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clave: "corte_suprema:providencia:SC876-2018 [2012-00624-01]"
titulo: "Corte Suprema: no puede confundirse el error de hecho con la simple inconformidad del recurrente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-03-22"
radicado: "2012-00624-01"
numero: "SC876-2018"
ponente: "Ariel Salazar Ramirez"
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# Corte Suprema: no puede confundirse el error de hecho con la simple inconformidad del recurrente

- **Título oficial / radicado:** SC876-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-03-22
- **Radicado:** 2012-00624-01
- **Número:** SC876-2018
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramirez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC876-2018%20%5B2012-00624-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC876-2018%20%5B2012-00624-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbWlyZXovMy4tIE1hcnpvL1NlbnRlbmNpYXMvU0M4NzYtMjAxOCBbMjAxMi0wMDYyNC0wMV0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

No puede confundirse el error de hecho con la simple inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciación que se efectúa de los elementos de persuasión que obran en el proceso.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2649 de 1993
- Ley 80 de 1993

## Extracto

Por lo tanto, como el recurrente no atacó la anterior conclusión, consistente en la ausencia de prueba del incumplimiento contractual por no haberse establecido las obligaciones de cada parte, se concluye que aun de probarse el yerro alegado la acusación carecería de trascendencia, pues al mantenerse en pie uno de sus pilares, la sentencia se mantendría incólume. Luego, si en la impugnación se presenta simplemente un ejercicio de ponderación probatoria diferente, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración del inocultable yerro apreciativo. Tal evidencia no se allegó, razón por la que desestimó el petitum. Se condena en costas del recurso extraordinario al impugnante.

## Cita textual

> los libros sólo constituyen un principio de prueba a favor del comerciante que necesariamente debe ser completado con otras pruebas legales

