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clave: "corte_suprema:providencia:SC8453-2016 [2014-02243-00]"
titulo: "Corte Suprema: no serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre motivos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2016-06-23"
radicado: "2014-02243-00"
numero: "SC8453-2016"
ponente: "Ariel Salazar Ramirez"
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# Corte Suprema: no serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre motivos

- **Título oficial / radicado:** SC8453-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2016-06-23
- **Radicado:** 2014-02243-00
- **Número:** SC8453-2016
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramirez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC8453-2016%20%5B2014-02243-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC8453-2016%20%5B2014-02243-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbWlyZXovNi4gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzg0NTMtMjAxNiBbMjAxNC0wMjI0My0wMF0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Entre los asuntos que por su naturaleza no son objeto de arbitramento se encuentran los relacionados con el estado civil de las personas, las cuestiones relativas a los derechos de los incapaces y los conflictos sobre los derechos mínimos de los trabajadores.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 315 de 1996
- Decreto 1818 de 1998
- Ley 1563 de 2012

## Extracto

La Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos contempla el recurso de anulación, el cual no suspende el cumplimiento del laudo salvo solicitud de la parte interesada, y el Código de Texas sobre Práctica Civil y Recursos (Capítulo 172) alude a la posibilidad de proferir laudo arbitral parcial, que es exigible de la misma manera que el final (sec. 172.143); no refiere a la procedencia de recursos, y establece que dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo, podrá el interesado solicitar al tribunal del condado que se pronuncie sobre la declaración de competencia, pero el proceso arbitral continúa aun encontrándose pendiente la decisión de la autoridad judicial (sec. 172.082). En consecuencia, existen ciertas materias que, por su naturaleza no transigible ni sujeta a disposición, deben necesariamente ser resueltas por los jueces de la República »

## Cita textual

> la autoridad judicial competente podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a este idioma

