---
clave: "corte_suprema:providencia:SC562-2021 [2014-00177-01]"
titulo: "Corte Suprema: resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-03-01"
radicado: "2014-00177-01"
numero: "SC562-2021"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC562-2021%20%5B2014-00177-01%5D"
---

# Corte Suprema: resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez

- **Título oficial / radicado:** SC562-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-03-01
- **Radicado:** 2014-00177-01
- **Número:** SC562-2021
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC562-2021%20%5B2014-00177-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC562-2021%20%5B2014-00177-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzMuLSBNYXJ6by9TZW50ZW5jaWFzL1NDNTYyLTIwMjEgWzIwMTQtMDAxNzctMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente no procede a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 794 de 2003
- Constitución Política

## Extracto

En este cargo se acusa la sentencia de violación indirecta, por falta de aplicación, de las normas contenidas en los artículos 822, 884, 1080, 1072 del Código de Comercio; 1602 y 1604 del Código Civil, y por aplicación indebida de los artículos 058, 1060 y 1077 del Código de Comercio. O, muy al comienzo, como una prueba que de haber sido practicada hubiera arrojado luces que despejaban al juez el camino para una decisión diferente de la adoptada (Cfr. SC-012-1998 de 4 mar 1998, ad. n° 4921). [5: Art. 133, # 5, CGP: El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 5. Bajo esa óptica, habría que colegir en este caso que, si el Tribunal cometió el yerro de derecho que se le endilga, es porque el efectivo recaudo de las declaraciones de Hernando Zuluaga y María Teresa Londoño le hubieran llevado a otra conclusión, de modo inexorable. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