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-017-2012-00624-01
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
SC876-2018
Radicación n.°11001-31-03-017-2012-00624-01
(Aprobado en sesión de primero de noviembre de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
La Corte decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 19 de febrero de 2016, en el proceso ordinario de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. Las pretensiones
Herbert García Tricoche y Sylvia Acevedo de García demandaron a Orlando Hernández Hernández, Carlota Patricia Páramo de Hernández, Alejandro Hernández Páramo, Claudia Patricia Hernández Páramo y Coherpa S.A.S. para que se declare que incumplieron el «acuerdo privado de cesión de derechos» suscrito el 5 de abril de 1994 y se les condene a pagar $18.552.476.648,23 por lo que les corresponde, así como los perjuicios por daño emergente y lucro cesante que se demuestren.
Subsidiariamente, pidieron que se proclame que los demandados son responsables por los daños causados «antecedentes, concomitantes y subsiguientes» al mencionado pacto. (Folio 539, cuaderno 1 tomo II)
B. Los hechos
1. Herbert García Tricoche y Orlando Hernández Hernández eran socios de Icein Ltda., y cada uno era dueño de la mitad del capital social.
2. También eran socios, junto con Sylvia Acevedo de García y Coherpa Ltda., de Indugravas Ltda., cada uno con el 25% de participación.
3. El 24 de diciembre de 1993, Herbert García Tricoche y Orlando Hernández Hernández celebraron un contrato de promesa de compraventa. El primero se comprometió a cederle al segundo sus cuotas en las dos sociedades mencionadas.
4. El 5 de abril de 1994, mediante las escrituras públicas Nos. 905 y 906 de la Notaría 10 de Bogotá, se protocolizaron las reformas a los estatutos de Icein e Indugravas, respectivamente.
5. En el primer instrumento se aprobó la cesión de las cuotas sociales que hizo Herbert García Tricoche a Orlando Hernández Hernández, Carlota Patricia Páramo de Hernández, Alejandro Hernández Páramo, Claudia Patricia Hernández Páramo y Coherpa. En el segundo, se aprobó la cesión de las cuotas sociales que hicieron Herbert García Tricoche y Sylvia Acevedo de García a favor de Coherpa y Orlando Hernández Hernández.
6. En la misma fecha, los cedentes y cesionarios suscribieron el documento titulado «ACUERDO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS», en el que acordaron:
6.1. El precio por la cesión, más el 50% «del Good Will por el buen nombre de las sociedades», era $1.002.224.800,oo. El pago de la mitad dijo entregarse en la misma fecha; la suma restante, en tres cuotas por $167’204.133,33, cada una, exigibles los días 5 de octubre de 1994, y 5 de abril y 5 de septiembre de 1995, las cuales «estarán representadas en un pagaré que por igual valor e iguales condiciones suscriben en esta misma fecha…». (Folio 353, cuaderno 1 tomo I)
6.2. Los cesionarios se comprometieron a garantizar los pagos con una garantía «bancaria o hipotecaria».
6.3. También se obligaron a reconocerle a los cedentes:
… una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de todos los ingresos netos que perciban las sociedades ICEIN LIMITADA e INDUGRAVAS LIMITADA, por concepto de los contratos que se relacionan a continuación, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que el respectivo pago se verifique por parte de la entidad contratante, para lo cual les remitirá los comprobantes que justifiquen el pago.
Los contratos que relacionaron fueron: i) el número 187/93 suscrito con el Fondo Vial Distrital-Fosop; ii) el número 198/93 suscrito con el Fondo Vial Distrital-Fosop; iii) el número 108/93 suscrito con la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca; iv) el número 0818/93 suscrito con el Fondo Aeronáutico Nacional; v) el número 267/83 suscrito con el Fondo Vial Nacional; vi) el número 562/84 suscrito con el Fondo Vial Nacional; vii) el número 385/86 suscrito con el Fondo Vial Nacional; viii) el suscrito con el Municipio de Floridablanca para la construcción de intercambiadores sobre la autopista Bucaramanga-Piedecuesta; y ix) el número 256/93 suscrito con el Área Metropolitana de la citada ciudad. (Folio 355, cuaderno 1, tomo I)
6.4. En la cláusula «Cuarta» pactaron:
