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clave: "corte_suprema:providencia:SC837-2022 [2015-01208-01]"
titulo: "Corte Suprema: imperioso es colegir el naufragio de la acusación examinada"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-04-07"
radicado: "2015-01208-01"
numero: "SC837-2022"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
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# Corte Suprema: imperioso es colegir el naufragio de la acusación examinada

- **Título oficial / radicado:** SC837-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-04-07
- **Radicado:** 2015-01208-01
- **Número:** SC837-2022
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC837-2022%20%5B2015-01208-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC837-2022%20%5B2015-01208-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzQuLSBBYnJpbC9TZW50ZW5jaWFzL1NDODM3LTIwMjIgWzIwMTUtMDEyMDgtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1607 de 2012
- Decreto 2685 de 1999
- Decreto 1232 de 2001

## Extracto

En suma, dicha autoridad aseveró que “es cierto que son distintos los conceptos de la responsabilidad administrativa de la sociedad de intermediación aduanera frente al Estado y, por otro lado, las obligaciones propias del mandato entre las partes ” ; y que “en el caso bajo estudio, está demostrado y así lo reconoc [ió] ampliamente la demandante… , e xistió un incumplimiento frente a los compromisos propios del contrato , pues… Asaduanas clasificó de manera errada un arancel y ese yerro generó consecuencias pecuniarias que debe asumir” Imperioso es, entonces, colegir el naufragio de la acusación examinada. Costas en casación a cargo de la parte recurrente. La Secretaría de la Sala practique las correspondientes liquidaciones. Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.°11001-31-03-043-2015-01208-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC837-2022
Radicación n.°11001-31-03-043-2015-01208-01
(Discutido y aprobado en sesión virtual del diez de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá, D. C., siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022).-
Decide la Corte el recurso de casación que la demandante ASADUANAS ASESORES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN , interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia del 16 de diciembre de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá, D.C.- Sala Civil, en el presente proceso verbal que ella adelantó contra HARMEX S.A.
ANTECEDENTES
1. En la reforma de la demanda que obra en los folios 145 a 161 del cuaderno No. 1, se solicitó en síntesis, declarar que entre las partes se celebró un contrato de mandato que estuvo vigente en los años 2007 y 2008, mediante el cual la actora se encargó de “declarar aduaneramente las mercancías importadas” por la accionada; que esta última incumplió el referido contrato, como quiera que no atendió el “pago de los tributos aduaneros e intereses aplicables a los mismos” ; que, por consiguiente, se la condene a reembolsarle a la promotora del litigio la suma de $302.815.848 que “pagó a la DIAN por concepto de tributos aduaneros causados por importaciones de HARMEX” , junto con la respectiva corrección monetaria y los intereses moratorios liquidados a la tasa más alta permitida por la ley; que en desarrollo del referido contrato, se ordene a la convocada pagar directamente a la DIAN los tributos aduaneros e intereses derivados de la declaración de importación No. 07085330051551 del 19 de febrero de 2008; que así mismo se la conmine a reintegrarle a la accionante la suma de $16.472.100, correspondiente a los gastos en que ella incurrió por concepto de “honorarios en la vía judicial, por las demandas de [n] ulidad y [r] establecimiento del [d] erecho que interpuso contra las resoluciones de la DIAN, y por los gastos de la conciliación prejudicial” , junto con la respectiva corrección monetaria y los intereses moratorios liquidados a la tasa más alta permitida por la ley; y que se impongan a la convocada las costas del proceso.
2. Como fundamento de esos pedimentos, tras referir la celebración del contrato de mandato señalado en las pretensiones y que, en desarrollo de él, era a Harmex S.A. a la que le correspondía el pago de los tributos aduaneros, se adujeron los hechos que a continuación se condensan:
2.1. El presente conflicto tuvo origen en las siguientes declaraciones de importación:
· 7842290727327 del 10 de agosto de 2007
· 7842270802100 del 19 de septiembre de 2007
· 7842290763046 del 19 de septiembre de 2007
· 7842290784701 del 11 de octubre de 2007
· 7842270831011 del 24 de octubre de 2007
· 7842270851531 del 26 de noviembre de 2007
· 7842290842912 del 16 de enero de 2008
· 7085330051551 del 19 de febrero de 2008
· 7085310106592 del 12 de marzo de 2008
· 7842280718452 del 13 de marzo de 2008
· 7842290900942 del 4 de abril de 2008
· 7842280744564 del 4 de abril de 2008
2.2. En relación con ellas, la actora, en cumplimiento de sus deberes contractuales, liquidó el respectivo tributo aduanero, para lo cual clasificó la mercancía en la subpartida 5402.49.10.00, que estaba gravada con el 5% de su valor, monto que fue cancelado por la demandada, habiéndose verificado la nacionalización de los productos ingresados al país.
