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clave: "corte_suprema:providencia:SC9909-2017 [2014-01927-00]"
titulo: "Corte Suprema: la decisión a homologar es una sentencia arbitral"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-07-12"
radicado: "2014-01927-00"
numero: "SC9909-2017"
ponente: "Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la decisión a homologar es una sentencia arbitral

- **Título oficial / radicado:** SC9909-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-07-12
- **Radicado:** 2014-01927-00
- **Número:** SC9909-2017
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9909-2017%20%5B2014-01927-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC9909-2017%20%5B2014-01927-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXLzeiBNb25zYWx2by83LiBKdWxpby9TZW50ZW5jaWFzL1NDOTkwOS0yMDE3IFsyMDE0LTAxOTI3LTAwXS5kb2M%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1563 de 2012
- Ley 39 de 1990
- Ley 16 de 1981

## Extracto

Así las cosas, « en materia de reconocimiento de laudos arbitrales proferidos en el exterior, el conjunto normativo cuya aplicación se impone a partir del 12 de octubre de 2012 -fecha en que entró en vigencia la Ley 1563- está integrado por la sección tercera de esa regulación y los instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico positivo por haber sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano » A) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: i. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o ii. Así las cosas, se revisarán todos los reparos del opositor.

## Texto del documento

SC -T- No
Radicación n° 11001-02-03-000-2014-01927-00
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
SC9909-2017
Radicación n° 11001-02-03-000-2014-01927-00
(Aprobada en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Se decide la solicitud de reconocimiento del laudo arbitral proferido en el caso n° 16088/JFR/CA, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en el proceso que promovió Tampico Beverages Inc. contra Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, con escrito de reconvención.
ANTECEDENTES
1. El apoderado judicial de Tampico Beverages Inc. (en adelante Tampico) solicitó la homologación del laudo, por el cual se desató la controversia respecto a la terminación del contrato de licencia de marca celebrado con Productos Naturales de la Sabana S.A. (en lo que sigue Alquería), en el cual se ordenó « a Alquería a pagar a Tampico el 50% de los gastos administrativos de la CCI y los honorarios de los miembros del Tribunal Arbitral, fijados por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, incurridos por Tampico, en el monto de US$130,000.00 » y « el 50% de los costos incurridos por Tampico para su defensa en este arbitraje que equivale al monto de US$635,430.50 » (folio 170).
2. Los hechos relevantes de la solicitud pueden compendiarse así (folios 231-257):
2.1. El 1 de febrero de 2001 las partes celebraron un negocio de licencia de marca, que se ejecutó hasta el año 2009, momento en el cual se presentaron desavenencias respecto a su cumplimiento.
2.2. Concluido el contrato por Tampico, ésta promovió proceso arbitral para que se declarara que su terminación se ajustó a la ley, y se desestimara la existencia de una agencia comercial entre las partes, con una condena de perjuicios por la indebida comercialización de los productos identificados con la marca. Alquería se opuso y formuló demanda de reconvención.
2.3. El laudo final se emitió el 25 de junio de 2012. Los juzgadores accedieron a las súplicas del líbelo inicial, salvo la relativa al pago de la indemnización deprecada. La contrademanda fue desestimada, por no existir entre las partes un contrato de agencia.
3. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó la anulación presentada por Alquería, al encontrar que los árbitros actuaron dentro de sus facultades legales y convencionales (folios 218-224).
TRÁMITE DEL EXEQUÁTUR
1. Esta Corporación, en aplicación del artículo IV de la Convención Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en lo subsiguiente Convención de Nueva York o CNY), inadmitió la solicitud inicial, por faltar el original o copia auténtica del pacto arbitral, y de la constancia de ejecutoria (folios 260-263).
2. Al decidirse el remedio horizontal propuesto contra el anterior proveído, se admitió la demanda y se ordenó correr traslado a la parte afectada, con la precisión que el trámite se sujetaría a los dictados de la Convención de New York, « siempre y cuando la Ley 1563 de 2012 no establezca un régimen más favorable » (folio 314 reverso).