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación nº 11001-02-03-000-2014-02243-00
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado Ponente
SC8453-2016
Radicación n° 11001-02-03-000-2014-02243-00
(Aprobado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Decide la Corte sobre la solicitud de reconocimiento promovida por HTM LLC, respecto del laudo arbitral parcial final proferido el 31 de marzo de 2014 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, sede Houston, Texas, Estados Unidos de América.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
La demandante, a través de apoderado judicial, solicita conceder reconocimiento a la decisión referenciada, mediante la cual se solucionó de manera definitiva la controversia que existió entre ella y Fomento de Catalizadores Foca S.A.S, en relación con: (i) la validez del pacto arbitral bajo la ley del Estado de Texas, Estados Unidos de América y bajo la ley colombiana; y (ii) la jurisdicción del tribunal arbitral constituido de conformidad con el reglamento de arbitraje « de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ». [Folio 93]
B. Los hechos
1.
La sociedad norteamericana HMT LLC celebró el 1º de mayo de 2011 con Fomento de Catalizadores Foca S.A.S., compañía colombiana, un contrato comercial denominado « Agency Agreement », cuyo objeto consistía en que la empresa nacional actuaría como representante de ventas de la extranjera en Colombia, convenio que podría ser terminado por cualquiera de las dos con justa causa.
2. Las contratantes acordaron que el mismo se regiría por la ley del Estado de Texas, Estados Unidos de América y que cualquier disputa sobre la interpretación, derechos, obligaciones u otros asuntos relacionados con el negocio, sería resuelto a través de arbitraje de acuerdo con las « reglas, conciliación y arbitraje de la cámara de Comercio Internacional. El laudo del panel de arbitraje será definitivo y de obligatorio cumplimiento para las partes al presente y la sentencia sobre el laudo emitido puede ser presentada en cualquier corte con jurisdicción competente de este. El arbitraje será conducido en Houston, Texas, EE.UU ». [Folio 96]
3. El 13 de julio de 2012, al encontrar varias irregularidades en la ejecución de los compromisos de su contraparte, la peticionaria decidió terminar por justa causa la relación contractual. [Folio 96]
4. En virtud de lo anterior, el 5 de abril de 2013 la demandante presentó una solicitud ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, para que el asunto fuera dirimido mediante arbitramento, y se declarara que el contrato culminó por incumplimiento de Foca, y en consecuencia, debía indemnizarla y pagarle los costos de defensa. [Folio 97]
5.
La convocada a ese trámite objetó la jurisdicción del Tribunal Arbitral para conocer de la controversia, con sustento en que de conformidad con lo estatuido por el artículo 1328 del Código Comercio colombiano, los contratos de agencia comercial ejecutados en el territorio de este país, se rigen por la ley nacional y cualquier estipulación en contrario debe tenerse por no escrita, de ahí que las estipulaciones del convenio atinentes a la aplicación de las normas del Estado de Texas al negocio jurídico, y la misma cláusula compromisoria contrariaban el orden público de la Nación, y por lo tanto no eran válidas. [Folio 43]
6. En laudo de 31 de marzo de 2014, se rechazaron las objeciones jurisdiccionales formuladas por el demandado y, en consecuencia, se declaró que el « Tribunal de Arbitramento tiene jurisdicción para escuchar y para decidir sobre las reclamaciones afirmadas en este arbitraje », luego de considerar que según la Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos y las normas de Colombia que regulan la misma materia (artículos 62, 69, 70 y 79 Ley 1563 de 12 de octubre de 2012) se podía extraer que: (i) la cláusula compromisoria de la sección 12 (c) del contrato, en donde las partes acordaron que la sede de arbitraje fuera Texas y el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional rigiera el procedimiento, es válida y exigible; y, (ii) que el Tribunal de Arbitramento tiene « jurisdicción para decidir acerca de su propia jurisdicción » aún si la existencia o validez del acuerdo es objetada ( Lex arbitrii ), sin interferencia de las cortes nacionales, « y sin la obligación de diferir a la decisión previa de las cortes nacionales las objeciones planteadas contra su jurisdicción ». [Folios 52 a 54]
7. De otra parte, el artículo 1328 del Código de Comercio colombiano -sostuvo el fallador foráneo- sólo alude a « la aplicación de las leyes colombianas a los contratos de agencia comercial », sin considerar la jurisdicción de las cortes de dicho país, de manera que a este precepto sólo puede dársele el significado «concerniente a la ley propia de un contrato de agencia comercial pero no respecto de la jurisdicción de cortes nacionales», sin que el panel arbitral esté adelantando opinión alguna, no determinando « asuntos de la ley aplicable a los méritos ». [Folio 54]
C. El trámite en esta instancia
1. El 31 de octubre de 2014, se admitió la demanda y de ella se dio traslado a la demandada y al Procurador Delegado en lo Civil. [Folio 217, c.1]
2. La convocada solicitó que se negara el reconocimiento, para lo cual adujo que si bien fue pactada una cláusula compromisoria, la misma era ineficaz acorde con lo dispuesto en los artículos 869, 887 y 1328 del Código de Comercio, toda vez que en el contrato se dispuso que la ley aplicable a éste sería la del Estado de Texas, Estados Unidos de América, lo que contraría lo previsto en la última de esas normas, que es de orden público y conforme a la cual « …los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas », por lo que la diferencia suscitada entre las partes « no era susceptible de un arbitraje bajo las leyes del Estado de Texas ». [186 a 195]