2.3. Tiempo después, la DIAN consideró que la clasificación arancelaria era incorrecta y que por ende, la liquidación efectuada por Asaduanas Asesores S.A.S.- en liquidación, estaba equivocada, puesto que la mercancía correspondía a la subpartida 5402.44.00.00, con un arancel del 15%, de modo que el impuesto era mucho mayor al pagado.
2.4. Efectuados por la citada entidad los trámites administrativos para corregir las declaraciones presentadas, estableció un faltante de $275.794.597, determinación que enteró a la importadora, quien respondió los Requerimientos Especiales Aduaneros (REA) que aquélla le hizo, sin que sus observaciones fueran atendidas, razón por la cual se expidieron las Resoluciones de Liquidación Oficial Nos. 2075, 2083, 2085, 2088, 2089, 2096, 2167 y 2168 del 27 de julio de 2010; y las Nos. 2082, 2090, 2091 y 2227 del 23 de septiembre del mismo año, que fueron notificadas tanto a la aquí accionante, como a la demandada.
2.5. Las referidas liquidaciones oficiales fueron confirmadas mediante las Resoluciones 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023del 4 de febrero; 10026 del 8 de febrero; 10042 del 9 de marzo; 00186 y 00191del 10 de marzo; 10043 del 11 de marzo; y 00201 del 14 de marzo, todas del año 2011.
2.6. La accionada en este asunto, no demandó por la vía contencioso administrativa tales resoluciones. En cambio, la actora sí lo hizo y solicitó la nulidad de las mismas y el restablecimiento del derecho, acciones que, en definitiva, fracasaron.
2.7. Con sujeción a las previsiones de la Ley 1607 de 2012, Asaduanas Asesores S.A.S., en liquidación, “en beneficio de HARMEX, (…) pagó el 100% de los tributos aduaneros en discusión. Con el pago, (…) logró la terminación de once (11) procesos; diez (10) por conciliación con la DIAN y uno por aplicación del beneficio de condición especial de pago” , figura igualmente prevista en el precitado ordenamiento jurídico.
2.8. La suma sufragada totalizó la cantidad de $278.229.937, discriminada así: $227.012.876, arancel; $36.322.061, IVA; y $14.895.000, intereses. Ello aconteció el 26 de julio de 2013.
2.9. Los pagos “los hizo inicialmente la aseguradora (CONFIANZA) a la DIAN, pero las sumas de dinero fueron reembolsadas por ASADUANAS” , empresa que entregó a aquélla $302.815.848, de los cuales $301.146.723 obedecieron al reintegro realizado y $1.669.125 a intereses.
2.10. Pese a los requerimientos que la gestora de este asunto hizo a la demandada para que le cancele ese valor, ésta no ha procedido de conformidad, lo que evidencia que “sufrió un perjuicio económico de gran entidad, que debe ser resarcido por su mandante, la sociedad HARMEX” .
3. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital, al que le correspondió el conocimiento del asunto, previo impulso del escrito con el que se dio inicio a la controversia (auto del 3 de septiembre de 2015; fl. 125, cd. 1), admitió la reforma de la demanda mediante proveído del 11 de julio de 2016 (fl. 173, ib .), que notificó personalmente a la accionada en diligencia del 25 de noviembre de 2016 (fl. 179, ib .) por intermedio del apoderado judicial que designó.
Recurridos en reposición esos pronunciamientos, se mantuvieron sin modificaciones según providencia del 17 de febrero de 2017 (fls. 197 a 199, ib. ).
