---
clave: "corte_suprema:providencia:SC5677-2018 [2017-03480-00]"
titulo: "Corte Suprema: la fecha dispuesta en el Laudo para los intereses moratorios no corresponde ni al vencimiento del término para ejecutar una obligación"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-12-18"
radicado: "2017-03480-00"
numero: "SC5677-2018"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5677-2018%20%5B2017-03480-00%5D"
---

# Corte Suprema: la fecha dispuesta en el Laudo para los intereses moratorios no corresponde ni al vencimiento del término para ejecutar una obligación

- **Título oficial / radicado:** SC5677-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-12-18
- **Radicado:** 2017-03480-00
- **Número:** SC5677-2018
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5677-2018%20%5B2017-03480-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5677-2018%20%5B2017-03480-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzU2NzctMjAxOCBbMjAxNy0wMzQ4MC0wMF0uZG9j/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La fecha dispuesta en el Laudo para los intereses moratorios no corresponde ni al vencimiento del término para ejecutar una obligación a plazo; ni a la fecha de reconvención judicial del deudor, ni a la fecha del Laudo que declara el incumplimiento, establece el monto de la condena y ordena su pago.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1563 de 2012
- Ley 37 de 1979
- Ley 39 de 1990

## Extracto

El laudo « contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje» . Por lo tanto, no podían considerarse las comunicaciones y actas de reunión suscritas por el Sr. Chilcott, con el sentido y alcance señalado por éste en su testimonio. 4.1 Acerca del recurso de anulación esta Corte ha dicho que: El segundo se refiere a la notificación de la iniciación del trámite arbitral, puesto que tales actuaciones no son ajenas al postulado constitucional que obliga a garantizar el derecho de contradicción y defensa en las actuaciones judiciales, lo que sólo resulta viable en la medida que el interpelado sea cabalmente enterado de la actuación iniciada en su contra, que le permita, en desarrollo del mentado postulado, a más de alegar las defensas que estime convenientes para la salvaguarda de sus intereses, incluida una eventual demanda de mutua petición, controvertir y aportar las pruebas que habrán de soportar la decisión final.

## Cita textual

> si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se podrán anular estas últimas

