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clave: "corte_suprema:providencia:SC6315-2017 [2008-00247-01]"
titulo: "Corte Suprema: son suficientes las precedentes reflexiones para desestimar el reproche examinado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-06-20"
radicado: "2008-00247-01"
numero: "SC6315-2017"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: son suficientes las precedentes reflexiones para desestimar el reproche examinado

- **Título oficial / radicado:** SC6315-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-06-20
- **Radicado:** 2008-00247-01
- **Número:** SC6315-2017
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC6315-2017%20%5B2008-00247-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC6315-2017%20%5B2008-00247-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzUuIE1heW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzYzMTUtMjAxNyBbMjAwOC0wMDI0Ny0wMV0uZG9j/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Y que “no podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas ”, la incoherencia del planteamiento de la falta de jurisdicción se muestra patente y más bien se acomoda la irregularidad o vicio procesal, se insiste, a una falta de competencia.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

En ese sentido, en reciente fallo dijo esta Corporación: Acerca de este último aspecto, del que el numeral primero del aludido artículo 140 señala que el trámite es nulo, todo o en parte, “cuando corresponde a distinta jurisdicción”, ha de recordar la Sala que ha sido entendido como la potestad soberana de impartir o administrar justicia mediante la aplicación del derecho a los casos concretos, función que para su racional ejercicio fue fraccionada por la Carta Política en la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional y las denominadas especiales, cual se advierte de las normas contenidas en los capítulos 2º a 5º de su título VIII. Son suficientes las precedentes reflexiones para desestimar el reproche examinado. De igual forma ocurre al constatar los soportes de los registros contables En consecuencia, se solicita casar el fallo impugnado y en la sentencia sustitutiva se confirme el emitido por el a-quo.

## Cita textual

> no podrá alegar la causal de falta de competencia por factores distintos del funcional, quien habiendo sido citado legalmente al proceso no la hubiere invocado mediante excepciones previas

## Texto del documento

Radicación n° 11001-3103-019-2008-00247-01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC6315-2017
Radicación n° 11001-31-03-019-2008-00247-01
(Aprobado en sesión de catorce de junio de dos mil dieciséis)
Bogotá D. C., nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
Decide la Corte el recurso de casación que las partes formularon frente a la sentencia de 6 de marzo de 2012 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Eduardo Peña Gómez y Las Viviendas Sociedad Limitada contra Fagor Industrial S.A.
I. ANTECEDENTES
1. En el escrito introductorio (fls.831 a 841, c. 2), los actores plantearon las peticiones y hechos que a continuación se resumen.
1.1. Pretensiones principales:
a). Declarar que entre «Fagor Industrial S.A.» , en calidad empresario, y «Eduardo Peña Gómez y/o la sociedad Las Viviendas Sociedad Ltda. - Dotacero» , existe un «contrato de agencia comercial» que inició el 1° de febrero de 1998, encontrándose vigente, en desarrollo del cual los actores han promovido y acreditado «la marca ‘Fagor’ y los productos de la empresa demandada en el territorio de la República de Colombia» , logrando que sean reconocidos y solicitados en el mercado nacional, aunque desde el 1º de mayo de 2003, la convocada al litigio «asumió el control de la clientela adquirida por los demandantes y ejecutó directamente los negocios que venían ellos promoviendo y sobre los cuales ya habían adquirido derechos de comisión» .
b). En consecuencia, se condene a la convocada al proceso a satisfacer a los accionantes (i) «el valor total de las comisiones sobre ventas causadas» hasta el «1º de mayo de 2003» , por valor de $121’648.728, o la que se probare; (ii) «un porcentaje del veinticinco por ciento (25%)… valor de las comisiones liquidadas sobre el total de las ventas de productos y/o servicios realizados por la sociedad Fagor Industrial S.A.» , con posterioridad a la citada fecha, que hasta abril de 2007 se cuantificó en la cantidad de $2.575’577.266, y (iii) la correspondiente actualización de tales cantidades con base en el IPC.
