---
clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607100720203.DOCX"
titulo: "EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL: no puede el contratista, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2013-07-29"
radicado: ""
numero: "201607100720203.DOCX"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607100720203.DOCX"
---

# EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL: no puede el contratista, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2013-07-29
- **Número:** 201607100720203.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607100720203.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

No puede el contratista, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados por sus actuaciones u omisiones, en otras palabras no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.

## Puntos clave

- Acción contractual: El Departamento de Norte de Santander es presuntamente responsable de incumplimiento contractual
- Contrato de consultoría: No se vulneró el principio de confianza legítima
- Contrato de consultoría: El contrato finalizó en tiempo y nunca se prorrogó el plazo/ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO-Carece de fundamento legal para tener vida jurídica
- Valoración probatoria: El desequilibrio económico planteado por el consorcio demandante no se configura

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto 111 de 1996
- Decreto 679 de 1994

## Extracto

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Quien demanda debe certificar que cumplió con todas sus obligaciones No puede el contratista, en este orden de ideas, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados por sus actuaciones u omisiones, en otras palabras no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado Señala que no es correcta la interpretación asumida por el demandante, pues deben distinguirse los dos plazos bien definidos que se presentan dentro de las relaciones contractuales; el primero, relacionado con la ejecución del contrato y el segundo con el término de vigencia de mismo. Y ese derecho que tienen los contratistas de la Administración Pública a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, ha sido consagrado expresamente en la normatividad que rige la contratación estatal.

## Descriptores temáticos

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, Quien demanda debe certificar que cumplió con todas sus obligaciones

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el plazo de dos años para demandar se computaba desde su terminación](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:17001233300020190037102-70008-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no puede el juez resolver sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando las partes no estuvieron](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110134101-68286-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100196602-65256-sentencia.md)
- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Contrato de concesión: 25000 23 26 000 2010 00779 01 _51219](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:39205.md)

