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titulo: "FALTA GRAVISIMA: no es cierta la fundamentación del apoderado de la investigada"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2018-05-08"
radicado: "IUS 2012-418214"
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# FALTA GRAVISIMA: no es cierta la fundamentación del apoderado de la investigada

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — FALTA GRAVISIMA
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2018-05-08
- **Radicado:** IUS 2012-418214
- **Número:** 201810231732140.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201810231732140.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Responsabilidad disciplinaria: Celebrar contrato de concesión minera estando incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
- Derecho de defensa: No se vulneró por cuanto a la investigada ejerció su defensa por intermedio del defensor de oficio y su apoderado de confianza
- Declaratoria de nulidad: Procedencia./NULIDAD- Jurisprudencia sobre los principios que orientan su declaración y convalidación/DECLARATORIA DE NULIDAD- Se aplicarán al proceso disciplinario las mismas reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal
- Falta gravisima: Participación en la tramitación y aprobación de contrato estatal con persona incursa en causal de inhabilidad

## Fundamentos jurídicos

- Ley 600 de 2000
- Ley 80 de 1993
- Ley 685 de 2001

## Extracto

FALTA GRAVISIMA-Participación en la tramitación y aprobación de contrato estatal con persona incursa en causal de inhabilidad Observa esta instancia que es claro el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre las excepciones que operan en el tema de las inhabilidades, no obstante el concepto se refiere a la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el Estado para todos los ciudadanos en condiciones uniformes, considerando la Procuraduría que no es el caso del contrato de concesión minera, el cual es especialísimo y debe surtirse bajo condiciones que trascienden más allá de la igualdad para todos, el acceso de todo el que lo solicite. En ese orden de ideas no habría razón alguna para pretender que la inhabilidad operante en este asunto sólo se configure respecto de la autoridad minera nacional y no con la entidad territorial, resultado imposible jurídicamente dicha pretensión.

## Descriptores temáticos

FALTA GRAVISIMA, Participación en la tramitación y aprobación de contrato estatal con persona incursa en causal de inhabilidad

