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clave: "corte_suprema:providencia:SC5686-2018 [2004-00042-01]"
titulo: "Corte Suprema: no puede el juez condenarla por no haber cumplido una obligación que no le era exigible"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-02-27"
radicado: "2004-00042-01"
numero: "SC5686-2018"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: no puede el juez condenarla por no haber cumplido una obligación que no le era exigible

- **Título oficial / radicado:** SC5686-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-02-27
- **Radicado:** 2004-00042-01
- **Número:** SC5686-2018
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5686-2018%20%5B2004-00042-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5686-2018%20%5B2004-00042-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzU2ODYtMjAxOCBbMjAwNC0wMDA0Mi0wMV0gLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

En consecuencia, en ningún yerro probatorio de tipo fáctico incurrió el Tribunal si de las anteriores declaraciones pudo concluir que la actividad de transporte de hidrocarburos es peligrosa. En suma, de acuerdo con el cargo, OCENSA no tenía obligación alguna de considerar la probabilidad de atentados terroristas y mucho menos de acudir al Estado y solicitar su protección. Es más, para ello no basta ni siquiera la existencia del error de esta clase, sino que se requiere que éste sea manifiesto, protuberante, es decir que surja al primer golpe de vista, que se imponga a la mente con la sola comparación entre la sentencia objeto del recurso extraordinario y lo que aparece en el expediente, pues, en doctrina reiterada se tiene por sentado que el yerro de este linaje como antecedente de la transgresión legal, no se presenta, entonces, sino cuando la única apreciación acertada sea la sustitutiva que se propone, una vez acreditada la falta.

## Texto del documento

Radicación n° 05736 31 89 001 2004 00042 01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC5686-2018
Radicación n.° 05736 31 89 001 2004 00042 01
(Aprobado en sesión de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto tanto por los demandantes José Crispín Sánchez Rodríguez y otros , como por la demandada Sociedad Oleoducto Central S.A. (OCENSA) , frente a la sentencia proferida el 16 de julio de 2013, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario adelantado por los primeros frente a la segunda, al que fueron vinculadas Royal & Sun Alliance Seguros Colombia S. A., Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., Chubb y AIG. Colombia Seguros Generales, AIG.
I. ANTECEDENTES
1.- Inicialmente, José Crispín Sánchez Rodríguez formuló demanda contra la Sociedad Oleoducto Central S.A., OCENSA, sustituida posteriormente para incluir las pretensiones de María Inés Mosquera Mosquera y María Gilma Rodríguez de Sánchez, a su vez reformada e integrada en un solo escrito el 20 de junio de 2005, en la que se pretende:
primero : Que se declare que la sociedad oleoducto central s. a. “ocensa”, es civil y extracontractualmente responsable de los daños materiales y los perjuicios morales ocasionados a los señores josé crispín sánchez rodríguez, maría gilma rodríguez de sánchez y ana o maría inés mosquera mosquera , como consecuencia de la muerte de su compañera, hijos, nietos y sobrinos rosa herenia mosquera murillo, neidy perea sánchez, franquin antonio sánchez mosquera, maria yurany sánchez mosquera y yorman ibarguen perea , por la explosión e incendio de los miles de barriles de petróleo derramados sobre el lecho del río Pocuné el 18 de octubre de 1998 en la población de Machuca del municipio de Segovia (Antioquia) en su calidad de propietario del oleoducto “Cusiana - Coveñas” y operador del mismo.
segundo : Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la sociedad demandada a pagar:
2.1. A título de transmisibilidad del daño moral de rosa herenia mosquera murillo o daño moral hereditario : mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, suma que será decretada a favor de su compañero permanente josé crispín sánchez rodríguez .
2.2. A título de transmisibilidad del daño moral de neidy perea sánchez o daño moral hereditario mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales suma que será decretada a favor de su abuela maria gilma rodríguez de sánchez.
2.3. A título de transmisibilidad del daño moral del menor franquin antonio sánchez mosquera o daño moral hereditario : mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, suma que será decretada a favor de su madre ana o maría inés mosquera mosquera ».