## Texto del documento

11001-02-03-000-2017-03480-00
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC5677-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-03480-00
(Aprobado en sala de once de julio de dos mil dieciocho)
Bogotá. D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve el recurso de anulación formulado por las sociedades SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. y FERROVIAL AGROMAN S.A. en su condición de integrantes del CONSORCIO FERROVIAL – SAINC, frente al laudo arbitral de fecha 19 de julio de 2017, corregido mediante Addendum complementario de 8 de noviembre del mismo año, proferido por la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede fue la ciudad de Bogotá, dentro del proceso arbitral promovido por las recurrentes contra la sociedad Carbones del Cerrejón Limited.
I. PRETENSIONES
Pretende el recurrente que la Corporación disponga:
1. Anular el Laudo proferido por el Tribunal Arbitral administrado por la Cámara de Comercio Internacional con sede en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el 19 de julio de 2017, corregido mediante Addendum del 8 de noviembre de la misma calenda.
i. Ordenar a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited, en adelante el Cerrejón, a restituir las sumas de dinero pagadas con sus intereses de mora y la actualización que considere apropiada.
ii. Condenar a Carbones del Cerrejón Limited a pagar al Consorcio las costas del recurso de anulación.
II. ANTECEDENTES
1. Entre las partes en contienda, el día 14 de mayo de 2012, se celebró contrato cuyo objeto fue la construcción del componente del Puerto del Proyecto de Expansión P40 del Cerrejón, el cual debía ejecutarse en Puerto Bolívar, la Guajira, conforme a los diseños y especificaciones técnicas suministrados por el Cerrejón.
2. El mencionado contrato se dio por terminado por el Cerrejón, por lo que el Consorcio consideró que debía cancelarle los sobrecostos económicos e impactos programáticos no imputables a él, que se generaron durante su vigencia.
3. En procura de tales reconocimientos económicos los recurrentes convocaron al Cerrejón a un tribunal arbitral internacional, ante la Cámara de Comercio Internacional, cuya sede se acordó sería la ciudad de Bogotá D.C., a fin de que se declarara la terminación del mentado contrato en las fechas indicadas en el hecho 19 del escrito de impugnación, y se le condenara « al pago de las compensaciones e indemnizaciones, ajustes, reajustes, corrección monetaria, costo de oportunidad, mayores costos financieros e intereses y costas ».
4. Frente a tal llamado la interpelada se opuso a las pretensiones incoadas en su contra en el libelo inicial y formuló demanda de reconvención, en la cual «en síntesis, solicitó; (i) la declaración de que no se cumplieron los supuestos de hecho y de derecho para la
terminación del Contrato
, el cual no ha terminado, y "está surtiendo plenos efectos"; (ii) la nulidad absoluta de la cláusula 8.0 del Contrato y del numeral 5.0 de su anexo B, respecto del límite de responsabilidad; (iii) el incumplimiento del Consorcio, en particular al incumplir los hitos y abandonar la Obra; (iv) la condena al pago de multas, daños y perjuicios moratorios, pagos efectuados a terceros, reembolso de costos pagados, y costas». El Consorcio replicó solicitando se desestimaran todas las reclamaciones del Cerrejón, porque, en su sentir, no incurrió en incumplimientos graves y deliberados[footnoteRef:1]. [1: De acuerdo con la remembranza fáctica contenida en el laudo arbitral objeto de impugnación (fls. 039-159).]
5. Atendiendo el alcance de esas manifestaciones se procedió a emitir la orden procesal número uno (1), que « estableció el calendario procesal y las normas de procedimiento del arbitraje » y el 14 de abril siguiente se suscribió el « Acta de Misión para el arbitraje »; con ocasión de la primera, las partes remitieron los correspondientes escritos de demandas –principal y reconvencional- contestaciones y réplicas respectivas.