LOS CEDENTES y LOS CESIONARIOS responderán solidariamente y por iguales partes –y se beneficiarán de igual manera- de todos los activos y pasivos contingentes de las sociedades ICEIN LIMITADA a INDUGRAVAS LIMITADA, que tuvieren causa u origen antes del 31 de diciembre de 1993, que expresamente no se hubieren incluido e identificado en los balances de las sociedades cortados a esa fecha, especialmente los relacionados con el denominado CONSORCIO GRANDICON-ICEIN. (Folio 356, cuaderno 1, tomo I)
7. Los demandados solo han cumplido parcialmente lo acordado. i) En relación con las 3 cuotas correspondientes al 50% de la venta, adeudan $97.119.151; ii) en relación con el 5% del ingreso por los contratos 187/93, 198/93, 108/93, 267/83, 562/84, 385/86, 256/93 y el celebrado con el Municipio de Floridablanca adeudan $97’978.922,47; iii) por activos contingentes que tuvieron «causa y origen antes del 31 de diciembre de 1993», las sumas de $18.056.615.810,15., correspondientes a la concesión «Sabana de Occidente (EL VINO)», y $119.301.413,77 por concepto de conciliaciones, sumas que deben actualizarse.
C. El trámite de las instancias
1. Admitida la demanda, el 22 de febrero de 2013, se dispuso su traslado a los demandados.
2. Orlando Hernández Hernández, Carlota Patricia Páramo de Hernández, Alejandro Hernández Páramo, Claudia Patricia Hernández Páramo y Coherpa S.A.S. se opusieron y formularon las excepciones que titularon: «inexistencia de la obligación o de la partida por valor de $18.056.615.810… por no ser la misma: a) un activo contingente, b) no tener origen ni causa antes del 31 de diciembre de 1993 y c) se hace provenir de la apertura de una licitación que fue declarada desierta», «prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales y prescripción extintiva de los derechos a que alude la demanda», «pago total del valor de la cesión de cuotas de interés social en las sociedades Icein Ltda. e Indugravas Ltda., y en sentido contrario, sumas a favor de Icein Ltda. por concepto de mayores pagos por el pago de lo no debido. La cesión, contrato doblemente solemne sólo se perfecciona y puede modificarse con el cumplimiento de las solemnidades; siendo inoponibles a ella cualesquiera pactos privados entre las mismas partes», «…existencia de pasivos contingentes a cargo de los demandantes; pasivos que suspenden el pago de las sumas recaudadas hasta la determinación de su cuantía final», «…haberse pactado los pagos sobre ingresos netos. Consecuencia de tal calificación para los pagos realizados bajo tal concepto», «la pretensión principal de la demanda incoada no arroja la consecuencia de ninguna indemnización de perjuicios, ni la actualización de condenas, como tampoco, condena alguna por intereses moratorios y su capitalización», «la actuación de la parte demandada se enmarca estrictamente dentro de los principios de la buena fe contractual. No así la de la parte demandante», «la compensación como modo de extinguir obligaciones», «indebida aplicación que hace la parte demandante de los pagos recibidos, derivados de las contingencias con causa u origen antes de diciembre 31 de 1993».
3. El juzgador de primera instancia, en providencia de 18 de septiembre de 2014, negó las pretensiones de la demanda y declaró «improbada la excepción de prescripción». (Folio 1608, cuaderno 1, tomo IV)
El acuerdo privado —sostuvo— obligaba a las partes a su cumplimiento, y sus efectos no habían prescrito al reconocer los demandados la deuda a favor de los actores. Consideró necesario «acudir a la interpretación contractual», en especial de la cláusula «cuarta» del citado documento, y encontró que para la determinación del monto del 5% que le correspondía a los actores sobre de las sumas recibidas por Icein e Indugravas, debían tenerse en cuenta los activos y pasivos «contingentes», y esa liquidación era una «obligación suspensiva positiva» que no se cumplió . Agregó que el contrato de Concesión Sabana de Occidente no era un activo contingente.
En relación con los pagos de las cuotas sociales, advirtió que para el efecto se firmó un pagaré, con lo que se extinguió la obligación por ser el título un medio de pago.
Tampoco encontró demostradas las pretensiones subsidiarias, porque no se probó la mala fe de los citados.
4. Las dos partes apelaron.
