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clave: "corte_suprema:providencia:SC9446-2015 [2009-00161-01]"
titulo: "Corte Suprema: la imputación debe contener « argumentos incontestables »"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2015-07-23"
radicado: "2009-00161-01"
numero: "SC9446-2015"
ponente: "DRA. MARGARITA CABELLO BLANCO"
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# Corte Suprema: la imputación debe contener « argumentos incontestables »

- **Título oficial / radicado:** SC9446-2015 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2015-07-23
- **Radicado:** 2009-00161-01
- **Número:** SC9446-2015
- **Ponente:** DRA. MARGARITA CABELLO BLANCO
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9446-2015%20%5B2009-00161-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC9446-2015%20%5B2009-00161-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE1L0RSQS4gTUFSR0FSSVRBIENBQkVMTE8gQkxBTkNPLzcuLSBKdWxpby9TZW50ZW5jaWFzL1NDOTQ0Ni0yMDE1IFsyMDA5LTAwMTYxLTAxXS5kb2N4/Civil/arrendamiento

## Regla de decisión

La imputación debe contener « argumentos incontestables ».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2369 de 1969
- Decreto 148 de 1979
- Decreto 2059 de 1981

## Extracto

En cuanto a contratos atípicos se refiere, tiene dicho la Corte que: Para ello es necesario que la entidad financiera limite su derecho a la indemnización del seguro, al recupero de su inversión. * Total pagado ________________________________ $65.711.287.00 * Descontado por LESING POPULAR ___________ $31.750.554.00 * Pagado a mi poderdante ____________________ $33.960.733.00 . Interpretación de la conducta concluyente negocial. Se descarta en consecuencia la aplicación por analogía en su totalidad del contrato de arrendamiento y la regla contenida en el artículo 2008 del CC, utilizada por el Tribunal en la sentencia objeto de acusación, ya que no puede olvidarse que en el leasing, no solo se cede el uso y goce del bien escogido por el locatario-arrendatario, sino que además se presenta una modalidad de financiamiento que le genera a dicha parte una especie de crédito indirecto a más de otros beneficios de carácter tributario.

