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clave: "corte_suprema:providencia:SC5516-2016 [2004-00221-01]"
titulo: "Corte suprema: SC5516-2016"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-02-07"
radicado: "2004-00221-01"
numero: "SC5516-2016"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte suprema: SC5516-2016

- **Título oficial / radicado:** SC5516-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-02-07
- **Radicado:** 2004-00221-01
- **Número:** SC5516-2016
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5516-2016%20%5B2004-00221-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5516-2016%20%5B2004-00221-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzQuIEFicmlsL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1NTE2LTIwMTYgWzIwMDQtMDAyMjEtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

En suma, debe descartarse que en el libelo introductorio, en ese hecho o en algún otro, se admitió que el banco, a través de la llamada telefónica que hizo doña Nancy Ossa Maestre, le propuso al actor consentir en la terminación del contrato de compraventa entre ellos celebrado recibiendo a cambio, únicamente, el dinero que había pagado como precio; y, más aún, que aquél aceptó voluntariamente tal oferta, pues como ya se reseñó, lo que se dijo fue algo bien distinto, esto es, que ante la absoluta imposibilidad de que le entregaran los bienes que había comprado, el demandante no tuvo otro camino que devolver el “Acta de Adjudicación” y aceptar que le reintegraran la suma de dinero correspondiente al precio.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación n.° 08001-31-03-008-2004-00221-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC5516-2016
Radicación n.° 08001-31-03-008-2004-00221-01
(Aprobado en sesión de 24 de noviembre de 2015)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ , frente a la sentencia del 18 de abril de 2012, dictada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario que él promovió en contra del BANCO POPULAR S.A.
ANTECEDENTES
1.
En el escrito introductorio, que obra del folio 1 al 8 del cuaderno principal, se formularon como pretensiones, en síntesis, las siguientes:
1.1. Declarar que entre las partes se celebró un “contrato de compraventa, bajo la modalidad de martillo o licitación privada, sobre el Lote No. 57” , que se materializó en la subasta realizada en la ciudad de Santa Marta, el 7 de mayo de 2004.
1.2.
Declarar que dicho contrato fue cumplido por el actor, quien como comprador, pagó el precio convenido; e incumplido por la demandada, enajenante que “no entreg[ó] al rematante (…) la cosa vendida” .
1.3.
Declarar que el BANCO POPULAR S.A., como consecuencia de dicho incumplimiento, es “civilmente responsable de los perjuicios materiales, que incluye[n] el daño emergente y [el] lucro cesante, así como [de los] morales ocasionados al Sr. CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ” .
1.4.
Imponer las costas del proceso al accionado.
2.
En sustento de tales solicitudes, se adujeron los hechos que pasan a indicarse:
2.1.
Mediante aviso de prensa, la nombrada institución financiera publicitó la almoneda, entre otros, del “Lote de Equipo Fluvial # 57” , compuesto por: “CASA FLOTANTE DE DOS ESTRUCTURAS[,] PLANCHÓN, CONO, ESTRUCTURA, TRÍAS, CASETA, WINCHE, TANQUE, GANCHO [y] MARTILLO DE MARINETE” .
2.2.
Esos artefactos le fueron adjudicados al actor, como mejor postor, en diligencia verificada el 7 de mayo de 2004, por la suma de $14.614.200.oo, que él pagó mediante consignaciones que efectuó los días 6 y 12 del mismo mes.
2.3.
En razón de dicha adquisición, el señor Lafaurie Henríquez, con fecha 17 y 18 también de mayo de 2004, realizó las siguientes gestiones: mediante carta dirigida a la Inspección Fluvial de Magangué, autorizó al señor Rafael Machado Baños para retirar de allí los bienes comprados, puesto que se encontraban en los patios de esa dependencia; contrató al señor Alfredo Herazo para su arreglo, adecuación y cargue; y le ordenó al capitán del remolcador “BARRANCABERMEJA” que se trasladara desde Puerto Gamarra, Cesar, al mencionado municipio, “con el fin de transportar hasta Barranquilla, el lote # 57 adjudicado” .