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## Texto del documento

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Celebrar contrato de concesión minera estando incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
DERECHO DE DEFENSA-No se vulneró por cuanto a la investigada ejerció su defensa por intermedio del defensor de oficio y su apoderado de confianza
Estima esta colegiatura que no habría posibilidad de prosperar la pretensión del apoderado de la investigada, toda vez que tal tomo lo advirtió el a quo, el derecho de contradicción y defensa no le fue vulnerado a la señora, quien ejerció su defensa de manera directa, por intermedio del abogado de oficio que le fue asignado por la Procuraduría Delegada, y por su apoderado de confianza, quien luego de los descargos retomó la defensa de la servidora de la gobernación de Antioquia.
Ante dicha circunstancia estima la Sala Disciplinaria que resulta necesario verificar la manera en que se llevó a cabo la defensa de la reprochada, de donde se colige que la misma fue tramitada en debida forma, sin que se observe vulneración alguna del derecho que le asistía dada su condición de investigada, toda vez que ante la ausencia de su apoderado de confianza se le designó uno de oficio, quien ejerció la defensa en debida forma, es decir, estuvo presente en las actuaciones y presentó descargos como le correspondía.
Ahora bien, encontrándose aun en el debate procesal la Delegada ratificó la designación del apoderado de confianza de la procesada, quien de inmediato prosiguió con su actuación, por lo tanto, no es cierto que los derechos de la directora de titulación minera de Antioquia hayan sido conculcados, por cuanto se le dio la oportunidad procesal de ejercer su defensa directamente, a través de defensor de oficio y por su apoderado de confianza.
DECLARATORIA DE NULIDAD-Procedencia./NULIDAD- Jurisprudencia sobre los principios que orientan su declaración y convalidación/DECLARATORIA DE NULIDAD- Se aplicarán al proceso disciplinario las mismas reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal
El artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, aplicable en materia disciplinaria, establece los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.
Al tenor de lo manifestado por la norma y la jurisprudencia de la Corte sobre el tema de las nulidades, observa la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que no se encuentran dado los requisitos para considerar nulitar la decisión proferida por el a quo, toda vez que la investigada si ejerció su defensa, muestra de ello son los descargos que obran en el plenario, así como los alegatos de conclusión y el mismo recurso presentado por su apoderado de confianza, mediante el cual tuvo la oportunidad de solicitar pruebas y exponer los motivos o razones por los cuales consideraba que debía absolverse a su prohijada.
FALTA GRAVISIMA-Participación en la tramitación y aprobación de contrato estatal con persona incursa en causal de inhabilidad
Para esta Sala el análisis hecho por la primera instancia resulta claro, en el sentido que no podía la entidad territorial desestimar las causales de inhabilidad e incompatibilidad que sobre el particular obran en la Ley 80 de 1993, las cuales en virtud de lo ordenado por el Código de Minas deben tenerse en cuenta en materia minera.
Obsérvese como la Ley 685 de 2001 en sus artículos 17 y 21 se refiere al tema.
En el mismo sentido, la Ley 80 de 1993, en el literal c del numeral 2º del artículo 8º
Con base en lo manifestado mal haría esta Sala en considerar la inexistencia de una inhabilidad en el caso sub examine, al tenerse claro que el señor [NOMBRE TACHADO], quien suscribió el contrato de concesión minera no. 5967 del 26 de julio de 2012 era cónyuge de la señora…, quien ocupaba el cargo de secretaria de participación ciudadana de la gobernación del departamento de Antioquia.
TIPICIDAD-Está demostrada
Resulta inerte la pretensión de la defensa de la investigada, en el sentido que la conducta reprochada a su defendida era atípica, por cuanto nunca se presentó una inhabilidad en la suscripción del mencionado contrato. Por el contrario, para esta colegiatura se encuentra demostrada no sólo la existencia de la causal establecida en la Ley 80 de 1993, su aplicabilidad en materia de concesión minera y la tipicidad de la conducta que le imputó la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública
ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación sustancial de los deberes funcionales
En consonancia con lo referido por el exdirector del Ministerio Público resulta claro entonces que la señora…, contravino las funciones que le fueron conferidas con ocasión al cargo de secretaria de minas de la gobernación de Antioquia y, con ello, conculcó los principios de transparencia, economía y moralidad que rigen no sólo la contratación estatal, sino la función propia de los servidores públicos.
No existe duda para esta colegiatura que el reproche disciplinario del cual fue objeto la servidora pública tiene toda la vocación de permanecer y que la atipicidad y la ausencia de ilicitud sustancial alegada por su apoderado no se encuentran presentes. Por lo cual no habrá más que confirmar la decisión proferida por la primera instancia.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES En virtud del parentesco
Consideró la defensa que la primera instancia pese a reconocer la existencia del yerro de la servidora pública le dio una interpretación equivocada, toda vez que se trataba de un asunto complejo que fue razonablemente sustentado y que no era posible decidir a través de una simple consulta.
Al respecto, estima la Sala que no es cierta la fundamentación del apoderado de la investigada, debido a que pese a alegar una falta de claridad en la norma sobre inhabilidades e incompatibilidades en materia minera, lo cierto era que la Ley 80 de 1993 resultaba clara al considerar esta situación frente al cónyuge o compañero permanente, entonces no podía la funcionaria retraerse de esa indicación legal y proceder a no valorar la causal contemplada en la ley, con lo cual se suscribió el contrato de concesión minera no. 5967 de 2012 con una persona inhabilitada para ello.
CULPA GRAVISIMA- Por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento/CULPA GRAVE-Por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones/CONTRATO DE CONCESION MINERA-Suscripción con persona inhabilitada
De acuerdo con lo enunciado considera este cuerpo colegiado que fue amplio el a quo en su apreciación sobre las explicaciones hechas por la defensa de la investigada, toda vez que observando cada uno de los documentos obrantes en el proceso, así como las declaraciones y versión libre aportadas, por ejemplo de la directora de titulación minera de la gobernación, colige esta instancia que la ahora sancionada conocía el tema de la inhabilidad, que no era una situación ignorada por ella y que al no advertir la situación al doctor …, desatendió una situación elemental como era el hecho de encontrarse presto a suscribir un contrato de concesión minera con alguien que se encontraba inhabilitado.
Así las cosas no habría razón alguna para disminuir la sanción que le fue impuesta a la servidora pública y, por el contrario, estima la Sala que de manera benévola la Procuraduría Delegada degradó la culpa aun existiendo elementos que podrían indicar lo contrario.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-Excepciones según pronunciamiento del Consejo de Estado
Observa esta instancia que es claro el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre las excepciones que operan en el tema de las inhabilidades, no obstante el concepto se refiere a la adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el Estado para todos los ciudadanos en condiciones uniformes, considerando la Procuraduría que no es el caso del contrato de concesión minera, el cual es especialísimo y debe surtirse bajo condiciones que trascienden más allá de la igualdad para todos, el acceso de todo el que lo solicite. Y más en el caso bajo estudio, en el que se determinó probatoriamente que sólo con la llegada de la señora ...,l cargo de secretaria de despacho de la gobernación de Antioquia se procedió a validar la solicitud de su esposo y, consecuente con ello, a la firma del contrato.
CONTRATO DE CONCESION MINERA-A pesar de sus condiciones especiales lo cobija el régimen legal