2.4. A título de transmisibilidad del daño moral de la menor maria yurani sánchez mosquera o daño moral hereditario ; mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, suma que será decretada a favor de su padre josé crispín sánchez rodríguez .
tercero : Condenar a la sociedad oleoducto central s. a. “ocensa” , a pagar a título de perjuicios por daño moral por el dolor físico o psicológico sufrido por el fallecimiento de su compañera permanente, hijos, nietos, y sobrinos:
3.1 Por el daño moral sufrido por la muerte de rosa herenia mosquera murillo la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, a favor del compañero permanente josé crispín sánchez rodríguez.
3.2 Por el daño moral sufrido por la muerte de neidy perea sánchez ; las siguientes sumas a favor de cada unode los demandantes a saber: a) maria gilma rodríguez de sánchez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) josé crispín sánchez rodríguez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
3.3 Por el daño moral sufrido por la muerte del menor franquin antonio sánchez mosquera ; las siguientes sumas a favor de cada uno de los demandantes a saber: a) josé crispín sánchez rodríguez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) ana o maria inés mosquera mosquera: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. c) maria gilma rodríguez de sánchez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales .
3.4 Por el daño moral sufrido por la muerte de la menor maria yurani sánchez mosquera ; las siguientes sumas a favor de cada uno de los demandantes a saber: a) josé crispín sánchez rodríguez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) maria gilma rodríguez de sánchez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales .
cuarto : Condenar a la sociedad oleoducto central s. a. “ocensa”, a pagar a título de perjuicios por daño a la relación de vida por la muerte de su compañera permanente, hijos, nietos y sobrinos que está afectando su calidad de vida futura y su dignidad como ser humano lo siguiente :
4.1 Por la muerte de rosa herenia mosquera murillo la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, a favor del compañero permanente josé crispín sánchez rodríguez.
4.2 Por la muerte de neidy perea sánchez ; las siguientes sumas a favor de cada uno de los demandantes a saber: a) maria gilma rodríguez de sánchez; la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) josé crispín sánchez rodríguez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
4.3 Por la muerte del menor franquin antonio sánchez mosquera : las siguientes sumas a favor de cada uno de los demandantes a saber: a) josé crispín sánchez rodríguez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) ana o maria inés mosquera mosquera: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. c) maria gilma rodríguez de sánchez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
4.4 Por la muerte de la menor maria yurani sánchez mosquera : las siguientes sumas a favor de cada uno de los demandantes a saber: a) josé crispín sánchez rodríguez; la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. b) maria gilma rodríguez de sánchez: la suma de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
quinto : Condenar a la sociedad oleoducto central s.a. “ocensa” a pagar a título de perjuicios materiales por lucro cesante los siguientes valores que los occisos le[s] habrían otorgado económicamente a los dependientes de no haber fallecido, calculado desde el lapso comprendido del deceso a la esperanza probable de vida y de acuerdo con su última remuneración:
5.1 Por el fallecimiento del menor franquin antonio sáchez mosquera: dos mil quinientos cuarenta y cuatro (2.544 smlm) salarios mínimos legales mensuales, suma que será decretada a favor de la madre de éste ana o maria inés mosquera mosquera.
5.2 Por el fallecimiento de la señora neidy perea sánchez: dos mil setecientos treinta y seis (2.736 smlm) salarios mínimos legales mensuales, suma que será decretada a favor de la abuela de ésta maria gilma rodríguez de sánchez.
sexto : Ordenar expedir copias pertinentes con destino a la Fiscalía General de la Nación para que inicie investigación contra los administradores principales y suplentes de la empresa ocensa que ocuparon los cargos de Representante legal y miembros de la Junta Directiva desde la creación de la empresa hasta el 18 de octubre de 1998 por los presuntos delitos contra la Vida y la Integridad Personal de homicidio culposo de 80 personas y lesiones personales culposas con deformidad física permanente de otras 40 .
séptimo : Condénese a la empresa ocensa s.a. a pagar el 20% del valor de las anteriores pretensiones por las costas y agencias en derecho […] .
octavo : Se declare que todas las sumas de dinero a que sea condenada la sociedad demandada […], actualizada e indexadas devengarán un interés comercial y moratorio desde la ejecutoria de la sentencia hasta su cancelación total » (negrillas y subrayado del texto original).
