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titulo: "CONTRATO ESTATAL: por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2014-06-11"
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# CONTRATO ESTATAL: por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2014-06-11
- **Número:** 201607091241356.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607091241356.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes, tanto los que se hallan en cabeza de la Nación como de las personas jurídicas estatales.

## Puntos clave

- Acción popular: Para la protección de derechos e intereses colectivos
- Acción popular: Derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público
- Derechos colectivos: A la defensa del patrimonio público
- Acción popular: Para la protección al patrimonio público según Jurisprudencia Consejo de Estado

## Fundamentos jurídicos

- Ley 472 de 1998
- Ley 1425 de 2010
- Constitución Política

## Extracto

ACCIÓN POPULAR-Violación de derechos colectivos al dejarse inconclusas obras sobre bienes de uso público generando detrimento patrimonial/CONTRATO ESTATAL-La falta de ejecución total del contrato causa detrimento del patrimonio público Sostuvo que el Estado a través del Ministerio de Transporte suscribió con INVIAS el contrato No 1982 de 2006, cuyo objeto era la construcción del Muelle de Lancheros en un predio del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado al lado sur de las Torres Sunrise Beach de San Andrés Isla, por valor de $512.980.000.oo y que la ejecución del contrato se inició el 01-03.2007 y finalizó el 30-06-2008, sin que se hubiese terminado la obra. Para tal efecto otorgó un plazo no mayor a seis (6) meses. Así las cosas, el derecho colectivo estudiado tiene a su vez dos elementos: 1. La existencia de un patrimonio de propiedad de una persona pública, y; 2.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, La falta de ejecución total del contrato causa detrimento del patrimonio público