2.4.
El 18 de mayo, en las horas de la tarde, la empleada del banco Nancy Ossa Maestre, le comunicó telefónicamente al demandante que “(…) ‘no podía hacerse la entrega efectiva del bien…, por haber problemas con los paramilitares y otras personas de la región que imposibilitaban la entrega’ y que en consecuencia, devolviera el ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 400-040025 por valor de $14.614.200.00” , manifestación en frente de la cual éste le expresó a aquélla, “que ya había procedido a enviar un remolcador por el Lote # 57 y que había contratado un personal que ya se había traslado a Magangué” .
2.5.
No obstante lo anterior, “[a]nte la insistencia de la funcionaria del BANCO POPULAR de romper en forma abrupta e inesperada el negocio jurídico (…)” y de su “vehemente” afirmación “de que bajo ninguna circunstancia se haría la entrega de los bienes, porque se dio una orden por escrito en tal sentido, al demandante no le quedó otra opción que devolver el Acta de Adjudicación, a lo que procedió mediante comunicaciones escritas del 18 y 19 de mayo de 2004” .
2.6.
El día siguiente -20 de mayo-, el gestor del litio dirigió una carta a la gerencia del banco en Barranquilla, en la que le advirtió que el recibo, por su parte, de la suma de $14.614.200,oo, que había pagado como precio de los bienes, “ no implicaba su renuncia a la reclamación de los perjuicios ocasionados ” .
2.7.
En esa misma fecha, según certificación del Inspector Fluvial de Magangué, se hizo presente en la oficina a su cargo, el señor Antonio Sotomayor Goez, capitán del remolcador “Barrancabermeja” , con el fin de recoger los bienes adjudicados al señor Lafaurie Henríquez, los cuales, atendiendo la orden escrita del 18 de mayo de 2004, impartida por el señor David Salamanca Rojas, de la Gerencia del Martillo del Banco Popular, no le fueron entregados.
2.8.
Pese a las conversaciones que adelantaron el actor y el señor Jaime Henao López, en representación de la presidencia de banco, con el propósito de encontrar solución a la reclamación de perjuicios formulada por el primero, la entidad se negó al pago de los mismos.
2.9.
El daño material del demandante está representado en los siguientes rubros y valores, sin perjuicio de otros que resulten probados en el proceso:
a)
Transporte fluvial en la [r]uta Gamarra - Magangué / Magangué - Barranquilla; o Gamarra - Magangué / Magangué - Gamarra, por valor de $32.000.000.00.
b)
Anticipo pagado al contratista para el trabajo de arreglo y adecuación de los bienes adjudicados (…), por $1.500.000.00.
c)
Los intereses de los dineros consignados en el BANCO POPULAR los días 6 y 12 de mayo de 2004 hasta la fecha de su devolución.
d)
Las (…) ganancias futuras frustradas, motivadas por el incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en licitación privada, que tasamos en m[á]s de $40.000.000.00.
2.10.
La demandada subastó el 26 de septiembre del año en cita el mismo lote de bienes, por la suma de $40.500.000.oo.
3.
El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, al que le correspondió por sorteo conocer el asunto, admitió la demanda con auto del 19 de octubre de 2004
, que notificó personalmente al banco, por intermedio de su apoderada general, en diligencia verificada el 9 de diciembre del mismo año
.
4.
En tiempo, la accionada contestó el libelo introductorio, escrito en el que se opuso a sus pretensiones, se pronunció de distinta manera sobre los hechos en que se apoyaron las mismas y formuló, con el carácter de meritoria, la excepción que denominó “ ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ” , sustentada en el provecho indebido que el actor pretendía obtener de los contratos de transporte y arreglo de los bienes que adquirió, que celebró con terceros
.
5.
Rituada la instancia, la señalada oficina judicial le puso fin con sentencia del 11 de febrero de 2011, en la que accedió a las pretensiones, pero solamente en lo que respecta al daño emergente reclamado, que fijó en la suma de $23.931.369.oo, junto con los intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera. Aparejadamente, reconoció prosperidad parcial a la excepción de “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” , en cuanto hace al “lucro cesante” solicitado
.