3. Surtido el enteramiento a la demandada, ésta se opuso, alegando que en el proceso arbitral se impidió el ejercicio de sus derechos, se desatendió el procedimiento convencionalmente pactado, y con la decisión se vulneró el orden público internacional de Colombia (folios 578-669).
4. La convocante, a mutuo propio y en desarrollo de los derechos de defensa y contradicción, respondió al anterior escrito oponiéndose a sus fundamentos (folios 705-728).
5. Por auto 1927 de 19 de mayo de 2017, se admitieron como pruebas documentales las allegadas con el libelo inicial, el escrito de oposición, y la respuesta a este último, según el mérito que pudiera asignárseles. De manera opuesta, se negaron las solicitudes probatorias, por no estar previsto, en el trámite de exequatur de laudos internacionales, una etapa para su práctica.
ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN
1. Sostuvo que Tampico, el 4 de febrero de 2009, designó a Eduardo Silva Romero como árbitro, quien aceptó y señaló que no existían situaciones que afectaran su independencia o imparcialidad.
El día 27 del mismo mes y año, esta sociedad, nombró a E Z como abogado de confianza, frente a lo cual, el mencionado juzgador ratificó su declaración de objetividad para decidir, sin que con posterioridad hiciera manifestaciones adicionales, a pesar que, en el formulario de aceptación y en el reglamento de arbitraje de la CCI, expresamente se advierta sobre la divulgación de todos los hechos que puedan afectar la independencia, tales como las relaciones con los apoderados de las partes.
2. Después de la interposición del recurso de anulación contra el laudo se descubrió que, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión -CIADI-, la firma de la cual es socio el señor Silva Romero -Dechert LLP- promovió un proceso en contra de la República de Perú, en el cual se designó a E…Z… como árbitro.
Significa que, « de manera simultánea (i) el apoderado de Tampico en el Arbitraje 16088 (E…Z…) fungía como árbitro en el Caso CIADI; y (ii) el árbitro designado por Tampico para el arbitraje 16088, doctor Eduardo Silva Romero[,] era socio de la firma de abogados que representaba a Convial Callao en el caso CIADI, mismo donde el doctor Z… fungía como árbitro » (folios 608-609). Esta situación era desconocida por los coárbitros.
Tal paralelismo de roles inició el 23 de julio de 2010 (comienzo del proceso ante el CIADI) y concluyó el 25 de junio de 2012 (terminación de la causa administrada por la CCI).
3. Arguyó que la independencia e imparcialidad son componentes estructurales del debido proceso, que se encuentran reconocidos en múltiples tratados sobre derechos humanos, por lo que su desconocimiento debe llevar a la denegación del exequatur, al transgredir el orden público internacional de Colombia, como lo reconoció la Corte en proveído de 27 de julio de 2011.
Aseguró que, varias normas en materia arbitral, incluyendo las directrices de la IBA ( International Bar Association ), reconocen la obligatoriedad de la objetividad de los árbitros, que se expresa, entre otras cargas, en la revelación de todos los factores que puedan comprometerla.
Citó la sentencia C-305 de 2013, en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 15 de la ley 1563, para denotar que el deber de divulgación garantiza la imparcialidad, independencia, debido proceso y buena marcha de la administración. En el mismo sentido, refirió la sentencia de 25 de julio de 2016 del Consejo de Estado.
4. Precisó que « la revelación de las relaciones entre un árbitro y el apoderado de las partes -como es aquí el caso del árbitro, doctor Silva Romero con el apoderado de Tampico E…Z…- es materia que ciertamente cae dentro de las situaciones que deben ser inmediatamente informadas, por corresponder a aquellas que pueden suscitar dudas justificadas acerca de la independencia e imparcialidad del árbitro » (folios 644-645). Así lo consagró el artículo 15 de la ley 1563 y se desprende de las directrices de la IBA, en fundamento de lo cual invocó varios doctrinantes.