3. La funcionaria del ente de control se pronunció sobre los hechos aducidos en la petición, y manifestó que no se oponía a las pretensiones de la solicitante siempre que la providencia materia de homologación cumpla los requisitos de ley. [Folio 216 a 230]
II. CONSIDERACIONES
1. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los juzgadores de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces o tribunales arbitrales de territorios extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.
Tal excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias y laudos dictados en otras Naciones se les otorgue validez en la nuestra.
Precisamente, en el contexto de la contratación mercantil, que en el mundo contemporáneo involucra, cada vez más, actores de diferentes nacionalidades, debido a la tendencia a expandirse que tienen los mercados y las empresas traspasando las fronteras de los países, el reconocimiento y ejecución de veredictos foráneos es una importante herramienta para dotar de seguridad jurídica a las relaciones comerciales y promover el crecimiento de las economías locales.
En ese ámbito, dada la agilidad y dinamismo con que se desarrolla el comercio además de la condición de los contratantes, el mecanismo del arbitramento es considerado como el foro natural de las controversias.
La normatividad colombiana no ha sido ajena a esa realidad; por el contrario, desde la Ley 315 de 1996 aceptó la posibilidad de que los nacionales (personas naturales o jurídicas) acudieran al arbitraje internacional para resolver diferencias suscitadas con contratantes extranjeros.
Dicha reglamentación consagró los parámetros bajo los cuales podía considerarse internacional el arbitramento, la normatividad aplicable, la definición de « laudo internacional extranjero », la extensión de la justicia arbitral y el procedimiento a seguir desde la solicitud de arbitraje hasta el reconocimiento y ejecución del laudo, pero guardó silencio en cuanto a los motivos conforme a los cuales procedía negar la homologación pretendida por una de las partes.
En su artículo 2°, relativo a la normatividad aplicable estableció que el arbitraje internacional « se regirá en todas sus partes de acuerdo con las normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolos y demás actos de Derecho Internacional suscritos y ratificados por Colombia , los cuales priman sobre las reglas que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio . También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del Tribunal, la cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero » (subrayas fuera del texto original) .
Dicha disposición fue incorporada en el artículo 197 del Decreto 1818 de 1998 a través del cual se expidió el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
Ambas regulaciones se hallaban vigentes a la fecha de celebración del contrato denominado « Agency Agreement » entre HMT LLC y Fomento de Catalizadores Foca S.A.S., pues su derogación se produjo con la Ley 1563 de 2012 que comenzó a regir el 12 de octubre de ese año; sin embargo en virtud de lo estatuido por el artículo 119 de la última, la nueva normatividad disciplina los procesos arbitrales que se promuevan después de entrar en vigor, de ahí que es aplicable a la presente solicitud de reconocimiento de laudo, dado que su radicación tuvo lugar con posterioridad a que aquélla entrara en vigencia.
Además, el artículo 114 de la citada ley en lo atinente a la normatividad aplicable al reconocimiento del laudo internacional, preceptúa que «se aplicarán exclusivamente las disposiciones de la presente sección y las contenidas en los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia. En consecuencia, no serán aplicables las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre motivos, requisitos y trámites para denegar dicho reconocimiento, disposiciones que se aplicarán únicamente a las sentencias judiciales proferidas en el exterior » (subrayado propio) .
Significa lo anterior que, en materia de reconocimiento de laudos arbitrales proferidos en el exterior, el conjunto normativo cuya aplicación se impone a partir del 12 de octubre de 2012 -fecha en que entró en vigencia la Ley 1563- está integrado por la sección tercera de esa regulación y los instrumentos internacionales incorporados al ordenamiento jurídico positivo por haber sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano.
A contrario sensu , los artículos 694 y 695 del estatuto procesal, el primero de los cuales establece los requisitos a cumplir para que las providencias extranjeras surtan efectos en el país, y el otro, fija el trámite que debe otorgarse a la solicitud de exequátur, a partir de la vigencia de la Ley 1563 no son aplicables por mandato expreso del legislador, por lo que acorde con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, se habría producido una insubsistencia de tales normas únicamente en lo que atañe a los laudos arbitrales, pues conservan vigencia en relación con las sentencias proferidas por autoridades judiciales foráneas.
Por otra parte, el inciso 2º del artículo 693 de ese mismo ordenamiento, el cual hacía referencia a los efectos de los laudos proferidos en el exterior, fue derogado en forma expresa por la Ley 1563 de 2012 (artículo 118).
Tal situación no cambia con la aplicación del Código General del Proceso a las solicitudes de reconocimiento presentadas desde el 1° de enero del año en curso, porque el artículo 605 de dicha compilación normativa establece que la homologación de laudos arbitrales proferidos en el extranjero «se someterá a las normas que regulan la materia» , es decir, remitió a la reglamentación especial contenida en la Ley 1563 de 2012, que según su artículo 119 « regula íntegramente la materia de arbitraje» , y que excluye la aplicación de las disposiciones legales sobre exequátur que rigen para las sentencias proferidas por órganos judiciales de otras naciones, las cuales, en ese estatuto, corresponden a los artículos 605 a 607.

