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clave: "corte_suprema:providencia:SC5515-2019 [2013-00104-01]"
titulo: "Corte Suprema: pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-12-16"
radicado: "2013-00104-01"
numero: "SC5515-2019"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas

- **Título oficial / radicado:** SC5515-2019 — Providencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-12-16
- **Radicado:** 2013-00104-01
- **Número:** SC5515-2019
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5515-2019%20%5B2013-00104-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5515-2019%20%5B2013-00104-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhL1NDNTUxNS0yMDE5IFsyMDEzLTAwMTA0LTAxXS5kb2M%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Fundamentos jurídicos

- Ley 791 de 2002

## Extracto

El Estado desarrolla la función judicial a través de los procesos, para lo cual resultará indispensable, salvo las excepciones legales, que los ciudadanos concurran a solicitar la tutela jurídica, para que puesta en movimiento la judicatura desarrolle los actos propios que le correspondan para la efectividad del derecho reclamado. Así las cosas, la prescripción que extingue las acciones requiere cierto lapso de tiempo, cuando se trate de acciones ordinarias -son todas aquellas que no tienen señalado un plazo corto- que es de diez (10) años, el cual se computa desde que la obligación se ha hecho exigible, mientras que las acciones ejecutivas se extinguirán por prescripción en cinco (5) años. Se condena en costas a la recurrente Lubriexpo Ltda., en favor del extremo opositor. Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-018-2013-00104-01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC5515-2019
Radicación n°. 11001-31-03-018-2013-00104-01
(Aprobado en Sala de catorce de mayo de dos mil diecinueve)
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación que la sociedad LUBRIEXPO LTDA. en Liquidación, demandante, formuló contra la sentencia proferida el doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que la misma instauró contra el BANCO POPULAR .
ANTECEDENTES
1. Lubriexpo Ltda. en Liquidación convocó a juicio al Banco Popular, para que con su citación y audiencia se declarara « la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA de la ACCIÓN EJECUTIVA derivada de la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2006 proferida por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Descongestión de esta ciudad, en descongestión del Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso Ejecutivo con Título Hipotecario No. 2002-03748 de BANCO POPULAR contra LUBRIEXPO LTDA., confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, M.P. Dr. Rodolfo Arciniegas Cuadros según sentencia de fecha 3 de agosto de 2007, que dispuso la venta en pública subasta del bien hipotecado distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 50C-587913 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad por haber trascurrido el término de 5 años establecido en el artículo 8° de la ley 791 de 2002, sin que el acreedor ejecutara lo dispuesto en el mentado fallo ».
Como pretensión consecuencial pidió, oficiar al « Juzgado 5 Civil del Circuito de esta ciudad, para que decrete la terminación del proceso Ejecutivo Hipotecario No. 2002-03748 de BANCO POPULAR contra LUBRIEXPO LTDA., por haberse declarado la prescripción extintiva de la acción ejecutiva derivada de la sentencia allí proferida, a fin de que se levante la medida cautelar del bien objeto de la garantía hipotecaria y la cancelación del gravamen constituido mediante escritura pública No. 4465 de 23 de agosto de 1991 dela Notaria 31 del Circulo de Bogotá, ampliada por escritura pública No. 1326 del 10 de marzo de 1993 de la misma Notaría » (fls. 36-41 Cd 1).
2. Los mentados pedimentos se soportaron en los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio:
2.1. Que por escritura pública N° 4465 de 23 de agosto de 1991 de la Notaria 31 del Circulo de Bogotá, la demandante constituyó hipoteca abierta en favor del Banco demandado, sobre el inmueble ubicado en el interior 11 de la Transversal 93 N° 62-46 de esta ciudad con matricula inmobiliaria 50C-587913, ampliada por escritura pública N° 1326 del 10 de marzo de 1993 de la misma Notaría, para garantizar cualquier obligación a su cargo y a favor de dicha entidad financiera.
2.2. Con el amparo de dicho gravamen se obligó con la demandada a través de tres (3) pagarés, con números 068-13-00094-0, 068-1300099-6 y 068-1300103-5, de fechas 11 de mayo, 26 de junio y 13 de agosto de 2001 y por valores de $50'000.000,00, $200'000.000,00 y $70'000.000,00, respectivamente.