Desestimó que, el secreto profesional, pudiera oponerse a la comunicación de los datos relevantes, pues en estos casos el árbitro debe rehusar su designación o renunciar a la misma, como lo previenen las reglas en cita. Tampoco sirve de exoneración que la información sea pública, pues la divulgación es un deber que está en cabeza de los árbitros.
5. Afirmó que « [l]a omisión del árbitro, doctor Silva Romero[,] de informar su relación con el apoderado de Tampico… le impidió a Alquería hacer valer en el Arbitraje 16088 un derecho fundamental » (folio 649), en concreto, contar con un tribunal independiente, pues no pudo recusar al árbitro, conforme lo permitía el artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, lo que atenta contra el orden público internacional de Colombia.
Adicionalmente, el procedimiento arbitral pactado fue desatendido, porque el reglamento en cita imponía a los árbitros ser y permanecer independientes, lo que no sucedió respecto al señor Silva Romero, quien faltó a su deber de develamiento, razón suficiente para negar efectos al laudo, como ha procedido en casos similares el Consejo de Estado y algunos tribunales franceses.
Reiteró que el debido proceso integra el orden público, el que se ve desatendido cuando hay fallas en el proceso de divulgación de hechos relevantes, como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-305 de 2013.
RESPUESTA DE LA DEMANDANTE
1. Aclaró que, el nombramiento del señor Silva Romero como árbitro, fue previa a la designación de E… Z…, y, en todo caso, la composición del tribunal administrado por el CIADI era de público conocimiento, ya que esta información fue difundida a través del sitio web del centro y de revistas especializadas.
Advirtió que el laudo emitido en el nuevo proceso fue adoptado por unanimidad y en contra de los intereses de la parte representada por Dechert LLP, a quien incluso se le negaron las medidas cautelares solicitadas, decisión última que se profirió antes del fallo emitido en el caso 16088.
Descartó, entonces, que existieran circunstancias fácticas que pusieran en entredicho la independencia e imparcialidad del doctor Romero Silva.
2. Aseveró que el opositor edificó sus reflexiones sobre las normas que regulan el arbitraje nacional, las que son exóticas al presente trámite y desatienden el principio de internacionalidad consagrado en la ley 1563.
Precisó que, por ser aplicable a la controversia el derecho chileno, mal podrían invocarse disposiciones nacionales, so pena de vulnerar las máximas de soberanía y territorialidad. Y es que, la valoración de la conducta del árbitro, debe hacerse a la luz del reglamento de arbitraje de la CCI y de las disposiciones del citado país, que incorporan un estándar diverso al doméstico, en tanto carecen de un listado específico de situaciones que deban revelarse, y no prevén la recusación por los defectos en el develamiento.
Frente a las situaciones que deben declarase, trajo a consideración las reglas de la IBA y la Nota de Orientación al Reglamento CCI de 2012, para dilucidar que se no lista, como de imperativa divulgación, la conducta descrita por la Alquería. En todo caso, puntualizó que la deficiente revelación no conlleva, ipso iure , la descalificación del árbitro, mucho menos, la anulación o no reconocimiento del laudo.
3. Explicó que, únicamente la vulneración material y efectiva del debido proceso, podría impedir la homologación, siempre que se traduzca en una afectación del « resultado del arbitraje » (folio 719) y que el tema se haya ventilado en anulación.
Repudió la supuesta privación del derecho de la demandada a presentar su caso ante un tribunal objetivo, pues no está demostrada la actuación parcializada del árbitro Romero Silva; por el contrario, el tribunal constituido ante el CIADI falló en contra de los intereses de la prohijada de aquél, lo que demuestra la ecuanimidad de su decisión en el caso 16088, que se decidió por unanimidad.
Concluyó que la censura se basa en sospechas, carentes de fundamentación fáctica y alejadas de los estándares legales aplicables.
