // solicita sean reconocidos intereses moratorios por lo dejado de cancelar //Temas: //el incumplimiento contractual // El debido proceso // Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior, presenta ante la Sala, los siguientes elementos:
ANTECEDENTES
Demanda:
El 19 de mayo de 1997, la Sociedad INCOLTES LTDA a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, radicó ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, demanda contentiva de Acción Contractual en contra de las Empresas Públicas de Medellín -EPM-, con el fin de que se declare lo siguiente:
La nulidad de las Resoluciones Administrativas Nos. 58517 del 07 de octubre de 1996, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato 2/DN-1757/24 cuyo objeto consistió en la construcción de redes domiciliarias y obras complementarias de acueducto y alcantarillado en el margen oriental del río Medellín, grupo 1; 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclaró la Resolución N° 58517 del 07 de octubre de 1996 y la No. 60218 del 03 de diciembre de 1996 que confirmó lo resuelto en los dos actos anteriores, expedidas por las Empresas Públicas de Medellín; además solicita que se condene a los perjuicios ocasionados a la sociedad INCOLTES LTDA consistentes en el daño emergente y lucro cesante, así como los perjuicios morales sufridos por la Sociedad y sus socios.
Que se declare que con la imposición de la caducidad y con la ejecución del contrato, se le ocasionó al contratista un desequilibrio económico que debe ser reconocido por la demandada.
Que se le ordene a la parte pasiva a la devolución de los dineros que llegaren a retener del CONTRATISTA por concepto de la cláusula penal.
Que se condene a las Empresas Públicas de Medellín al pago de intereses comerciales o en subsidio civiles sobre la cláusula penal pecuniaria que se le logre deducir a la demandante, entre la fecha de causación del daño y la fecha de la sentencia definitiva, a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria para ese mismo período.
Que las sumas de dinero a que sea condenada la demandada y correspondan a obra ejecutada, sean reajustadas a la fecha de terminación del contrato, y de allí, actualizadas con base en el IPC certificado por el DANE.
Finalmente solicita se condene al pago de costas y agencias en derecho.
1.2. Sentencia de primera instancia:
El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de Sentencia del 23 de Octubre de 2017, aceptó las pretensiones del demandante. Declaró la nulidad parcial de la Resolución Administrativa No. 58517 del 7 de octubre de 1996, por medio de la cual se declaró la caducidad, del contrato 2/DJV-1757/24; No. 58745 del 15 de octubre de 1996, a través de la cual se aclara la resolución N° 58517 del 07 de octubre de 1996; la No. 60218, del 03 de diciembre de 1996; condenó en abstracto a las Empresas Públicas de Medellín, a pagar a INCOLTES LTDA., la indemnización debida por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, así mismo dispuso que Empresas Públicas de Medellín realice la devolución del monto que fue compensado en la Resolución No. 82257 del 10 de marzo de 2008 por concepto de cláusula penal pecuniaria, por un valor de $37.749.482,80); además rechazó la cesión de derechos litigiosos presentada por INCOLTES LTDA, a favor de la Sociedad Grupo INCOLTES S.A.S y no ordenó la condena en costas.
En efecto, el a-quo señala que las Empresas Públicas de Medellín desconocieron el derecho al debido proceso de la Sociedad demandante, INCOLTES LTDA y en consecuencia se vulneró el derecho de contradicción, en la medida en que el contratista no tuvo la oportunidad de controvertir y hacer contrapeso al poder punitivo del Estado, y los fundamentos que le sirvieron de base para adoptar la decisión.
Señala que al haberse vulnerado el debido proceso, el acto administrativo está viciado de nulidad al infringir las normas superiores en que debe fundarse, lo que tiene como consecuencia lógica que cualquier actuación que se haya desplegado con fundamento en dicho acto administrativo es inconstitucional y nulo.
Resume que el uso de la potestad de declarar la caducidad del contrato mencionado, no guardó proporción con los límites materiales o requisitos exigidos para que procediera su uso, tales como el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, de tal magnitud y gravedad que impidiera su debida ejecución, y que en cualquier caso antes de su adopción, se respetara el debido proceso, como lo es el derecho de audiencia y defensa.
Por lo tanto, concluye el Tribunal de Primera Instancia, que habrá lugar a acceder a las pretensiones de la parte d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

el contratista, requieren ser demostrados en el proceso, como todo aquel perjuicio respecto del cual se pretenda su resarcimiento.
Es cierto que el acto de caducidad del contrato puede alterar el buen nombre del contratista sancionado lo que indiscutiblemente causaría su afectación emocional; pudo acontecer también que a raíz del mismo acto el contratista sancionado perdiese nuevas oportunidades de contratar, lo que también podría afectar su tranquilidad y autoestima, pero todas estas posibilidades, causas y efectos, también cabe la posibilidad de que la afectación a su buen nombre (good will), tratándose de empresas, puede haberse visto afectado, pero todo ello debe acreditarse ante el juez del contrato para que, establecida su existencia y magnitud, profiera la deprecada decisión condenatoria.