## Cita textual

> no se entiende la razón para que por él se paguen impuestos del año 2008

## Texto del documento

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación n° 11001 31 03 039 2009 00161 01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC9446-2015
Radicación n° 11001 31 03 039 2009 00161 01
(Aprobado en sesión de tres de marzo de dos mil quince)
Bogotá. D. C., veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación que la promotora SOCIEDAD AMBULANCIAS AUXILIOS Y EMERGENCIAS LTDA, a través de apoderado, interpuso frente a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario que la recurrente inició contra LIBERTY SEGUROS S.A.
ANTECEDENTES
1. La empresa de ambulancias arriba mencionada planteó en la demanda las siguientes pretensiones:
“Primera: Declare que LIBERTY SEGUROS S.A en su condición de parte aseguradora, no pagó a la sociedad LEASING POPULAR CFC S.A en su condición de tomador y beneficiario, dentro del mes siguiente a la fecha en que AMBULANCIAS AUXILIOS Y EMERGENCIAS LTDA en su calidad de asegurado, le dio noticia de la ocurrencia del siniestro de la ambulancia marca Nissan, modelo 2005, de placas BSS-484 ocurrido el día 14 de abril de 2007, la indemnización a que estaba obligada en los términos del contrato de seguro contenido en la póliza de seguro No AT 8923 264 de fecha 4 de enero de 2007, incurriendo, por tanto, en mora en el pago de dicha indemnización.
Segunda: Declare que la mora en que incurrió la demandada LIBERTY SEGUROS S.A en el pago de la indemnización a la beneficiaria de la póliza LEASING POPULAR CEC S.A, causó perjuicios a la asegurada, sociedad AMBULANCIAS AUXILIOS Y EMERGENCIAS LTDA en su condición no sólo de asegurada, sino como tercero en el contrato de seguro, perjuicios que deben indemnizarse (sic)”.
Como consecuencia de lo anterior, requirió, a título de perjuicios, el pago de las sumas de dinero discriminadas así: a.-($39.416.544.oo) a razón de las cuotas pagadas a LEASING POPULAR como canon de
arrendamiento
entre mayo de 2007 y abril de 2008; b.- ($5.240.880.oo) por cuotas del seguro del vehículo que se cancelaron entre las mismas fechas; c.- ($140.823.276.oo) por concepto de lucro cesante de la ambulancia, “ a razón de ($12.802.116.oo) por cada uno de los meses transcurridos entre mayo de 2007 y abril de 2008 ” y e.- los intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera sobre todos los valores señalados.
Como soporte fáctico de su reclamación, relacionó los hechos que a continuación se sintetizan:
El 30 de agosto de 2005, la sociedad promotora y LEASING POPULAR, suscribieron un contrato de
arrendamiento
financiero, acorde con el cual la segunda entregó a la primera el rodante de marca Nissan, modelo 2005 de placas BSS-484 que requería para su objeto social, debiendo cancelar a la arrendadora la suma de ($76.000.000.oo) en 36 cuotas mensuales de ($2.847.972.oo).
Una de las obligaciones que adquirió la demandante, fue la de asegurar el vehículo contra todo riesgo, para lo cual realizó el respectivo acuerdo con LIBERTY SEGUROS, según consta en la póliza No AT8923-264, en donde debía figurar como parte asegurada, a pesar de no ser propietaria sino arrendataria y tenedora material del bien objeto del contrato.
El 14 de abril de 2007, el automotor se accidentó declarándose su pérdida total; además uno de sus ocupantes falleció, y el conductor resultó seriamente lesionado.
De manera inmediata a la ocurrencia del siniestro la empresa de ambulancias informó del mismo a la aseguradora, quien desde ese instante asumió la asesoría correspondiente en los temas legales y “ celebró una transacción con los parientes del paramédico fallecido, en virtud de la cual los aspectos atinentes a la responsabilidad civil extracontractual quedaron zanjados ”.
LEASING POPULAR no obstante ser la propietaria, tomadora y beneficiaria del seguro, “ y, de consiguiente, la más interesada en exigir el pronto pago de la indemnización a cargo de LIBERTY SEGUROS, (…) no efectuó, aparte de las formales del caso, ninguna gestión de fondo ante la aseguradora para obtener dicho pago ”, debido a que no se perjudicó con el suceso, teniendo en cuenta que desde su ocurrencia hasta marzo de 2008 recibió de AMBULANCIA AUXILIOS Y EMERGENCIA LTDA el pago de los cánones del
arrendamiento
financiero.
