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clave: "corte_suprema:providencia:SC832-2019 [2008-00216-01]"
titulo: "Corte Suprema: no es jurídicamente admisible la acción resolutoria"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-03-18"
radicado: "2008-00216-01"
numero: "SC832-2019"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: no es jurídicamente admisible la acción resolutoria

- **Título oficial / radicado:** SC832-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-03-18
- **Radicado:** 2008-00216-01
- **Número:** SC832-2019
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC832-2019%20%5B2008-00216-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC832-2019%20%5B2008-00216-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8zLi0gTWFyem8vU2VudGVuY2lhcy9TQzgzMi0yMDE5IFsyMDA4LTAwMjE2LTAxXS5kb2M%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Fuera de eso, que los desembolsos parciales que haga la promotora desde la presentación del libelo y hasta la culminación del pleito, sean tomados como intereses en exceso, en su totalidad, que debe reintegrar doblados y con réditos desde el pago de cada cuota hasta su satisfacción.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990
- Decreto 663 de 1993
- Decreto 384 de 1993

## Extracto

La sustentación concreta de la alzada se edifica en los mismos reparos, bajo el entendido de que el contrato de mutuo queda instrumentado en un pagaré bajo las directrices del Código de Comercio, en lo que se refiere a los títulos valores, sin que pueda el legítimo detentador sustraerse del contenido de las cláusulas, por lo que según dispone el artículo 624 del estatuto mercantil « cuando se produce el pago total (bajo la óptica del tenedor del título), y con la subsecuente entrega del título, desaparece la legitimación del último tenedor, pero no desaparece el derecho del antiguo deudor de reclamar posteriormente asuntos referidos a sobrefacturaciones o pagos excesivos ». No es jurídicamente admisible la acción resolutoria. Así mismo, está facultado como integrante del sistema nacional de vivienda de interés social para financiar la integración inmobiliaria, el reajuste de tierras y la rehabilitación de inquilinatos.

## Cita textual

> solo el deudor asegurado podrá elegir a su arbitrio, la que en su caso asumirá el riesgo

## Texto del documento

Radicación n° 17001-31-03-003-2008-00216-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC832-2019
Radicación n° 17001-31-03-003-2008-00216-01
(Aprobada en sesión de cinco de septiembre de dos mil dieciocho)
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Procede la Corte, en sede de instancia, a dictar la sentencia sustitutiva de la proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario de Ana Beatriz García Botero contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
I.- ANTECEDEDENTES
1.- La accionante pidió declarar que el contrato de mutuo N° 02702875-4 adquirido con el Banco Central Hipotecario el 17 de enero de 1997, fue cedido por transferencia de activos al Banco Granahorrar donde se le asignó el N° 301300078805, entidad que a su vez fue absorbida por la demandada y lo recodificó con el N° 0013-0442-94-9670078804. Así mismo, que la acreedora incurrió en el reiterado incumplimiento de estipulaciones y disposiciones reguladoras que se reflejó en una sobrefacturación de $106’830.220 o 605.225,7903 UVR al 9 de junio de 2008, por lo que no era cierto el saldo de la obligación en esa data estimado en $61’157.782, equivalentes a 346.477,4953 UVR, ya que en realidad correspondía a $45’672.438, esto es 258.748,2950 UVR, pero a su favor y constituyen cobro de intereses en exceso al tenor del artículo 68 de le Ley 45 de 1990, por lo que se deben aplicar las sanciones del articulo 72 ibídem.
En consecuencia pide el reconocimiento de lo pagado demás, incrementado en una suma igual, con sus intereses desde la causación hasta el pago. Fuera de eso, que los desembolsos parciales que haga la promotora desde la presentación del libelo y hasta la culminación del pleito, sean tomados como intereses en exceso, en su totalidad, que debe reintegrar doblados y con réditos desde el pago de cada cuota hasta su satisfacción.