4. La convocada, en ejercicio de su derecho de defensa, realizó las siguientes actuaciones:
4.1. Replicó la demanda, y en desarrollo de ello, se opuso a sus pretensiones, se pronunció con detalle sobre los hechos alegados y formuló las excepciones meritorias que denominó “ [i] nexistencia de la obligación de reembolso de tributos aduaneros ” , “ [c] ontrato no cumplido ” , “ [i] nexistencia de mora ” , “ [c] ompensación ” , “ [p] rescripción ” e “ [i] nexistencia de la obligación de pagar honorarios profesionales ” (fls. 220 a 230, cd. 1).
4.2. Por separado, solicitó la nulidad del proceso por indebida notificación del auto admisorio de la demanda (fls. 1 y 2, cd. 4), pedimento que fue denegado el 18 de abril de 2017 (fls. 6 y 7, ib .).
4.3. Adicionalmente, presentó reconvención (fls. 21 a 31, cd. 5), en la que solicitó reconocer la existencia de los contratos de mandato señalados en los hechos de tal libelo; declarar su incumplimiento por la contrademandada; condenarla a resarcirle los perjuicios que sufrió, los cuales tasó, mediante juramentó estimatorio, en la suma de $317.618.823, junto con la corrección monetaria e intereses moratorios; disponer la compensación de dichos perjuicios con cualquier suma de dinero que le fuere impuesta, como consecuencia de la primigenia acción; y asignar a aquélla las costas del proceso.
En sustento de tales reclamaciones, se puso de presente la celebración de los contratos de mandato sobre las que ellas versaron; que, conforme a los mismos, eran obligaciones de la mandataria, entre otras, “diligenciar y presentar las declaraciones de importación, incluyendo (i) la clasificación de las mercancías en las respectivas partidas y subpartidas arancelarias [y] (ii) [l] a liquidación de los tributos aduaneros” ; que en el desempeño de sus actividades, aquélla estaba sometida a las disposiciones del Decreto 2685 de 1999, particularmente, al régimen de responsabilidad previsto en el artículo 22 del mismo; que en las declaraciones especificadas en la demanda inicial, Asaduanas Asesores S.A.S., en liquidación, erró al hacer la clasificación arancelaria de las mercancías importadas; que en razón de ello, el pago que se hizo de los tributos aduaneros fue insuficiente, liquidándose luego por la DIAN un faltante de $275.794.597; y que el pago de dicha suma corresponde a la reconvenida, según las previsiones del régimen legal atrás invocado.
5. La demanda de mutua petición fue admitida con auto del 18 de abril de 2017 (fl. 32, cd. 5) y notificado por estado.
6. En tiempo, la promotora de la controversia y reconvenida, la contestó, escrito en el que solicitó denegar las súplicas en ella elevadas, se refirió sobre los hechos soportantes de las mismas y formuló las excepciones meritorias que rotuló como “ [a] usencia de incumplimiento por parte de ASADUANAS ” y “ [a] usencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual ” (fls. 35 a 42, cd. 5).
Al inicio de ese memorial solicitó la nulidad del proceso desde el auto que admitió la reconvención, por preterición de la oportunidad para pedir o practicar pruebas, pedimento que fue desestimado mediante auto del 3 de mayo de 2018 (fls. 51 y 51 vuelto, cd. 5).
7. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia dictada en audiencia del 15 de agosto de 2019 (acta, fls. 516 a 517, cd. 9; y CD, fl. 515 ib .), en la que resolvió:
“ PRIMERO DECLARAR la existencia de dos contratos de mandato entre HARMEX S.A. y AS [A] D [U] ANAS ASESORES S.A.S. en liquidación durante los años 2007 y 2008 respectivamente.
“ SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA de ello, AS [A] D [U] ANAS ASESORES S.A.S. en liquidación, fungió como mandataria para declarar aduaneramente las mercancías importadas por HARMEX S.A. [,] como mandante [,] según las declaraciones de importación objeto de esta [l] itis.
“ TERCERO: DECLARAR que AS [A] D [U] ANAS ASESORES S.A.S. en liquidación, como declarante autorizado ante la Dian [,] era la responsable de la exactitud y veracidad de las declaraciones de importaciones objeto de controversia.