6.
Ambas partes apelaron el fallo del a quo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Civil – Familia, mediante el suyo, que data del 18 de abril de 2012, lo revocó para, en su defecto, negar la totalidad de la pretensiones del libelo introductorio e imponer al promotor de la controversia, el pago de las costas en las dos instancias
.
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Para arribar a la decisión desestimatoria que produjo, dicha autoridad, en concreto, invocó las siguientes razones:
1.
De los hechos consignados en la demanda, de la aceptación que de la mayoría de ellos hizo el banco en la contestación, de los documentos allegados con esas actuaciones, de los inspeccionados en diligencia practicada en el curso del proceso y del testimonio de la señora Nancy Ossa Martínez, “no hay la menor duda sobre la realización de la venta en pública subasta de una serie de bienes que luego no fueron entregados al actor por la negativa del banco, conforme a su aserto” .
2.
Pese a lo anterior, habida cuenta la conducta que asumieron las partes luego de la realización de dicho negocio jurídico, “NO puede llegarse a la fácil conclusión de que en este evento existió un mero y simple incumplimiento del vendedor al decidir unilateralmente no entregar las mercancías enajenadas” , puesto que lo ocurrido, en verdad, fue “la realización por parte del Banco de una propuesta de proceder a la resolución voluntariamente convenida del contrato (…), donde el comprador aceptó, casi que inmediatamente , al retorno del Acta de Adjudicación de bienes respectiva y que se le reintegrara, a través de una persona jurídica designada por él, la suma de $14.614.200.00 pagada como precio de esos bienes” .
3.
En apoyo de la anterior inferencia, el Tribunal puso de presente que tanto en la demanda, como en el testimonio rendido por la ya citada Nancy Ossa Maestre, se indicó, aunque con diferencia de fechas, que esta última contactó al actor y le solicitó devolver el “Acta de Adjudicación” , lo que él hizo, por escrito, al “muy poco tiempo (la misma tarde del 18 -en versión del actor- o de la tarde del 17 a la mañana del 18 -en la versión de la declarante)” .
Añadió que en la comunicación con la cual el accionante realizó dicha gestión, fechada el 18 de mayo de 2004, aquél “NO dejó constancia de un condicionamiento o reserva en el consentimiento dado a esa resolución del contrato” ; que tampoco se pronunció en tal sentido, en la carta que remitió al banco al día siguiente, con el propósito de cambiar los datos de la cuenta en donde debía consignarse, para su retorno, el dinero pagado como precio; y que fue sólo “a partir del tercer día, en su misiva del día 20 de ese mismo mes y año, donde com[enzó] a modificar su conducta al manifestar que: ‘la aceptación de esta devolución de lo cancelado $14.614.200 no implica que se renuncie a eventuales reclamaciones por perjuicios ocasionados por el incumplimiento referido’” .
4.
Enseguida, el ad quem puntualizó, de un lado, que debe “entenderse que el señor César Lafaurie, en principio, aceptó los términos iniciales en los cuales el Banco le manifestó su imposibilidad de cumplir con lo contratado, es decir con la mera devolución del dinero anteriormente recibido como pago del precio de esos bienes; acordada así esa disolución de la venta ha de entenderse que la ‘resolución de ese contrato’ terminó siendo de ‘mutuo acuerdo’” .
Y, de otro, que “[d]e la redacción del hecho onceavo de la demanda, se extrae el reconocimiento de tal situación, al señalarse que inicialmente el actor puso reparos a la ‘ruptura’ de la negociación pero que terminó accediendo a ella ante la insistencia de la funcionaria del Banco” , relato fáctico que transcribió.
5.
En tal orden de ideas, el Tribunal, en definitiva, concluyó que “no es procedente en el presente caso acceder a las pretensiones ‘declarativas’ numeradas uno y dos del memorial de la demanda, en las cuales se pretende el reconocimiento de que la negociación celebrada entre las partes terminó por una conducta unilateral e injustificada del Banco Popular y en consecuencia de ello no es posible acceder a la concesión de las indemnizaciones que se pretenden se deriven de esa conducta” .