Informa que el crédito fue de vivienda por $55’000.000, a satisfacer en 180 meses, pero durante su ejecución se diferencian tres etapas, la primera del 17 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1999, con sistema de financiación en moneda legal y capitalización de intereses, estos correspondientes al DTF equivalente anual trimestre anticipado más 8.50%, así como un régimen general regulador conforme a los artículos 626 y 864 del Código de Comercio, 1624 y 1627 del Civil, y especial del 46, 97, 98-4.1 inciso 2°, 102-2°, 121 inciso 1°, 121-2°-b), 121 parágrafo, 137-1°, 184-3° y 184-4° del Decreto 663 de 1993, Decreto 384 de 1993 y artículos 64, 68, 69 y 72 de la Ley 45 de 1990; la segunda consistente en la reliquidación por dicho período en UVR en los términos del artículo 41 de la Ley 546 de 1999, el Decreto 2702 de 1999 y las Circulares externas N° 007 y 048 de 2000 de la Superintendencia Bancaria; la última a partir del 1° de enero de 2000 con sistema de moneda legal sin capitalización de intereses, ni reputar como tales las sumas en que se incremente el capital insoluto que no excedan a las variaciones de las UVR durante el período, y la tasa inicialmente pactada, según disponen los artículos 17-2°, 19 y 39 de la Ley 546 de 1999; 46, 97, 98-4°.1, 120-2°, 137-1°, 184-3° y 184-4° del Decreto 663 de 1993; y 68, 69 y 72 de la Ley 45 de 1990; además del mandato obligatorio de las sentencias C-955 y C-1140 de 2000 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el acreedor durante el primer período incumplió sus obligaciones al aplicar una tasa porcentual mayor a la pactada, para incurrir en « sobrefacturaciones de los intereses de plazo y, con ello, en capitalizaciones de esas sobrefacturaciones y en sobrefacturaciones de los saldos cobrados », si se tiene en cuenta que « no podía capitalizar los intereses sino al cabo de un año de su causación, por así haberlo dispuesto el art. 121-2°-b) del EOSF »; no hizo contratación pública de los seguros colectivos de vida, incendio y terremoto, fuera de que según « lo establecido en el art. 120-2° del EOSF » en los dos últimos riesgos debía estar cubierto el valor destructible del bien, esto es, luego de deducir « el avalúo de la parte alícuota del lote de implantación », lo que no se dio, eso sin descontar que las primas del seguro de vida quedaban afectadas por la « sobrefacturación » del crédito, todo lo cual las hacía inaplicables y de imposible recuperación. En adición, al liquidar intereses moratorios, también se excedió en igual proporción por « las sobrefacturaciones de los saldos ».
Ya en la etapa de reliquidación no se consignaron los datos requeridos para elaborarla, por lo que resulta deficiente, todo eso a pesar de que la deudora cumplió con sus deberes guiada por el principio de la buena fe.
2.- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. se opuso y formuló las defensas que denominó « falta de legitimación en la causa por pasiva », « insuficiencia o ausencia del derecho de postulación », « cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales por parte del BBVA », « ausencia de elementos generadores de responsabilidad civil contractual », « ausencia de prueba », « cosa juzgada constitucional », « autonomía de la voluntad », « irretroactividad de la sentencia C-747 de 1999 », « pago », « carga de la prueba », « ausencia o indebida acumulación de pretensiones » y « no haberse agotado válidamente el requisito de procedibilidad contenido en la Ley 640 de 2001 » (fls. 144 a 170 cno. 1).
3.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales absolvió a la entidad financiera y apeló la gestora (folios 308 al 324 cno 1).
4.- El superior confirmó lo dispuesto porque, dada la naturaleza unilateral del contrato de mutuo celebrado entre los litigantes, no era posible la existencia de responsabilidad surgida de dicho convenio. Además, porque la entidad financiera acreedora ejecutó el acuerdo de voluntades con estricta sujeción al ordenamiento jurídico vigente en esa época y, por último, la responsabilidad por el pago de los perjuicios derivados del cambio de régimen legal para los créditos de vivienda fue asumida por el Estado (fls. 92 al 133 cno. 4).
5.- La Corte, al desatar la impugnación extraordinaria de la accionante, casó la sentencia del ad quem por la patente discrepancia entre el fallo atacado y los aspectos puntuales que se sometieron a decisión judicial, pero decretó de oficio varias pruebas antes de proferir la determinación de remplazo, las que fueron recaudadas (fls. 204 al 543).