“ CUARTO: DECLARAR que dicha obligación fue incumplida por AS [A] D [U] ANAS ASESORES S.A.S. en liquidación.
“ QUINTO: DECLARAR que a HARMEX S.A. [,] como mandante e importador, le correspond [ía] la obligación de pagar las sumas de dinero que por concepto de tributos aduaneros debían declararse con las importaciones realizadas.
“ SEXTO: En consecuencia [,] DECLARAR que dicha obligación fue incumplida por HARMEX S.A. en razón a los pagos realizados inicialmente por Aseguradora CONFIANZA S.A. y posteriormente (…) por AS [A] D [U] ANAS ASESORES S.A.S. en liquidación, sin que se pueda incluir en dichos pagos intereses o sanciones.
“ SÉPTIMO: ESTABLECER LA CONCURRENCIA DE CULPAS EN UN 50% entre las partes del litigio y [,] en razón de ello, se ordena el pago de HARMEX S.A. a ASADUANAS ASESORES S.A.S. en liquidación en la suma de $137.897.298,50 M/CTE. , por concepto de los tributos pagados por su mandatario, suma que deberá ser indexada desde el momento en que el mandatario hizo el pago, es decir [,] el 28 de enero de 2015 [,] hasta la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada, y una vez la misma quede ejecutoriada [,] a partir de ell [o,] correrán intereses del 6% tal como lo establece el Código Civil.
“ OCTAVO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda [p] rincipal y de la [r] econvención.
“ NOVENO: SIN CONDENA en costas, atendiendo la forma como se resuelve esta [l] itis” .
8. Apelado el fallo del a quo por las dos partes, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, desató las alzadas mediante sentencia proferida en audiencia del 16 de diciembre de 2019, en la que lo modificó para denegar las pretensiones, tanto de la primigenia demanda, como de la reconvención (acta, fl. 9, cd. 11; y CD, fl. 7 ib .).
EL PRONUNCIAMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA
Para arribar a las decisiones que adoptó, el Tribunal adujo los razonamientos que enseguida se compendian:
1. Memoró el contenido del artículo 2142 del Código Civil, definitorio del contrato de mandato, y puso de presente que al tenor del artículo 10º del Decreto 2685 de 1999, por el cual se modificó la legislación aduanera, son declarantes en las operaciones de comercio exterior “las sociedades de intermediación aduanera, quienes actúan en nombre y por enca

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a correcta clasificación arancelaria de las mercancías importadas, según ya se vio.
Esa postura del ad quem , sin duda, no comportó el quebranto directo de ninguna norma de la legislación aduanera, ni la infracción de las reglas disciplinantes del contrato de mandato.
4. Alejado de la realidad que aflora de la sentencia cuestionada, es que el recurrente hubiere insistido en que la definición del litigio intentado por Asaduanas Asesores S.A.S. - en liquidación, el Tribunal la soportó “en la normatividad aduanera, en la medida en que entendió que, de conformidad con la preceptiva del artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, la obligación de pagar el mayor valor del tributo aduanero liquidado por la Dian, debía asumirla la sociedad mandataria como una sanción, por haber incumplido el contrato del contrato de mandato al liquidar equivocadamente el aludido impuesto” .
Como ya se analizó, esa no fue la causa del fracaso de la referida acción. Más aún, el Tribunal no calificó el mayor valor del tributo aduanero surgido de la incorrecta clasificación que de las mercancías hizo la actora, como “una sanción” derivada de la insatisfacción de ese débito contractual, ni asignó su pago a la premencionada intermediaria por considerarlo tal.
El ad quem , valga reiterarlo, negó lo pedido por la primigenia actora, debido a que halló acreditado su
incumplimiento del contrato
de mandato que celebró con la accionada, con la aceptación que de esa situación ella misma hizo, y aparejadamente, porque no encontró que Harmex S.A., como mandante, hubiese desatendido sus deberes convencionales, sin perjuicio, claro está, de que coligiera, en atención a las expresas previsiones del artículo 22 del Decreto 2685 de 1999, que el pago del mayor tributo aduanero, esa disposición lo asignaba a la intermediaria aduanera, inferencia que, no entrañó que con ella, en primer lugar, se atribuyera al referido estipendio la condición de sanción, y en segundo orden, se violentara esa norma o alguna otra del régimen aduanero.