Por lo anterior, esta Delegada al no encontrar acreditada la prueba que soporta tal padecimiento y que daría lugar a su reconocimiento, considera que no se debe proceder al mismo.
2.4.5.1.2. Perjuicios materiales:
Se define como la lesión o mengua del patrimonio material o económico de una persona.
En el caso que nos ocupa, la parte actora reclama perjuicios económicos a INCOLTES LTDA., y cada uno de los socios, quienes ante el no pago oportuno de las actas, y el desconocimiento de una gran cantidad de obra ejecutada, se vieron obligados a vender la propiedad donde funcionaban sus oficinas, ubicada en la carrera 73 No. 40-39 de Medellín para cancelar deudas contraídas por la ejecución del contrato y a entregar el carro Mazda B-2600 a la empresa Acuacentro como parte de pago de la tubería.
Aquí, la parte demandada debió demostrar la ganancia que dejó de percibir ante la circunstancia de no poder recibir el pago de las actas de obra 4, 5, 6, 7 y 7 A por la presunta sobrefacturación ya referida.
Para verificar si hubo tal sobrefacturación, se solicitaron dos peritazgos, al primero la entidad demanda solicitó la aclaración del mismo, una vez aclarado concluyeron que los perjuicios ocasionados al contratista ascendían a $1.175.716.386,43, a lo que Empresas Públicas de Medellín presentaron objeción por que los peritos se limitaron a emitir su concepto sin explicar las razones que condujeron a esas conclusiones y solicitó su invalidación y adjunto pruebas y requirió otras; razón por la cual el a-quo ordenó la práctica de un nuevo peritazgo que concluyó que Empresas Públicas de Medellín adeudaban a INCOLTES LTDA la suma de $1.970.436.860, dictamen que nuevamente fue objetado por EPM E.S.P. por no cumplir con los requisitos de firmeza, precisión y calidad.
Una vez analizados los dos dictámenes periciales por parte del a-quo, concluyó que no existe claridad cuando el perito hace referencia a “obra ordinaria”, pues dentro del contrato se tiene obra contractual, obra adicional, obra extra y obra no ejecutada, además que asume que son reales y verdaderas las facturas presentadas por INCOLTES LTDA, y van en contravía de lo señalado por EPM al señalar que las mismas no corresponden a la realidad y contienen obra que no fue ejecutada.
Por lo anterior, el Ministerio Público considera que se no encuentra acreditado el monto establecido que debe ser cancelado a la parte demandada, de acuerdo con lo manifestado por los peritos, ya que no se encuentra acreditado la metodología empleada para identificar que no hubo sobrefacturación, intereses, no se logró establecer los documentos soportes para emitir el dictamen, lo que le restaría credibilidad al mismo, teniendo en cuenta que éste debe ser claro, preciso y detallado, es decir, que no debe ser confuso para que pueda ser entendido por el Juez, en cuanto a la precisión debe referirse solo al tema del dictamen y detallado ósea con todo lo relacionado con el tema objeto del dictamen; por otro lado en su contenido también se deben expresar los fundamentos que llevaron a las conclusiones del dictamen.
2.4.5.1.3. Condena en Abstracto
Ahora bien, visto que no se cuenta con el documento técnico que acredite la suma a reconocer por perjuicios materiales, esta Delegada comparte la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en que pide se condene en abstracto de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 del código contencioso administrativo y la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el Juez Administrativo puede recurrir en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio -material o inmaterial- a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida.
De otra parte beneficiada debe adelantar el trámite de un incidente ante el a-quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental.
2.4.6. Intereses moratorios por el no pago oportuno
Por su parte, la parte actora – INCOLTES LTDA - recurrió la sentencia de primera instancia, debido a que el A quo no condenó a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. al pago de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas.
Respecto a la obligación de pago de dichos intereses, debe considerarse que esta surge a partir del momento en que se debieron pagar las cantidades de dinero adeudadas, y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. Sin embargo tal y como se señaló anteriormente no han sido fijados y serán liquidados de acuerdo a las resultas del incidente de liquidación de condena, en ese momento se señalara si hay lugar a intereses moratorios o no.
De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, de las consideraciones anteriormente expuestas, considera esta Delegada que en el presente caso se logró demostrar que las resoluciones objeto del litigio están viciadas de nulidad, por consiguiente, esta Delegada solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se confirme la sentencia apelada de acuerdo a los argumentos expuestos, teniendo en cuenta que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. vulneraron el debido proceso que debe garantizar la defensa y contradicción del contratista, es decir de INCOLTES LTDA.
CONCLUSIÓN
Con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, y de conformidad con el marco teórico enunciado, la Procuraduría Cuarta Delegada ante ese Despacho, considera que la sentencia de primera instancia debe ser CONFIRMADA en su totalidad.
Del Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — DESVIACION DE PODER. 2018-07-05. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201905071944050.DOCX).