II.- FUNDAMENTOS DEL A QUO
A pesar de que el contrato de mutuo es unilateral eso no quiere decir que una vez hecho el desembolso por la entidad financiera ésta se libere de toda responsabilidad, puesto que debe obrar con probidad en el desarrollo del tracto sucesivo al facturar lo que realmente se debe e imputar en debida forma los pagos o abonos que haga el deudor, con sujeción a la normativa vigente y las directrices que orientan las políticas crediticias.
Para el caso hay que escudriñar el incumplimiento de la opositora en cuatro temas, a saber « momento a partir del cual tienen efecto las sentencias que declararon inconstitucionales los conceptos DTF y capitalización de intereses », « obligación de devolver lo cobrado en exceso por capitalización de intereses con antelación a la Ley de Vivienda », « incidencia en la liquidación del crédito de lo previsto en el artículo 884 del C. de Comercio » y « forma de liquidar los intereses remuneratorios en este tipo de créditos ».
Es imposible enjuiciar a la contradictora por la forma como, antes de entrar en vigencia la Ley 546 de 1999, procedió a la liquidación de los costos financieros, la inclusión del DTF en el cálculo de los intereses remuneratorios y la capitalización de éstos, por cuanto la normatividad aplicable en esa época lo permitía, fuera de que las sentencias de la Corte Constitucional que trataron el tema y retiraron del ordenamiento algunos preceptos surtieron efectos a futuro y no en forma retrospectiva, como lo ha entendido la Sala Civil Familia del Tribunal de Manizales en sentencias de 8 de julio de 2008, 29 de junio, 2 de septiembre y 26 de octubre de 2009, 20 de abril y 8 de junio de 2010.
En conclusión, no era dable predicar que la acreedora tenía que estarse a los límites del artículo 884 del Código de Comercio, pues sólo debía respetar los máximos previstos para créditos de vivienda y el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
El mutuo que origina la reclamación consiste en un « crédito para vivienda a largo plazo, en el que se previó un interés compuesto: Corrección monetaria más interés remuneratorio y que se debió regir por los Decretos 677 y 1229 de 1972 y, en lo pertinente por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 45 de 1990 », normativa que interpretada según la línea trazada por el superior « en estos créditos en UPAC tanto los ahorros como los préstamos tenían dispuesto reajuste periódicamente de acuerdo con la fluctuación de la moneda, por lo que la liquidación de costos financieros correspondientes a corrección monetaria e intereses, se hacía sobre el capital principal reajustado », lo que no genera responsabilidad « el obrar de conformidad con la normativa que reguló en su momento el sistema UPAC, que involucraba la liquidación de intereses sobre capitales reajustados, de tal suerte que a la par de cobrar el rendimiento se mantuviera actualizado el capital prestado, lo que a la postre permitía la capitalización de intereses » bajo un amparo regulatorio que perdió vigencia con la expedición de la Ley 546 de 1999.
El que se declarara inconstitucional el vínculo de la tasa de interés remuneratorio a la DTF, fuera de que en su momento estuvo consentido por la ley, fue objeto de resarcimiento por vía de reliquidación y el abono de la diferencia con recursos estatales, bajo vigilancia de la Superintendencia Bancaria, como aconteció en este evento donde dicho trámite arrojó un monto de $9’246.013,17 que se hizo efectivo a favor de la deudora, sin demostrar que con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 se capitalizaron intereses ya que en el histórico de pagos « ciertamente el capital, expresado en UVR y luego del 1 de enero de 2000, siempre estuvo decreciendo » y con posterioridad a esa fecha « en ningún momento se ha impedido que se cobren como costos financieros de la obligación, entre otros, la corrección monetaria preservada con el cobro en UVR y los intereses remuneratorios a la tasa establecida por ley, que en materia de estos créditos es una tasa especial ».