## Texto del documento

ACCIÓN CONTRACTUAL-El Departamento de Norte de Santander es presuntamente responsable de incumplimiento contractual
CONTRATO DE CONSULTORÍA-No se vulneró el principio de confianza legítima
Del material probatorio obrante, surge notoria la voluntad de la administración Departamental para terminar conforme lo dispone la ley de contratación, el contrato de consultoría en interés, levantando la correspondiente acta de terminación de acuerdo con el contratista y previo a un informe final de terminación, por lo que queda demostrado que los derechos alegados como vulnerados, no se configuran, ya que las oportunidades procesales para ejercer dichos derechos, y previas a la decisión de liquidar unilateralmente el contrato.
Obran múltiples comunicaciones que intercambiaron las partes intervinientes, con el fin de superar las diferencias surgidas de la relación contractual, encontrándose que tampoco se vulneró el principio de confianza legítima que comportaría la actuación clara y precisa del Departamento de Norte de Santander. Entonces, el contratante actúa conforme a la ley.
CONTRATO DE CONSULTORÍA-El contrato finalizó en tiempo y nunca se prorrogó el plazo/ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO-Carece de fundamento legal para tener vida jurídica
Indiscutible resulta entonces, que el Departamento accionado, a través de la Gobernadora (e), transcurridos 764 días desde la fecha de terminación y ejecución del Contrato de Consultoría OPG-0124/96, habiendo garantizado los derechos desvirtuados como violados, convida al contratista el 22 de diciembre de 1999 para practicar la liquidación de común acuerdo. En esta liquidación contempla los valores a pagar como saldos e intereses por incumplimiento en lo pactado, y ante la negativa del contratista para ser partícipe de dicha liquidación, al no estar conforme con los valores allí señalados, haciendo uso de las facultades extraordinarias que le concede la Ley 80 de 1993, en sus arts. 60 y 61, y lo contemplado en la cláusula trigésima segunda del contrato en comento, el Departamento contratante unilateralmente liquidó el Contrato OPG-0126/96, a través de la Resolución No. 2066 de 1997.
Cierto es que 1º de diciembre de 1997, se suscribió un acta de suspensión del contrato por término indefinido, para examinar la viabilidad de realizar unos nuevos estudios sobre un corredor férreo diferente al propuesto, acuerdo que además de improcedente, no deja de ser un escrito de no muy buenas intenciones, dada la carencia y fundamento legal de los requisitos para tener vida jurídica, toda vez que al haberse terminado y ejecutado el objeto del contrato principal, la suspensión en comento no se podía edificar como una adición, sobre todo cuando adolecía de disponibilidad presupuestal, en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, y se desconocía el proceso de selección del contratista. Por tanto como lo avizora tanto el a quo, como el accionado, los costos reclamados por la sociedad demandante no resultan exigibles, al encontrarse demostrado que no obstante el contrato haber finalizado en tiempo nunca se prorrogó en su plazo, y el tema nuevo no correspondía al objeto del contrato.
VALORACIÓN PROBATORIA-El desequilibrio económico planteado por el consorcio demandante no se configura
La valoración probatoria realizada, concluye el Ministerio Publico que la violación del derecho de defensa y la incompetencia que se alegan de la resolución acusada, no emergen ante el cumplimiento del objeto contratado, circunstancia probada dentro del mismo acto demandado, al hacer precisión del recibo de los estudios contratados por parte del Departamento, y a lo dicho por la interventoría respecto al cumplimiento del mismo, motivos suficientes para asegurar que el desequilibrio económico planteado por el consorcio demandante no se configura.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Se realizó unilateralmente a través de una resolución proceder ajustado a la ley
