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clave: "corte_suprema:providencia:SC5424-2019 [1998-04834-01]"
titulo: "Corte Suprema: se puede dar como ejemplo de esta indivisibilidad de obligación"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-12-11"
radicado: "1998-04834-01"
numero: "SC5424-2019"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: se puede dar como ejemplo de esta indivisibilidad de obligación

- **Título oficial / radicado:** SC5424-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-12-11
- **Radicado:** 1998-04834-01
- **Número:** SC5424-2019
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5424-2019%20%5B1998-04834-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5424-2019%20%5B1998-04834-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMi4gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1NDI0LTIwMTkgWzE5OTgtMDQ4MzQtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Por ejemplo, cuando se persigue el único bien que constituye el fideicomiso o, aunque no lo sea, resulta crucial para el logro del cometido del citado contrato.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1827
- Constitución Política

## Extracto

En ese sentido, y para ir trayendo esta temática abstracta al caso que concita la atención de la Corte, la copia simple de la promesa y las copias simples de los faxes contentivos de documentos emanados de terceros, que por virtud de la sentencia de la Corte Constitucional han de ser considerados como auténticos, no significan, por esa sola orden que se acata, que su contenido sea, en efecto, veraz. [10: En el mismo sentido, según prolija cita biográfica de Devis Echandía: "Carnelutti precisó reiteradamente la diferencia entre el documento y la declaración o el acto jurídico documentado. En consecuencia, el tiempo para darles cumplimiento será el mismo que el juzgado requiera, una vez se llenen los requisitos procedimentales para la entrega del título. Santafé de Bogotá, diciembre 16 de 1994 Señores Prometientes compradores del lote de San Rafael Suba Atn: Doctores Horacio y Luis Fernando Ospina La Ciudad.