2.3. Por haber incurrido en mora de las mentadas obligaciones, el banco hizo uso de la acción cambiaria en su contra y formuló demanda ejecutiva, que correspondió al Juzgado 5° Civil del Circuito, quien libró orden de pago por auto del 27 de mayo de 2002; enterado de la orden de apremio se opuso a las pretensiones y formuló excepciones perentorias que fueron declaradas no probadas en sentencia de 8 de noviembre de 2006, y decretó la venta en pública subasta del bien gravado para que con el producto se cancelara la obligación demandada. Apelada la anterior determinación fue confirmada por el Superior el 3 de agosto de 2007.
2.4. Afirmó que lo descrito « permite colegir que la parte demandada, a pesar de existir sentencia condenatoria no ha realizado ningún acto tendiente a lograr la satisfacción de la obligación a su favor. Por el contrario, su desinterés de más de 5 años desde la ejecutoria de la misma, ha tolerado la inactividad del proceso, pues se trata de un Banco que tiene a su disposición todas las herramientas necesarias para la culminación del proceso »; que al haberse superado el término de cinco (5) años desde la ejecutoria « los derechos contenidos en la sentencia condenatoria, que se convierte en el título ejecutivo, se encuentran prescritos desde el 23 de octubre del año 2012, en virtud a lo previsto en el artículo 2536 del C. Civil que fue modificado por el artículo 8° de la ley 791 de 2002 ».
3. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá. a quien por reparto le fue asignado el presente asunto, dispuso su admisión por auto de 12 de abril de 2013 (fl. 43 Cd 1), ordenando el enteramiento del Banco demandado, quien puesto a juicio se pronunció de manera diversa sobre los hechos alegados, se opuso a las pretensiones y las repelió mediante las excepciones perentorias que denominó: « la acción ejecutiva derivada de la sentencia dictada por el juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y confirmada por el Honorable Tribunal de Bogotá en favor del Banco Popular S.A. no se encuentra prescrita », « la hipoteca como caución y garantía accesoria », « no pago de las obligaciones », « cosa juzgada », « abuso del derecho a litigar » y la denominada « excepción genérica » (fls. 69-78).
4. Agotado el trámite que le es propio a este tipo de juicios, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, con fundamento en la competencia que se le asignó por el Acuerdo PSAA15-10288 de 2015 del Consejo Superior de la Judicatura, dirimió la instancia con sentencia de 16 de julio de 2015, en la cual negó las pretensiones de la demanda (fls. 161-168 Cd 1).
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar la alzada interpuesta por el extremo demandante, por sentencia de 12 de noviembre de 2015 (fls. 23-32 Cd Trib.), confirmó la decisión de primer grado.
6. Contra la sentencia de segundo grado el extremo vencido interpuso recurso de casación que, por ser debidamente concedido, una vez recibidas las diligencias en esta Corporación fue admitido a trámite.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. La Corporación acusada, consideró necesario confirmar la decisión de instancia, porque (i) « la sentencia que se profiere en un proceso ejecutivo para decretar la venta en pública subasta del bien hipotecado, en orden a que con su producto se satisfaga la deuda no es fuente de obligación alguna ni constituye, en estrictez, título que preste mérito ejecutivo, por lo que no es posible afirmar que a partir de su ejecutoria corre un plazo de prescripción en contra de la parte favorecida con la decisión »; (ii) « porque si un acreedor hace valer su derecho en proceso ejecutivo en el que logra interrumpir la prescripción, el tiempo de duración de ese juicio no da lugar a un nuevo plazo prescriptivo del que pueda aprovecharse el deudor tempestivamente notificado para lograr, ni en ese mismo ni en proceso separado, la extinción de la deuda por el modo de la prescripción »; (iii) « porque el banco sí ha ejercido su derecho dentro del proceso ejecutivo que adelanta contra la aquí demandante, sin que las dificultades presentadas para lograr el remate del bien hipotecado puedan ser aprovechados por el deudor para beneficiarse de una prescripción que no se configura ».
