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clave: "corte_suprema:providencia:SC5430-2021 [2014-01068-01]"
titulo: "Corte Suprema: la prosperidad de un cargo en casación edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-01-19"
radicado: "2014-01068-01"
numero: "SC5430-2021"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: la prosperidad de un cargo en casación edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado

- **Título oficial / radicado:** SC5430-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-01-19
- **Radicado:** 2014-01068-01
- **Número:** SC5430-2021
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5430-2021%20%5B2014-01068-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5430-2021%20%5B2014-01068-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMi4tIERpY2llbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNTQzMC0yMDIxIFsyMDE0LTAxMDY4LTAxXS5kb2N4/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

La prosperidad de un cargo en casación edificado sobre esa causal exige que efectivamente el sentenciador se haya extralimitado por acción o por omisión en esa labor hermenéutica, «como ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cercena su real contenido».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2651 de 1991
- Ley 446 de 1998
- Ley 1564 de 2012

## Extracto

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia. 1.- Error de hecho en el análisis del contenido objetivo de la demanda . 2.1.3.- Desconoció el testimonio de Juan José Carvajal Berrío, Gerente Reestructurador del Proyecto Soler Gardens, que hace parte de la prueba trasladada del expediente 2014-01067. 1.1.- Este motivo de casación está consagrado en el numeral 2° del artículo 336 del Código General del Proceso, se origina a consecuencia de una evidente desfiguración del debate, porque el fallador se ocupó de analizar aspectos ajenos a los que se sometieron a su escrutinio, a partir de una grave equivocación en la comprensión del querer del promotor de la acción, en quien recae el deber de exponer diáfanamente la causa petendi , que involucra tanto el sustrato fáctico como sus aspiraciones concretas en el juicio, en el ejercicio legítimo de procurar la tutela judicial de los derechos que estima conculcados.

## Cita textual

> en cheque con cruce sencillo a nombre del promitente dos (sic) y deberán ser entregados en las oficinas de Fajardo Williamson