## Texto del documento

Radicación n° 17001-31-03-004-2014-00177-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
SC562-2021
Radicación n° 17001-31-03-004-2014-00177-01
(Aprobado en sesión virtual de veintitrés de julio de dos mil veinte).
Bogotá, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Compañía Nacional del Café S.A.S. contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en el proceso que instauró frente a Seguros del Estado S.A .
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión.
Con demanda repartida al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, la entidad demandante pretende que por causa del incumplimiento contractual de la tomadora/garantizada María Teresa Londoño Jaramillo, se declaren realizados los riesgos de “garantía de anticipo” y “cumplimiento del contrato” amparados en la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades particulares No. 42-45-101016113 expedida por la aseguradora convocada, cuya beneficiaria/asegurada es la compañía demandante.
Además, que la resistente es responsable del
incumplimiento del contrato
, al objetar infundadamente la reclamación presentada por ella; por lo que tiene la obligación de pagarle, con los intereses moratorios, la indemnización, en cuantía de $635.950.000, oo, valor total del anticipo no amortizado y entregado a la señora María Teresa Jaramillo, y $50.000.000, oo, por razón del
incumplimiento del contrato
.
B. Causa petendi
Como fundamentos fácticos, alega la Compañía Nacional del Café S.A.S. (o C.N.C.) que mantuvo una relación comercial por cerca de cuatro años con la señora María Teresa Londoño Jaramillo, en la que esta se obligaba a entregar en forma continua un número determinado de sacos de café excelso de exportación, para lo cual operaba dos trilladoras, de forma que cuando se acordaba una entrega en concreto, “ salía directamente o a través de una comercializadora en la que es accionista, al mercado de café pergamino (con cáscara) ” (f. 3, c. 1) para adquirir esa materia prima necesaria para la trilla y obtención del café excelso.
La señora Londoño requería de un apalancamiento previo para pagar el café pergamino que compraba, de modo que en cada pedido la demandante le entregaba un anticipo, que se hacía a ella “ o a personas autorizadas por ella expresamente, que generalmente, eran los vendedores del café pergamino ” (f. 4, c.1). A raíz de lo anterior, la actora solicitó una póliza de seguros que amparara el buen manejo de esos anticipos y el cumplimiento de las obligaciones. Y es así como la aseguradora expidió, en el año 2009, una póliza en tal sentido, vigente a lo largo de los años, en los que el modus operandi fue el mismo.
Para el 2 de agosto de 2012, Seguros del Estado expidió la póliza base de la reclamación judicial. En su vigencia, la señora Londoño se constituyó en mora e incumplió el contrato. Por su parte, la demandante reclamó de inmediato el pago del siniestro, tanto por conducto del intermediario como a la propia aseguradora.
La compañía de seguros pidió a C.N.C. que acreditara la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, a lo cual procedió esta lo que viene. En primer lugar, que la ocurrencia del siniestro se encontraba probada porque la proveedora María Teresa Londoño aceptó su imposibilidad de cumplir con la entrega del café desde el viernes 14 de septiembre de 2012, en una reunión que ella misma solicitó tener con el Director de Compras de la Compañía, a más de que esta había presentado los documentos que demostraban la existencia del contrato y el incumplimiento mismo. En segundo lugar, que reiteraba la cuantía de la pérdida con los documentos que soportaban la entrega de los anticipos realizados a la señora María Teresa Londoño.
En su objeción frente a la insistencia de la demandante, la aseguradora alegó que replicó que C.N.C. había efectuado pagos a personas distintas de la asegurada: “«(…) No se garantizaron los pagos que se efectuaran a terceros ajenos al contrato asegurado; resaltándose que tal hecho (pago a un tercero), constituye una modificación del estado del riesgo asegurado, como claramente se explicó en la objeción efectuada»” (f. 5, c. 1).
Pero para C.N.C., esa objeción está equivocada, pues el convenio garantizado no constaba por escrito y la forma de pago del suministro y del anticipo se hizo de conformidad con lo acordado por las partes sobre desembolso y amortización. Así lo explica en la demanda, en la que indica que para evitar la duplicidad en el pago del impuesto que grava las transacciones financieras (4 × 1000),
“la parte acreedora indica y autoriza al consumidor (o también llamado suministrado) a quienes se les permite cobrar el desembolso del dinero del anticipo que está destinado a pagar entre otros gastos el café pergamino” (f. 6, c. 1).
“…cada suministro de café, estaba mediado por una solicitud verbal que una vez recibida, era confirmada por escrito, por la suministrante, que era la señora María Teresa Londoño y el ciudadano representante de la sociedad que esta autorizaba para salir a comprar el café y hacer los pagos, que era el señor Fernando Zuluaga Corrales. En la confirmación de venta se señalaba entre otros datos, el número de sacos, el precio del saco y la responsabilidad que asumía la trilladora (f. 7) …
“Negociado el café con cáscara por el señor Fernando Zuluaga, representante legal de una sociedad denominada Comercial Happy Coffee S.A.S. y en ejercicio del mandato de la señora comerciante y suministrante María Teresa Londoño Jaramillo propietaria de la trilladora, éste dirigía un documento a la Compañía Nacional del Café SAS mediante el cual indicaba que el café había sido entregado en la trilladora de la señora Londoño y a quien le compraba el café; por lo tanto solicitaba que mi poderdante consignara en las cuentas de cada proveedor de la materia prima para la trilla de la señora Londoño, el valor del anticipo, lo cual se hacía de inmediato”.
La actora describe cuatro confirmaciones de ventas para un valor total a la fecha del incumplimiento de $1.476.475.000, con sus respectivos anticipos, que ascendieron a $635.950.000, oo.
Como la señora Londoño incumplió el suministro, también hay siniestro en relación con la cobertura denominada “cumplimiento del contrato”.
C. Posición de la demandada y trámite del proceso