Para el Ministerio público es concluyente, que el demandante lo que desea es justificar el incumplimiento contractual en cabeza de él, tratando de demostrar que los mismos se obedecieron a la culpa exclusiva del Departamento de Norte de Santander por no formalizar un acta u acuerdo de intención, que solo tenía por finalidad asegurar un posible contrato a ejecutar a futuro sin el lleno de los requisitos legales, que ante la imposibilidad de concretarse, decide reclamar unos posibles intereses, costos y gastos derivados de la mal llamada suspensión u prórroga del contrato de consultoría OPG-0126/96, cuando los únicos posibles debidos, eran los intereses generados por los días de retardo en el pago de las cuentas mensuales individuales, y que tenían que ser cobrados o controvertidos dentro de la diligencia de liquidación del contrato, evento frente al cual fue renuente a participar de mutuo acuerdo, conllevando a que tal decisión se adelantara unilateralmente a través de la Resolución 2066/99, proceder ajustado a la ley.
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Quien demanda debe certificar que cumplió con todas sus obligaciones
Conforme al desarrollo jurisprudencial, para que puede predicarse el desequilibrio financiero, debe ser por causa ajena al contratista, pero en el caso objeto de análisis, se comprueba que este no se configuró, ya que las situaciones que hubiese sido posibles generadoras del tal circunstancia fueron ajenas al demandado; además que para subsanar el posible aparecimiento de tal evento se accedió a la exigencias probatorias del demandante; tales como la práctica de un peritazgo a efectos de cuantificar los posibles intereses a que ha podido tener derecho por el pago retardado de cuentas no relacionadas; al valor de los costos de suspensión para cada uno de los integrantes del consorcio, prueba de la que desistiera en su práctica, posiblemente por ser atribuible a su culpa el no reconocimiento y pago en el plazo acordado, y que no fueran incluidas dentro del acta de liquidación unilateral, al ser renuente para participar de mutuo acuerdo en dicha liquidación.
No puede el contratista, en este orden de ideas, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados por sus actuaciones u omisiones, en otras palabras no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.
Por lo tanto, es preciso tener en cuenta lo dicho por el H. Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones al establecer que la pretensión de declaratoria de incumplimiento de una de las partes de un contrato estatal requiere como condición de quien demanda certifique que cumplió con todas y cada una de las obligaciones a su cargo, sobre todo acatando las disposiciones legales existentes en sus etapas pre y poscontractual.
EQUILIBRIO CONTRACTUAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado
CONCEPTO No. 155 /2013
Bogotá, D.C., 29 de julio de 2013
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 540012331000200200129 01(46378)
ACCION: Contractual
ACTOR: CONSORCIO ILF BERATEN INGENIEURE – OBERMAYER PLANEN- BERATEN – B y C LTDA.
DEMANDADO: DEPARTAMENTO NORTE de SANTANDER
Sentido del Concepto: Solicitud de Confirmación de la sentencia apelada. / Ecuación financiera del contrato estatal / En demandas contractuales existe la obligación del demandante de comprobar que está cumpliendo sus propias obligaciones. / No se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado. / No se puede alegar incumplimiento contractual, cuando posiblemente el mismo nace de un acuerdo de voluntades que contraría el ordenamiento Jurídico.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.
ANTECEDENTES
Demanda.
El Consorcio ILF BERATEN INGENIEURE – OBERMAYER PLANEN- BERATEN – B Y C LTDA. a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A., entabló demandada, contra el Departamento de Norte de Santander, a fin de que se declararan que por causas imputables a la entidad demandada, se deben reconocer una serie de sumas dinerarias, derivadas de la liquidación unilateral del contrato de consultoría OPG-0124/96, que no reconociera dentro la misma, valores por concepto de intereses debidos por el pago retardado de cuentas, y al hecho de desconocer la suspensión definitiva en la ejecución del contrato mencionado, que fuera acordada entre las partes.
1.2. La contestación