5. Cabe agregar que no fue el sentido del estudio efectuado por el Tribunal, colegir que los importadores quedaban liberados de atender el pago de los tributos aduaneros, al disponer, por una parte, la norma en comento, que las sociedades de intermediación aduanera “responderán directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados” y, por otra, el artículo 2173 del Código Civil, que si el mandatario “negociare con menos beneficio o más gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia” .
El análisis de esa Corporación estuvo dirigido a observar que, cuando de importaciones se trata, la satisfacción de ese gravamen y del mayor valor del mismo derivado de la incorrecta clasificación arancelaria de las mercancías objeto de esas operaciones, recae en las sociedades de intermediación aduanera, porque así lo consagraba el artículo 22 del Decreto 2265 de 1999, independientemente de que la importadora estuviera igualmente llamada a atender dichas obligaciones.
Y, adicionalmente, que el segundo de esos rubros, en los términos del otro precepto mencionado, recae en la mandataria, toda vez que fue su error, al ubicar indebidamente la mercancía ingresada al país en las distintas categorías arancelarias, la causa de esta nueva obligación desde la perspectiva del contrato de mandato, independientemente de que ella, a la luz de la legislación aduanera, corresponda al concepto de tributo aduanero.
Y es patente que para el ad quem , en el plano del contrato de mandato, o si se quiere, del derecho comercial, disciplinante del mismo, ese mayor valor constituía una nueva obligación, en sentido estricto, toda vez que, como ya se registró, ese juzgador estimó que la mandante Harmex S.A. cumplió cabalmente sus deberes contractuales, particularmente, el de sufragar el referido gravamen a su cargo, inferencia fáctica no controvertida en casación, de la que se sigue forzosamente, que con dicho pago se extinguió completamente el mismo, por lo que el faltante que la DIAN determinó posteriormente era, se insiste, una nueva carga económica de la importadora.
6. Lo expuesto en precedencia, permite a la Sala reiterar que el Tribunal no resolvió el litigio con base en el régimen especial aduanero, sino de los preceptos disciplinantes del mandato, sin confundir los dos regímenes y sin quebrantar directamente las normas sustanciales que integran uno y otro.
7. Ahora bien, visto el recurso de casación auscultado desde otra perspectiva, se tiene que si los señalados pilares fácticos de la sentencia fustigada -el incumplimiento de la demandante de las obligaciones que surgieron para ella del contrato de mandato que celebró con la accionada, y además, el cabal cumplimiento de los deberes convencionales a cargo de esta última-, no los combatió el impugnante, como en efecto no lo hizo, toda vez que al venir montado el único cargo que propuso en la causal primera de casación, dicho reproche era inidóneo para ello, puesto que cuando se denuncia la violación directa de la ley sustancial, a voces del literal a) del numeral 2º del artículo 344 del Código General del Proceso, la acusación “se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria” , se impone colegir que como esos fundamentos continúan en pie, y por ende, siguen brindando suficiente respaldo al fallo de segunda instancia, el anotado cuestionamiento impugnativo deviene intrascendente.
Es que si, en gracia de discusión, se admitiera que el Tribunal infringió en forma directa las normas sustanciales precisadas en la censura, y en tal virtud se optara por casar su sentencia, la Corte, de todas maneras, no podría, en el fallo sustitutivo, arribar a una conclusión diferente a la establecida por esa autoridad, en tanto y en cuanto, los fundamentos en que ella descansa, no fueron resquebrajados por el recurrente.
8. Imperioso es, entonces, colegir el naufragio de la acusación examinada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 17 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Replicada en tiempo la demanda tanto por el extremo opositor, como por la llamada en garantía, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo, en favor de cada una de ellas. La Secretaría de la Sala practique las correspondientes liquidaciones.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC837-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-04-07. C.P. Alvaro Fernando García Restrepo. Rad. 2015-01208-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC837-2022%20%5B2015-01208-01%5D).