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN POPULAR-Para la protección de derechos e intereses colectivos
ACCIÓN POPULAR-Derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público
DERECHOS COLECTIVOS-A la defensa del patrimonio público
ACCIÓN POPULAR-Para la protección al patrimonio público según Jurisprudencia Consejo de Estado
ACCÍÓN POPULAR-Violación de derechos e intereses colectivos al no realizarse obras de mantenimiento sobre bienes de uso público
ACCIÓN POPULAR-Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto al derecho colectivo al patrimonio público
ACCIÓN POPULAR-Violación de derechos colectivos al dejarse inconclusas obras sobre bienes de uso público generando detrimento patrimonial/CONTRATO ESTATAL-La falta de ejecución total del contrato causa detrimento del patrimonio público
De acuerdo con lo demostrado en el proceso, la obra se encuentra inconclusa, la parte construida en estado de abandono según lo evidenciado en la inspección judicial efectuada el 15 de septiembre de 2008 y cinco años después no se ha reanudado ni realizado la construcción del muelle de Lancheros, lo que genera un evidente detrimento patrimonial.
ACCIÓN POPULAR-Deber de probar que con el actuar de la entidad se vulnera o existe amenaza inminente en contra de un derecho colectivo/ INVERSIÓN DE RECURSOS PUBLICOS-En obras inconclusas trasgrede el principio de responsabilidad
Se puede concluir que le asiste razón al accionante, que hubo deficiencias en la planeación y ejecución de la obra y que el posterior abandono de la misma indican que el derecho colectivo al patrimonio público se encuentra amenazado, dado que hubo una considerable inversión de recursos públicos en una contratación inconclusa que no atiende los fines de servicio público, ni satisface las necesidades colectivas ya que los elementos construidos se encuentran a la intemperie, en estado de abandono y en visible deterioro lo que puede conducir a que cuando se reanuden las obras tengan que invertirse nuevos recursos en su recuperación y generar mayores gastos al erario público.
ACCIONES POPULARES-Incentivo económico
ACCIONES POPULARES- La eliminación del incentivo económico es una norma sustantiva de aplicación inmediata
ACCIÓN POPULAR-No es posible reconocer al actor popular el incentivo económico reclamado
En relación con el incentivo para el actor popular, solicitado en la demanda en virtud de su colaboración, porque se protegieron los derechos colectivos amparados en la providencia de primera instancia, este se debe negar .Si bien los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998 establecían un estímulo para los actores populares, por cuya gestión se protegían los derechos colectivos, ambas normas fueron derogadas por la ley 1425 de 2010. De conformidad con las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia impugnada.
PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
CONCEPTO No. 120/2014
Bogotá D. C., 11 de junio de 2014
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejera Ponente doctora [NOMBRE TACHADO] LA HOZ
E. S. D.
Ref: Proceso 88001233100020100002602
Acción Popular
Actor: Radley Bent Bent
Demandado: Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. PRETENSIONES
El 8 de julio de 2010 (fl. 3vto C. 1), el señor Radley Bent Bent demandó al Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS, en procura de la protección a los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Sostuvo que el Estado a través del Ministerio de Transporte suscribió con INVIAS el contrato No 1982 de 2006, cuyo objeto era la construcción del Muelle de Lancheros en un predio del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado al lado sur de las Torres Sunrise Beach de San Andrés Isla, por valor de $512.980.000.oo y que la ejecución del contrato se inició el 01-03.2007 y finalizó el 30-06-2008, sin que se hubiese terminado la obra.
Que el Ministerio de Transporte reporta en su boletín “vías acuáticas a fecha marzo 2009”, la construcción de los flotantes de la pasarela sur del muelle, junto con su embarcadero, pero aun así, no se cumplió con la meta que era dejarla en funcionamiento, porque se contrató la obra sin previa consulta y sin haber obtenido la viabilidad ambiental de parte de Coralina, ni de la Dimar como autoridad de la jurisdicción.