## Texto del documento

Radicación n° 05001 31 03 010 -2014 01068 01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC5430-2021
Radicación n° 05001 31 03 010 -2014 01068 01
(Aprobado en sesión de octubre veintisiete de dos mil veintiuno)
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Formabienes S.A.S. y Cresibienes S.A., frente a la sentencia proferida el 7 de junio de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso verbal promovido por los recurrentes, Juan Felipe Duque Urrea, Lucía Cristina Caviedes Benedety y Promotora Almonte S.A.S., contra Fiduciaria Corficolombiana S.A., Fideicomiso Soler Gardens, Andrés Fajardo Valderrama, Fajardo Williamson S.A. y Promotora Soler Gardens S.A.
ANTECEDENTES
1.- Se solicitó en el libelo declarar que Andrés Fajardo Valderrama en su calidad de fideicomitente inicial y Gerente; Fajardo Williamson S.A. como fideicomitente inicial y constructor; Promotora Soler Gardens S.A. como Fideicomitente Cesionaria y Promotora del Proyecto, y Fiduciaria Corficolombiana S.A. como entidad fiduciaria y vocera del Patrimonio Autónomo « Fideicomiso Soler Gardens» , incumplieron de forma grave y determinante, entre otras, las obligaciones principales, de transferir a los demandantes el dominio de los locales comerciales 102, 103, 201, 201 A, 128, 125, 109, 206, 129 y 208, así como, la de realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del objeto Fiduciario, según lo pactado en los contratos denominados, « Encargo fiduciario de vinculación al Fideicomiso Soler Gardens » y «Promesa de transferencia del dominio a título de restitución de beneficio» , y lo plasmado en la ley comercial (art. 1234 num. 1°, 4°, 7°); por lo tanto, son solidariamente responsables de asumir las consecuencias legales de dicho incumplimiento.
Como consecuencia de la anterior declaración se les condene a indemnizar los perjuicios causados a los accionantes, tasados en las siguientes sumas de dinero, o las mayores o menores que resulten probadas en el proceso, por concepto de capital pagado en el Proyecto Soler Gardens: Cresibienes S.A.: $541.054.302 por los locales 102 y 103; Juan Felipe Duque Urrea: $183.803.170 por el Local 201; Lucía Cristina Caviedes Benedety: $124.415.960 por el local 201 A; Promotora Almonte S.A.S.: $204.954.480, por el local 128 y Formabienes S.A.S.: $835.250.929 por los locales 125, 109, 206, 129 y 208; más intereses moratorios a la tasa comercial máxima legal vigente, sobre los valores pagados y hasta su devolución, en subsidio, indexación de esas sumas desde la fecha en que fueron certificados por la Promotora y/o la Fiduciaria, hasta su devolución.
2.- En sustento de tales aspiraciones se expuso:
El 1° de septiembre de 2007 Andrés Fajardo Valderrama y Fajardo Williamson S.A., en su calidad de Fideicomitentes, celebraron con Fiduciaria Corficolombiana S.A., un contrato de « Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración» , en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Soler Gardens, para la construcción del proyecto inmobiliario del mismo nombre, que fue concebido como una «unidad o un todo jurídico – constructivo, compuesto por cuatro etapas» que se ejecutaría en dos períodos, preoperativo y operativo.
En noviembre de 2007, los demandantes se vincularon al Fideicomiso Soler Gardens mediante la suscripción de encargos fiduciarios como beneficiarios de área. Adicionalmente, celebraron « promesas de transferencia del dominio a título de restitución de beneficio» con el señor Fajardo Valderrama y con Fajardo Williamson S.A., respecto de algunos locales comerciales.
El 31 de julio de 2009, los fideicomitentes cedieron a título gratuito su posición contractual y participación en el patrimonio autónomo a Promotora Soler Gardens S.A., quien, de ahí en adelante, por « autorización y venia » de la fiduciaria «fungió como cesionaria de todos los derechos y obligaciones de los otrora Fideicomitentes – beneficiarios».