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene tres cargos, de los cuales la Corte, en el auto del 11 de septiembre de 2013
, sólo admitió a trámite el primero, al que, por ende, circunscribirá la Sala su estudio, en aras de la definición del recurso extraordinario que ahora ocupa su atención.
CARGO PRIMERO
Con respaldo en la causal inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció la sentencia de segunda instancia por ser indirectamente violatoria de los artículos 63, 1602 a 1605, 1608, numeral 2º, y 1613 del Código Civil, así como de los artículos 870, 871, 924, 925, 928 y 942 del Código de Comercio, “ por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación y de otras pruebas determinadas” .
1.
Extractados los diversos reproches que, a lo largo de la acusación, en forma dispersa, el censor formuló, se establece que éste, en definitiva, le endilgó al ad quem la comisión de los siguientes yerros:
1.1.
Errada apreciación del hecho once de la demanda, toda vez que la Corporación sentenciadora entendió que allí el accionante reconoció la celebración de una convención “orientad[a] a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato” , cuando lo realmente expresado allí fue que “al actor no le quedó otra opción que devolver el Acta de Adjudicación y reclamar su dinero, porque la funcionaria del Banco dijo vehemente y categóricamente que NO IBA A HABER ENTREGA (…). No hubo la propuesta por parte del banco, hubo una exigencia, todo el tiempo hubo una exigencia de que devolviera el Acta, porque los bienes comprados no se iban a entregar” .
1.2.
Indebida ponderación del testimonio de la señora Nancy Ossa Maestre, que reprodujo en lo pertinente, puesto que en él, “por ninguna parte[,] se

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

es dirigido a “invalidar” por consentimiento mutuo el contrato legalmente celebrado entre ellos (artículo 1602 del Código Civil), puesto que la deponente comunicó al demandante comprador que el remate se iba a “anular”
, “ por lo que se le iba a hacer devolución del dinero”… “me contestó que se encontraba en Cartagena y al día siguiente o sea el 18, me llevaría los documentos necesarios para la respectiva devolución ”.
Pasa lo mismo con la contestación de la demanda: los acápites o fragmentos que se reproducen en la providencia no hacen más que referir la “imposibilidad” que tenía el banco de entregar un lote cuya venta no fue a la sazón autorizada por su propietario. Pero de allí no puede entenderse que el banco hubiese confesado haberse sustraído al cumplimiento de la obligación de entrega procedente de la compraventa. Se trata sencillamente de la causa o motivo que, en su opinión, justificó la propuesta de ruptura de la compraventa, cosa que fue lo que entendió el sentenciador, lo que no luce irracional o absurdo.
No me refiero al incumplimiento que la Corte deduce de comunicaciones que a su vez examina porque este eslabón sigue a la existencia del contrato que, en mi opinión, fue antes objeto de mutuo disenso.
En consecuencia, considero que el Tribunal no sólo no se equivocó, según lo indicado, sino que en manera alguna puede concluirse que estemos en presencia de errores mayúsculos, manifiestos, protuberantes o que se impongan al primer golpe de vista, expresiones todas que en forma gráfica ha venido utilizando la Corte para resaltar la característica primordial del error de hecho en la apreciación probatoria, -su evidencia-, propiedad que justamente protege o blinda la discreta autonomía de que goza el Tribunal en la valoración de los medios de convicción, de apreciaciones probatorias que hasta pueden ser más racionales y elucubradas, y con todo, no sirven a los efectos casacionales, por no tratarse este recurso extraordinario de una instancia adicional del proceso. En ese sentido abundan reiteradas y unívocas sentencias de esta Corporación.