4. Rechazó que la Alquería no alegara, en sede arbitral o de anulación, la supuesta afectación de sus garantías, pues los datos sobre la designación de los árbitro en el proceso CIADI, estuvieron disponibles desde el 23 de julio de 2010. La demora de casi un año en promover la reclamación sugiere que la demandada « consideró que los hechos de los que ahora se queja no suponían una violación a sus derechos… o que… no eran de tal entidad como para ser invocados como causal de anulación… o prefirió guardarse sus alegaciones como un ‘as bajo la manga’ para presentarlas en este proceso » (folio 721).
5. Desechó la vulneración al procedimiento arbitral, en tanto la opositora no justificó su conclusión, más allá de recordar sus quejas sobre la independencia e imparcialidad. En todo caso, amén de la experiencia del doctor Silva Romero, « resulta apenas lógico concluir que si… no reveló que era apoderado en un caso de inversión… es porque tenía plena convicción y conocimiento de que tal situación no es de aquellas que debe ser revelada a las partes de conformidad con el reglamento CCI » (folio 722).
Reiteró que Alquería pudo haber recusado al árbitro dentro del proceso arbitral, por lo que su inacción no puede cohonestarse.
6. Cuestionó que el estándar aplicable a un árbitro nacional, encargado de administrar justicia y, por ende, sometido a los requerimientos de los jueces, pueda extenderse a uno internacional, so pena de atentar contra la soberanía de los estados. Desdeñó que las disposiciones sobre revelación, propias de los juicios domésticos, integren el orden público internacional, pues no fueron duplicadas al regular la materia en la ley 1563.
Despreció que la sentencia C-305/1

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

una audiencia justa que cumpla con los requerimientos mínimos de justicia[footnoteRef:61] . [61: International Council for Commercial Arbitration, op. cit., p. 92 y 93.]
Total que el arbitramento se caracteriza por su informalidad y flexibilidad[footnoteRef:62], por lo que esta causal no puede interpretarse en el sentido de generar un completo rigorismo en la actuación. Su campo de aplicación se limita a los casos en que se desconozcan los derechos de contradicción, defensa, bilateralidad y otros connaturales al debido proceso. [62: Gary Born, International Arbitration: Law and Practice, op. cit., p. 396.]
Alquería, en el sub examine , alegó que su derecho a contar con un tribunal independiente e imparcial fue cercano, aspecto que se desestimó en el numeral 6.5.2. de esta providencia, al que se remite por brevedad.
En adición, se dolió de haber perdido la oportunidad de recusar al árbitro Silva Romero, por la omisión en la revelación de una circunstancia que ponía en entredicho su objetividad.
Al respecto, procede señalar que, según el artículo 11 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, norma aplicable al caso por el acuerdo arbitral pactado entre las partes, « la demanda de recusación deberá ser presentada por la parte interesada dentro de los 30 días siguientes a la recepción por ésta de la notificación de nombramiento o confirmación del árbitro, o dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que dicha parte fue informada de los hechos y las circunstancias en que funda su demanda » (numeral 2).
Este trámite comienza a instancia de parte, para lo cual basta hacer una solicitud, dentro del límite temporal señalado en la normatividad, dirigida a la Corte de Arbitraje de la CCI, quien decidirá previa consulta a todos los interesados (numeral 3 del artículo 11 ibidem).
Luego, Alquería pudo haber ejercicio esta facultad, en los términos convencionales, sin requerir para ello de la comunicación del señor Silva Romero. Su derecho no fue limitado o restringido por el actuar de los árbitros.
Más aún, dado que la información sobre el proceso administrado por el CIADI estaba disponible vía on line[footnoteRef:63] , pudo ser consultada por la demandada y, de encontrarla relevante, invocarla para promover la solicitud de remoción. [63: Folio 672 reverso. ]
Ciertamente, la revelación voluntaria realizada por el señor Silva Romero habría llamado la atención de los interesados para su eventual recusación. Sin embargo, y al margen de aquélla, las partes pudieron haber acudido a esta figura para suplicar el cambio del árbitro, sin mayores exigencias que la oportunidad de su interposición.