Contrariamente, informa el libelo, la destrucción del vehículo causó “ ingentes perjuicios ” a la empresa demandante, pues desde que se produjo el accidente no pudo explotar el bien económicamente, y adicionalmente, tuvo que pagar los cánones de alquiler generados a partir de su acaecimiento.
En virtud de su interés, la promotora realizó varias peticiones a LIBERTY SEGUROS, quien tan solo un año después de acaecido el accidente, el 8 de marzo de 2008, desembolsó el dinero de la indemnización a LEASING POPULAR, la cual, en el entretanto, no realizó trámite alguno para acelerar el pago del siniestro, causándole grandes perjuicios por la mora en el pago.
3. Admitida la demanda, el extremo pasivo por conducto de mandatario judicial la contestó oponiéndose a la totalidad de las pretensiones y proponiendo las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación de pagar los perjuicios recibidos solicitados en la demanda, con base en un cargo de responsabilidad civil extracontractual; falta de legitimación en la causa; inexistencia de la obligación contractual de indemnizar perjuicios a título de mora o lucro cesante, o por las obligaciones cubiertas a favor de terceros y la genérica”.
4. Luego de agotarse las formas propias del proceso ordinario, se finiquitó la primera instancia mediante proveído de 16 de mayo de 2012 que desestimó las súplicas incoadas, pues básicamente expuso que “ no está demostrado que la demandada LIBERTY SEGUROS S.A haya entrado en mora en el pago de la indemnización ”, y aún de aceptarse que la hubo, no se acreditó el nexo causal entre el hecho generador y el daño.
Frente a la descrita providencia la convocante apeló, dado que consideró la sentencia contraria a la realidad probatoria, en relación con el desconocimiento de la mora alegada en cabeza de la Compañía aseguradora.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Comenzó por recordar que el recurso de alzada se instituyó dentro de nuestro ordenamiento civil en beneficio de la parte a quien le fue desfavorable una providencia, de suerte que se entiende interpuesto en lo perjudicial al recurrente, por ello, anotó, conforme lo negado con el pronunciamiento de primer grado, se hace “ viable la aludida propuesta ”.
Seguidamente, tras memorar que el elemento sustancial relativo a la legitimación en la causa fue apreciado por el juez de primera instancia, dijo que le correspondía averiguar “ si la sociedad demandante alcanzó a recibir perjuicio por eventual incursión en mora en que habría podido incurrir la aseguradora, en relación con la satisfacción indemnizatoria que la realización del riesgo previsto en la contratación del seguro diera lugar” .
Manifestó, que no existe asomo de duda en relación con la “ real existencia del contrato de seguro, al igual que la ocurrencia del siniestro, su cuantía, y la consecuente obligación de cubrimiento indemnizatorio ”, lo que en principio, dijo, daría lugar a admitir que la compañía garante “ incurrió en moratoria al no haber pagado la indemnización dentro de los términos previstos en los artículos 1053, 1077 y 1080 del Código de Comercio, considerando ello con referencia exclusivamente a la ocurrencia del siniestro y a la cuantía de la pérdida; así se hace visible al estudiar si los valores dinerarios cobrados por la demandante corresponden a daños que pueda considerarse como ocasionados por la moratoria”.
Adujo, que según lo convenido en el contrato, el pago de la renta se fijó por períodos mensuales vencidos, a razón de ($2.847.972.oo), cada uno, con inicio el 16 de septiembre de 2005, estableciéndose que “ la obligación de pagar los cánones de
arrendamiento
no se suspenderá por el hecho de cesar temporal o definitivamente el funcionamiento del bien, por cualquier causa no imputable al LEASING ”, además, en relación con las causales de terminación, se aludió a “ las previstas en la ley ”, y merced a lo señalado en el artículo 2008 del Código Civil, el
arrendamiento
de cosas expira “ por la destrucción total de la cosa arrendada ”.
De esa forma concluyó, que al perderse el bien arrendado se enervan “ los efectos jurídicos ” que emanan del acuerdo, por tanto, “ como el pago de la renta equivale a la contraprestación derivada del uso y goce, lo primero que desaparece es la obligación de pagar la renta ”; y continúa exponiendo, que lo anterior hace que la obligación caiga dentro del concepto de imposible cumplimiento “ determinado por la falta de causa ”.
