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clave: "corte_suprema:providencia:SC8448-2016 [2010-01759-00]"
titulo: "Corte Suprema: la discrepancia en cuestión debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2016-06-23"
radicado: "2010-01759-00"
numero: "SC8448-2016"
ponente: "Ariel Salazar Ramirez"
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# Corte Suprema: la discrepancia en cuestión debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes

- **Título oficial / radicado:** SC8448-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2016-06-23
- **Radicado:** 2010-01759-00
- **Número:** SC8448-2016
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramirez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC8448-2016%20%5B2010-01759-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC8448-2016%20%5B2010-01759-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbWlyZXovNi4gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzg0NDgtMjAxNiBbMjAxMC0wMTc1OS0wMF0uZG9j/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

La discrepancia en cuestión debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, con el propósito de obtener un resultado dañino.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

… corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal . Los hechos en los que se sustentaron los medios exceptivos de la ejecutada, además, fueron materia del debate al interior de la ejecución, en donde intervino la actora, por lo que no es procedente reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez de tal asunto, al no ser esa la finalidad del recurso de revisión, como ya se precisó. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente.

## Texto del documento

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación n.° 11001-02-03-000-2010-01759-00
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
SC8448-2016
Radicación n.°11001-02-03-000-2010-01759-00
(Aprobado en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión que formuló la sociedad Ramírez Botero Compañía S. en C. S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 17 de octubre de 2008, que confirmó el fallo que declaró probada una excepción de mérito en el trámite del proceso ejecutivo promovido por la actora.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
La recurrente pretende que se invalide la sentencia objeto de revisión con fundamento en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, porque sus pretensiones fueron negadas por las maniobras fraudulentas que utilizó su contraparte.
B. Los hechos
1. Ramírez Botero Compañía S. en C. S. presentó una demanda ejecutiva en contra de la Compañía Sudamericana de Seguros S.A. para que le pagara $2.115’922.054,oo, como indemnización derivada del siniestro amparado en las pólizas de seguro de incendio No. 30-344-935, y baja tensión No. 09-42363. (Folio 4, cuaderno Corte)
2. La ejecutante alegó que el 8 de noviembre de 1995 aseguró sus bienes mediante las pólizas citadas, expedidas por la demandada. El 12 de mayo de 1996 una de sus sedes se incendió, lo que le ocasionó pérdidas cuyo monto fue calculado «mediante la reconstrucción de la contabilidad por medio de fotocopias de los libros inscritos en la Cámara de Comercio», así como de facturas y certificaciones; por tal motivo, el día siguiente le dio aviso a la aseguradora; ésta no objetó la reclamación en forma legal, y tan solo le envió un escrito tardío, firmado por una persona que no era el representante legal. (Folio 10, cuaderno 1, proceso ejecutivo)
3. El juez profirió el mandamiento de pago el 16 de enero de 1997. (Folio 335, cuaderno 1, proceso ejecutivo)
4. La aseguradora se opuso y presentó las defensas de: «inexistencia de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09- 42363, por ausencia de interés asegurable por parte de la demandante», «nulidad de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363, por mala fe en la contratación de seguros coexistentes», «nulidad relativa de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363 por reticencia del tomador al celebrarlos», «inexistencia del derecho a recibir la indemnización por mala fe en la solicitud del pago», «ausencia de prueba de la cuantía de la pérdida» y «falta de legitimidad en la causa por activa para demandar el pago de la indemnización por daño de maquinaria y mercancías». (Folio 128, cuaderno 2, proceso ejecutivo)
5. La demandada explicó que el patrimonio de la actora no sufrió detrimento por el siniestro, porque la suma por la cual se tomaron los seguros «excede con creces el valor real de los bienes amparados…» ; existió coexistencia de aseguramientos que no le fue informada; no se probó la cuantía de la pérdida, y su contraparte obró de mala fe pues «existen inconsistencias entre las cifras correspondientes a la indemnización… y los soportes que se han presentado» ; y «el beneficiario del seguro, en cuanto se refiere a las mercancías por valor de $485.000.000 y a la maquinaria y equipo por valor de $800.000.000, es el Banco de Colombia». (Folio 129, cuaderno 2, proceso ejecutivo)
6. En sentencia de 24 de noviembre de 2006 se declaró probada la excepción de «ausencia de prueba de la cuantía de la pérdida» y se negaron las pretensiones. (Folio 739, cuaderno 8, proceso ejecutivo)
7. El juzgador consideró que no se demostró el monto de lo reclamado, ya que aquél se sustentó en datos imprecisos, y, por ende, insuficientes para continuar la ejecución. (Folio 739, cuaderno 8, proceso ejecutivo)
8. La actora apeló.
9. El Tribunal Superior de Bogotá, el 17 de octubre de 2008, confirmó la sentencia, previa modificación de la parte resolutiva para indicar que la excepción acreditada fue la de «inexistencia de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363». (Folio 201, cuaderno tribunal)
10. Sostuvo que la demandante no tenía legitimación para pedir el pago de la indemnización, pues, respecto de la póliza número 42363, la única beneficiaria era Distribuidora de Textiles J.R. Ltda. «Distejer». Y respecto de la número 344935, la actora no tenía interés asegurable, ya que la propietaria de las mercancías dañadas era la sociedad atrás mencionada. (Folio 198, cuaderno tribunal)