6. El 19 de julio de 2017 se profirió el laudo arbitral, que fue corregido a instancia del demandante mediante a ddendum de fecha ocho (8) de noviembre del mismo año, en el cual se acogieron las pretensiones del Cerrejón y desestimaron las del Consorcio, condenándose a éste último a pagar al primero la suma de $102.158.165.822,70 con intereses moratorios, desde el 31 de enero de 2017, y los costos del arbitraje.
III. EL RECURSO DE ANULACIÓN
1. El extremo vencido formuló recurso de anulación contra la decisión arbitral, esgrimiendo para ello las causales previstas en el numeral 1 literales b), c), d) y numeral 2 literal b) del artículo 108 de la ley 1563 de 2012, según las cuales el laudo arbitral se podrá anular a petición de parte o de oficio en los siguientes eventos:
1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe:
(…)
b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos; o
c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta sección de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley.
2. De oficio, cuando:
(…)
b) El laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia.
2. Sirven de soporte a las causales de anulación alegadas, en lo medular, los siguientes hechos relevantes:
2.1. « no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos ».
Luego de referirse al alcance que de la mentada causal han dado distintas autoridades judiciales y citar precedentes en relación con la misma, sostiene que el tribunal « incurrió en nueve omisiones de valoración de pruebas determinantes, cuya relevancia e incidencia en el laudo arbitral es definitiva y hubiera implicado una decisión diferente a la adoptada », los cuales enuncia de la siguiente manera:
«a) Primera Omisión : El Laudo carece de un mínimo ejercicio probatorio respecto del dictamen pericial de parte elaborado por GLOBAL, "bajo la dirección del Ing. Carlos E. Sosa", acompañado por Cerrejón, y además omite toda referencia y decisión sobre la cuestionada competencia, idoneidad, imparcialidad e independencia del perito».
b) Segunda Omisión : El Tribunal omitió el testimonio de Andrés Soto Velasco, vicepresidente del Proyecto de Expansión de Cerrejón (Proyecto P40), quien confirmó que se había modificado el cronograma contractual.
c) Tercera Omisión . El Tribunal omitió la Orden de Cambio No. 3 proferida por Cerrejón y los documentos relativos a la misma, que modificaron y afectaron el cronograma contractual.
d) Cuarta Omisión : El Tribunal omitió valorar la prueba pericial, testifical y documental que demostró que el cambio de cemento establecido en la Orden de Cambio No. 1 impartida unilateralmente por Cerrejón, causó un impacto programático material que alteró el cronograma inicial de la Obra. Estas omisiones son materiales y relevantes por cuanto los medios de prueba omitidos demuestran que el Consorcio no estaba en incumplimiento al momento del inicio de la huelga de los trabajadores de Sintracarbón.
e) Quinta Omisión: El Laudo omitió valorar las comunicaciones dirigidas por el Administrador del Contrato en nombre y representación de Cerrejón en cuanto hace al condicionamiento del inicio y levantamiento de la suspensión a la huelga de Sintracarbón, así como su conducta previa, prueba toda relevante respecto de la terminación anticipada del Contrato.
f) Sexta Omisión : El Laudo omitió valorar en concreto, la conducta singular del Consorcio en el marco fáctico de circunstancias para soportar su conclusión que incurrió en culpa grave o dolosa e imponer sus consecuencias con el desconocimiento del límite de responsabilidad pactado, sin indicar qué pruebas valoró, cómo las valoró, tampoco calificar los incumplimientos, ni existir prueba alguna.
g) Séptima Omisión : El Laudo omitió valorar la rectificación del "Experto" Global en la Audiencia sobre su afirmación en el "dictamen de parte" presentado por Cerrejón sobre la supuesta inclusión en el Plan de Trabajo de las fechas relativas al suministro del Jack-Up que sabía de antemano no se podían cumplir porque desde abril de 2012 tenía previsto ensamblar esos equipos en la isla de Trinidad y Tobago.