Que según el informe, para la culminación de la obra se requiere de una adición presupuestal de $1.300.000.000.oo y que la obra actualmente se encuentra abandonada, lo cual constituye un claro detrimento patrimonial y una vulneración a la moralidad administrativa.
Que según denuncia del 25 de mayo hecha por el Veedor de Control Ciudadano, y publicada en el periódico THE ARCHIPIELAGO PRESS, dos módulos de la pasarela fueron trasladados hacia el “inconcluso” muelle de los pescadores que colinda con la Pesquera Antillana, en la Zona Industrial bajo la administración de Acción Social de la Presidencia de la República.
Que se ordene a las entidades accionadas las acciones y operaciones administrativas pertinentes para la ejecución de las obras, instalación y puesta en funcionamiento del muelle de la Cooperativa de Lancheros de la Isla de San Andrés y se condene a las accionadas, por el abandono del muelle, por la afectación a la moralidad administrativa y atentar contra el patrimonio público.
Que se reconozca el correspondiente incentivo económico de acuerdo al artículo 40 de la Ley 472 de 1998.
Mediante auto de 26 de septiembre de 2012 (fls. 298 a 300 C. 1) el H. Consejo de Estado decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, teniendo en cuenta que no fue notificado el Ministerio de Transporte, pese a ser una de las entidades contra las cuales se dirigió la demanda. Por auto de 23 de enero de 2013 (fls. 306 y 307 C. 1) se ordenó notificar al señor [NOMBRE TACHADO] y al Director del Invías y vincular al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA.
1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
- La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 308 a 310 C. 1) sostuvo que el predio dispuesto para la construcción del muelle no es de propiedad del departamento, es un bien de uso público bajo la jurisdicción de DIMAR. Indicó que el ente territorial tiene conocimiento de la suscripción del contrato 1982 de 2006, pero desconoce los motivos por los cuales no se ejecutó en su totalidad. Señaló que el ente territorial no tiene responsabilidad alguna respecto de los hechos narrados en la demanda, dado que fue un proyecto adelantado directamente por Invías, sin la intervención del departamento.
- La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA (fls. 321 a 324 C. 1 ) manifiesta que mediante Acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 2007, la entidad otorgó viabilidad ambiental al INVIAS para la etapa de construcción del proyecto de diseño y construcción del Muelle de Lancheros para ser desarrollado en Sunrise Park en San Andrés. Que no obstante lo anterior, y estando en ejecución la obra, la entidad encargada del proyecto incumplió algunas de las condiciones aprobadas, por lo que se hicieron los requerimientos del caso. De las respuestas de la entidad se pudo colegir que el proyecto no tuvo una planeación juiciosa y adecuada, ni el cronograma ni los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, así como tampoco los diseños, situación que escapa al resorte de CORALINA.
Propuso como excepción la “falta de legitimación por pasiva”, por cuanto su intervención en el proyecto se limitó a su viabilidad ambiental.
- El Instituto Nacional Vías INVIAS (fls. 325 a 340 C. 1) argumentó que INVIAS suscribió el contrato No. 1982 de 2006 para los estudios y las obras del Muelle Lancheros de San Andrés, el cual se encuentra en un predio destinado por la Gobernación para su guarda y protección, conforme a la entrega del Muelle de Lancheros fase 1 denominada “entrega por parte de INVIAS a la Gobernación de San Andrés para su custodia de los elementos construidos en desarrollo del contrato ejecutado por el INVIAS para el mejoramiento del servicio de transporte marítimo del Muelle de Lancheros en el sector Sunrise Park, Isla de San Andrés”. Que el muelle fue construido con elementos que fueron almacenados por la Gobernación en sitio cerrado en sus oficinas.