La Fiduciaria Corficolombiana S.A. asumió la obligación contractual de suscribir las escrituras a través de las cuales los propietarios de los 5 predios en los cuales se construiría el proyecto, transferirían al Fideicomiso el derecho real de dominio de sus inmuebles, obligación que no se cumplió, puesto que al Fideicomiso solo ingresaron 4 de ellos, lo que derivó en el incumplimiento de las obligaciones que tenían con los convocantes, toda vez que « se vendió, promocionó y promovió un proyecto que no contaba siquiera con el cumplimiento de la obligación principal (…) al no ostentar (…) la titularidad de todos los bienes inmuebles sobre los cuales se edificaría ». Al estar incumplido ese requisito esencial de la integración del patrimonio autónomo con todos los lotes en los cuales se desarrollaría la obra, no debió iniciarse la fase operativa de éste ni liberarse los fondos a favor de los fideicomitentes, pues no se había superado la etapa preoperativa.
De haberse verificado lo anterior, en su debido momento, la fiduciaria debió requerir a los fideicomitentes para que efectuaran la titulación del bien faltante en un tiempo razonable, y poner en conocimiento tal situación a los beneficiarios de área, de lo contrario, debió haber realizado, conforme al contrato de fiducia, «el reembolso de los recursos a favor de cada uno de los beneficiarios de área que hayan suscrito su respectivo encargo fiduciario, junto con los rendimientos generados» , por no encontrase reunidas las condiciones esenciales para la ejecución del proyecto.
La fiduciaria entregó a los fiduciantes los dineros recibidos de parte de los beneficiarios de área, a sabiendas de que éstos no habían cumplido los requisitos contractuales para dar por finalizada la etapa preoperativa y de la incertidumbre reinante en la gestión de las ventas, « inobservando los cánones rectores inherentes a su condición de experta y depositaria de la confianza otorgada por las partes».
Los accionantes realizaron abonos a la Fiduciaria y a la Promotora Soler Gardens de los dineros que les correspondían, de acuerdo al plan de pagos convenido, y solo dejaron de hacerlo ante la evidente interrupción de la obra que nunca se reactivó. En mayo de 2010, no se realizó la entrega ni la suscripción de la escritura pública de transferencia del dominio de los bienes adquiridos por ellos, pese a que fue esa la fecha acordada, por cuanto la obra ya se encontraba interrumpida de forma definitiva. Esas circunstancias les ocasionaron perjuicios que deben ser indemnizados por los accionados de forma solidaria, restituyéndoles el dinero pagado « a título de precio y/o por descuentos financieros a ellos reconocidos por pronto pago de las unidades inmobiliarias adquiridas ».
3.- Todas las convocadas se opusieron.
3.1.- Fiduciaria Corficolombiana S.A. (fl 714 – 749. c. 1), como medios de defensa invocó: « Esquema fiduciario de beneficiarios de área para el desarrollo de proyectos inmobiliarios», «Ausencia de legitimación en la causa por pasiva de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en posición propia», «Ausencia absoluta de legitimación en la causa por activa en relación con Formabienes S.A.S. -respecto de la unidad inmobiliaria 208 del proyecto Soler Gardens-», «inexistencia de solidaridad entre Fiduciaria Corficolombiana S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso Soler Gardens y Andrés Fajardo Valderrama, Fajardo Williamson S.A. y Promotora Soler Gardens»; «Diligencia y cuidado. Ausencia de culpa»; «excepción de contrato no cumplido. Incumplimiento contractual de los demandantes»; «Ausencia de nexo causal» y «tasación excesiva de los eventuales perjuicios. Objeción al juramento estimatorio».
3.2- Fideicomiso Soler Gardens (fls. 609 -627), cuya vocería radica en Fiduciaria Corficolombiana, excepcionó: « Ausencia de solidaridad»; «imposibilidad jurídica para ejercer acción resolutoria de contrato» y «la genérica ».
3.3.- Andrés Fajardo Valderrama y Promotora Soler Gardens S.A. (fls. 515 – 535). Alegaron « Ausencia de solidaridad»; «imposibilidad jurídica para ejercer acción resolutoria de contrato» y «la genérica ».
3.4.- La curadora ad litem de Fajardo Williamson S.A. (fls. 365 – 366), se pronunció sobre los hechos de la demanda sin manifestar oposición (fls. 606 – 608).
4.- En autos proferidos el 19 de agosto de 2014, el juez de primer grado admitió los llamamientos en garantía formulados por Fiduciaria Corficolombiana a Promotora Soler Gardens S.A. (fl. 35, c. 3); a Fajardo Williamson S.A. (fl. 35, c. 4) y a Andrés Fajardo Valderrama (fl.- 31, c. 5).
5.- El a quo desestimó las súplicas, condenó en costas a los gestores y se abstuvo de « hacer condena en relación con el incumplimiento del juramento estimatorio ». (fls. 1168 – 1172, c. 1).