h) Octava Omisión : El Laudo omite valorar el dictamen pericial de ARUP en relación con las diferencias sustanciales entre la obra ejecutada por Cerrejón y la Obra contratada al Consorcio, y se aparta de la ley aplicable al establecer los criterios para la aplicación de la Cláusula 7.2 del Contrato.
i) Novena Omisión : El Laudo omitió valorar el dictamen pericial de ARUP en relación con los costos reclamados por Cerrejón por la culminación de la obra a través de terceros».
Para la demostración de las omisiones endilgadas procede el recurrente a detallar las falencias que, considera, se presentaron en el ejercicio de valoración probatoria que hiciera el tribunal en relación con los medios demostrativos referidos en cada uno de los ítems mencionados.
2.2. El laudo « contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje» .
En este aparte, tras realizar igualmente una semblanza conceptual en relación con dicha causal, evoca el contenido de la cláusula dieciocho (18) del contrato, en el cual se pactó que la ley aplicable eran las de la República de Colombia y para la resolución de los conflictos « Arbitraje en derecho de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) ».
Sostiene a partir de esto, que el tribunal, al decidir, no aplicó la normativa indicada, puesto que desconoció lo relacionado con la « Libertad de forma para la expresión del contrato y sus modificaciones (arts., 1494, 1495. 1500, 1501, 1502 del Código Civil y 824 del Código de Comercio)», porque en su determinación desatendió la «consensualidad, la libertad de formas y la modificación del contenido de un contrato por cualquier modo oral o escrito, expreso o tácito, aún en la hipótesis de haberse pactado una forma convencional escrita que puede extinguirse también por una forma libre».
Apunta que tal proceder « constituye una absoluta falta de aplicación de la ley sustancial colombiana, y en todo caso, en gracia de discusión, según la jurisprudencia de las altas cortes, una decisión en "conciencia" o en "equidad", al ser palmario, prístino, a simple vista que la decisión adoptada en el Laudo sobre esta específica cuestión del fondo del litigio, se aparta de lo que la misma dispone, por lo cual, el Laudo, en asunto tan relevante, no se profiere en el derecho positivo, sino en una consideración subjetiva, sin que la cita de las normas jurídicas para dar la apariencia de fundamento normativo y desviar la subjetividad de la decisión, desvirtúe esta conclusión».
Se ocupa a continuación del análisis de algunas probanzas y señala las conclusiones que, a su juicio, de ellas emanan, así como también de los argumentos expuestos por el tribunal, para colegir que la decisión debe ser anulada porque:
«i. Primero, el Laudo carece de motivación que conduzca a la aplicación de (a) intereses moratorios, (b) desde el 31 de enero de 2017, (c) "a la tasa máxima de mora certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo y ordinario [...]". Basta leer el Laudo para comprobar que no existe razonamiento alguno respecto de la aplicación de esta tasa de intereses y mucho menos respecto de la fecha a partir de la cual deben correr dichos intereses. Tan no es cierto que el tipo, la tasa y la fecha de los intereses corresponda a la "constancias en estas actuaciones", como lo señaló el Tribunal en su Addendum, que Cerrejón también solicitó al Tribunal -aunque fuera del término correspondiente- que aclarara o corrigiera esta determinación, pues no correspondía con lo alegado por las Partes en el arbitraje, ni con lo establecido en la parte motiva del Laudo.
ii. Segundo, el Tribunal Arbitral sustituyó la ley aplicable —es decir, la ley colombiana— para en su lugar aplicar el tipo, la tasa y la fecha de los intereses que "el Tribunal considera adecuada". En efecto, la fecha dispuesta en el Laudo para los intereses moratorios no corresponde (a) ni al vencimiento del término para ejecutar una obligación a plazo; (b) ni a la fecha de reconvención judicial del deudor, (c) ni a la fecha del Laudo que declara el incumplimiento, establece el monto de la condena y ordena su pago. En opinión del Consorcio, tratándose de una obligación discutida y un monto incierto, los intereses no po