Indicó que no es cierto lo afirmado por el demandante de estar frente a una perdida millonaria de bienes del Estado, dado que los flotantes se encuentran bajo custodia de la entidad territorial.
Sostuvo que el INVIAS y el ente departamental han desarrollado labores de mantenimiento periódico, cubriendo los flotantes para su protección con plásticos debidamente amarrados, cortando el pasto de sus alrededores y humectando la pintura para su conservación y que contrario a lo afirmado por el actor, las obras desde su inicio contaron con todos los permisos ambientales y de la autoridad marítima correspondiente. Esta última por parte de la Gobernación por cuanto será la operadora del muelle.
Afirma que no es cierto que los dos módulos flotantes se hayan desaparecido, por el contrario dichos elementos fueron entregados a la Gobernación mediante oficio No. 19792 del 11 de mayo de 2010. Posteriormente, la Subdirección Marítima y Fluvial de INVIAS solicitó a la Gobernación entregar de manera provisional a la dependencia ACCION SOCIAL, de la Presidencia de la República, en consideración a la petición de esta última y las necesidades de la comunidad pesquera de la Isla, para su uso adecuado de manera provisional dos módulos con su respectivo tablado y una pasarela metálica con su respectivo tablado, para el proyecto denominado “Terminal Artesanal Pesquero” y según compromiso de Acción Social los cuales serían devueltos, a solicitud de INVIAS o su delegado, el otorgamiento de la Concesión portuaria a ASOPACFA, para el uso del muelle Old Point y la construcción de un nuevo muelle para el Terminal Artesanal Pesquero y en las mismas condiciones en que fueron entregados, esto es en perfecto estado para su funcionamiento.
Agrega que el demandante desconoce que el INVIAS ha venido y viene adelantando actividades y gestiones para la asignación de recursos necesarios para la culminación del muelle motivo de la controversia. Tan es así que desde el inicio del proyecto el Instituto Nacional de Vías consideró que los recursos eran insuficientes para la realización de las obras, sin embargo en reiteradas ocasiones solicitó recursos al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e incluso a la misma Gobernación de San Andrés.
Propuso como excepción la “inexistencia del objeto de la demanda” en razón a que por virtud del oficio AVT-382 de agosto de 2011, proferido por el Viceministro de Turismo, actualmente se está preparando un convenio con FONADE para la ejecución del Muelle de Lancheros de la Isla, en donde ya fueron adjudicadas las consultorías por parte de FONADE para los estudios y ajuste de diseño para la ejecución de las obras de montaje y anclaje del referido muelle, reiterando que los módulos flotantes existentes son operativamente viables y están listos para su montaje.
- El Ministerio de Transporte guardó silencio.
1.3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
El 5 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia que por falta de acuerdo se declaró fallida (fl. 340 C. 1).
1.4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 492 a 506 C. Consejo de Estado) amparó los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa de los bienes de uso público amenazados por el INVIAS, con ocasión de la construcción del Muelle de Lancheros en el sector de Sunrise Park de San Andrés, argumentando que es imperioso y urgente que se produzca la terminación del Muelle de Lancheros de la Isla, para el cumplimiento de los fines estatales y evitar que se produzca un mayor deterioro de la fase iniciada y no terminada, en orden a prevenir y conjurar la amenaza al patrimonio del Estado y ordenó que INVIAS en asocio con el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, beneficiario de las obras, gestione los recursos necesarios tendientes a la reanudación, culminación y entrega al servicio de la comunidad de la obra prevista para el mejoramiento del servicio de transporte marítimo de pasajeros, consistente en la construcción del Muelle de Lancheros en el en el sector de Sunrise Park de San Andrés. Para tal efecto otorgó un plazo no mayor a seis (6) meses.
1.5. LA IMPUGNACION
El Instituto Nacional de Vías