1.2. Súplicas subsidiarias:
a). Declarar que el citado convenio de «agencia comercial» estuvo en vigor desde el «1º de febrero de 1998» hasta el «1º de mayo de 2003» , cuando el «empresario» lo dio por terminado de manera unilateral y sin justa causa.
b). Por consiguiente, se condene a la convocada al litigio a pagar a los demandantes (i) «el valor total de las comisiones sobre ventas causadas (…), las cuales liquidadas para el día 01 de mayo de 2003, ascendían a la suma de $121’648.728» , o la que se llegare a demostrar; (ii) los intereses comerciales moratorios sobre «las comisiones pendientes de pago» , a partir de la reseñada fecha; (iii) «una doceava (1/12) parte del promedio de comisiones recibidas por los demandantes en los últimos tres años por cada uno de los años de vigencia del contrato» , del «1º de febrero de 1998 hasta el 1º de mayo de 2003» , equivalente a $946’868.727, o la suma que se acreditare; (iv) igual cantidad por la indemnización derivada de la «terminación sin justa causa» del mencionado negocio jurídico, o la que fuere probada, y (v) la actualización monetaria con base en el IPC sobre el monto de dichas prestaciones.
2. La causa petendi está cimentada en los supuestos fácticos que enseguida se mencionan:
a). Eduardo Peña Gómez, de forma verbal celebró con Fagor Industrial S.A., un «contrato de agencia comercial» , en reunión que sostuvieron en su establecimiento de comercio ubicado en la calle 68 n° 14-35 de esta ciudad, con Manuel Valderrama y Jesús Ortiz de Zárate, que tuvo por objeto encargarle «actuar como agente comercial de la marca y productos Fagor, para promover desde la ciudad de Bogotá» los negocios en el territorio nacional, el que se desarrolló a partir del 1º de febrero de 1998.
b). Las condiciones acordadas para el aludido convenio, se concretaron a las siguientes: «a. comisiones del veinticinco por ciento (25%) sobre ventas brutas; b. territorio República de Colombia; c. mercadeo, colaboración en el proyecto de diseño, cotización de productos y servicios, demostraciones, captación de las órdenes de compra de Fagor y/o Rivesa Industrial, recaudo de cartera de anticipos y consignación a Rivesa Industrial y/o Fagor, recibo, alistamiento y montaje de equipos, entregas y servicios posventa al cliente, recaudo y consignación de saldos; d. encargo de presentarse como ‘Director Bogotá’ de la empresa ‘Fagor – Fagor Industrial S. Coop. … (M) Mondragón corporación cooperativa’» .
c). Las actividades de «agente comercial» las ejecutó Eduardo Peña Gómez en su establecimiento comercial, como persona natural, «hasta la fecha en que Fagor suspendió unilateralmente la actividad del agente» .
d). Esta demandada «elaboró íntegramente un documento que denominó ‘acuerdo de colaboración’ que el 17 de febrero de 1999 remitieron al arquitecto Eduardo Peña con el fin de vincular a la sociedad que él representaba ‘Las Viviendas Sociedad Limitada’; este documento fue firmado por el representante legal de Fagor Industrial S.A. y por el presidente de la junta directiva» , y por exigencia de aquella «se suscribió con la sociedad comercial de Eduardo Peña Gómez denominada Las Viviendas Sociedad Ltda.» , sin que se hubiere liquidado el convenio con él existente, y «el agente continuó desarrollando su labor directamente o a través de la sociedad demandante» .
e). Con posterioridad al citado acto, «gran parte de la correspondencia y facturación se empezaron a expedir de o hacia ‘Las Viviendas’, sin embargo muchas facturas se siguieron expidiendo a nombre de Eduardo Peña Gómez» , no habiendo variado las condiciones iniciales.
f). El 21 de abril de 2001, Fagor Industrial S.A., elaboró un nuevo documento que denominó «contrato de distribución» , estableciendo que «sería un ‘contrato total …’ constituye por lo tanto el acuerdo definitivo entre las partes y deroga cualquier otro contrato y acuerdo vigente entre las mismas» ; luego el 1° de mayo de 2002, hizo un escrito titulado «modificaciones al contrato de distribución» , indicando también que «sería un ‘contrato total’» , según la cláusula doce.
g). Mediante carta de «15 de febrero [ de 2003 ]» , la sociedad demandada comunica a Las Viviendas la «
terminación del contrato
de distribución suscrito entre las partes el día 21 de abril de 2001 (…) [ a partir del ] próximo primero (1) de mayo de 2003» , y «Fagor, asumió directamente las ventas y promoción de sus productos, ocupando los mercados abiertos por Eduardo Peña y/o Las Viviendas Sociedad Ltda.»
h). Con apoyo en un dictamen pericial practicado como prueba anticipada, con citación de la accionada, se establecieron las «comisiones causadas y adeudadas para el 1º de mayo de 2003» , y las proyectadas con posterioridad a esa fecha, al igual que la prestación equivalente a 1/12 parte sobre el promedio de «las causadas durante el término de vigencia del contrato» , y la indemnización por la terminación unilateral.