Es más, al estar asentida la capitalización de intereses no debía considerarse en las reliquidaciones, ya que si en CC C-747/99 se declaró inexequible el numeral tercero del artículo 121 del Decreto 663 de 1993 y la expresión « que contemplen la capitalización de intereses » del numeral primero id., para los créditos de vivienda, los efectos del fallo se difirieron al 20 de junio de 2000, mientras se expedía la regulación marco y con la promulgación de la Ley 546 de 1999 se excluyó del ordenamiento « la capitalización de intereses en los créditos para la adquisición de vivienda » que se « concedieran a partir de su vigencia, sin afectar los créditos ya otorgados, los cuales se reliquidaban solamente para eliminar el componente de la DTF, no la capitalización de intereses », que fue como se procedió con el mutuo en referencia al depurar « la DTF en todos y cada uno de los pagos realizados por la deudora antes del 31 de diciembre de 1999 » como aparece en la reliquidación que allegó la misma accionante y que se ajusta a los lineamientos exigidos por la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera).
Frente al cobro de intereses por encima de los topes estatuidos en la ley comercial, no son aplicables las sanciones de que tratan los artículos 884 del Código de Comercio y 111 de la Ley 510 de 1999, en vista de que se pactó el interés remuneratorio y su cálculo en « créditos de vivienda es especial » de ahí que los reparos en ese sentido se estudian bajo los parámetros del artículo 72 de la Ley 45 de 1990, « teniendo como límites de las tasas de intereses las autorizadas por la Junta Directiva del Banco de la República », acorde con lo expuesto en CC C-252/98.
A pesar de que el informe financiero allegado en un comienzo previene que el Banco no liquidó conforme a derecho el crédito de la gestora, con ello no se desvirtúa lo anterior « en tanto que parte el perito del supuesto que los costos financieros debían liquidarse en pesos, en que nunca debió la entidad capitalizar intereses y por ende depuran la obligación en este sentido desde sus inicios », fuera de que fija los intereses « a la última tasa autorizada para este tipo de créditos, desconociendo que en su momento eran otros los parámetros de ley para tales liquidaciones a la que estaban sujetos las entidades crediticias involucradas ».
III.- LA APELACIÓN
Cometió desacierto el a quo al centrar su estudio en la suposición de una obligación denominada en UPAC cuando en el pagaré N° 027002875-4 figura que la financiación se estipuló en pesos,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

.798.197
21/12/99
$87.528.255
$4.458.000
$243.312
$191.611
$246.954
$681.877
$3.776.123
$83.752.132
TOTAL
$42.060.980
$2.448.023
$3.503.136
$7.517.468
$13.468.627
$28.971.888
Es así como una apropiada lectura de la información que allegó la acreedora por la etapa inicial y previo requerimiento en ese sentido, para las fechas en que se hicieron los pagos (fls. 315 y 316), corresponde a
Como bien se puede ver, el registro del NETO-INT que en realidad se refiere al valor neto que reducía el saldo de capital del mes anterior, luego de deducir de la consignación los gastos acumulados y el interés causado en el mes, era meramente informativo. Tan es así que luego de descontados los valores se observa una reducción por dicho valor en el saldo del capital, salvo el 10 de diciembre de 1998 donde el desembolso ni siquiera alcanzó a cubrir los cargos del período y por ende la diferencia de -$379.532 fueron los intereses no cubiertos que fueron capitalizados, sin que en algún otro evento se tomaran a título de interés extra como lo pareció interpretar el perito, ya que le dio ese carácter a los datos por $2.023.169, $2.259.415, $10.098.965, $3.127.503, $5.212.738, $3.776.123 y $28.971.888, según pasa a verse (fl. 459):
De ahí que existen imprecisiones que demeritan la labor del experto en cuanto a la existencia de un cobro de intereses mayor al convenido, puesto que los errores en los cálculos y el manejo erróneo de los registros informados por la contradictora tienen una enorme incidencia en un sistema como el de la capitalización de intereses donde cualquier dato, por ínfimo que sea, tiene efecto exponencial al alza o a la baja.
9.- Quiere decir todo lo anterior que, como se dedujo en primera instancia, fue vano el esfuerzo de la promotora en demostrar los supuestos de la acción ya que el informe que aportó se aleja de los términos contractuales del mutuo, que estaban amparados por el marco legal aplicable, sin que con el dictamen decretado de oficio se lograran establecer a ciencia cierta inconsistencias en los registros financieros de la ejecución del crédito que conllevaran a un cobro excesivo de intereses.