El apoderado de la parte accionada manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, pues las mismas carecen de sustento jurídico.
Señala que no es correcta la interpretación asumida por el demandante, pues deben distinguirse los dos plazos bien definidos que se presentan dentro de las relaciones contractuales; el primero, relacionado con la ejecución del contrato y el segundo con el término de vigencia de mismo.
Señala que la suspensión indefinida acordada ello de diciembre de 1997 a todas luces era improcedente e inocua, habida cuenta que el objeto contractual ya se había agotado y que en consecuencia, la única actuación viable dentro del pacto contractual correspondía a la liquidación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ya que si se llegaba a considerar por parte de la administración contratante que se requería del desarrollo de un nuevo diseño, debía acudir a un nuevo proceso de selección que conllevara a la suscripción de un nuevo contrato.
El Departamento procedió a la liquidación del contrato, primero convocando al contratista a realizarla conjuntamente y, ante su negativa, procedió a realizarla en forma unilateral y que, en esta liquidación, se actualizaron los valores adeudados y se reconocieron intereses moratorias en la forma indicada por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1° del Decreto 679 de 1994, consignando las sumas a la cuenta reportada por el contratista, verificándose así el pago total de la obligación.
Así mismo propone como medios exceptivos:
La falta de un requisito de procedibilidad de la acción, al no haberse agotado la vía gubernativa, y el pago total de la obligación.
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, a través de sentencia del veintinueve (29) de junio de 2012, niega las pretensiones, manifestando en resumen lo siguiente:
Se advierte que con la Resolución No. 2066 de 1999, no se vulneró el derecho al debido proceso ni de defensa, pues, de las pruebas obrantes en el proceso, puede advertirse que la decisión de liquidar unilateralmente el contrato no surgió de repente y per se, sino que las partes contratantes adelantaron gestiones para liquidar conjuntamente el contrato; previamente a la liquidación unilateral, intercambiaron numerosas comunicaciones y participaron en diversas reuniones, de las cuales obran actas en el expediente, sin que pudieran llegar a acuerdo alguno.
Precisa que, si bien es cierto que a partir del 1º de diciembre de 1997, se consignó mediante acta que se suspendía el contrato por termino indefinido, para examinar la viabilidad de realizar unos nuevos estudios sobre un corredor diferente al propuesto, como lo dice el Departamento, ello resultaba improcedente, pues de llegarse a considerar lo propuesto, ello implicaba el diseño de un nuevo diseño y por ende de un nuevo proceso de selección y de la suscripción de un nuevo contrato que adicionalmente requería de disponibilidad presupuestal, en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
Argumentos de la apelación
A través del apoderado, el fallo de primera instancia es impugnado por el actor, refiriendo los siguientes argumentos que son planteados de manera resumida así (Folios 420 a 445 del cuaderno del Consejo de Estado):
Expone que se debe revocar el fallo, y en su lugar, acceder a las pretensiones en la forma pedida en la demanda, especialmente declarando la nulidad de la resolución impugnada, por cuanto no incluyó los intereses moratorios a que estaba obligado el Departamento legal y contractualmente, lo cual a su vez es un incumplimiento contractual.
El acta de suspensión No. 2, suscrita en autonomía de la voluntad de las partes; la causa de la suspensión, como reza dicha acta, es únicamente imputable al Departamento de Norte de Santander, en aplicación del principio constitucional de “respeto por el acto propio”, en el sentido que está regido por el principio de la buena fe y confianza legítima.
La sentencia que se apela desconoció el mandato imperativo que le obligaba al Departamento a mantener la ecuación contractual en favor del contratista por la segunda suspensión, la que se rompió por causas no imputables al demandante sino única y exclusivamente por caus