3. Notificada la citada al litigio, en tiempo replicó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones pues lo que la demandada celebró con los demandantes « fue un contrato de distribución y no un contrato de agencia comercial » (f. 871, c. 3); no admitió como ciertos los hechos esenciales fundamento de las mismas y planteó las defensas intituladas «inexistencia de celebración y ejecución de un contrato de agencia comercial - inexistencia de los elementos esenciales del contrato de agencia comercial y mala fe del distribuidor – inexistencia de la obligación de indemnizar – carencia de derecho de los demandantes – prescripción de la acción – cumplimiento y pago por parte de Fagor Industrial S.A. de todas y cada una de las súplicas de la demanda – Renuncia expresa de Las Viviendas Sociedad Ltda. a reclamar» .
También formuló las excepciones previas de «falta de competencia» , pues los contratos de distribución bases del presente proceso fueron celebrados en Medellín, “compromiso o cláusula compromisoria» pues de los dos contratos mencionados, celebrados el 17 de febrero de 1999 y el 21 de abril de 2001, el último -modificado el primero de mayo de 2002- contiene una cláusula compromisoria en virtud de la cual las partes acordaron someter sus diferencias a un Tribunal arbitramento, e «i neptitud de la demanda por falta de los requisitos formales» . El a-quo declaró probada la segunda, y el juzgador de segundo grado, revocó la decisión y la desestimó, ordenando continuar con el trámite del asunto (c.6, fls.12-17). Consideró el sentenciador de segunda instancia que los contratos de distribución en donde se pactó la cláusula compromisoria constituían apenas hechos que edificaban las pretensiones de declaración del contrato de agencia comercial, por lo que para la prosperidad de la excepción de cláusula compromisoria debió probarse dicho pacto en relación con el contrato de agencia comercial y no de otro.
4. La primera instancia se finiquitó mediante fallo de 12 de julio de 2011, en el que se dispuso declarar «no probada la excepción de prescripción de la acción (…)» , y en providencia de 4 de agosto de la misma anualidad se complementó en el sentido de denegar «»las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda» , e impuso condena en costas a la parte vencida.
Los demandantes formularon recurso de apelación y el ad quem ratificó el punto primero relativo al pronunciamiento sobre el citado modo extintivo de la acción, adicionó la decisión en cuanto a «declarar no probadas las demás excepciones propuestas» ; revocó el numeral segundo, «en orden a declarar que entre Eduardo Peña Gómez y Las Viviendas Sociedad Ltda., y Fagor Industrial S.A., existió un contrato de agencia mercantil desde el 10 de febrero de 1999 hasta el 1º de mayo de 2003» ; también dispuso «[ n ]egar las condenas primera a tercera de la demanda» , y «[ r ]evocar el numeral tercero» , absteniéndose de condenar al pago de expensas procesales (c.6, fls.99-131).
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Luego de exponer de forma resumida los antecedentes del proceso, estableció que la inconformidad de la recurrente se centró «en que entre las partes hubo un contrato verbal de agencia mercantil que luego se consagró por escrito y que en su ejecución cumplió todos sus requisitos, razón por la cual deben reconocerse los conceptos económicos causados a favor de las demandantes, por la terminación unilateral del contrato y haber obtenido provecho económico de su actividad de agencia» .
2. Mencionó enseguida algunas de las pruebas incorporadas, tales como las facturas, documentos contables, cartas, correos electrónicos recíprocos entre las partes, el «acuerdo de colaboración» de 10 de febrero de 1999, «comodato precario» de 23 de abril del mismo año, «contrato de distribución» de 1º de mayo de 2002, y «carta de terminación de contrato» de 15 de febrero de 2003.