11. Paralelamente, se presentó una denuncia penal en contra de Jaime Ramírez Rodríguez, representante legal de la sociedad actora, por la presunta comisión de los delitos de incendio, fraude procesal y estafa, y fue acusado de provocar la conflagración con el propósito de obtener el pago del seguro. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de 9 de noviembre de 2007, declaró prescrita la acción penal por el delito de incendio, pero condenó al procesado a 26 meses de prisión por ser responsable de fraude procesal y estafa en grado de tentativa.
Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de julio de 2008, declaró «prescritas y extinguidas las acciones penal y civil derivadas de las conductas punibles de fraude procesal y estafa simple tentada», atribuidas al procesado.
12. Así mismo, se presentó una denuncia contra una magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por el delito de prevaricato por omisión, porque pese a que debía integrar la sala de decisión que conocería el asunto en segunda instancia, no se declaró impedida, ni aceptó los hechos en los que se sustentó la recusación, fundados en el interés de su esposo en el resultado del proceso, por asesorar a la demandante.
La Sala de Casación Penal de esta Corporación, en sentencia de 21 de enero de 2003, encontró a la procesada responsable por el delito de prevaricato por omisión, y la condenó a 30 meses de prisión.
Igualmente, se dictó resolución de acusación en contra de otro de los magistrados que integraba tal sala, por «impedir a los abogados de las partes interrogar a RODRIGO FERREIRA CAMACHO, alto funcionario de la sociedad demandada, como primer testigo en la audiencia de práctica de pruebas efectuada el 3 de febrero de 1.998 en el incidente de recusación; y no decretar de oficio en la misma audiencia la ampliación de la declaración de FERREIRA CAMACHO no obstante la solicitud en ese sentido hecha por el abogado de la aseguradora luego que MARIO RAUL CAÑAVERAL aceptara haber participado en una reunión con el demandante en las oficinas de SURAMERICANA DE SEGUROS en Medellín».
El citado funcionario, finalmente, fue absuelto por la Corte en sentencia de 22 de junio de 2006.
C. El recurso extraordinario de revisión
Ramírez Botero Compañía S. en C. S. solicitó la revisión de la sentencia de segunda instancia con sustento en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, luego de desistir de la causal del numeral 8º ejusdem. (Folio 108, cuaderno Corte)
Alegó que su contraparte utilizó maniobras fraudulentas porque presentó excepciones que «trataban de suplir angustiosamente el haberse perdido la oportunidad para objetar la reclamación», y que no tenían relación con los títulos ejecutivos.
Tal vez por estrategia –sostuvo- radicó denuncias penales contra «funcionarios, empleados, abogados y contra el señor Jaime Ramírez Rodríguez», persona que fue absuelta, siendo tal actuar «un artificio ingeniado y llevado a la practica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable», tanto así que los apoderados de la aseguradora sobornaron a un testigo en la causa penal seguida en contra de tal persona, hechos que se están investigando.
También presentó «quejas disciplinarias, denuncias y recusaciones» en contra de los funcionarios que conocieron el caso, lo que ocasionó que las decisiones fueran producto de un «temor infundido», ya que resultaron «desatinadas y abiertamente contradictorias con la reglamentación jurídica existente para el caso concreto».
D. El trámite del recurso extraordinario
1. El 1º de marzo de 2012 se admitió la demanda y se ordenó su notificación y traslado. (Folio 123, cuaderno Corte)
2. Seguros Generales Suramericana S.A. presentó las excepciones de «falta de legitimación para obrar, por parte de la recurrente Sociedad Ramírez Botero y Cía. S. en C.», «falta de interés para obrar, por parte de la recurrente Sociedad Ramírez Botero y Cía. S. en C.» y «caducidad, prescripción». (Folio 157, cuaderno Corte)
Alegó que la demandante no es parte en la relación «jurídica sustancial» debatida en el proceso ejecutivo, y por lo tanto no padeció perjuicios con la sentencia; además, transcurrieron los dos años establecidos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil.
3. El 13 de septiembre de 2012 se decretaron las pruebas solicitadas.
4. El 28 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión. La demandante guardó silencio, y su contraparte ratificó su posición.
II. CONSIDERACIONES
1. Tradicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protección al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material.
Aunque esas decisiones son, en principio, intangibles e inmutables por la presunción de legalidad y acierto que ampara los fallos cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, sería imposible ignorar que no todos obedecen a postulados de equidad y de justicia.
Algunos se califican de inicuos o contrarios a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se decida con apego a la ley.
En estos eventos –ha referido la doctrina–:
… nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta . (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406)
Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Sala:
… de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.
Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “ Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.
Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras). (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992)
En virtud de las características del aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como se ha explicado:
… corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal . (CSJ. SR feb. 2 de 2009. Rad. 2000-00814-00)
2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los nueve casos en los que es pertinente fundamentar la revisión de una sentencia. Dentro de éstos se encuentra el que señala el num