El primer argumento lo desarrolla dando cuenta de la naturaleza y fases en que se surte el proceso ejecutivo, y las determinaciones que en él se adoptan, según se propongan o no excepciones de mérito y que, en todo caso, « ni le ponen fin al proceso, como lo reconoce la propia parte demandante, ni declaran la existencia de la obligación, y mucho menos le imponen condena al demandado. Se trata, simplemente, de una decisión que, de ser favorable al ejecutante, precisará la manera como se verificará el pago forzado, según se trate de una ejecución de naturaleza expropiativa, satisfactiva o transformativa ».
Precisa que, justamente, en el proceso hipotecario la decisión que dispone la venta en pública subasta del bien gravado para el pago de la obligación que se reclama es de naturaleza expropiativa, por lo que no es acertado afirmar que las sentencias cuya prescripción se pretende dieron « origen a una obligación que se hizo exigible tras su ejecutoria, como tampoco que por haber transcurrido un plazo superior a cinco años, hay lugar a declarar la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8o de la Ley 791 de 2002 », lo cual no se opone al reconocimiento que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil reconoce de las sentencias de condena como título ejecutivo, pues la providencia que se profiere en los juicios ejecutivos no tiene esa connotación.
En torno al segundo pilar de la decisión memora lo referente a la interrupción de la prescripción, para señalar que en este caso « como el acreedor está ejerciendo su derecho ante los jueces, no existe manera de sostener que la prescripción vuelve a contarse respecto del deudor ya notificado, ni siquiera en obligaciones solidarias. Cosa distinta sucede con los otros obligados que no hubieren sido vinculados aún a la ejecución pero en relación con el deudor al que se le intimó oportunamente el mandamiento de pago, o que, pese a la extemporaneidad del enteramiento, no alegó dicho modo extintivo (lo que traduce renuncia), sería absurdo sostener que otro plazo prescriptivo corre parejo a la duración del proceso en el que el acreedor ejerce su derecho », de donde colige que « el tiempo que ha transcurrido después de ejecutoriada la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, de 8 de noviembre de 2006, no corre contra el Banco ejecutante ».
El último de su sustento refiere a que el inmueble gravado se hallaba embargado por cuenta de la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), dentro del juicio coactivo que adelantaba contra Lubriexpo Ltda., por lo que consideró explicable que el acreedor no pudiera materializar su derecho a la venta mientras no se levantara esa cautela, lo cual tuvo lugar hasta el año 2014 « lo que descarta, de manera radical, toda posibilidad de sostener que a favor de Lubriexpo Ltda. se consolidó una nueva prescripción, figura ésta que presupone negligencia o desidia del titular del derecho, la que ni por asomo se evidencia en este caso ».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Con fundamento en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, e invocando la causal primera, el demandante, formuló dos (2) cargos frente a la sentencia proferida por el Tribunal, acudiendo a la vía directa, que serán despachados de manera conjunta, habida cuenta que la denuncia involucra las mismas normas, amén de estar soportadas en similares argumentos.
CARGO PRIMERO
1. La casacionista fustiga la determinación prohijada en la segunda instancia, « por violación directa de la ley sustancial, por interpretación errónea de los artículos, 2512, 2513, 2514, 2530, 2535, 2537, 2539, 2541 del C.C. consagratorios de la proposición jurídica sustancial de la prescripción extintiva o liberatoria, en relación con los artículos 4, 12, 90, 488, 398 y 332 del C.P.C de interrupción, títulos ejecutivos y cosa juzgada y de los Arts. 2494, 2495, 2496, 2497, 2498 y 2499 del C.C., en conexidad con el Estatuto Tributario art.839-1-2-3-4, sobre concurrencia de embargos fiscal e hipotecarios, lo cual condujo al sentenciador a dejar de aplicar el art. 2536 del C.C. consagratorio de la prescripción de la acción ejecutiva de cinco (5) años ».