Vale destacar, además, que la conducta contractual del demandante es otro elemento de juicio a tener en cuenta para robustecer la posición del Tribunal, pues no debe pasarse por alto que el 18 de mayo, cuando la empleada del banco demandado informó al actor que “ no podía hacerse la entrega efectiva del bien… Por haber problemas con los paramilitares y otras personas de la región… ” (f. 3, c. 1) este le sale al paso indicándole que ya había procedido a enviar un remolcador y había contratado personal para retirar la mercancía. Ese mismo día devuelve las actas de adjudicación sin explicitar ninguna observación o discrepancia. Al día siguiente, 19 de mayo, envía una comunicación en la que dice que reemplaza la anterior, sin manifestar nada distinto del número de la cuenta en la que debían ser consignados los dineros pagados. Sólo el 20 de mayo indica que la aceptación de la devolución de lo cancelado no supone que se renuncie a eventuales reclamaciones.
Reiterando que todas estas incidencias son del resorte del Tribunal como juez de instancia, el anterior recuento denota una aquiescencia pura y simple del actor a la solicitud del banco, la que luego complementa con la advertencia ya mencionada, lo que permite razonablemente entender que hubo desistimiento mutuamente acordado.
MARGARITA CABELLO BLANCO
MAGISTRADA
� Folio 39, cuaderno No. 1.
� Folio 49, ib.
� Folios 50 a 56, ib.
� Folios 192 a 208, ib.
� Folios 34 a 43, cuaderno No. 2.
� Folios 16 a 52, cuaderno No. 3.
� Folios 55 a 61, ib.
� Folio 3, cuaderno No. 1.
� Folios 90 a 92, ib.
� Folios 50 a 56, ib.
� Artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Reza: “Modificado Decr. 2282 de 1989, art. 1º., mod. 94. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”.
� Artículo 905, Código de Comercio. Expresa en lo pertinente: “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. (…)”.
� Artículo 928, ib., que es del siguiente contenido: “El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con todos sus accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya prueba corresponderá al vendedor”.
� Folio 28, cuaderno No. 1.
� Folios 27, ib.
� Alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia (folios 8 a 21, cuaderno No. 2).
� Alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia (folios 22 a 26, cuaderno No. 2).
� Folio 50, cuaderno No. 1.
� Folio 2, ib.
� Tiene dicho la Corte que “[l]a existencia de un contrato válidamente celebrado, la lesión o menoscabo que ha sufrido el demandante en su patrimonio y la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado al demandado y el daño causado, son los elementos que estructuran la responsabilidad contractual” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n. 6879).
� Folio 29, cuaderno No. 1.
� Folios 93 y 94, ib.
� Literal c) del hecho 8º y literal a) del hecho 23 de la demanda (folios 2 y 5, ib.).
� Literales b) de los hechos 8º y 23 de la demanda (folios 3 y 5, ib.).
� Literal c) del hecho 23 de la demanda (folio 5, ib.).
� Literal d) del hecho 23 de la demanda (folio 5, ib.).
� Hecho 24 de la demanda (folio 5,ib.).
� CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad. n.° 1994- 26630-01.
� CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.° 2005-00103-01.
� CSJ, SC del 18 de enero de 2007, Rad. n.° 1999-00173-01.
� CSJ, SC del 28 de junio de 2000, Rad. n.° 5348.
� Folios 131 y 132 a 133, cuaderno No. 1.
� Folio 133, cuaderno No. 1.
� El artículo 1620 del Código de Comercio consagra: “Antes del zarpe, el cargador podrá desistir del contrato pagando al transportador la mitad del flete convenido, los gastos de cargue y descargue y la contraestadía”.
� La norma citada expresaba: “En todo lo relacionado con la navegación fluvial regirán el presente Estatuto, el Código de Comercio y demás normas legales”. Dicho estatuto fue derogado por la Ley 1242 de 2008.
� CSJ, SC del 10 de septiembre de 1998, Rad. n.° 5023.
� Folio 36, cuaderno No. 1.
� Dictamen visible del folio 161 al 166 del cuaderno principal.
� Curiosamente, igual concepto utiliza el Código Civil cuando disciplina dentro del pago como modo de extinción de obligaciones, el evento en que las partes, siendo capaces, consientan en dar por nula la obligación. Reza el encabezado del artículo 1625 del C.C. que “toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula”
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