Obsérvese como desde la misma entidad reguladora de la contratación en Colombia se tiene como inhabilidad el parentesco del que habla la Ley 80 de 1993, citada por la Delegada como norma violada por la servidora, por ello, no acuerda esta instancia en las manifestaciones de la defensa, en el sentido de pretender demostrar la atipicidad de la conducta, al no haberse esgrimido la inhabilidad que se reprochó como existente en la suscripción del contrato de concesión minera no. 5967 de 2012, el que si bien es cierto, tiene unas condiciones especiales, no conllevan ellas a que se exceptúe del régimen previsto en la ley
Analizado lo anterior, estima este cuerpo colegiado que tal como se determinó en el caso de la secretaria de minas de Antioquia no habría posibilidad de desestimar la tipicidad de la conducta endilgada a la ahora sancionada, toda vez que tal como se esgrimió desde el pliego de cargos, el reproche que se le hizo a la directora de títulos mineros consistió en su participación en la tramitación y aprobación del contrato cuestionado sin que se valorara mediante estudios previos la causal de inhabilidad en que se encontraba inmerso el señor …, cónyuge de la señora …, secretaria de participación ciudadana de la gobernación de Antioquia
MERA EXPECTATIVA-Adjudicación de concesión minera
Difiere esta colegiatura del planteamiento de la defensa, toda vez que la presentación de una solicitud, la verificación de los requisitos y la procedencia del estudio no implica una obligación legal ni un derecho adquirido, esto conllevaba una mera expectativa por parte del solicitante respecto a la adjudicación o no de la concesión minera. Ahora, el hecho que el requerimiento datara de uno, dos o cinco años atrás, lo cierto es que para el momento en que se llevó a cabo la firma del contrato no. 5967 de 2012 la señora …, ya fingía como secretaria de participación ciudadana y, en consecuencia, se había presentado la inhabilidad, situación que debió prever la encargada de la titulación minera de Antioquia y no pretender que se considere la existencia de alguna excepción en la inhabilidad manifiesta en que se encontraba el señor …, para suscribir el contrato
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES Casos en que se pueden presentar
En ese orden de ideas, la Sala clasifica los casos en que las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes se pueden presentar, en función de los momentos en que tienen lugar y de las consecuencias que generan, así: (i) La inhabilidad o incompatibilidad sobreviene una vez iniciado el proceso de contratación y antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación del contrato. En este caso, se entenderá que el proponente “renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo” (inciso 2 del artículo 9 de la Ley 80 de 1993). En tal sentido, la propuesta en su totalidad se afecta por la inhabilidad referida, lo que imposibilita que el consorcio o unión temporal del cual hace parte el proponente respecto del cual se ha configurado la inhabilidad, continúe en el proceso de selección. (ii) La inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el período comprendido entre la adjudicación del contrato y su perfeccionamiento, lo cual da lugar a la revocatoria del acto de adjudicación proferido (artículo 9, Ley 1150 de 2007) y posibilita a la entidad estatal “adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad” (inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993). (iii) La inhabilidad o incompatibilidad sobreviene con posterioridad al perfeccionamiento de un contrato celebrado con un contratista individual. En tal evento, el contratista individual deberá, previa autorización de la entidad estatal, ceder el contrato a un tercero, y si no resultare posible habrá de renunciar a la ejecución respectiva (inciso primero del artículo 9 de la Ley 80 de 1993)
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA-Delegación de funciones administrativas
Pretende la defensa de la funcionaria sancionada que se tenga como cierto el hecho que quien realmente suscribió el contrato fue la autoridad minera nacional y no el departamento de Antioquia, quien actuó en virtud de la delegación de la que fue objeto, sin embargo, resulta certera la apreciación que al respecto realizó el a quo en el sentido que es necesario distinguir entre los actos administrativos emitidos en desarrollo de la actividad contractual y la figura de la delegación de funciones administrativas entre entidades públicas que se rigen por n