En tiempo, la aseguradora interpelada se opuso a las pretensiones con admisión, aclaración y negación de algunos hechos. Propuso como principal excepción de mérito la que denominó “ terminación del contrato de seguro, como consecuencia de la agravación del estado del riesgo asegurado (artículo 1060 del código de Comercio) ”, pues dentro del amparo de buen manejo del anticipo se consideró el eventual riesgo derivado de la no inversión o indebida inversión de los dineros que recibiera la señora Londoño, pero nada se dijo a la aseguradora sobre que dicha entrega se hiciese a persona distinta de aquella, riesgo ajeno al contrato de seguro celebrado y por ende sin cobertura. Pero si esa entrega se hizo en atención a una supuesta orden de la citada señora, “resulta evidente la modificación de las condiciones del riesgo asegurado, en la medida en que se acordó entre el asegurado o beneficiario del seguro y el contratista garantizado, la entrega del anticipo a terceros ajenos a la relación contractual ” (f. 161, c. 1), por lo que debió haber dado aviso oportuno de dicho hecho, so pena de la terminación del contrato según el artículo 1060 del Código de Comercio.
En subsidio, adujo las excepciones de “ inexistencia del perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguros, en sus amparos de buen manejo del anticipo y cumplimiento con sustento en los documentos obrantes en la demanda ” y “ cumplimiento ”.
D. Trámite en las instancias
El juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia con sentencia en la que decidió denegar las pretensiones (fls. 208 a 210, c. 1). No sólo porque no logró demostrarse que el anticipo fuera indebidamente utilizado por María Teresa Londoño, sino porque al contrato de suministro se le introdujeron modificaciones sin consentimiento expreso de la aseguradora, las cuales alteraron el estado del riesgo y no fueron comunicadas oportunamente.
Interpuesta la alzada por la actora, el Tribunal, con la sentencia objeto del recurso de casación, confirmó la del a quo , con base en las consideraciones que seguidamente se resumen.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego del usual compendio, indica la Sala (min. 46) que el primer problema concreto que debe abordar es aquel de determinar si la demandante cumplió con la carga de probar la existencia y cuantía del siniestro. Y en caso positivo, si la aseguradora probó los hechos o circunstancias que la exoneran del pago, especialmente si se encuentra establecido que hubo una modificación en el estado del riesgo amparado y pueda darse aplicación al artículo 1060 del Código de Comercio en cuanto a la terminación automática del contrato de seguro. Para arribar a la conclusión que adopta, la Corporación sienta las siguientes bases, no sin antes dejar indicado que el contrato de suministro celebrado entre María Teresa Londoño y la Compañía Nacional del Café estaba acreditado con certificación del revisor fiscal de esta compañía, solicitud de seguro de cumplimiento un contrato de suministro entre estas partes, así como la póliza de seguros objeto del pleito.
1) En relación con el amparo de buen manejo del anticipo, recuerda que la actora había indicado que el incumplimiento se presentó en tres contratos, con indicación del volumen de sacos comprados, el precio individual de cada uno, el precio total y los anticipos entregados por aquella y no amortizados.
Que si lo probó o no, es asunto que la Sala entra a analizar, a partir de los documentos denominados “confirmaciones de ventas”, los cuales, dice, están suscritos por Hernando Zuluaga Corrales y María Teresa Londoño Jaramillo, sin indicación de las calidades en que actúan[footnoteRef:1], por lo que, arguye la Sala, no es “cristalino” si la venta la realizaba Hernando Zuluaga como persona natural, como representante legal de la sociedad Happy Coffee S.A.S., como diputado o mandatario de la señora María Teresa Londoño Jaramillo, total o parcialmente, y en este último caso, en qué proporción con ella. [1: El Tribunal describe el contenido de las denominadas confirmaciones de ventas, las cuales contienen los datos correspondientes a: 1) Comprador: Compañía Nacional del Café; 2) producto: café excelso de exportación; 3) cantidad de sacos; 4) precio; 5) valor total de la negociación; 5) lugar de la trilla: Trilladora Happy Coffee; 6) fecha de entrega y 7) que la responsabilidad de la trilladora era hasta el puerto sólo en calidad]
Expresa que no se infiere que existió de manera exclusiva un contrato de suministro entre María Teresa Londoño Jaramillo y la Compañía Nacional del Café, o si coexistió con otros en donde hacía parte el señor Hernando Zuluaga, como persona natural o como representante de una sociedad o mandatario de otra persona.
Que sólo el decir de la accionante y las versiones de sus propios dependientes, son las que sostienen que los contratos tenían como suministrante a la señora Londoño Jaramillo. Sin embargo, ello se desdibuja con la misma prueba documental aportada por la actora, por lo demás copias simples de escritos emanados de terceros ajenos al proceso (los señores Zuluaga Corrales y Londoño Jaramillo) los cuales aún a la luz de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 794 de 2003 en su artículo 27, no disipan las dudas que su falta de concreción arroja en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron, ni la calidad en la que actúan al momento de su suscripción, ni el negocio jurídico que los originó; suscribientes que no fueron llamados a explicar su contenido para disipar esas dudas.
2) Agrega que para probar las instrucciones brindadas por la parte suministrante a la Compañía Nacional del Café, esta aportó al proceso los documentos con los cuales el señor Hernando Zuluaga Corrales, en su condición expresada de representante legal de la sociedad Comercial Happy Coffee S.A.S. -y no de la señora María Teresa Londoño Jaramillo-, con posterioridad a las confirmaciones relacionadas previamente, con base en cada uno de los contratos allí establecidos, indicaba a la C.N.C. el monto a consignar y solicitaba que esos dineros fueran depositados directamente a unos terceros, al parecer proveedores de café.
Respecto de dichos documentos, el Tribunal enfatiza en que son suscritos por Hernando Zuluaga, no a nombre de la señora María Teresa Londoño Jaramillo sino de una persona jurídica (Comercial Happy Coffee SAS) totalmente ajena al pregonado contrato de suministro, amparado en la póliza de seguros de esta litis.
Apunta que en el curso del trámite no hubo actividad probatoria de la parte demandante tendient