6.- El ad quem confirmó la sentencia que fue apelada por los accionantes (fls. 19 – 20, c. 9).
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Para el Tribunal, en síntesis, hizo bien el juez de primera instancia al delimitar el objeto del debate procesal pues al leer con detenimiento el contenido de la demanda no se puede caer en el ámbito de la generalidad que pretendió darle la parte demandante a lo afirmado, hay claramente una pretensión de resolución contractual; ese es el objeto litigioso, y a partir de él se definen las reglas del juego, por lo que, a la hora de ejercer la función jurisdiccional, no se puede cambiar el objeto del proceso, porque están de por medio los derechos de contradicción y debido proceso.
Como el a quo limitó su estudio a la pretensión de resolución contractual, las consideraciones se centrarán en la misma, que se enmarca en la facultad alternativa prevista en el artículo 1546 del Código Civil. La elección de las normas jurídicas que disciplinan la contienda, fueron pertinentes, al igual que la identificación de los presupuestos fácticos cuya demostración exigió el juez.
Quien pretende aniquilar el contrato con ocasión de su desatención debe demostrar la existencia de un negocio válidamente celebrado; un incumplimiento imputable al demandado; el cumplimiento o por lo menos el allanamiento a cumplir de su parte; y solicitar el débito adicional vinculado con la indemnización de perjuicios, la existencia del daño y su cuantía, así como la conexión causal.
Al realizar un cotejo entre los contratos de « encargo fiduciario de vinculación al Fideicomiso Soler Gardens », que dan cuenta de los locales adquiridos por los demandantes, con los pagos acreditados por estos, se evidencia que no existe prueba de que los promotores de la Litis sean contratantes cumplidos. Es manifiesta la desidia referente a la acreditación de las obligaciones a su cargo, si algo se relacionó sobre este aspecto, se debe al análisis que se hace de documentos aportados por los demandados, y otros allegados extemporáneamente, que el juzgado de instancia decidió incorporar de oficio (fls. 1038 y ss.).
En cada uno de los referidos contratos se pactó el precio de adquisición de los inmuebles, así como su identificación; además, se plasmó que «de cada contrato hacía parte integral el anexo plan de pagos» . Sin embargo, dicho plan no fue aportado en los debidos momentos procesales, solo obran los que corresponden a 3 contratos de vinculación, luego, resulta imposible verificar si los pagos de los demandantes que no los aportaron, se sujetaron a lo convenido. Verificados los únicos planes aportados por los opositores respecto de Cresibienes, Juan Felipe Duque Urrea y Promotora Almonte, tampoco es posible concluir que éstos cumplieron con lo convenido, pues, si bien existe certeza de que entregaron unos dineros, según cifras detalladas, éstas no corresponden al formato.
Conforme a los documentos del encargo fiduciario de vinculación, Juan Felipe Duque propuso que los meses de noviembre y diciembre de 2007, pagaría cuotas individuales por $8.489.460, lo mismo que en enero, junio, julio, agosto y septiembre de 2008, sin embargo, en la relación de pagos certificada por el contador del proyecto Soler Gardens, (fl. 1040), se constata que no se hizo los de 2007, y de las 5 cuotas a pagar en 2008, solo canceló 3 pero no en las fechas convenidas, y aunque el abono de junio de 2008 por $36.025.749 podría equivaler a cuatro cuotas, el incumplimiento es manifiesto. En el mismo sentido son cada una de las certificaciones de pago de cuotas y en ninguna se advierte secuencia que permita inferir, que hubo regularidad en los abonos.
No se desconoce la posibilidad que tiene el demandante de demostrar que su incumplimiento se encuentra justificado en el del demandado, que se concreta en la no adquisición del quinto inmueble, argumento que no es de recibo, por lo siguiente:
Es cierto que en la fiducia mercantil se fijó como objeto, entre otros, suscribir la escritura pública de los inmuebles con matrículas 001-555873, 001-555866, 001-555874, 001-555867 y 001-555872, y también lo es que a la fecha de la sentencia de primera instancia solo se habían adquirido 4 de los 5 i

