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clave: "corte_suprema:providencia:SC780-2020 [2010-00053-01]"
titulo: "Corte Suprema: en vigencia del Código General del Proceso esas actuaciones deben hacerse en la audiencia inicial"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-03-09"
radicado: "2010-00053-01"
numero: "SC780-2020"
ponente: "Ariel Salazar Ramirez"
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# Corte Suprema: en vigencia del Código General del Proceso esas actuaciones deben hacerse en la audiencia inicial

- **Título oficial / radicado:** SC780-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-03-09
- **Radicado:** 2010-00053-01
- **Número:** SC780-2020
- **Ponente:** Ariel Salazar Ramirez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC780-2020%20%5B2010-00053-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC780-2020%20%5B2010-00053-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBBcmllbCBTYWxhemFyIFJhbWlyZXovMy4tIE1hcnpvL1NlbnRlbmNpYXMvU0M3ODAtMjAyMCBbMjAxMC0wMDA1My0wMV0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Luego, el tema de la prueba debería versar únicamente sobre los elementos estructurales de relevancia jurídica que exige la norma sustancial, sobre los cuales las partes no hayan podido llegar a un acuerdo.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Recorría la ruta que de Neiva va a Florencia. [Folio 2, cuaderno 1] La aludida distinción marca la pauta para solucionar dos problemas eminentemente prácticos que se presentan con regular frecuencia y suelen confundirse: la delimitación de los extremos del litigio y la determinación del tipo de acción que orienta la materia. La mayoría de costos innecesarios que vulneran el principio de economía procesal, en términos de tiempo y de recursos, se generan por no fijar adecuadamente el objeto del litigio. En vigencia del Código General del Proceso esas actuaciones deben hacerse en la audiencia inicial (o única si fuere el caso), siempre y cuando estén presentes las partes (inciso 3º, numeral 7º, artículo 371). En ese sentido, sólo los hechos sobre los que se fundan las pretensiones constituyen la causa petendi , pero no el nomen iuris o título que se aduzca en el libelo, el cual podrá ser variado por el juzgador sin ninguna restricción.

## Texto del documento

Radicación n.° 18001-31-03-001-2010-00053-01
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
SC780-2020
Radicación n°18001-31-03-001-2010-00053-01
(Aprobado en sesión del diecisiete de julio de dos mil diecinueve)
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020)
La Corte decide el recurso extraordinario de casación que la parte demandante interpuso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) el 24 de junio de 2015, dentro del proceso de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Nelcy Chala Leyva y Jhon Fredy Chala Leyva demandaron a la Cooperativa de Motoristas del Huila Coomotor Ltda. y a Leonel Antonio Mamian Figueroa para que se declare que «tienen la obligación solidaria de indemnizar los perjuicios (materiales, morales y daños de la vida en relación) derivados del accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio de 2008».
Pidieron el resarcimiento de los siguientes perjuicios:
A favor de Nelcy Chala Leyva por: a ) el daño emergente consistente en «los gastos y costos que sean necesarios en el evento de que las secuelas en el rostro requieran de cirugía plástica» ; b ) el lucro cesante por «el tiempo que permaneció sin laborar como consecuencia del accidente» ; c ) los perjuicios morales, en la suma de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes; y d ) por daños en la vida en relación, en la suma de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
A favor de Jhon Fredy Chala Leiva por: a ) los perjuicios morales, en la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes; y b ) por daños en la vida en relación, en la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
B. Los hechos
1. El 9 de junio de 2008, Nelcy Chala Leiva se transportaba como pasajera en el vehículo de placas TBK 820, conducido por Jorge Asdrúbal Prada, de propiedad de Leonel Antonio Mamian Figueroa y afiliado a Coomotor Ltda. Recorría la ruta que de Neiva va a Florencia. [Folio 2, cuaderno 1]
2. El conductor perdió el control de la camioneta, colisionando en la vía.
3. La demandante recibió un golpe y fue trasladada al Hospital María Inmaculada, donde le diagnosticaron «trauma craneano y fractura frontal».