2.- Las pretensiones se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se compendian:
2.1.- La demandada, en desarrollo de su objeto social y en calidad de propietaria del « oleoducto “Cusiana- La Belleza, Vasconia – Coveñas” », cuyo trazado « atraviesa la población de Fraguas o Machuca ubicada en el municipio de Segovia del departamento de Antioquia », solicitó al Ministerio del Medio Ambiente la expedición de licencia ambiental ordinaria para su construcción y operación, dentro de cuyo trámite se celebró una audiencia pública en el municipio de Zaragoza (Antioquia), en desarrollo de la cual la Defensoría del Pueblo presentó un documento de fecha 18 de mayo de 1995 titulado « Análisis y Recomendaciones frente al proyecto oleoducto Cusiana - La Belleza, Vasconia – Coveñas », en el cual recomendó tener en cuenta « [e]l terrorismo como una variable que debe calcularse en los proyectos petroleros » y la « [u]rgencia de planes de contingencia adecuados », pues, « [e]ludirla sería tapar el sol con la mano », porque cada atentado « es una vulneración del Derecho Internacional Humanitario », y casos « como el ocurrido el 19 de noviembre de 1992 en la vereda La Mariana de Remedios, cuando como consecuencia de un atentado contra el oleoducto Colombia se derramaron seis mil barriles de petróleo en la quebrada La Escuela y en el río Ite y se ocasionó un incendio de tales proporciones que produjo graves quemaduras y la muerte a diez personas […], son condenados como infracciones al derecho de protección de la población civil en los conflictos y deben ser prevenidos y mitigados consecuentemente por el Estado Colombiano », pero ni Ocensa ni sus administradores acataron tales recomendaciones.
2.2.- El 30 de marzo de 1995 la Dirección General Ambiental Sectorial del Ministerio del Medio Ambiente emitió el Concepto Técnico No. 339 por medio del cual solicitó información sobre impacto por esas actividades, « en particular en las veredas de machuca, puerto calavera y el cenizo »; empero, la demandada y sus administradores no complementaron y actualizaron la información del Estudio de Impacto Ambiental.
2.3.- Mediante Resolución nº. 952 de 31 de agosto de 1995, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó a la demandada la licencia solicitada, en la que le señaló que « en las audiencias públicas dentro del trámite de la licencia ambiental se presentaran como solicitudes comunes la colaboración de Ocensa en la capacitación de la comunidad en educación ambiental ». También condicionó a dicha empresa a « que presentara el Plan de contingencia para la operación del oleoducto con seis meses de anticipación al inicio de la misma », y le impuso las obligaciones de construir el trazado «alejado de los corregimientos, cabeceras municipales y poblados nucleados y sus áreas de expansión urbana »; de presentarle al Ministerio « el Plan de Gestión Social antes y durante el proceso de construcción, para lo cual debía tener en cuenta las distintas solicitudes expuestas por las comunidades en desarrollo de las audiencias públicas dentro del trámite de la licencia ambiental »; de « realizar talleres de contenido ambiental a todas las comunidades e instituciones del área de influencia del oleoducto teniendo en cuenta el componente de análisis de riesgo y seguridad para la población frente al proyecto y plan de contingencia », y que en dicho componente « debía dar información sobre aspectos técnicos y de señalización que pudieran poner en peligro la vida de los pobladores », y una vez desarrollados estos, « debía presentar al Ministerio un acta en el cual se consignara el alcance obtenido y las correspondientes firmas de asistencia por parte de la comunidad beneficiada ».