Manifestó que luego del accidente, quedaba desvirtuada para la accionante su carga de “ seguir atendiendo su pago, cuando, por lo demás, conforme lo pactado, la existencia del seguro garantizaba al arrendador el valor de la cosa destruida, circunstancia que de suyo exoneraba al arrendatario, o locatario, del pago en cuestión ”; y añadió que igual argumento se predica del pago de las cuotas del seguro y de la pretensión indemnizatoria por lucro cesante, “ pues siendo obvia inteligencia considerar que destruida la cosa arrendada sus efectos equivalen a su inexistencia ”, aquella cae al vacío, máxime cuando, la cesación del contrato de
arrendamiento
extingue a la vez las obligaciones que para el locatario se originaban en él.
Advirtió, que si el vehículo se destruyó el 14 de abril de 2007, “ no se entiende la razón para que por él se paguen impuestos del año 2008 ”, por ello no hay explicación para reclamar su “ reembolso de la aseguradora, bajo concepto de daño ”; y, prosigue, si de intereses moratorios se trata, ante la improcedencia del cobro de lo principal, “ lo accesorio de suyo queda descartado ”.
A renglón seguido, comentó que en especies como la que es objeto de estudio, para la viabilidad de la súplica indemnizatoria, es fundamental el elemento “ atinente a la existencia cierta del daño causado por culpa del demandado; esto es, que entre la lesión de la víctima y la negligencia del agente dañoso exista estrecha relación de causalidad ”, de donde, explicó, se necesita que el daño pregonado en la demanda se derive de la demora en que incurriera la aseguradora demandada en la cancelación del seguro; aspecto del que reiteró la “ total ausencia de causa ” pues los gastos que hiciera la SOCIEDAD DE AMBULANCIAS obedecieron a su mera liberalidad, “ disposición voluntaria esa que no puede generarle obligación de reparación a la demandada ”.
Concluyó, para ratificar la decisión impugnada, argumentando lo siguiente:
“ terminado el arriendo entre los celebrantes del leasing se extinguen las obligaciones recíprocas de allá generadas, quedando sólo a favor del leasing su derecho a cobrar el seguro; en estas circunstancias, la calidad de asegurado que en la póliza asumiera el locatario no le convierte en titular del interés asegurable, desde luego que el seguro recae sobre la cosa arrendada, que es de propiedad del leasing, todo lo cual conduce necesariamente a la aplicación de la liquidación prevista al caso por las partes en el punto 3 correspondiente a la imputación de la indemnización procedente del seguro (fol. 34. V.) ”.
LA DEMANDA DE CASACION
Con sustento en la causal primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se formularon tres cargos, los cuales se despacharán en el mismo orden propuesto.
PRIMER CARGO
Se acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 897, 899 y 902 del C. de Co.; junto al 2008, 1524, 1517, 1519 del Código Civil; y por falta de aplicación de los preceptos 822, 864, 1053, 1070 y 1080 del C. de Co., concordantes con el1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1602, 2341, 2341, 2343 del Estatuto Civil, como consecuencia de un error de derecho “ consistente en no haber valorado como prueba, en tanto le restó toda eficacia ”, la parte II Condiciones Generales, numeral 4º, parágrafo 3 del contrato de
arrendamiento
financiero, en el que se pactó que la arrendataria estaba obligada “ a continuar el pago de los cánones de
arrendamiento
a pesar de que vehículo arrendado (sic) cesara definitivamente en sus funciones, con lo cual infringió los artículos 174, 175, 177, 183, 187, 251, 252, 277 y 279 del CPC ”.
Para fundamentar el ataque, comenzó por memorar los argumentos utilizados por el Tribunal relacionados con la legitimación en causa por pasiva, la prueba de la culpa de LIBERTY SEGUROS S.A y el perjuicio de AMBULANCIAS AUXILIOS Y EMERGENCIAS LTDA, los que dio por demostrados, amén de la falta de acreditación de la relación de causalidad.
Seguidamente señaló, que “ el soporte exclusivo de la sentencia (…) no es otro que la premisa de que los cánones de
arrendamiento
, las cuotas del seguro, los impuestos, los intereses sobre estas