4. Según el reconocimiento médico legal que se le hizo el 24 de junio de 2008, el accidente le dejó como secuela «deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente». [Folio 1, cuaderno 1]
5. La demandante es propietaria del establecimiento «Cafetería Chala» y recibe ingresos mensuales por $1’700.000, aproximadamente. [Folio 2, cuaderno 1]
6. Jhon Fredy Chala Leiva es su hijo y «ha sufrido y compartido el sufrimiento derivado de las secuelas de dichas lesiones». [Folio 2, cuaderno 1]
C. El trámite de la primera instancia.
1. El 9 de abril de 2010 se admitió la demanda y se dispuso su traslado a la parte demandada. [Folio 19, cuad. 1]
2. Coomotor y Leonel Antonio Mamian Figueroa se opusieron y formularon las excepciones que denominaron «la fuerza mayor y el caso fortuito como fenómenos liberatorios de responsabilidad» y «prescripción de la acción». Manifestaron que el accidente ocurrió por «una acción involuntaria» del conductor, por «un hecho que tal vez siendo previsible no le fue posible contemplar por anticipado» ; y que el presunto daño se originó por «el incumplimiento de un contrato de transporte» , cuyas acciones derivadas están prescritas en los términos del artículo 993 del Código de Comercio. [Folio 36, cuaderno 1]
Los demandados llamaron en garantía a La Equidad Seguros, entidad que propuso las defensas que llamó «limitación a una eventual indemnización a cargo de la Equidad Seguros O.C. de la póliza No. AA010905», «límite de responsabilidad de la aseguradora», «no amparo de perjuicios morales, ni lucro cesante, ni de perjuicios fisiológicos, ni perjuicios de vida en relación de la póliza AA010905…», «no demostración de agotamiento del Soat gastos médicos e incapacidades otorgadas a cargo del Soat o del Sistema General de Seguridad Social…», «carga de la prueba de los perjuicios sufridos/reclamados y de la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en el contrato de seguro…», «inexistencia de prueba de la responsabilidad del asegurado», «indeterminación de los perjuicios reclamados y falta de prueba de los mismos» y «exceso de pretensiones — principio indemnizatorio en seguros de daños, el seguro no puede ser fuente de enriquecimiento…». [Folio 37, cuaderno llamamiento]
3. En sentencia del 14 de marzo de 2013, el juez de primera instancia negó las pretensiones.
Afirmó que quedó demostrado que la empresa transportadora no cumplió su obligación de conducir a la pasajera sana y salva a su lugar de destino, por lo que infringió su deber contractual. [Folio 203, cuaderno 1]
Sin embargo, sostuvo que la acción incoada fue la de responsabilidad civil extracontractual, la cual «no es la indicada para solicitar las lesiones personales de quien fuera pasajera del vehículo de servicio público». En su criterio, la acción que procedía era la de incumplimiento contractual.
Con relación al demandante Jhon Fredy Chala Leyva, señaló que, en virtud de lo estipulado por el artículo 1003 del Código de Comercio, cuando el pasajero accidentado no muere el transportador sólo responde ante la propia víctima por los daños que le sobrevienen, pero no tiene ninguna responsabilidad frente a terceros ajenos a la relación contractual. [Folio 205, cuaderno 1]
Concluyó que, al tratarse de una acción contractual, la pasajera se equivocó al haber encaminado su demanda por la senda extracontractual; mientras que su hijo tampoco podía demandar por esta vía porque la fuente de la obligación que se reclama es un contrato del cual no hizo parte.
4. En su apelación, la parte actora afirmó que el hecho ilícito al que hizo mención en su demanda fue acreditado en el curso del proceso; no se vulneró el derecho de defensa de los demandados y «es indiferente que el demandante haya enmarcado esos hechos en una u otra responsabilidad», por lo que «la equivocación en la responsabilidad invocada» no era obstáculo para la prosperidad de su petitum . Además, en virtud de la prevalencia del derecho sustancial, el juez debía «desentrañar o interpretar el espíritu de la demanda».
D. La sentencia de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia confirmó la decisión impugnada.
Como sustento de su sentencia aseveró que la indemnización pretendida por los demandantes tenía como fuente «una convención de transporte», regulada en los artículos 981, 982 y 1003 del Código de Comercio.