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

as que deben cumplirse y (iii) que se desarrollará un programa detallado que incluirá todos los elementos, tales como, por ejemplo, equipo específico, mano de obra, materiales, y se actualizará y revisará al menos una vez por semana, de modo que las medidas correctivas requeridas se puedan llevar a cabo lo más rápido posible sin perder más tiempo. Al respecto, es importante destacar que esta comunicación fue contestada por el Consorcio el 11 de enero de 2013, rechazando los supuestos incumplimientos y las causas ajenas a su órbita que alteraron la ejecución del Contrato, tales como las vicisitudes asociadas a los Jack-Ups, la huelga de Sintracarbón, la suspensión del contrato, etc.185 Sin embargo, sin justificación ni expresión de razón alguna que aparezca en el Laudo, el Tribunal se apartó incluso de la comunicación del 3 de diciembre de 2012 en la que el Administrador del Contrato claramente expresa que las fechas iniciales para realizar las actividades de los Hitos que a su juicio no se habían alcanzado por supuestos incumplimientos del Consorcio, quedarían reemplazadas por otras nuevas que señala unilateralmente y. en todo caso, se precisarían en un Apéndice A, que remitiría posteriormente y nunca remitió (nuevas fechas que el Consorcio no aceptó, pero definiría de común acuerdo luego de recibir el Apéndice A), prescindiendo del valor probatorio de la comunicación de I 1 de enero de 2013 del Consorcio».
De donde se extrae que la pretensión anulatoria, en estrictez, no está soportada en una trasgresión al procedimiento acordado por las partes, sino en la valoración que hace el tribunal de las documentales mencionadas, pretendiendo imponer su propio criterio.
Quiere decir ello que, como se dijo al inicio de esta decisión, se pretende hacer uso del recurso de anulación para un fin no previsto, como es adentrarse en la hermenéutica de la decisión y su corrección, cual si se tratara de un recurso de alzada.
6.5. El último motivo de anulación invocado fue que el laudo es contrario al orden público internacional, soportado en que las violaciones al debido proceso constituyen igualmente violaciones al orden público internacional de Colombia, porque « la existencia de vías de hecho por defectos fácticos o sustantivos en el laudo arbitral dictado en el marco del arbitraje internacional, haría que este fuera contrario al orden público internacional de Colombia », remitiéndose a los argumentos que soportaron las restantes reclamaciones.
6.5.1. Bien temprano se avizora que la causal alegada no tiene vocación de prosperidad, siendo suficiente para desestimarla, de un lado, las razones expuestas para desestimar las reclamaciones que soportaban las causales antes estudiadas a las cuales remite el recurrente; y de otro, al considerar que el asunto sometido a consideración del tribunal fue una controversia entre particulares derivada del incumplimiento de un contrato al cual se aplicaron las normas que regulan la materia, sin que el hecho de ser adverso a alguna de las partes atente contra el orden público.
En efecto, el laudo emitido no trasgrede las normas de orden público internacional, por cuanto los motivos que sirvieron de base para el pedimento de incumplimiento contractual se encuentran reconocidos en el ordenamiento interno de la nación y la relación negocial objeto de litigio regula los derechos y obligaciones de las empresas en contienda, quedando involucrados así únicamente intereses privados, sin que la decisión adoptada para dirimir el pleito choque con los principios básicos de las instituciones fundamentales del país.
En adición, no puede sostenerse la existencia de vulneración al debido proceso, amen que la determinación del tribunal no puede calificarse como resultado de la arbitrariedad o capricho de los árbitros, o proferida con absoluto desconocimiento del trámite procesal, que habilite la intromisión de la Corte para la salvaguarda de la mentada garantía ius fundamental, por el contrario, del contenido del laudo se puede extraer que los reparos planteados realmente son manifestación de disconformidad con los argumentos en que se basa la decisión arbitral.
Ciertamente, no existen elementos de los cuales pueda inferirse que dando a las pruebas referidas en el escrito de impugnación el mérito que pretende el recurrente las restantes resulten insuficientes para mantener la decisión incólume, máxime cuando la interpretación que diera el tribunal respecto de las reglas para la modificación de las estipulaciones contractuales o la interpretación de los mismos para colegir el incumplimiento y naturaleza y monto de los perjuicios causados no resulta antojadiza o caprichosa.
De igual forma el cuestionamiento que se hace a la valoración que pudo dar el tribunal a una declaración escrita rendida por quien no compareció a la audiencia sin que mediara justa causa tampoco tiene relevancia constitucional, pues no se probó la incidencia material en la decisión o la afectación por este motivo pudo tener el derecho a una tutela judicial efectiva, que de no haberse producido podría haber cambiado el signo de la decisión definitiva del arbitraje.
7. Corolario de lo indicado, es que no se advierte la configuración de ninguna de las causales de anulación invocadas por el recurrente, ni de alguna que deba ser declarada de oficio por esta Corte, por lo es de rigor que se deba declarar infundado el recurso de anulación impetrado.
8. Consecuente con lo anterior, ante el fracaso de la impugnación extraordinaria acorde con lo establecido en el artículo 109 de la ley 1563 de 2012, es de rigor que se condene en costas al recurrente.
III. DECISIÓN
En armonía con lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación del laudo internacional formulado por las sociedades SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. y FERROVIAL AGROMAN S.A. en su condición de integrantes del CONSORCIO FERROVIAL – SAINC, frente al laudo arbitral de fecha 19 de julio de 2017, corregido mediante Addendum complementario de 8 de noviembre del mismo año, proferido dentro del proceso arbitral promovido ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), por las recurrentes contra Carbones del Cerrejón Limited.
SEGUNDO. CONDENAR a las sociedades impugnantes al pago de las costas procesales, inclúyase en la liquidación la suma de tres millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho. La Secretaría de la Sala practicará la respectiva liquidación.
TERCERO. ARCHIVAR oportunamente el expediente de la actuación que adelantó la Corte.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a las partes y a la Cámara de Comercio Internacional, para lo de su cargo.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
60

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5677-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-12-18. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2017-03480-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5677-2018%20%5B2017-03480-00%5D).