2.4.- El Ministerio del Medio Ambiente, mediante auto 382 del 17 de junio de 1997, señaló que « Ocensa en su Plan de Contingencia presenta deficiencias en las variables tenidas en cuenta en el análisis de riesgo »; que en este divide en « análisis de riesgos operacionales y de riesgos geotécnicos »; que para dicha empresa « el principal factor de origen antrópico para el análisis del riesgo operacional es el orden público y los posibles atentados producidos por terceros »; que « Ocensa en su Plan de Contingencia estableció que las secciones del oleoducto de alta pendiente representan alto riesgo », por ende, « la necesidad de instalar válvulas de cheque en secciones del oleoducto de alta pendiente », dado que « [l]a población de Fraguas o Machuca está ubicada en la parte baja de una sección del oleoducto de alta pendiente que representa alto riesgo ».
2.5.- En el mismo auto el ente ministerial adujo que « Ocensa en su Plan de Contingencia afirmó que los daños causados por terceros ser[í]an los más significativos », y en el literal f del numeral 3° afirmó que « sorprende que el Plan de Contingencia de Ocensa no tuviera en cuenta la problemática de orden público [ni] la operación de grupos al margen de la ley que en algunos casos actúan realizando atentados contra la infraestructura de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

sindéresis o buen juicio” , determine a posteriori , esto es al momento de decidir, en qué casos aplica el régimen de responsabilidad por culpa y en cuáles prescinde de ese elemento; pues tal hipótesis, al tomar por sorpresa a las partes, constituiría una flagrante violación de su derecho fundamental al debido proceso.
Nada de malo tendría aplicar el “criterio” de la “razón natural” si hubiera un parámetro objetivo para saber de qué se está hablando a ciencia cierta cuando se alude a esa idea. Pero el problema radica en que hasta el momento, y cada vez en mayor medida, la tesis que se impone en los distintos ámbitos del conocimiento científico y filosófico es que tal cosa no existe o, al menos, no hay ningún motivo válido para creer en ella, ni mucho menos una prueba que avale su existencia. El “buen sentido”, por su parte, es un don tan bien repartido que difícilmente podría encontrarse a una persona –mucho menos a un juez– que afirme carecer de él. Todo el mundo está satisfecho con su nivel de “sentido común”, y un juez que afirmara que su decisión careció de “buen juicio” sería un juez desequilibrado. Sin embargo, lo cierto es que el “sentido común” tiene tan poco de ‘sentido’ y de ‘común’ que lo que para unos es tal cosa, para otros no es más que un sinsentido, un absurdo o un error.
La “razón natural”, el “sentido común”, el “buen juicio”, la “intuición”, la “sindéresis”, o cualquier otra idea de similar vaguedad en la que el fallo de la referencia haya querido sustentar la categorización de las actividades peligrosas, son nociones tan amplias, ambiguas y difusas, que pueden referirse a cualquier cosa al carecer de significado concreto. Es decir que no son más que conceptos vacíos que, lejos de aportar algo a la teoría de la responsabilidad civil, terminan por hacerla aún más oscura de lo que ya es.
Es posible que haya personas que queden satisfechas con la mera creencia en que la “razón natural” ilumina las decisiones que toman los jueces. Pero bajo los criterios de racionalidad contemporáneos, que imponen el deber de motivar las sentencias con argumentos coherentes y conceptos rigurosos de significado preciso, no es admisible valerse de nociones tan difusas como caprichosas, pues ello contraviene la pretensión de corrección racional de las decisiones judiciales. De ahí que la explicación que se adujo en el fallo no hizo ningún aporte teórico significativo, ni prestó ninguna ayuda para la solución del caso concreto.
El transporte de petróleo es una actividad peligrosa, en suma, no porque así lo hayan conceptuado los expertos que rindieron su versión en el proceso, ni porque esa sea la consecuencia del “buen juicio” o “sindéresis” del juez que conoció del asunto, sino porque así lo tiene establecido nuestra jurisprudencia con base en los lineamientos trazados por el tenor literal del artículo 2356 del Código Civil; y frente a tal contundencia, de nada valía que la parte recurrente adujera errores de estirpe probatoria, pues el significado y alcance de los institutos y conceptos jurídicos no dependen de las contingencias que se derivan de la valoración material de las pruebas, sino que están reservados a la categorización a priori , general, impersonal y abstracta que de una actividad hace la ley positiva e interpreta la Corte Suprema.