Sostuvo que el tribunal « ha expuesto una interpretación incorrecta, reñidos con su verdadero contenido, los aplica haciéndole producir efectos que en esas normas no se contemplan y deduce derechos y obligaciones que no están consagrados en ella, ya que una sentencia de seguir adelante la ejecución dentro del proceso ejecutivo, no conserva a perpetuidad sus efectos. Es un medio interruptivo, porque la acción ejecutiva no termina con ella, sino con el pago ».
Continua diciendo, que «[E]xpone, erróneamente, el Juzgador ad-quem, que el derecho del acreedor, para exigir el cumplimiento de la obligación de parte del deudor, puede permanecer por generaciones y generaciones, la tercera o cuarta generación etc. Etc. en la sucesión de la obligación, lesionando los derechos del deudor a reclamar la prescripción extintiva o liberatoria de esa acción, error que ocurre debido al sentido distinto del verdadero espíritu, hecho de los artículos 2512, 2513, 2514, 2530, 2535,2537,2539,2541 del C.C., pues desconoce que es de elemental entendimiento que las obligaciones patrimoniales deben tener el carácter de redimibles y deben extinguirse, en últimas, por el transcurso del tiempo y llegado al límite máximo de su existencia de ese derecho, que es precisamente el fijado por la institución de la prescripción en el Art. 2536. Ibíd. ».
Haciendo alusión a jurisprudencia y doctrina sobre obligaciones irredi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

cicio del mismo por la remitente.
“Y también es cierto que el paso de ese tiempo en tales condiciones permitió que se consumara la prescripción extintiva propuesta por la demandada, independientemente de si se reconoce, como lo hizo el Tribunal, la posibilidad de que las partes reduzcan por estipulación a propósito el término de prescripción a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos (art. 2545 del C. C.) o se estima que el término de prescripción no es en esos casos variable por estipulación contractual. E independientemente también, de si se considera la comunicación de la Flota como un acto idóneo e inequívoco de reconocimiento del crédito, con efectos ora de renuncia, ya de interrupción de la prescripción, o se le niegan esos efectos.
“O sea, que sin necesidad de calificar la eficacia de la estipulación contractual respecto del término de prescripción, ni la idoneidad de la declaración del funcionario de la Flota a propósito de la reclamación de la remitente, y aun tomándola como un reconocimiento del derecho de ésta, con cualquiera de los efectos mencionados (arts. 2514 y 2539 del C. C.), el hecho es que entre ese acto y la demanda transcurrió con exceso el tiempo legal de prescripción (art. 993 del C. de Co.) y que ésta fue alegada en oportunidad (arts. 2513 del C. C. y 306 del C. de P. C.), por lo cual debe ser declarada[footnoteRef:16]” . [16: COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. del 28 de febrero de 1984. Gaceta Judicial CLXXVI, M.P. José María Esguerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Fernando Hinestrosa Forero (Conjuez), Alberto Ospina Botero, Horacio Montoya Gil, Jorge Salcedo Segura (salvamento de voto).
]
Por lo tanto, a pesar de la interrupción o renuncia (inciso segundo del art. 2539 del C.C.), reanudada la cuenta y cumplido el término de prescripción en el lapso transcurrido entre la renuncia o la interrupción y el ejercicio del derecho, e invocado ese modo de extinción por el deudor demandado, no hay duda de su ocurrencia con los efectos extintivos que le son propios.
En consecuencia, el precepto agregado no puede entenderse que cobije la interrupción civil de la prescripción sino la natural, así como la renuncia extraprocesal por parte del deudor, de modo que acaecida la interrupción natural o la renuncia el término vuelve a contarse desde la fecha de su renuncia, y si el acreedor no lo interrumpe nuevamente, sin duda, si el deudor invoca la prescripción, se consumará el término por segunda vez.
Solo en el marco de este contexto, puede entenderse la doctrina que luego prohija la Sala en la sentencia del 9 de septiembre de 2013, radicado 2006-00339:
“Como tiene explicado la Sala, “jamás la prescripción es un fenómeno objetivo”, pues existen “factores subjetivos, que, por razones más que obvias, no son comprobables de la ‘mera lectura del instrumento’ contentivo de la obligación. La conducta de los sujetos de la obligación es cuestión que siempre ameritará un examen orientado a establecer si concurrentemente se configuran todas las condiciones que deben acompañar al tiempo para que con certeza se pueda decir si la prescripción ocurrió verdaderamente. Solo así se llegará a determinar lo relativo a la interrupción y suspensión de la prescripción”.