Los demandantes reiteraron las razones de su libelo inicial. También alegaron que el juez cambió el sentido del acuerdo privado; acogió conceptos jurídicos aportados por su contraparte; no valoró las confesiones sobre la improcedencia de descuentos por concepto de pasivos contingentes; tuvo en cuenta un peritaje que se hizo con base en una contabilidad no exhibida; descartó información fidedigna e imparcial y acogió otra que no lo era; adujo equivocadamente que el medio de pago del 50% de las acciones fueron títulos valores, pese a que el pagaré tan solo se suscribió como garantía, y se acreditó la mala fe de los demandados. Además, los ingresos correspondientes a la Concesión Sábana de Occidente debían tenerse como activos contingentes, porque la participación de Icein en la misma tuvo origen en una licitación cuya apertura se produjo el 21 de diciembre de 1993.
Los demandados manifestaron que el juez omitió condenar en perjuicios a los demandantes «por la falta de razonabilidad… en el juramento estimatorio», y desestimó su excepción de prescripción, sin tener en cuenta el «nuevo sistema prescriptivo en asuntos societarios».
D. La sentencia impugnada
El Tribunal Superior de Bogotá, el 19 de febrero de 2016, adicionó la sentencia apelada para declarar que la demandante Silvia Acevedo de García no tenía legitimación en la causa. En lo demás, la confirmó. (Folio 149, cuaderno 16)
Consideró que la mencionada actora carecía de legitimación porque la persona a quien le dio poder para que suscribiera en su nombre el «acuerdo privado de cesión de derechos» no lo hizo.
La existencia de tal documento se acreditó. El pago del 50% del valor pactado para la cesión de derechos se demostró con la entrega de un pagaré al momento de la firma, ya que las partes establecieron que el dinero respectivo «estaría representado» por ese documento. Además, el tenedor del título no lo devolvió a su girador.
El pago del 5% de los ingresos recibidos debía analizarse en armonía con la «promesa de celebración del negocio jurídico», del que se deducía que la finalidad de los contratantes era «ceder los derechos en un insoslayable principio de solidaridad en los activos y pasivos» con causa u origen anterior al 31 de diciembre de 1993, que no fueron incluidos en los balances. Por tal razón «hasta tanto no se establezca el valor real de esos componentes no surgirá el derecho a reclamar suma alguna», porque antes de ese momento no era posible conocer el monto adeudado.
No era cierto que los demandados tuviesen que reconocer el «5% de todos los ingresos netos», porque tuvieron que tenerse en cuenta los activos y pasivos contingentes, cuya definición halló en normas internacionales contables y el Decreto 2649 de 1993.
No se demostró el
incumplimiento del contrato
. Los peritajes aportados por los litigantes no tenían bases sólidas. El de los actores debido a que el experto hizo cálculos sin atender los pasivos contingentes, se elaboró con base en la información que los interesados le entregaron sin tener en cuenta soportes contables y sin explicar su metodología. El otro, porque «no observó los parámetros legales sobre la contabilidad».
La Concesión Sabana de Occidente —explicó— no constituía un activo contingente, ya que «se trata de una circunstancia ulterior al 31 de diciembre de 1993», pues la licitación abierta con tal propósito se declaró desierta, y la contratación directa posterior tuvo origen en una invitación realizada en el año 1994.
Tampoco se acreditó la existencia de conductas contrarias a la buena fe contractual de los citados, referidas en las pretensiones subsidiarias.
La inconformidad de los demandados no podía prosperar, pues no debía resolverse sobre la prescripción alegada ya que no se encontraron satisfechos los fundamentos de las pretensiones; y no se reunieron los requisitos para imponer sanciones por la falta de razonabilidad del juramento estimatorio.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los recurrentes propusieron un único cargo con sustento en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso. Alegaron la existencia de errores de hecho y de derecho violatorios de los artículos 1505, 1546, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1622, 1627, 1649 y 2186 del Código Civil, y 833, 870 y 884 del Código de Comercio.
CARGO ÚNICO
1. El Tribunal declaró que Silvia Acevedo García no tenía legitimación en la causa, conclusión con la q