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

as y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
Por ende, el simple ejercicio de tal potestad de raigambre constitucional se constituye en un acto legítimo de los litigantes, garantizado plenamente en el ordenamiento, y no en una maniobra engañosa u oculta.
Los hechos en los que se sustentaron los medios exceptivos de la ejecutada, además, fueron materia del debate al interior de la ejecución, en donde intervino la actora, por lo que no es procedente reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez de tal asunto, al no ser esa la finalidad del recurso de revisión, como ya se precisó.
En tal orden, tampoco se encuentra llamada a prosperar la acusación de la recurrente según la cual la demandada empleó maniobras fraudulentas por interponer denuncias penales, investigaciones disciplinarias y recusar a una de las magistradas del Tribunal Superior de Bogotá.
De tal forma, la actora califica de fraudulento el simple ejercicio de facultades legales que el ordenamiento otorga a los asociados.
El empleo de los mecanismos que el procedimiento contempla para mantener la imparcialidad del juicio, como lo es la recusación regulada en los artículos 150 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y el acudir ante la autoridad competente para denunciar las conductas que se consideran delictuosas nada de engañoso o artificioso contiene, ni mucho menos puede ser objeto de reproche.
Los procesos penales que se adelantaron en contra de Jaime Ramírez Rodríguez y de los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que conocieron el asunto, y la recusación formulada al interior del mismo, no pueden catalogarse como maniobras ilegitimas, sino como el ejercicio de prerrogativas legales, que no están prohibidas, en sí mismas no son objeto de censura, y, por tal camino, no pueden definirse como fraudulentas.
Se recuerda que a la recurrente, por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le incumbía «probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», lo que no hizo, ya que concretó su repudio a la presentación de excepciones y a la radicación de denuncias y recusaciones por la aseguradora, todo ello sin demostrar mediante algún medio de prueba, como lo pide la norma transcrita, que detrás de tal accionar se escondiera un propósito de engañar o de defraudar, y que el mismo le hubiese causado un perjuicio, según lo indica la causal de revisión elegida.
Quedó desprovista de prueba su afirmación sobre el supuesto «temor infundado» causado a los funcionarios que decidieron, o siquiera que tal proceder hubiese sido relevante para el resultado de la controversia. Al contrario, el reproche de sustentó en el parecer de la impugnante, desprovisto de todo respaldo, lo que resulta insuficiente para acceder a las pretensiones del libelo.
Ello pues como lo tiene dicho la Corte: « (…) la prosperidad de la causal en referencia exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala fe que se puedan calificar de ilícitos así no hayan sido objeto de investigación penal, circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si sobre el particular existe duda, ello conduciría al fracaso del la impugnación’ (…)». (CSJ SC, 14 jun. 2007, Rad. 2003-00129)
5. Conviene recordar, en todo caso, que el ad quem confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda luego de analizar los títulos materia del cobro (pólizas Nos. 09-42363 y 30-344935) y concluir, frente al primero de ellos, que Ramírez Botero y Cía. S. en C. carecía de legitimación al no ser parte del contrato de seguro, esto es, ser un tercero ajeno a la relación contractual; y que frente al segundo no tenía un interés asegurable, porque los bienes materia del siniestro eran de propiedad de Distribuidora de Textiles J.R. Ltda. Distejer.
En opinión de la parte recurrente, la anterior conclusión fue desacertada de acuerdo con la «ley de circulación de los títulos valores y los títulos ejecutivos, de las pólizas de seguros y sus beneficiarios, normas que hacen parte del compendio jurídico que encontramos en el Código de Comercio, en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil», a la par de que se declaró probada «una excepción que nunca se propuso».
No obstante, tal alegato resulta extraño a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, que descarta la reapertura del debate probatorio y jurídico. En efecto, los requisitos que deben concurrir para su procedencia se proponen:
… evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítese, es por regla general inexpugnable. (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).
Luego, no tienen razón la impugnante al insistir en el estudio del fondo de la controversia que fue materia del proceso ejecutivo, mediante la interposición de un recurso que –como quedó explicado– es eminentemente extraordinario y restrictivo; y en cuyo trámite no se logró demostrar la causal que se invocó para sustentarlo.
Por las motivaciones expuestas, se negará la revisión solicitada.
6. Ante el fracaso del recurso, se impone condenar en costas y perjuicios a la parte demandante, para su pago se hará efectiva la caución prestada. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3’000.000.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló Ramírez Botero Compañía S. en C. S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 17 de octubre de 2008.
SEGUNDO. Condenar al impugnante al pago de las costas y los perjuicios causados al demandado como consecuencia del presente recurso. Para su pago se hará efectiva la caución prestada.
TERCERO. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente.
CUARTO. Fijar como agencias en derecho la suma de $3’000.000,oo.
QUINTO. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión con excepción del cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.
SEXTO. Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC8448-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2016-06-23. C.P. Ariel Salazar Ramirez. Rad. 2010-01759-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC8448-2016%20%5B2010-01759-00%5D).