A tal respecto afirmó que el juzgador tiene el deber de «desentrañar» el verdadero sentido de la demanda, pero sin «sustituir por ese camino la voluntad o el querer de la parte demandante». Por lo tanto, como los actores solicitaron que se declarara la responsabilidad civil extracontractual de su contraparte, no había lugar a interpretar el libelo para extraer de él otro sentido.
Entre los litigantes existió un contrato de transporte, por lo que «no es dable derivar responsabilidad diferente a la contractual» y, por tal motivo, debía negarse lo pretendido.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia dictada por el tribunal de violar indirectamente las normas de derecho sustancial que rigen el caso, por error manifiesto en la apreciación de la demanda; toda vez que el sentenciador tenía la obligación de interpretar los hechos narrados en el libelo para hacer la calificación jurídica de la controversia, según fuera de naturaleza contractual (artículos 981, 982 y 1003 del Código de Comercio) o extracontractual (artículo 2341 del Código Civil).
Con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, afirmó que a la parte actora le corresponde expresar con claridad los hechos y pretensiones en que sustenta sus alegaciones, mientras que al juez le corresponde interpretar la demanda y «elegir el régimen de responsabilidad aplicable a cada caso concreto», aun cuando el demandante se hubiera equivocado en su formulación.
Manifestó que en el petitum no se especificó la clase de responsabilidad de que se trata (extracontractual o contractual), pues simplemente se solicitó que se declare que los demandados son civil y solidariamente responsables por los perjuicios que sufrieron los actores con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 9 de junio de 2008; estando demostrados en el proceso los elementos de uno u otro tipo de responsabilidad, sin que sea admisible afirmar que la calificación jurídica que llegue a hacerse del caso lesiona el debido proceso de la contraparte, pues ésta tuvo siempre la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.
III. CONSIDERACIONES
1. La errónea interpretación de la demanda.
La decisión judicial correctamente motivada debe estar conformada por un razonamiento cuya conclusión sea el resultado de la demostración de los supuestos de hecho previstos en la proposición normativa que describe las consecuencias jurídicas que se reclaman en las pretensiones de la demanda.
El acierto de la decisión judicial está determinado por la correcta aplicación de la norma sustancial que rige el caso, por la adecuación de los enunciados fácticos a los hechos probados en el proceso y por la coherencia lógica entre las proposiciones de hecho, las de derecho y las consecuencias jurídicas que de ellas se deducen.
La decisión judicial es controlable a través de los medios de impugnación a los que está sometida; teniendo en cuenta las diferencias de forma y de fondo que existen entre los recursos ordinarios y los extraordinarios. Mas, en cualquier caso, sea que se trate de un recurso ordinario –como el de apelación– o bien de uno riguroso y limitado por las causales taxativamente establecidas por la ley procesal e invocadas de forma expresa por el recurrente –como el de casación–, los errores trascendentes de la decisión judicial han de corresponder a la indebida conformación de los enunciados en los que se sustenta la decisión (justificación externa) o a una incoherencia lógica entre los enunciados bien conformados (justificación interna).
El razonamiento decisorio está integrado por enunciados fácticos, calificativos, normativos y prescriptivos; de modo que el acierto de la sentencia sólo podrá desvirtuarse mediante la demostración de la errónea conformación de los mismos, bien sea por su falta de adecuación a los hechos que les sirven de fundamento, es decir cuando su significado es equivocado, o bien por la presencia de contradicciones o incoherencias entre tales proposiciones.
Los enunciados calificativos no se limitan a describir los hechos y las relaciones entre los hechos que interesan al proceso, sino que les adscriben propiedades jurídicas. La calificación jurídica de los hechos naturales y sociales les otorga su carácter de “hechos jurídicamente relevantes”, es decir que les imprime su significado jurídico o les concede existencia en el mundo del derecho. La identificación del tipo de acción sustancial que rige la controversia se hace mediante esta clase de proposiciones lingüísticas.