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

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En esa perspectiva deben entenderse las precisiones efectuadas por esta Corte en uno de los pronunciamientos antes citados, referentes a que « en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto [orden público internacional] , lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior… », y a que en la jurisprudencia de diversos países se ha admitido que « una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales » (CSJ SC, 27 Jul. 2011, Rad. 2007-01956-01).
El artículo 1328 del Código de Comercio invocado por la opositora en este trámite, pertenece al segundo grupo mencionado de las normas de orden público interno, pues si bien es imperativa u obligatoria y por ende, no puede ser desconocida ni derogada por una convención de los contratantes, fue creada en un contexto histórico – económico en el que el legislador consideró necesario brindar protección al gremio de los agentes nacionales.
Tal disposición establece que « para todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita» .
Aunque, ciertamente, restringe la aplicación de normas foráneas a los contratos de agencia ejecutados en territorio nacional, en tanto no corresponde a una disposición que involucre los intereses, principios y valores fundamentales del Estado colombiano no puede considerársele como parte del « orden público internacional » que puede aducirse como causal para denegar el reconocimiento del laudo cuya copia debidamente legalizada se aportó con la demanda, el cual, como también se exige de la ley o de una decisión judicial extranjera, no introduce «un elemento de intolerable desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico del foro » (CSJ SC, 19 Jul. 1994, Rad. 3894).
Con otras palabras, aunque el precepto impone una prohibición completamente válida en el ámbito nacional, no ocurre lo mismo para los efectos analizados en el contexto internacional, en el que prevalece el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado al hacerse parte de las Convenciones de New York y de Panamá sobre « el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras » y « Arbitraje Comercial Internacional ».
Por otra parte, esa previsión legal no asignó exclusividad en el conocimiento de las controversias originadas en ese tipo de convenios a los jueces colombianos, de ahí que la determinación adoptada por el panel arbitral extranjero de asumir la competencia para dirimir el asunto, no la transgrede, en especial, si sostuvo que la referida regla podría ser asignada como ley propia del contrato al definir la controversia, pero no para determinar su competencia.
Se concluye, entonces, que el reconocimiento del laudo arbitral tampoco vulnera el « orden público internacional sustantivo» .
6. En suma, dado que se incorporaron los documentos requeridos para acceder a la solicitud elevada por HMT LLC; la diferencia suscitada entre las partes es susceptible de solución por vía de arbitraje, y su reconocimiento no es contrario al orden público internacional del Estado colombiano, procede reconocer efectos jurídicos a la providencia arbitral sometida al presente trámite.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONCEDER el reconocimiento del laudo arbitral proferido el 31 de marzo de 2014 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, sede Houston, Texas, Estados Unidos de América, en el cual se declaró que dicho « Tribunal de Arbitramento tiene jurisdicción para escuchar y para decidir sobre las reclamaciones afirmadas» dentro de la controversia planteada entre HMT LLC y Fomento de Catalizadores - Foca S.A.S.
Sin costas en el trámite.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de la Sala
(Con ausencia justificada)
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
� Ginebra, 24 de septiembre de 1923.
� Ginebra, 24 de septiembre de 1927.
� Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), publicada en: http://www.unicitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-S.pdf.
� Inicialmente, el tratado fue aprobado mediante la Ley 37 de 1979, pero esta fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso de la República expidió la Ley 39 de 1990 que nuevamente le impartió aprobación.
� Estados Unidos depositó el instrumento de ratificación el 27 de septiembre de 1990 y Colombia el 29 de diciembre de 1986, luego de aprobar la convención mediante la Ley 44 de 1986.
� Folio 43.
� Folio 50.
� Folio 295.
� En ese sentido, en la doctrina española se ha dicho que no cabe duda de que «en la actualidad, el orden público que debe tener en cuenta el juez estatal cuando se enfrenta con el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral internacional debe ser un orden público internacional” (GONZALO QUIROGA, Marta. Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional. Universidad Complutense de Madrid, 2005).
� BARTIN, citado por Marco Gerardo MONROY CABRA, en “Liber Amicorum”, homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.
� Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando ALVAREZ LONDOÑO y otros. Derecho Internacional Privado - Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.
� Werner GOLDSCHMIDT. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.
� Oswaldo J. MARZORATI. Ejecución de Laudos Extranjeros en la República Argentina - Colisión de convenciones aplicables en el Cono Sur y la Convención de Nueva York. Arbitraje Comercial y Arbitraje de Inversión.
� Cymie Payme, International Arbitration, American Society of International Law Proceeding (1996).
� GONZALES DE COSSIO Francisco. Orden Público y Arbitrabilidad: Dúo dinámico del arbitraje. México 2008, p. 15.
� GONZALO QUIROGA, Marta. Orden Público y Arbitraje Internacional en el Marco de la Globalización Comercial. Madrid: Edit. Dykinson, S.L., 2003, p. 63.
� GONZALO QUIROGA, Marta, op. cit. p. 65.
� Informe Provisional Conferencia de Londres en junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal celebrada en Nueva Delhi del 2 al 6 de abril de 2002, en: www.ila-hq.org.
� Folio 94.
� HOLGUÌN HOLGUÍN, Carlos. La noción de orden público en el campo internacional, en: Revista de la Academia Colombia�na de Jurisprudencia. Bogotá, núm. 290-29 (agosto de 1990 a febrero de 1991), p. 9 y ss.
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC8453-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2016-06-23. C.P. Ariel Salazar Ramirez. Rad. 2014-02243-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC8453-2016%20%5B2014-02243-00%5D).