Así mismo, aludió a la versión de Jesús María Ortiz de Zárate, representante legal de la convocada, expuesta en el interrogatorio que contestó, del que interpreta «negó la existencia [ de ] una relación comercial de agencia con el señor Eduardo Peña Gómez, y reconoció solamente la existencia de colaboración para celebrar negocios con el mencionado señor, refiriéndose más específicamente a la estructura empresarial de su compañía» ; al igual que a los testimonios de Orlando de Jesús Restrepo Quiroz, Jorge Humberto Velásquez Vergnaud, Luis Eduardo Gómez Guerrero, José Helí Arango Patiño, Carlos Aurelio Barragán, Jhon Alexander Díaz, Eugenio Urcely Amondaraín, José Luis Lizarbe Diez, José Ignacio Diez Márquez, Mario Fernando Calle Uribe, Claudia Patricia Díaz, y a las manifestaciones del actor Eduardo Peña, contenidas en la declaración de parte, como también a las pruebas periciales practicadas en el proceso, extrayendo de tales probanzas los fragmentos pertinentes.
3. Con base en el texto del artículo 1317 del Código de Comercio, dilucidó que la «agencia mercantil» , comporta como requisitos los siguientes:
«a) la independencia de la actividad del agente» , considerándola satisfecha porque según los elementos de juicio, Eduardo Peña Gómez, y Las Viviendas Sociedad Ltda., tomaron en arrendamiento un local, tenían su propio personal, y desarrollaban la actividad con autonomía «en cuanto a honorarios, gastos y actuaciones, pues no hay prueba alguna de que ello estuviera regulado, ordenado, o limitado por Fagor Industrial S.A.»
«b) la estabilidad de la actividad del agente» , consistente en la promoción o conclusión por él de negocios en serie y sucesivos, infiriendo que las partes en este litigio «mantuvieron, en forma estable, relación comercial durante más de 4 años [desde el 10 de febrero de 1999 (cuando suscribieron ‘acuerdo de colaboración’ …), hasta el 1º de mayo de 2003 (cuando se dio la terminación …)]» .
«c) el encargo de promover y explotar negocios» , gestión concebida como la «finalidad del contrato, en tanto que la labor del agente es preparar negocio (pro

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

pericia en referencia cuando dijo «(…) de manera general que no hall[aba] “prueba decisiva en relación con el valor real adeudado al demandante” (…)» (fl. 179). De haber visto y ponderado el contenido de esa probanza otra habría sido la decisión. Ese medio de convicción es determinante en la definición de los rubros económicos por los cuales la accionante pidió condenar a la demandada.
i) La sola circunstancia de que la parte actora asegurara que el vínculo que la unió a la opositora no fue de distribución, sino de agencia comercial, de ningún modo le impedía a ese extremo procesal, y mucho menos al Fallador, aducir, a partir del contenido del contrato escrito y mal identificado como de distribución, que “su comisión correspondía al 25%” , pues el hecho de que pidiese, como en efecto lo hizo, una calificación jurisdiccional sobre la naturaleza jurídica de la relación jurídica real, no obstaculizaba demostrar la exigencia de la agencia demandada, porque las cosas por lo que son, y no por el nombre que les den las partes.
Despreciar, entonces, la denominación literal del lazo negocial, y, al tiempo, echar mano de uno de sus contenidos, en particular del atinente a la remuneración, no apareja contradicción, como con error lo concibió el Juez de segundo grado. Si en el texto aparece un porcentaje de comisión, el mismo debía y tenía que servir de base para cuantificar el derecho económico en el cual se concentran las súplicas consecuenciales, con mayor razón si esa rata en todo caso no fue rebatida.
j) Ahora bien, en últimas, se repudia tal proporción, en aplicación de los artículos 37, 38, 179, 180 y 183 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de cumplir la sagrada e ineludible misión de administración justicia, debió entonces, decretarse pruebas de oficio, pero no afirmar, «(…) que si bien es cierto, se ha acreditado la existencia de un contrato de agencia mercantil (…) también lo es que, del mismo no pueden (…) deducirse obligaciones económicas a reconocer, por cuanto las mismas no fueron probadas por la parte actora (…)» (fls.122 y 123., cd. tribunal), con mayor razón si, como lo admitió, el artículo 1322 del Código de Comercio menciona el derecho a remunerar al agente y el artículo 1264 ibídem prevé como remuneración para el mandatario la estipulada o usual para este género de actividades, las cuales pueden comprobarse por medio de peritos.
k) Finalmente, si otros de los elementos del contrato de agencia comercial son, al decir del propio Tribunal, «b) la estabilidad de la actividad del agente », lo que implica que el agente promueve o concluye negocios en serie y sucesivos, siendo permanente su relación con el agenciado (…) [y que la parte actora mantuvo] en forma estable, relación comercial durante más de 4 años [desde el 10 de febrero de 1999 (…) hasta el 1º de mayo de 2003 (…)», «c) el encargo de promover y explotar negocios , [gestión que concibió como] la finalidad del contrato, en tanto que la labor del agente es preparar el negocio (promover), y concluirlo o perfeccionarlo (explotar) preferiblemente (…)»; el reclamo resultaba próspero.