Los enunciados fácticos son la formulación de los hechos estrictamente necesarios para la solución del caso, bien sean de carácter operativo, es decir que contextualizan la controversia, o de carácter probatorio, al demostrar las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que son materia del litigio. Estos enunciados coinciden con el supuesto de hecho descrito en la proposición jurídica y determinan el tema de la prueba.
Los enunciados normativos contienen las razones jurídicas que sustentan la decisión, es decir que consagran los derechos subjetivos que le dan significado a la relación jurídico-sustancial que se debate.
Los enunciados prescriptivos son la declaración de las consecuencias jurídicas solicitadas en las pretensiones de la demanda o en las excepciones, y se deducen de la demostración de los supuestos de hecho descritos en la proposición jurídica.
La conformación de todos esos enunciados son un problema de interpretación, pues para llegar a ellos el juez debe comprender la situación fáctica descrita en la demanda, los hechos probados en el proceso y la ley aplicable al caso, de suerte que un error en la interpretación se traducirá en un error en la conformación de tales enunciados (justificación externa) o en la formulación de las conclusiones que de ellos se deducen (justificación interna).
Los errores que tienen lugar en la justificación externa de la decisión (por la falta de correspondencia entre el enunciado y su fundamento o referencia normativa o fáctica) son de tipo interpretativo. Los errores que se dan en la justificación interna de la decisión (por incoherencias entre las proposiciones) son de carácter lógico.
Los errores en la justificación interna (incoherencias entre los enunciados ya conformados) o en la elaboración del enunciado normativo (infracción directa de la ley) pueden detectarse al examinar el contenido de la sentencia. Pero cuando la denuncia consiste en un vicio proc

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

el Digesto, se señalaba el caso de la persona que causa un daño patrimonial matando a un esclavo o un animal doméstico útil al hombre; mientras que el capítulo tercero, ibídem, trataba el simple deterioro de las cosas mencionadas en el primer capítulo, así como la destrucción de cualquier objeto material, especialmente las heridas hechas a los esclavos y a las bestias que viven en rebaño, y los daños provenientes de incendios, destrozos, etc.
� Sobre la absoluta diferencia entre la lex Aquilia y la responsabilidad extracontractual moderna (ya advertida por Tomasio y por Heineccio), ver: Jorge PEIRANO FACIO. Responsabilidad extracontractual, 3ª ed. Bogotá: Temis, 1981. pp. 122-123.
� La autoproducción y autorreferencialidad del sistema jurídico son incompatibles con las justificaciones externas y a posteriori como las que ofrece el “análisis económico del derecho” y la “justicia correctiva”.
� La evolución del derecho implica creación de nuevos institutos jurídicos a partir de su propia referencia significativa mediante procesos incesantes y continuados de autogeneración. De ahí que no puede ser entendido como sistema cerrado, dogmático, axiomatizado, acabado y dependiente de fuentes inamovibles frente a las cuales los problemas jurídicos emergentes no tienen cabida ni explicación. Lo que el simbolismo de las fuentes no permite comprender es, justamente, la evolución creativa y novedosa que surge de la vida misma y de la sociedad. El estudio del derecho como sistema complejo permite analizar los fenómenos jurídicos cuya naturaleza resultaba inabordable desde las perspectivas clásicas.
� Un elemento “esencial” común es un componente que siempre tiene que estar presente en un objeto o concepto porque de lo contrario vería desfigurada su “naturaleza”, o perdería su razón de ser, o eso que lo caracteriza. El conocimiento interdisciplinario actual prescinde de las alusiones a la “esencia” de las cosas, pues la pregunta por la esencia (el qué) es un asunto filosófico concerniente al ámbito de la ontología o metafísica, pero irrelevante para la indagación científica y la operatividad práctica (el cómo). De ahí que en vez de intentar describir elementos “esenciales” –como hacían las disciplinas medievales– se hable de construcciones de significado a partir de funciones y estructuras conceptuales.
� CS SC13925-2016 del 30 de septiembre de 2016. Rad.: 05001-31-03-003-2005-00174-01.
� Si la effusio vel deiectio o el edicto de feris cayeron en desuso ello no ocurrió porque se olvidaron o porque no estén vigentes, pues siguen estando consagradas en el Código Civil (artículos 2353, 2354, 2355), sino porque su simplicidad estructural les impide resolver los problemas de complejidad creciente de la responsabilidad contemporánea.