En todo caso, este yerro no impidió a la demandada presentar su caso ante el Tribunal, ni la colocó en una situación de indefensión. Por el contrario, sus argumentos de oposición y reconvención, fueron estudiados y decididos en el laudo que ahora pretende homologarse.
Rememórese que la accionada fue vinculada al proceso, participó en las audiencias, pudo expresar sus opiniones libremente, controvirtió los argumentos de la demandante, solicitó pruebas, participó en la recolección de los medios suasorios, y alegó de conclusión, al punto que sobre estos aspectos no erigió censura alguna.
Así las cosas, infiérase que la Alquería pudo hacer valer sus derechos en el proceso y, en todo caso, se admitirse un cercenamiento, el mismo no afectó la posibilidad de plantear sus argumentos en la actuación.
6.6.2. Desatención del procedimiento arbitral.
Prescribe el ordinal iv. del literal a) del artículo 112 de la ley 1563 que se rehusará el reconocimiento, cuando se pruebe que « el procedimiento arbitral no se ajust[ó] al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del país donde se adelantó o tramitó el arbitraje ».
Arguyó la afectada que, en el sub lite , se desatendió el trámite convenido, porque la actuación se siguió sin observarse las reglas sobre independencia e imparcialidad.
Desestímese el anterior razonamiento, por cuanto no se demostró que el árbitro actuara en contravía de lo dispuesto en el reglamento de arbitraje de la CCI, que en su artículo 7 prescribe: «[e]l árbitro deberá dar a conocer inmediatamente y por escrito, tanto a la secretaría como a las partes, cualesquiera hechos o circunstancias [susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia] que pudieren surgir durante el arbitraje ».
Tal precepto consagró un estándar subjetivo de revelación, en tanto se exigió la divulgación de todas las hipótesis que, a criterio del árbitro, considere pueden afectar su imparcialidad[footnoteRef:64]. No se trata de un catálogo taxativo de situaciones, que impusiera la necesaria divulgación de las mismas, ni mucho de un criterio objetivo. Por el contrario, quedó en manos del juzgador la determinación de las circunstancias que deberían ser comunicadas, teniendo como referente las calidades e intereses de las partes. [64: Margaret L. Moses, The Principles and Pratice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press, 2008, Reino Unido, p. 132.]
De hecho, en las declaraciones de independencia se incluyó la siguiente advertencia: « según mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasadas o presentes, que necesiten ser reveladas por ser susceptibles de poner en duda mi independencia desde el punto de vista de cada una de las partes »[footnoteRef:65]. Lo que denota el carácter subjetivo de la calificación de los hechos. [65: Folios 359 y 365.]
Así las cosas, que el señor Silva Romero aplicara la cláusula del reglamento de arbitraje y, a partir de una evaluación razonable, concluyera que no debía comunicar a las partes sobre su participación en otro proceso, mal podría calificarse como un desconocimiento del procedimiento arbitral.
En todo caso, como ya se explicó en esta providencia, existían circunstancias que podían llevar a concluir sobre la innecesaridad de la divulgación, pues se trataba de procesos de naturaleza diferente, con partes extrañas, y causas petendi sin conexión.
Los precedentes razonamientos, permiten desvirtuar la configuración de la causal de denegación que se alegó.
7. Acreditados, como están, los requisitos señalados en la legislación para el exequatur, se accederá al mismo.
8. No habrá lugar a la condena en costas, por la naturaleza del trámite y por no estar demostrada su causación.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve conceder el reconocimiento exequátur del laudo arbitral proferido en el caso n° 16088/JFR/CA, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Sin costas en el trámite.
Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Ausencia justificada)
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Ausencia justificada)
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC9909-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-07-12. C.P. Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo. Rad. 2014-01927-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9909-2017%20%5B2014-01927-00%5D).