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

reciente data, que insisten en la necesidad de que el demandante sea un contratante cumplido o haya desplegado todas las acciones para hacerlo, como condición sine qua non para la prosperidad de la acción resolutoria (SC2307, 25 jun. 2018, rad. n.° 2003-00690-01). [41: Por citar unos pocos SC6906, 3 jun. 2014, rad. n.° 2001-00307-01; SC, 28 feb. 2012, rad. n.° 2007-00131-01; SC, 7 mar. 2000, exp. n.° 5319, etc.]
3. Algunas voces de disidencia se han alzado en el trasegar jurisprudencial, porque la estricta aplicación de esta interpretación condujo a situaciones de indefinición jurídica cuando ambos contratantes son incumplidos, pues ninguno de ellos estaría legitimado para pretender la extinción del vínculo jurídico.
La primera postura que se planteó fue la del mutuo disenso tácito, en el sentido de que el recíproco incumplimiento es equivalente a la decisión de extinguir el vínculo jurídico negocial por su abandono: « la voluntad de las partes no sólo es susceptible de manifestarse a través de declaración expresa, sino también puede serlo mediante actos que implícitamente la dan a conocer… preciso [es] darle a la recíproca inejecución de las obligaciones contractuales la significación exacta de la desistencia tácita, a la manera como podría producirse mediante el mutuo disenso expreso » (SC, 23 sep. 1974, G.J. CXLVIII, n.° 2378 a 2389, p. 246).
Aunque con el pasar de los años se precisó que, además de la mutua desatención convencional, debe quedar fuera de duda la intención de destratarse (SC, 20 sep. 1978, G.J. CLVIII n.° 2399).
La segunda posición se expuso en el proveído de 29 de noviembre de 1978, en el que se aseguró que « en los contratos bilaterales en que las mutuas obligaciones deben ejecutarse simultáneamente, o sea a un mismo tiempo, si una parte se allanó a cumplir en la forma y tiempo debidos y la otra no, aquélla tiene tanto la acción de cumplimiento como la resolutoria, más si ninguna de las partes cumplió ni se allana a hacerlo, una y otra meramente pueden demandar la resolución del contrato ».
Como sustento, se diferenció el incumplimiento de la indemnización de perjuicios, a fin de acotar la aplicación del artículo 1609 a este último, sin afectar la procedencia de la acción resolutoria.
4. Mediante CSJ SC1662 5 jul. 2019 rad. 1991-05099 (reiterada en CSJ SC3666 25 ago. 2021 rad. 2012-00061 y en la providencia mayoritaria de cuyas consideraciones me separo), la Sala abandonó la tesis de la improcedencia de la pretensión resolutoria frente a incumplimientos mutuos y se propugnó por el acogimiento de los planteamientos centrales del fallo de 1978.
Esta comprensión, valga la pena mencionarlo, que comparto en su integridad, es la que mejor se aviene con los criterios de interpretación literal, histórico y sistemático del artículo 1546 del Código Civil, de que tratan los artículos 27 y 30 del Código Civil, como se explicará en lo subsiguiente:
(i) La condición resolutoria tácita, a que se refiere el canon 1546, únicamente exige para su procedencia que se trate de un contrato bilateral y que uno de los contratantes no cumpla con lo pactado , sin imponer al demandante cargas diferentes a la de ser contraparte negocial.
Y es que el inciso segundo establece que « el otro contratante [podrá] pedir a su arbitrario, o la resolución o el cumplimiento del contrato » (negrilla fuera de texto), sin más requerimientos, de allí que no sea dable ponerle sobre sus hombros el deber de acreditar el cumplimiento el allanamiento a hacerlo, como inexactamente lo ha asegurado la jurisprudencia.
(ii) El artículo 1609, en puridad, impide la mora en los negocios bilaterales con prestaciones sucesivas, hasta tanto el otro contratante no cumpla lo pactado o realice las gestiones para el efecto, temática que concierne a la reparación de perjuicios, sin implicaciones directas sobre la prosperidad de la acción resolutoria.
La norma es clara en acotar su objeto a la mora , figura jurídica que sirve para definir el hito inicial del cobro de deméritos patrimoniales -canon 1615-, que no puede confundirse con el incumplimiento que constituye la base de la resolución a que se refiere el artículo 1546 del estatuto civil.
Recuérdese que
…el factor determinante para que haya lugar al resarcimiento de los perjuicios provocados por no atenderse las obligaciones derivadas de uno de tales contratos es la “mora” en que haya incurrido el incumplido, la que, como ya lo tiene dicho esta Corporación, es “un incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias jurídicas” (negrillas fuera del texto), no pudiéndosele confundir con cualquier clase de incumplimiento, ya que “No todo incumplimiento produce mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento” (Sent. de 7 de diciembre de 1982). A voces del artículo 1608 del Código Civil, el deudor está en “mora”, en tratándose de obligaciones positivas, cuando “no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora”, o “Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla”, o “En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor” (SC, 9 mar. 2001, exp. n.° 5659).
(iii) La ubicación del artículo 1609 en el código privado, a renglón seguido de los casos en que el deudor está en mora y antes de la mora en las prestaciones de hacer, ratifica que su campo de aplicación está acotado a esta materia jurídica.
(iv) Los antecedentes históricos del pacto comisorio, antes rememorados, muestran que su consagración gravitó bajo la idea de que el enajenante pudiera deshacer el contrato con ocasión del impago del precio del adquirente, sin imponérsele condiciones especiales para accionar.
(v) El acceso efectivo a la administración de justicia no se satisface por el hecho de que los administrados puedan acudir al aparato judicial, sino que reclama una decisión definitiva de las controversias sometidas a su componenda, lo que no sucedía en los casos de mutuo incumplimiento, pues los contratantes perdían la legitimación para proponer las acciones de ejecución, resolución e indemnización de perjuicios, quedando en manos del restringido campo del mutuo disenso tácito.
Luego, la interpretación que ahora se defiende restituye a las partes contractuales la posibilidad de hacer uso de la resolución, como forma de desvincularse del negocio jurídico incumplido, claro está, sin el pago de perjuicios por mandato del artículo 1609 del Código Civil.
Así las cosas, más que una aplicación analógica del canon 1546 al mutuo incumplimiento, como se razonó en las providencias reiteradas, lo cierto es que esta regla fue diseñada para gobernar todos los casos de desatención negocial, sin que pueda reducirse su aplicación por el reconocimiento normativo que se hizo de la excepción de inexistencia mora por no cumplimiento .
Fecha ut supra.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
122

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5430-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-01-19. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2014-01068-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5430-2021%20%5B2014-01068-01%5D).