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

continúe con la ejecución del proyecto (fls. 74 a 76 C. 4).
- Por oficio SMF 30022 del 22 de julio de 2011 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Asesor Viceministerio de Turismo – Ministerio de Comercio se remiten los documentos del proyecto Muelle de Lancheros y solicitan información acerca de la continuación de la ejecución del proyecto por parte de esa entidad (fl. 78 C. 4).
- Por oficio SMF 11751 del 12 de marzo de 2013 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Asesor Viceministerio de Turismo – Ministerio de Comercio se le solicita información acerca del avance del proyecto y le recuerda la disponibilidad de los flotantes (fl. 77 C. 4).
- Por oficio SMF 21196 del 2 de mayo y 30703 del 18 de junio de 2013 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Asesor Viceministerio de Turismo – Ministerio de Comercio el Invías reitera a ese Viceministerio la utilización de esos flotantes en el proyecto (fls. 79 a 84 C. 4).
- Por oficio AVT de 2013 suscrito por el Asesor Viceministerio de Turismo – Ministerio de Comercio y dirigido al Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS se le informa que en el marco del convenio 211029 suscrito entre FONADE y el CONSORCIO ALIANZA TURISTICA – FONDO DE PROMOCION TURISTICA no está establecido que para la ejecución de las obras para el muelle Lancheros se deban instalar los flotantes existentes y que se encuentran bajo custodia de la Gobernación y en uso de la Agencia Presidencial para la Acción Social (fl. 85 y 86 C. 4)
En la Inspección Judicial realizada el 18 de noviembre de 2010 en el Muelle de Lancheros (fls. 44 a 61 C. 2) se consignó lo siguiente:
“(…) En el lugar dispuesto para la construcción el Muelle de lancheros se observa que se trata de un área sobre la Avenida Newball, entre Sunrise Park y el Muelle de la Policía. Carece de puerta de entrada y se encuentra demarcada al Sur por llantas pintadas con los colores blanco y verde, y al Norte con muro y malla separándola del parque. En la parte que delimita el predio con el mar se encuentran estacionados 8 Jet Sky los cuales según informa el señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la C.C. No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] de Cartagena, “pertenecen a varias personas, y el lugar ha sido dispuesto para su estacionamiento por autorización recibida de CORALINA”. Así mismo, se verifica la existencia de un taller a cielo abierto con 7 lanchas que están siendo reparadas. En la parte Norte el predio colindante con el Parque Sunrise y la Vía Avenida Newball, se encuentran seis (6) estructuras en acero y madera, destinadas al parecer a la construcción del Muelle de Lancheros. Informa el señor accionante que dos (2) partes más, están en el muelle de Antillana. Manifiesta que la inversión es de $500.000.000.oo y “no se ve nada construido, además que el proyecto lo empezaron sin la aprobación de Coralina”. Señala que, solo una parte del mismo se cumplió, en la medida que las bases del muelle fueron construidas desde el año 2006. Y que la Gobernación del departamento es la responsable del lugar dispuesto para la construcción de la obra. El Despacho observa que en el lugar no se evidencia un muelle en funcionamiento o que haya funcionado, tan solo hay unos flotadores para la construcción señalada en la demanda. De toda la zona se ceja registro fotográfico que se anexa a la presente acta.
(resalto y subrayo)
De las pruebas obrantes en el proceso podemos concluir lo siguiente:
Entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el señor [NOMBRE TACHADO] suscribió el contrato No 1982 el 24 de octubre de 2006 (fls. 8 a 12 C. 2) cuyo objeto consistió en el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS MEDIANTE EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE LANCHEROS EN EL SECTOR SUNRISE PARK. ISLA DE SAN ANDRES”.
Si bien en el expediente obra un documento denominado “Acta de Entrega del Muelle de Lancheros Fase 1” del 15 de septiembre de 2008 (fls. 134 a 138 C. 2) en el contrato No 1982 de 2006 no se hace referencia a fases del proyecto sino al diseño y construcción del muelle de Lancheros en el sector Sunrise Park de la Isla de San Andres. En ninguna parte del contrato se hace referencia a una obra parcial o por fases.
En la Inspección Judicial realizada el 18 de noviembre de 2010 en el Muelle de Lancheros (fls. 44 a 61 C. 2) se consignó “que en el lugar no se evidencia un muelle en funcionamiento o que haya funcionado, tan solo hay unos flotadores para la construcción (fl. 44 C. 2). En el lugar no se adelantó ninguna construcción en concreto, ni bases que permitieran instalar la infraestructura requerida para el mejoramiento del servicio de transporte.
El Instituto Nacional de Vías INVIAS acepta que la obra no fue terminada y que el motivo fue la falta de recursos presupuestales, en el contrato 1982 de 2006 se indicó que se contaba con la disponibilidad presupuestal No. 1336 del 28 de febrero de 2006 (fl. 8 vto C. 2) lo que nos lleva a concluir que los dineros destinados eran suficientes para los estudios previos que debía realizar el instituto, la puesta en marcha de la obra y la construcción del referido muelle de Lancheros.
De acuerdo con lo demostrado en el proceso, la obra se encuentra inconclusa, la parte construida en estado de abandono según lo evidenciado en la inspección judicial efectuada el 15 de septiembre de 2008 y cinco años después no se ha reanudado ni realizado la construcción del muelle de Lancheros, lo que genera un evidente detrimento patrimonial.
Se puede concluir que le asiste razón al accionante, que hubo deficiencias en la planeación y ejecución de la obra y que el posterior abandono de la misma indican que el derecho colectivo al patrimonio público se encuentra amenazado, dado que hubo una considerable inversión de recursos públicos en una contratación inconclusa que no atiende los fines de servicio público, ni satisface las necesidades colectivas ya que los elementos construidos se encuentran a la intemperie, en estado de abandono y en visible deterioro lo que puede conducir a que cuando se reanuden las obras tengan que invertirse nuevos recursos en su recuperación y generar mayores gastos al erario público.
- EL NO RECONOCIMIENTO DE INCENTIVO ECONÓMICO A FAVOR DEL ACTOR
En relación con el incentivo para el actor popular, solicitado en la demanda en virtud de su colaboración, porque se protegieron los derechos colectivos amparados en la providencia de primera instancia, este se debe negar.
Si bien los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998 establecían un estímulo para los actores populares, por cuya gestión se protegían los derechos colectivos, ambas normas fueron derogadas por la ley 1425 de 2010.
CONCLUSION
De conformidad con las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia impugnada.
Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente
FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ
Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado
REOG/FMSG

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2014-06-11. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201607091241356.DOCX).