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

y no con la entidad territorial, resultado imposible jurídicamente dicha pretensión.
Finalmente refiere el recurso analizado que no es cierta la conculcación de los principios de la contratación estatal, como son la transparencia, economía y moralidad, toda vez que su defendida no los desconoció, al tenerse claro que la falta que pretende endilgársele a su prohijada no es objetiva ni mecánica ni automática y, que por ello, debía indicarse de manera concreta de qué manera se habían violado los principios señalados.
Estima la Sala de entrada que esta pretensión de la defensa no tiene capacidad o posibilidad alguna de prosperar, al tenerse debidamente probado dentro del proceso disciplinario que los deberes de la servidora pública le reclamaban la obligación de verificar lo relacionado con los procesos de titulación minera, por ello, estuvo vinculada al proceso de estructuración del contrato de concesión minera no. 5967 de 2012, sin que se advirtiera la existencia de una inhabilidad en cabeza del solicitante por las razones tantas veces expuestas. Obsérvese que ese hecho por sí mismo colige en la conculcación de los principios de la contratación estatal que la primera instancia le reprochó desde el pliego de cargos.
Al respecto, estima esta colegiatura que no existe fundamento alguno para entrar a definir los principios que le fueron reprochados como violados por la servidora pública, sin embargo, al tenor de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 el principio de transparencia debe estar presente en cada una de las actuaciones contractuales, es decir, desde la misma estructuración de los estudios previos, nótese que la funcionaria no tuvo en cuenta la inhabilidad que concurría en el solicitante y participó en la tramitación y aprobación del contrato de concesión cuestionado.
En el recurso de apelación suscrito por la abogada de la sancionada se observan otra serie de aspectos que de una u otra manera coligen en los tópicos analizados por esta instancia, como son la ilicitud sustancial y la atipicidad de la conducta, por lo tanto, no habría razón alguna para entrar a referirse a puntos que ya fueron analizados en su contexto.
Como última pretensión de la defensa se tiene la presunción de inocencia o “Indubio pro disciplinado”, argumentando la apoderada de la investigada que en el caso bajo estudio se encuentran una gran cantidad de dudas que no lograron desvirtuarse, entre ellas la frase “lo pertinente” en materia de causales de inhabilidad aplicables en el ámbito minero, así como también lo que tiene que ver con la normatividad que regula un tema tan atípico como es la legalización de una explotación minera de hecho. Además de las dudas frente a la entidad respectiva o la entidad contratante.
Aseguró la defensora que su cliente nunca tuvo dudas acerca de la inaplicabilidad de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la Ley 80 de 1993 en materia minera y, que por el contrario, la primera instancia sí reconoció la dificultad para decantar la operatividad o no de dicha norma en una situación tan especial como la minera.
No comparte la Sala dicha manifestación, toda vez que si bien la Delegada reconoció algún grado de dificultad en la aplicación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de la mencionada ley en materia minera, lo cierto es que esa discusión quedó resuelta probatoriamente, al tenerse claro que la misma autoridad minera nacional considera como inhabilitante para suscribir un contrato de concesión de ese tipo el parentesco en la condición en que se presentaba entre el señor [NOMBRE TACHADO] y la doctora [NOMBRE TACHADO].
Corolario de lo analizado, no encuentra este cuerpo colegiado la existencia de duda alguna que permita dilucidar que la directora de titulación minera de Antioquia no incurrió en la falta contemplada en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
Respecto a la presunta nulidad alegada por la apoderada de la señora Álvarez Licona vale la pena advertir que en acápites anteriores esta instancia se pronunció al respecto, en razón a la solicitud que en el mismo sentido elevara el apoderado de la secretaria de minas de la gobernación de Antioquia, por lo tanto, dicha situación se encuentra solventada y no habría razón alguna para volver a analizarla.
5.3 Conclusiones
De acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia disciplinaria, estima esta instancia que no le asiste razón a los apoderados de las investigadas, toda vez que la atipicidad y la ausencia de ilicitud alegadas no tienen manera de prosperar.
Obsérvese que esta colegiatura verificó las razones que los recurrentes invocaron para esgrimir que no existía inhabilidad alguna o que en materia disciplinaria no se tenían en cuenta los aspectos que sobre este punto contenía la Ley 80 de 1993.
Quedó claro que sí operaba para el contrato de concesión minera dichas causales y que así se considere como especial el tema, que la misma ley con la frase “lo pertinente” de una sensación de falta de claridad al respecto, lo cierto es que la causal contemplada en la Ley 80 de 1993 respecto al parentesco, siendo esposo el solicitante de la secretaria de participación ciudadana no habría duda alguna para estimar que podía suscribirse un contrato con el esposo de una de las secretarias del despacho del señor gobernador de Antioquia para época de los hechos.
En mérito de la expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero y segundo del fallo sancionatorio proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en los cuales se declararon probados y no desvirtuados los cargos imputados a las investigadas y, en consecuencia, mantener la sanción impuesta a las mismas, consistente en suspensión de seis (6) meses para la doctora [NOMBRE TACHADO], con cédula de ciudadanía no. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de secretaria de minas de Antioquia, para la época de los hechos y suspensión de cuatro (4) meses a la doctora [NOMBRE TACHADO], identificada con cédula de ciudadanía no. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], directora de titulación minera de la misma entidad territorial, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria comunicar la presente decisión a los sancionados y a sus apoderados, dándoles a conocer que contra la misma no procede recurso alguno (folios 2865 A 2871 CO 12)
TERCERO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, previo los registros y anotaciones a que haya lugar, REMITIR el expediente disciplinario radicado IUS 2012-418214 a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ORIGINAL FIRMADO
JAIME MEJÍA OSSMAN
Procurador Primero Delegado
Presidente
ORIGINAL FIRMADO
[NOMBRE TACHADO]
Procurador Segundo Delegado
Proyectó: Daivan Javier Sierra López
Expediente 161-6300 (ius 2012-418214, iuc D-2012-878-566352)

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — FALTA GRAVISIMA. 2018-05-08. Rad. IUS 2012-418214. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201810231732140.DOCX).