“2.3. De manera que si al alcance de las partes no está el manejo del término prescriptivo, debe seguirse, en cuanto a su comienzo, que si ha transcurrido ininterrumpidamente, se cuenta “desde que la obligación se haya hecho exigible”, cual lo establece el artículo 2535 del Código Civil. Y si sobrevino alguna circunstancia subjetiva, verbi gratia, su interrupción natural, o si es el caso su renuncia, se computa a partir de la fecha del hecho, toda vez que el tiempo anterior queda borrado (arts. 2539 y 2536, ib., con la modificación introducida por la L. 791/2002).
“Es entendido que la posibilidad de iniciar nuevamente y de inmediato el cómputo del término extintivo, prevista en el inciso final del artículo 2536 de Código Civil respecto de la interrupción o la renuncia de la prescripción, no aplica cuando se trata de interrupción civil, o cuando la prescripción se entiende renunciada por la omisión del deudor en interponer oportunamente la excepción respectiva. Los efectos de la interrupción civil, que además descarta la inactividad del acreedor, o de la no interposición oportuna de la mencionada defensa judicial, son definitivos dentro del proceso en el cual ocurren, hasta su terminación mediante sentencia, pago o cualquiera de las formas anormales o alternativas de finalización permitidas por la ley, atendida la naturaleza de cada proceso y las consecuencias propias de dichas formas especiales en punto a la eficacia o ineficacia de la interrupción (CPC, art. 91; Sent. C-662 de 2004 y C-227 de 2009)” [footnoteRef:17]. [17: COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia 2006-00339 de septiembre 9 de 2013, C-11001-3103-043-2006-00339-01, Mg. Pon. Jesús Vall de Rutén Ruiz
]
De modo que no existe violación del segmento final del art. 2536 del C.C., por cuanto, aun cuando la prescripción en el ámbito del derecho civil proteja un derecho privado o derechos fundamentales de la persona como la libertad en el marco público de la democracia (el penal con prescripción de oficio), en la materia debatida por la Corte en este juicio, no puede someterse al juego o la alteración facultativa del plazo que la contiene, por el carácter sancionatorio y la postestad constitucional para ejercer la intervención estatal de la relación obligatoria privada, además porque, alegada, si se dan sus supuestos, inmola el derecho del acreedor o del propietario.
Si es institución de orden público, de naturaleza democrática, los particulares no pueden ampliarla o limitarla, porque se apropiarían de tareas que incumben al legislador.
Por supuesto, ello no descarta la interpretación judicial para determinar si esos términos son fatales o sin solución continuidad, o si pueden ser afectados por las conductas de las partes. Pero una demora en la decisión de una sentencia u otra providencia análoga, ni está circunstancia o, habiéndose notificado en tiempo al deudor emergiendo la interrupción de la prescripción, pueden erigirse en puntos de partida para iniciar nuevo cómputo del plazo para proponerla; salvo, el enorme paso que en el marco de configuración legislativa dio el legislador con el art. 317 del C. G. del P., como atrás se explicó.
Y por supuesto, el acierto del legislador en lo tocante con la aplicación de inciso final del art. 2536 del C.C., modificado por la Ley 791 de 2002, para un nuevo cómputo prescriptivo, siguiendo la doctrina de la Corte de aquélla sentencia memorable de 1984, por disposición del mismo Congreso, pero únicamente en el caso de la interrupción natural o la renuncia; pero no para la interrupción civil pues no se juzgaba un asunto de ese linaje sino uno extraprocesal.
En los términos precedentes dejo sentado mi criterio respecto de la materia debatida.
Fecha ut supra,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5515-2019 — Providencia Sala de Casación Civil. 2019-12-16. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2013-00104-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5515-2019%20%5B2013-00104-01%5D).