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

% de los contratos que allí relacionaron y la mitad de los «activos contingentes», asumieron, junto con los demandados, la mitad de las obligaciones que llamaron «pasivos contingentes» con causa y origen anteriores al 31 de diciembre de 1993, hechos que fueron pacíficos en el proceso.
Como los demandantes debían asumir tales obligaciones, era necesario determinar las sumas que las partes se adeudaban entre sí, pues solo con tal certeza era posible establecer si existía, o no, una deuda a su favor. Tal evidencia no se allegó, razón por la que desestimó el petitum.
La parte actora reconoció en su demanda que recibió pagos, que adujo fueron parciales, pero, no obstante, no relacionó el quantum de los pasivos contingentes a su cargo. Los demandados alegaron que pagaron las sumas debidas, y que tuvieron en cuenta los pasivos que su contendiente no mencionó. Alegaron, incluso, que le debían dinero por tal concepto.
No obstante lo anterior, ningún medio de prueba permitió establecer que, atendiendo el mencionado cruce de obligaciones, las demandadas hubiesen incumplido lo acordado y adeudaran algo a los actores.
Los dos peritajes traídos al proceso no sirvieron para probar tales hechos, pues su elaboración careció de todo rigor. En efecto, los mismos expertos afirmaron que no consultaron la contabilidad de Icein Ltda. El perito que elaboró el trabajo presentado por la parte recurrente, manifestó que sus cálculos tuvieron como fuente la información que los propios demandados le entregaron y que elaboraron «a mano». Además, que no tuvo en cuenta los pasivos contingentes, pese a que los mismos debieron atenderse, por haber sido asumidos por ambos extremos.
Las cifras resultantes, por lo tanto, fueron el fruto de la apreciación de datos inciertos o imprecisos, de los que no existe certeza alguna de fiabilidad. Las conclusiones de tales trabajos no fueron la consecuencia de la aplicación del propio discernimiento de los expertos sobre bases objetivas y verificables, y, por ello, la decisión no podía sustentarse en los mismos.
Además, aunque en la demanda se hizo el juramento estimatorio, tal acto no relevaba a los actores de acreditar la existencia del perjuicio. La prueba del incumplimiento y del menoscabo derivado del mismo era necesaria para la estimación de las pretensiones. Incluso, el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso establece una sanción al litigante «…en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios…» , ello con el condicionamiento establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013
.
En tal orden, y ante la falta de demostración del incumplimiento imputado a la parte demandada por los conceptos aludidos, debía negarse el petitum, tal y como lo hizo el Tribunal.
De otra parte, en lo que tiene que ver con las sumas correspondientes a la denominada «Concesión Sabana de Occidente S.A.» , se allegaron los oficios 2013-306-003171-1 (folio 953, cuaderno 1, tomo III) y 2013-704-003032-1 (folio 959, cuaderno 1, tomo III), ambos de la Agencia Nacional de Infraestructura.
La citada autoridad informó que la apertura de la licitación pública para dicho proyecto, de referencia 094 de 1993, fue el 21 de diciembre de 1993, y la misma se declaró desierta mediante la «Resolución No. 004877 de 27 de junio de 1994».
También indicó que en virtud del Decreto 855 de 1994 —año siguiente al estipulado por las partes como corte para la causación de los activos y pasivos contingentes—, el Invias, mediante oficio OC-9557 de 28 de junio de 1994, «invitó a MARIO HUERTAS, CONCAY, ICEIN LTDA., ESTUDIOS TÉCNICOS S.A., AGUILAR CONSTRUCCIONES Y CIA. LTDA., PAVIMENTOS COLOMBIA LTDA. Y CORFIGAN S.A. a presentar oferta dentro del proceso de contratación directa».
Y luego, dicho ente, mediante oficio DG-10904 de 22 de julio de 1994 «aceptó la propuesta hecha por MARIO HUERTAS, CONCAY, ICEIN LTDA., ESTUDIOS TÉCNICOS S.A., AGUILAR CONSTRUCCIONES Y CIA. LTDA., PAVIMENTOS COLOMBIA LTDA. Y CORFIGAN S.A., presentada para el Proyecto Santa Fe de Bogotá — El Vino, dentro del proceso de contratación directa».
De tales documentos se puede establecer, tal y como lo hizo el ad quem, que la invitación para la contratación directa se produjo en una fecha posterior al 31 de diciembre de 1993, hito temporal fijado por las partes en el contrato de cesión para el reconocimiento de los «activos contingentes».
Tal invitación, y posterior presentación de la propuesta, fueron la «causa u origen» del contrato No. 447 de 1994, pues la propuesta presentada en virtud de la licitación abierta el 21 de diciembre de 1993, y que es origen del reclamo por parte del recurrente, fue desestimada por no reunir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
La eventual expectativa que el cedente podía tener en el marco de la licitación pública No. 094 de 1993, culminó cuando la misma fue declarada desierta mediante un acto administrativo cuya firmeza no fue cuestionada en el trámite.
Es decir, el contrato del que los actores persiguen beneficios, tal y como se deduce de los documentos citados, se concretó gracias a una invitación, presentación de una propuesta y posterior aceptación de la misma, posteriores al 31 de diciembre de 1993, y, en consecuencia, no hizo parte de acuerdo supuestamente incumplido.
Entonces, la sentencia, confrontada con las evidencias y las posiciones asumidas por las partes a lo largo del trámite, respetó la ley y las garantías de los litigantes, y sus conclusiones no lucen desacertadas al punto de causar un quebranto a sus prerrogativas superiores, por lo que se mantendrá incólume.
5. Se condenará en costas a la parte recurrente, en aplicación del inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 19 de febrero de 2016, dentro del asunto referenciado.
Se condena en costas del recurso extraordinario al impugnante. Liquídense por Secretaría, incluyendo la suma de $4.000.000,oo, como agencias en derecho a favor del no recurrente, en atención a que formuló oposición en esta sede.
Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
� Vid. Auto de 18 de noviembre de 2009, expediente 00035.
� CSJ. AC. sep. 11 de 2015, rad. 2010-00267.
� Según dicha Corporación, la norma es exequible: «bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado».
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC876-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-03-22. C.P. Ariel Salazar Ramirez. Rad. 2012-00624-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC876-2018%20%5B2012-00624-01%5D).