Esa situación se refleja directamente en la inconformidad frente al valor amparado con el seguro de vida, ya que si no puede deducirse que los saldos que manejaba la acreedora fueran equivocados quiere decir que acertó si los tomó en cuenta para ese fin, sin que se desplegara algún esfuerzo demostrativo para desvirtuarlo.
En cuanto al valor que se tuvo en cuenta para el seguro de incendio, basta con apreciar que fue la deudora quien figuró como tomadora del mismo y no la entidad, como se desprende de la copia firmada que se hizo llegar en cumplimiento de las exigencias de la Corte (fl. 275), donde aparece reportado el valor asegurado por $82’880.000, lo que quiere decir que fue ella quien suministró el monto y señaló la aseguradora, lo que podía ocurrir así la acreedora estuviera facultada para hacerlo por su cuenta.
A ese respecto en SC9618-2015, donde se analizaron las particularidades del « seguro grupo deudores por el riesgo de incendio », se advirtió como
[e]l que la entidad financiera actúe como tomadora «por cuenta de sus deudores» no impide que estos puedan constituir esas garantías de forma independiente y a su criterio. Si aquella escogió como oferentes del amparo a más de una aseguradora «solo el deudor asegurado podrá elegir a su arbitrio, la que en su caso asumirá el riesgo», de conformidad con uno de los criterios del artículo 1° del Decreto 384 de 1993.
Así lo resalta la Circular Externa 07 de 1996 de la Superintendencia Bancaria o Básica Jurídica sobre el ramo, que en el Capítulo Sexto al referirse a las reglas sobre competencia y protección al consumidor financiero y la protección a la libertad de contratación de tomadores y asegurados para pólizas contratadas como «seguridades adicionales de créditos», precisa que
El numeral 2 del artículo 100 del estatuto orgánico del sistema financiero contempla, en el segundo inciso, la libertad de contratación de seguros y la libertad de escogencia de aseguradora e intermediario, consagradas en favor de tomadores y asegurados (…) Por su parte, el numeral 1 del artículo 101 de dicho estatuto, si bien exige la existencia de un seguro de incendio o terremoto, no dispone que la entidad vigilada sea la que contrate este seguro, de manera que puede ser el deudor o el dueño del inmueble quien tome la póliza (…) Para el seguro obligatorio sobre los inmuebles hipotecados o en relación con el seguro de vida, constituidos como seguridades adicionales de un crédito contratado, el deudor ostenta la libertad de escogencia aunque la institución financiera haya contratado una o varias pólizas con sujeción a los criterios previstos en el decreto 384 de 1993; así, el deudor o dueño del inmueble siempre conserva la facultad de tomar un seguro con una compañía diferente.
Incluso a la fecha, de conformidad con el artículo 2.36.2.2.5 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 1° del Decreto 673 de 2014,
En cualquier caso el deudor asegurado podrá contratar con otra aseguradora siempre que las condiciones del seguro sean, cuando menos, iguales a aquellas plasmadas en el pliego de condiciones de la licitación. En consecuencia, la institución financiera que actúe como tomadora de los seguros de que trata el presente Capítulo, no podrá rechazar pólizas que cumplan con tales condiciones, ni podrá establecer cargo alguno por la revisión o aceptación de dicha póliza.
10.- Por lo expuesto, se confirmará la providencia desestimatoria de primer grado, pero por las razones aquí expuestas.
11.- Se impondrán las costas en segunda instancia a la demandante, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. Las agencias en derecho se determinarán en esta misma decisión, atendiendo lo reglado en dicha norma, y conforme al Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el 2222 del mismo año, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
V.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia,
RESUELVE
Primero : Confirmar la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, en el proceso ordinario de Ana Beatriz García Botero contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., por los motivos consignados en este pronunciamiento.
Segundo : Condenar en costas de la segunda instancia a la accionante y en favor de la opositora. Liquídense por la Secretaría, incluyendo agencias en derecho por $500.000.
Tercero : Devolver, en su oportunidad, el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC832-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-03-18. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2008-00216-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC832-2019%20%5B2008-00216-01%5D).