“Delegar” la categorización de una actividad peligrosa “al buen juicio del juez” , sin que exista un criterio jurídico general y abstracto definidor, no significa otra cosa que caer en el casuismo jurídico y quebrantar la confianza de los usuarios en el ordenamiento jurídico como sistema coherente que garantiza expectativas fiables y estables, pues de llegar a aceptarse tal supuesto nunca se sabría cuál es el instituto jurídico que rige los contornos del litigio y delimita el tema de la prueba.
Lo anterior bastaba para despachar negativamente los cargos primero y segundo.
4. Finalmente, en lo que dice relación a la condena en perjuicios –bajo la hipótesis de que se hubieran demostrado los supuestos de hecho que habrían permitido condenar a la demandada, lo cual no ocurrió–, no me es posible en este salvamento profundizar sobre las falencias conceptuales y el retroceso que aparejan las consideraciones vertidas en la sentencia acerca de los distintos tipos de daño con relevancia jurídica; pero al menos sí debo expresar mi inconformidad por la manera como se concedieron las indemnizaciones sin que hubiera certeza de la identidad de los demandantes, de su individualización y de su legitimación en la causa por activa.
Tampoco creo que fuesen acertadas algunas opiniones sobre la tasación del daño moral, como por ejemplo que los menores de siete años recibieran una cantidad de dinero equivalente a la cuarta parte de la que se les concedió a las demás víctimas porque, en sentir de la Sala, los niños de esa edad sufren menos que una persona mayor. Pienso que las secuelas psicológicas de una catástrofe de las dimensiones del incendio que acabó con el pueblo de Machuca se quedan grabadas en la memoria de un niño para siempre, y afectan su dimensión psicológica más que a cualquier persona debido a su estado de vulnerabilidad e inmadurez. Pero, en todo caso, así fuera para acoger la opinión de esta Sala a tal respecto, al menos debieron ofrecerse consideraciones de mayor credibilidad y peso científico.
En cuanto a la condena por concepto de daño a la vida de relación, llama la atención que se concediera este rubro únicamente cuando fue debidamente solicitado en las pretensiones de la demanda y en la medida en que resultaron probados; pues la tesis de esta Corte sobre ese tipo de daño es que puede y debe ser reconocido, aun de oficio, y que para su tasación el juez debe hacer uso de sus facultades de dirección.
Al menos así se ha fallado en sentencias recientes, como la SC2107 del 12 de junio de 2018, suscrita sin salvedades por los magistrados de la Sala Civil, en la que explícitamente se afirmó: «Respecto a la alteración de las condiciones de existencia relacional o daño a la vida de relación, reconocibles aun de oficio, por cuanto la reparación debe ser integral, cuando compete la naturaleza del bien jurídico afectado…» .[footnoteRef:22] [22: Radicación: 11001-31-03-032-2011-00736-01.]
La nueva postura de la Sala, según la cual no procede el reconocimiento oficioso de esta especie de daños se erige en un desconocimiento inmotivado del precedente horizontal; lo que conlleva a inferir que en los casos en que los actores no solicitaron ese rubro dejó de resolverse sobre uno de los extremos del litigio, y en los casos en los que según la Corte no quedó demostrado, debió hacer uso de sus facultades oficiosas, sobre todo cuando se trató de víctimas menores de edad.
Tan insegura estuvo la Corte, en fin, de las consideraciones vertidas en el fallo de la referencia, que ni siquiera se atrevió a reiterar su postura actual acerca de la procedencia oficiosa del daño a la vida de relación.
De los señores Magistrados,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5686-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-02-27. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2004-00042-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5686-2018%20%5B2004-00042-01%5D).