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a (fl. 117), y a la adición en dinero y en tiempo que se hiciera por el término de dos meses, a efectos de adelantar actividades necesarias para lograr el objeto contractual, el plazo se extendió hasta el 1º de diciembre de 1997 (fls.123 – 124).
Del material probatorio obrante, surge notoria la voluntad de la administración Departamental para terminar conforme lo dispone la ley de contratación, el contrato de consultoría en interés, levantando la correspondiente acta de terminación de acuerdo con el contratista y previo a un informe final de terminación, por lo que queda demostrado que los derechos alegados como vulnerados, no se configuran, ya que las oportunidades procesales para ejercer dichos derechos, y previas a la decisión de liquidar unilateralmente el contrato, se avistan de fls. 154 a 159, a 200, 214 del expediente,
Obran múltiples comunicaciones que intercambiaron las partes intervinientes, con el fin de superar las diferencias surgidas de la relación contractual, encontrándose que tampoco se vulneró el principio de confianza legitima que comportaría la actuación clara y precisa del Departamento de Norte de Santander. Entonces, el contratante actúa conforme a la ley.
Indiscutible resulta entonces, que el Departamento accionado, a través de la Gobernadora (e), transcurrido 764 días desde la fecha de terminación y ejecución del Contrato de Consultoría OPG-0124/96, habiendo garantizado los derechos desvirtuados como violados, convida al contratista el 22 de diciembre de 1999 (fl. 200) para practicar la liquidación de común acuerdo. En esta liquidación contempla los valores a pagar como saldos e intereses por incumplimiento en lo pactado, y ante la negativa del contratista para ser partícipe de dicha liquidación, al no estar conforme con los valores allí señalados, haciendo uso de las facultades extraordinarias que le concede la Ley 80 de 1993, en sus arts. 60 y 61, y lo contemplado en la cláusula trigésima segunda del contrato en comento, el Departamento contratante unilateralmente liquidó el Contrato OPG-0126/96, a través de la Resolución No. 2066 de 1997.
Cierto es que 1º de diciembre de 1997, se suscribió un acta de suspensión del contrato por término indefinido, para examinar la viabilidad de realizar unos nuevos estudios sobre un corredor férreo diferente al propuesto, acuerdo que además de improcedente, no deja de ser un escrito de no muy buenas intenciones, dada la carencia y fundamento legal de los requisitos para tener vida jurídica, toda vez que al haberse terminado y ejecutado el objeto del contrato principal, la suspensión en comento no se podía edificar como una adición, sobre todo cuando adolecía de disponibilidad presupuestal, en los términos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, y se desconocía el proceso de selección del contratista. Por tanto como lo avizora tanto el a quo, como el accionado, los costos reclamados por la sociedad demandante no resultan exigibles, al encontrarse demostrado que no obstante el contrato haber finalizado en tiempo nunca se prorrogó en su plazo, y el tema nuevo no correspondía al objeto del contrato.
De otra parte, de la valoración probatoria realizada, concluye el Ministerio Publico que la violación del derecho de defensa y la incompetencia que se alegan de la resolución acusada, no emergen ante el cumplimiento del objeto contratado, circunstancia probada dentro del mismo acto demandado, al hacer precisión del recibo de los estudios contratados por parte del Departamento, y a lo dicho por la interventoría respecto al cumplimiento del mismo, motivos suficientes para asegurar que el desequilibrio económico planteado por el consorcio demandante no se configura.
Para el Ministerio público es concluyente, que el demandante lo que desea es justificar el incumplimiento contractual en cabeza de él, tratando de demostrar que los mismos se obedecieron a la culpa exclusiva del Departamento de Norte de Santander por no formalizar un acta u acuerdo de intención, que solo tenía por finalidad asegurar un posible contrato a ejecutar a futuro sin el lleno de los requisitos legales, que ante la imposibilidad de concretarse, decide reclamar unos posibles intereses, costos y gastos derivados de la mal llamada suspensión u prorroga del contrato de consultoría OPG-0126/96, cuando los únicos posibles debidos, eran los intereses generados por los días de retardo en el pago de las cuentas mensuales individuales, y que tenían que ser cobrados o controvertidos dentro de la diligencia de liquidación del contrato, evento frente al cual fue renuente a participar de mutuo acuerdo, conllevando a que tal decisión se adelantara unilateralmente a través de la Resolución 2066/99, proceder ajustado a la ley.
Conforme al desarrollo jurisprudencial, para que puede predicarse el desequilibrio financiero, debe ser por causa ajena al contratista, pero en el caso objeto de análisis, se comprueba que este no se configuró, ya que las situaciones que hubiese sido posibles generadoras del tal circunstancia fueron ajenas al demandado; además que para subsanar el posible aparecimiento de tal evento se accedió a la exigencias probatorias del demandante; tales como la práctica de un peritazgo a efectos de cuantificar los posibles intereses a que ha podido tener derecho por el pago retardado de cuentas no relacionadas; al valor de los costos de suspensión para cada uno de los integrantes del consorcio, prueba de la que desistiera en su práctica, posiblemente por ser atribuible a su culpa el no reconocimiento y pago en el plazo acordado, y que no fueran incluidas dentro del acta de liquidación unilateral, al ser renuente para participar de mutuo acuerdo en dicha liquidación (fls. 355 y 357 c. ppal).
No puede el contratista, en este orden de ideas, pretender que le sean resarcidos los daños, provocados por sus actuaciones u omisiones, en otras palabras no puede reclamar el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato.
Por lo tanto, es preciso tener en cuenta lo dicho por el H. Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones al establecer que la pretensión de declaratoria de incumplimiento de una de las partes de un contrato estatal requiere como condición de quien demanda certifique que cumplió con todas y cada una de las obligaciones a su cargo, sobre todo acatando las disposiciones legales existentes en sus etapas pre y poscontractual.
Por tal motivo, la sentencia objeto de la alzada, se aviene a la realidad no solo normativa, sino fáctica, razón suficiente para que el Honorable Consejo de Estado proceda a su confirmación
III. CONCLUSIÓN
En concepto del Ministerio Público la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, datada el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), debe ser CONFIRMADA en lo fallado, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto administrativo denunciado.
Respetuosamente, del H. Magistrado,
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL. 2013-07-29. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607100720203.DOCX).