Si el Tribunal dio por demostrado, además, que «e) la actuación del agente por cuenta del empresario (….) considera[ndo] que el agente debe adelantar su actuación poniendo de presente que actúa por cuenta del empresario (…) [y] no está acreditado (…) que (…) [los actores] adquirieran la propiedad de los equipos vendidos por Fagor Industrial, antes bien, se tiene claridad sobre el hecho de que en las ventas en dólares, era Las Viviendas quien recibía el dinero y lo remitía a Fagor, y en las ventas en pesos, las facturas y pagos siempre aparecían a favor de Fagor (…) [y] Eduardo Peña, en nombre propio o actuando en representación de Las Viviendas, así como sus hijos en nombre de esta última, siempre actuaron por cuenta de Fagor Industrial, presentándose con papel timbrado con la marca (…), teniendo tarjetas de presentación con el logo ‘Fagor’ (…), y presentando su local comercial como punto de exhibición de dichas mercancías (…)» (fls. 12 a 118, cd. tribunal), infiriendo que entre las partes existió una verdadera agencia comercial, el Tribunal incurre en una manifiesta e inocultable contradicción, cuando juzgó procedente el reclamo de la indemnización por terminación sin justa causa; y, sin embargo , estimó «(…) la actividad desplegada por la parte actora a efectos de probar la promoción, inversión y pro actividad en la consecución d negocios (.-…) insuficiente (…)» (fl. 129).
Un presupuesto de la agencia es la estabilidad de la actividad del agente», el encargo de promover y explotar negocios y la actuación del agente por cuenta del empresario. En esta ocasión estos requisitos el Juez de segundo grado los tuvo por satisfechos, y los medios probatorios evidenciaron de modo que no es de recibo, señalar que el extremo activo no probó con suficiencia haber actuado con solvencia en provecho de su par negocial y que por consecuencia no le podía reconocer la indemnización prevista en la ley ante la terminación unilateral y abrupta del vínculo.
2.3.2. Son incuestionables entonces los errores cometidos por el juez de segundo grado, los cuales la mayoría debió dar por establecidos; para constatarlos no era necesario hacer mayúsculos esfuerzos.
2.4. Si la prueba era insuficiente, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la misma Corte han debido entonces ordenarse, de oficio , la práctica de las pertinentes pruebas; porque, no puede ser que, dada la especial naturaleza del contrato de agencia comercial y de los elementos requeridos para su estructuración, en esta ocasión el ad quem y la mayoría de la Sala lo tengan como la especie negocial realmente alcanzada entre las partes, pero , en una determinación que rompe toda lógica, se nieguen las aspiraciones económicas a la parte actora.
La determinación así concebida hallaba fundamento en los artículos 37, 38, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, en pro de una justicia verdadera para establecer la naturaleza de los daños y su magnitud.
2.5. La Corte no podía, por un lado, afirmar «(…) que los impugnantes no demostraron el dislate denunciado (…)» (fl. 179), habiéndolo hecho. Al contrario de lo así sostenido en la página 89 de la decisión, los recurrentes demandantes sí definieron el yerro cometido por el Tribunal, frente al cual, ahora en el fallo la mayoría prefirió hacer caso omiso
Conclusión
Los errores en las decisiones judiciales pueden estandarizarse como iuris in iudicando , errores fácti in iudicando y, errores in procedendo . Como lo advertí en el introito de este salvamento, he dejado expuesto un portafolio de pruebas obrantes en el proceso sobre las cuales se demostró la comisión de errores de hecho con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia impugnada, idóneos para rescindirla y proferir la sustitutiva reconociendo las sumas económicas demandadas por quien fungió como agente comercial.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha ut supra
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC6315-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-06-20. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2008-00247-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC6315-2017%20%5B2008-00247-01%5D).