� La reducidibilidad es la propiedad que caracteriza a un verdadero subsistema, en el que los elementos que integran cada categoría no cambian su significado pero le imprimen significado al instituto jurídico, dependiendo de si están presentes en él o no. Para mayor ilustración, ver un ejemplo de reducidibilidad de los distintos subsistemas de la responsabilidad extracontractual en el acápite 4.2 de SC002-2018 del 12 de enero de 2018. De ese modo la responsabilidad objetiva, por actividades peligrosas, y por culpa o dolo son todas reducibles al régimen general de la responsabilidad extracontractual, según el número de elementos que cada una de ellas exija para su configuración. Los regímenes autónomos, en cambio, no son reducibles a otro, pero pueden compartir elementos identificadores que cambian su significado una vez se incorporan en el sistema de destino.
� Las interdependencias se caracterizan porque cada elemento integrador de un instituto jurídico tiene una referencia única que lo distingue de los demás elementos que componen ese instituto jurídico, pero puede ser incorporado a un instituto jurídico diferente en razón de una propiedad económica o de eficiencia del sistema (recursividad). Cada instituto jurídico es un contenedor abstracto (arquetipo) en el que un conjunto de uno o más elementos identificadores pueden existir. De ese modo un elemento identificador toma un significado distinto al ser definido por el instituto jurídico al cual pertenece. Por ejemplo, la culpa tiene una referencia semántica única, pero su connotación cambia si se la emplea en la responsabilidad contractual, en la extracontractual, en el derecho de familia, en el régimen de los derechos reales, o en el derecho penal. Si el sistema tuviera que inventar referencias distintas cada vez que requiere crear un nuevo instituto jurídico, sería operativamente ineficiente y costoso en términos tectológicos. La razón por la cual la culpa puede tener distintos sentidos en uno u otro instituto a pesar de conservar la misma referencia es porque cumple una función diferente en cada uno de ellos. De ese modo el sistema proporciona los medios para su autoproducción, mediante la agrupación lógica de los identificadores estructurales relacionados en sus categorías jurídicas, lo que permite desambiguar su significado y hacer al derecho más modular. La modularidad implica que las categorías jurídicas pueden ser independientes unas de otras, pues su autonomía está dada por la agrupación lógica de sus elementos constituyentes; lo que permite su especificidad y el procesamiento de la información proveniente del entorno (experiencias sociales) sin caer en los extremos del intuicionismo casuista y del formalismo rígido. Esta es la manera como se hacen distinciones categoriales mediante análisis cualitativo de sistemas complejos con propiedades emergentes que se alejan del equilibrio, cuya modelización pone de manifiesto las relaciones entre la estructura del sistema y su comportamiento evolutivo, sin necesidad de recurrir a mitos fundacionales o a explicaciones esencialistas basadas en la metáfora de las “fuentes” o los “principios”.
� La previa participación de un agente en la producción de un daño es valorada como comportamiento estereotipado inocuo, aunque sea imprudente o culpable y contribuya causalmente o favorezca la realización del perjuicio, cuando no existe una norma jurídica que permite adjudicar dicha conducta al agente. Es decir que si el daño es jurídicamente atribuible a un factor extraño, el agente que intervino previamente en su producción –o no actuó para evitarlo– no podrá ser declarado responsable de las consecuencias si no tenía la posibilidad y el deber jurídico de actuar o abstenerse de actuar para evitar las consecuencias lesivas. Esta regla que desvirtúa la imputación ha sido denominada por un sector de la doctrina como “prohibición de regreso”.
� SC20950 del 12 de diciembre de 2017, Rad.: n° 05001-31-03-005-2008-00497-01. Reiterado en SC002 del 12 de enero de 2018. Rad.: nº 11001-31-03-027-2010-00578-01.
� SC del 9 de julio de 2012. Ref.: 11001-3103-006-2002-00101-01.
� (CSJ SC. 20 enero de 2009, rad. 000125; reiterada en CSJ. SC. 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-00032-01)
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