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rto modo auspicia o consiente al no asumir, a plenitud, el compromiso de velar por el efectivo recaudo de la misma, para lo cual, incluso, fue dotado de poderes que debe emplear de forma razonable, con el fin de “prevenir, remediar y sancionar... los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso” (nums. 3 y 4, art. 37 C.P.C.). En estos casos, dichas conductas hacen que la actuación desarrollada se tiña de un vicio de nulidad, específicamente del previsto en el numeral 6º del artículo 140 del C.P.C., pues la oportunidad para practicar la prueba habrá sido simplemente nominal o protocolaria, siendo claro que el debido proceso, a ultranza, reclama la posibilidad cierta y real de hacer efectivos los derechos que le son inherentes. En estos casos, quizá como ninguno, los enunciados retóricos no pueden campear en la esfera probatoria, a fortiori cuando están de por medio medulares derechos, v. gr. los de los menores de edad, e incluso de los mayores, en punto tocante con el conocimiento de su verdadero estado civil”.] [7: “…el deber de verificación judicial oficiosa del que viene hablándose en estas consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria cuya infracción, por el cauce que señala el Num. 1º, segundo inciso, del Art. 368 del c de P. C y satisfechas desde luego todas las condiciones técnicas restantes de las cuales depende que una censura de esta clase pueda tener éxito (G.J, T. CXV, pág. 117), da lugar al recurso de casación si debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas objetivamente y ajenas por lo demás a cualquier manipulación fraudulenta de las partes, el uso de aquellas facultades se torna ineludible pues lejos de mediar razón atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisión jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuestión, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada no puede configurarse yerro probatorio de derecho porque, en opinión del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses o, también según el pensamiento del recurrente, porque sin fundamento se dispuso esa indagación complementaria; “….la atribución que la ley otorga al funcionario para decretar pruebas de oficio -explica la Corte en reciente pronunciamiento- si bien por el interés público del proceso no constituye una facultad sino un deber (…)establecido para garantizar la búsqueda de la verdad real que no aparece en el expediente (..), no es menos cierto que sólo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisión del decreto de oficio de pruebas, cuáles son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con estas, así como cuales de esos hechos requieren de su verificación o prueba y cuáles de éstas considera útiles para tal efecto. De allí que si bien no se trata de una mera discrecionalidad (..) sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que sólo a él le compete hacer dicho análisis y adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno (..) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues sólo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente no procede a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso…” (G.J. Tomo CCXXXI, pág 492).]
2. Mas, al margen de las diversas posiciones que a lo largo del tiempo ha sostenido la Corte en relación con el entendimiento del error probatorio de derecho en casación por no haber decretado el Tribunal pruebas de oficio, y admitiendo que una de ellas es la última mencionada y que el cargo retoma, es lo cierto que este tipo de yerro, como también el de hecho, para ser fuente de quiebre del fallo, debe ser trascendente , lo que significa que debe incidir de manera concluyente o terminante en la resolución adoptada en la sentencia combatida, al punto de ser dable afirmar que, de no haberlo cometido el juzgador, forzosamente otra hubiese sido la conclusión: la argüida por la censura.
Bajo esa óptica, habría que colegir en este caso que, si el Tribunal cometió el yerro de derecho que se le endilga, es porque el efectivo recaudo de las declaraciones de Hernando Zuluaga y María Teresa Londoño le hubieran llevado a otra conclusión, de modo inexorable.
3. Pero tal aserto es sólo una hipótesis, que además parte del hecho de que esos testimonios efectivamente se hubieran podido recibir, y de que sus dichos ineludiblemente habrían corroborado el supuesto fáctico que persigue demostrar el recurrente, esto es, que con sus versiones se corroboraba que Zuluaga actuó como diputado de Londoño en la celebración de las compras de café a terceros, cuyo precio fue sufragado mediante los anticipos que hizo la C.N.C. a pedido de aquel, en representación de la señora Londoño.
Es incontestable que tal conclusión sólo se sostiene a partir de conjeturas erigidas en un mar de dudas en torno a lo que hubiera podido ocurrir. Lo que, sin más, deja al pretendido yerro de derecho sin la necesaria trascendencia de que debe estar revestido. Porque nada permite suponer como infalibles que esas dos condiciones (recaudo efectivo de los testimonios y contenido de los mismos acordes con lo argüido por la actora) en efecto se hubieran presentado.
Esta sola circunstancia da al traste con la acusación que el cargo propone, al margen de haber apelado el censor a un primer entendimiento de este particular yerro de derecho, ya superado por la jurisprudencia.
4. El cargo no prospera.
DECISIÓN
En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales, proferida el 30 de septiembre de 2015, en el proceso de Compañía Nacional del Café S.A.S. frente a Seguros del Estado SA.
Costas a cargo de la parte recurrente. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000. 000.oo., en favor de la demandada que hizo presencia en este trámite, dando respuesta al recurso.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
1
26

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC562-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-03-01. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2014-00177-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC562-2021%20%5B2014-00177-01%5D).