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

trás, incansablemente ha reiterado la Corte, que “se infringe la ley por vía directa cuando, sin consideración a las pruebas, se deja de aplicar dicha ley, o se la aplica indebidamente, o se la interpreta de manera equivocada…”. (Cas. Civ. Sentencia de julio 7 de 1964. G.J, t. CVIII, p. 56).
Expuesto de otra manera, la vulneración recta de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, sólo se produce cuando, al margen de toda discusión probatoria, el sentenciador deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. Igualmente se ha dicho que, cuando la denuncia se orienta por la vía directa, presupone que el censor viene aceptando plenamente las conclusiones fácticas y probatorias deducidas por el Tribunal.
Recientemente ha sostenido la Corporación que, “cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal”. (Subraya fuera de texto). (CSJ SC Feb. 18 de 2004. Radicación n. 7037, reiterado en CS Oct. 3 de 2013, radicación n. 2000-00896).
2. De otra parte, también ha enfatizado la Corte en multitud de providencias, que en este mecanismo impugnativo, el escrito casacional ha de corresponder a la naturaleza de la acusación; vale decir, las equivocaciones enarboladas no pueden transitar por una senda diferente de las previstas en las disposiciones vigentes, en el entendido que todas ellas sirven a un fin similar, cual es infirmar la decisión cuestionada, pero con autonomía e independencia propias, por tanto, según el error imputado, ese camino ha de ser el que se avenga al sentido del reproche.
En esa perspectiva, cuando se invoca la causal primera de casación, el recurrente no puede fusionar ni entremezclar los aspectos que configuran los yerros estrictamente jurídicos, propios de la vía directa, con aquellos que atañen a lo factual del recurso, reservados para la indirecta.
3. Se trajeron al debate las apuntaciones realizadas porque, los argumentos que estructuraron el ataque devinieron mixturados; agrupándose indistintamente en una misma causal, bastando para ello advertir, que una significativa parte de la exposición que se utilizó en el primer cargo, trazado por la senda indirecta, fue reproducida en esta última censura.
En efecto, la acusación se planteó con arreglo a la primera de las causales que establece el artículo 368 por violación directa de la ley sustancial, como consecuencia de una interpretación errónea del artículo 2008 numeral 1º del CC y por falta de aplicación de los preceptos 864, 1053, 1070 y 1080.2 y 822 del Código de Comercio, en concordancia con otros que citó del Código Civil, describiendo en su fundamentación que, “ aparentemente habría una desarmonía entre el artículo 2008 del C.C y el pacto contractual contenido en el leasing, una y otro transcritos en los antecedentes de esta demanda: conforme a aquel la destrucción del bien arrendado comporta la expiración del contrato de
arrendamiento
, lo que implica la extinción de las obligaciones de las partes (…) ”.
Después, al entrar en el estudio de las diferencias que según el censor existen entre el
arrendamiento
civil y el financiero manifestó:
“ Sin embargo, establecida la circunstancia de que el
arrendamiento
leasing envuelve un mecanismo de financiación con miras a la adquisición final del bien por el arrendatario, naturaleza y finalidad de suyo absolutamente ajenas al
arrendamiento
civil, bajo ningún concepto, como equivocadamente lo hizo el Tribunal, puede predicarse que la terminación del contrato de
arrendamiento
civil por destrucción de la cosa, por remisión regule en sus efectos la terminación del
arrendamiento
financiero por la misma causa.
Es que siendo uno y otro contratos distintos, así algunos de sus elementos puedan identificarse, automáticamente no puede adjudicárseles regímenes idénticos. (…) ”.
Esa tendencia de incursionar en lo factual de la decisión, que quedó evidenciada en los apartes trasuntados precedentemente, se patentizó más adelante al señalar:
“ Entonces, al haber interpretado el Tribunal que el artículo 2008-1 del CC, admitía una inteligencia tal que, además de regular la terminación del contrato civil de
arrendamiento
por destrucción de la cosa, regulaba la terminación del
arrendamiento
financiero, incurrió en un grave error de exégesis sobre su contenido, pues, como quedó demostrado, dadas las significativas diferencias entre uno y otro contratos, tal aplicación analógica no resultaba procedente.
(…)
La sentencia dejó de aplicar, por cuanto negó toda eficacia al pacto celebrado entre mi poderdante y LEASING , el artículo 864 del C. de Co. Que define el contrato comercial. (…) ”. (Subraya fuera de texto).
Bajo esa orientación, el recurrente no cuestiona estrictamente el proceder del sentenciador, en el sentido de inaplicar la ley, interpretarla erróneamente o hacer operar la que no correspondía, formas estas de trasgredir la normatividad rectamente. Lo que el censor confuta son las conclusiones del Tribunal, incluso se duele de desconocer la eficacia del negocio jurídico de leasing financiero suscrito entre las partes, es decir, está en desacuerdo con los análisis efectuados y las inferencias extraídas del proceso y sus pruebas; hay una discrepancia evidente frente a los razonamientos del fallador.
En otros términos, el impugnante desplazó la censura a un desacuerdo en lo fáctico y no lo centró únicamente en lo jurídico, por lo menos, no de manera directa como así lo planteó.
Habida cuenta de las razones comentadas, el cargo no puede abrirse paso toda vez que no se avino a las exigencias formales del artículo 374 del C. de P. C, así que fracasa la acusación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
RESUELVE
Primero.- NO CASAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario que la recurrente inició contra LIBERTY SEGUROS S.A.
Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) M/cte., por haber sido objeto de réplica.
NOTIFÍQUESE
LUÍS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
(Magistrado Impedido)
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC9446-2015 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2015-07-23. C.P. DRA. MARGARITA CABELLO BLANCO. Rad. 2009-00161-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC9446-2015%20%5B2009-00161-01%5D).