## Cita textual

> no corresponde a la misma persona que firma los demás documentos cotejados

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31- 012-1998-04834-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC5424-2019
Radicación n.° 11001-31-03-012-1998-04834-01
(Aprobada en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve)
Bogotá D. C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Alfonso Contreras Lázaro contra la sentencia proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de abril de 2011 en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, Jairo Munarth Álvarez, Gloria Esperanza Rubio de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo, Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge Hernando Alzate Ospina, Luis Humberto Fajardo Santamaría, Selene Laverde Toro, Ciro Meyer Olarte Corredor, Selfiducia S.A. (hoy Fiduciaria Integral S.A. en liquidación) y Altanare Ltda .
Con fallo del 7 de diciembre de 2017 la Corte se había pronunciado de fondo sobre este recurso de casación; pero mediante sentencia SU-268 del 12 de junio de 2019, la Corte Constitucional decidió dejarla sin efecto ordenando a esta Sala, en su lugar, emitir “ una nueva decisión otorgándole plena validez probatoria a los documentos aportados en copia simple y decida de fondo el recurso extraordinario de casación dentro del proceso 110013103 01219980483404, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas” por ese Alto Tribunal.
En razón a que el despacho del ponente de la sentencia revocada se encuentra acéfalo, funge en su lugar el Presidente de la Sala. A ello se procede.
ANTECEDENTES
A. Con demanda presentada el 25 de julio de 1995 (fls. 98 a 139, y 142 c. 1), posteriormente reformada (fls. 278 a 285), puesta a conocimiento del Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, el aludido demandante pide que se declare, en forma principal, que el inmueble descrito en ese libelo, situado en Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria 50N-0473662, y de un área de 41.508 m2, no ha salido del patrimonio del codemandado Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, quien continúa con su derecho real de propiedad, porque el contrato de fiducia que en su nombre dijo celebrar Jairo Munarth Álvarez como “Fideicomitente A” y las demás personas naturales como “Fideicomitentes B” con Selfiducia S.A. (escritura pública 8000 del 2 de diciembre de 1984 otorgada en la notaría novena de Bogotá) es inexistente de pleno derecho por cuanto adolece de elementos esenciales tales como consentimiento y expresión solemne.
Como secuela de lo anterior, que se declaren igualmente inexistentes los contratos de cesión de derechos celebrados el 22 de diciembre de 1994, modificado el 3 de marzo de 1995, con los cuales Jairo Munarth Álvarez, diciendo obrar en nombre y representación de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, aparece cediendo a la sociedad Altanare Ltda., los derechos que como “Fideicomitente A” tenía aquel en el mentado contrato de fiducia, dado que Mejía no le otorgó poder; “ es decir, no hubo consentimiento ” (f. 281). En consecuencia, deben declararse igualmente inexistentes las escrituras números 358 del 31 de enero de 1995 y 853 del 3 de marzo de 1995, ambas de la notaría 23 de Bogotá, con las cuales la sociedad Altanare Ltda. y Selfiducia S.A. (hoy Selfin S.A.) modifican la escritura de fiducia No. 8000 ya referida.
Y como efecto de todo ello, que se ordene el registro de la sentencia y se declare que los interpelados son responsables solidarios de los perjuicios que la demanda especifica, por el “ entorpecimiento de la ejecución por obligación de hacer ”, emanada de la promesa de compraventa que Gonzalo de Jesús Mejía Zapata como promitente comprador celebró con Alfonso Contreras Lázaro y otros, como promitentes vendedores, lo que se tradujo en el retardo en la iniciación del proyecto de construcción que estos tenían planeado para ejecutar en ese solar.
En subsidio, que, de conformidad con el artículo 1238 del Código de Comercio, se declare que el bien dado en fiducia es objeto de la promesa de compraventa celebrada entre el demandante y otros con Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, que contiene una obligación de hacer con arras confirmatorias, pactada antes de la constitución de la fiducia; que, en consecuencia, se decrete la extinción de este aparente contrato así como de la cesión de la posición contractual que hicieron los fideicomitentes A y B en favor de la sociedad Altanare Ltda., todo ello aparejado de la declaración de responsabilidad solidaria por los perjuicios que la demanda describe.
B. Los anteriores pedimentos tuvieron como soporte fáctico lo que a continuación resume la Corte:
1. El 31 de mayo de 1994 Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, como promitente vendedor, celebró contrato de promesa con Alfonso Contreras Lázaro, Horacio Ospina Reyes, Ana Patricia Suárez Betancourt, Carmenza Moreno Gutiérrez, Juan Vicente Azuero Guerrero, Luis Fernando Ospina Reyes, Cecilia Yépez López, Álvaro Vargas López y la sociedad Estructuras de Hormigón Ltda. En ese precontrato, en el que se obligaron a celebrar uno de compraventa sobre el inmueble dado después en fiducia por Mejía Zapata, se pactó como precio la suma de $1400 millones con dos instalamentos y un abono final y que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, la que observara sus obligaciones podría exigir a la otra por la vía judicial el acatamiento a la obligación principal y el pago de la pena. Se fijó como fecha para la celebración de la venta proyectada el 15 de julio de 1994 a las 3:00 P.M. en la notaría 42 de Bogotá.
2. De acuerdo con el contrato preliminar anotado, Alfonso Contreras Lázaro prometió adquirir el inmueble en el 14.29%, pero por haber entregado $153.900.000,oo, suma mayor a la que le tocaba aportar, por convenio verbal entre los promitentes compradores, le correspondió el 30.78%.
Dicha cantidad la entregó por invitación que le hizo la sociedad Estructuras de Hormigón Ltda. y Carlos Ospina Reyes, en el entendido de que aquella tenía experiencia y se dedicaba al ramo de la construcción y por eso, habría de investigar la calidad, residencia y antecedentes del promitente vendedor, además de adelantar un esmerado estudio de titulación.
3. El 23 de agosto de 1994 las partes modificaron la promesa en el sentido de establecer que el contrato prometido se solemnizaría el 1° de noviembre de 1994, en la notaría 42 de Bogotá, a las 3:00 pm. Este mismo día volvieron a pactar una prórroga para el 1° de diciembre siguiente, a la misma hora y en la misma oficina. Se hicieron entonces presentes los promitentes compradores (por Cecilia Yépez López compareció Ana Isabel Valencia como su agente oficiosa) más no el promitente vendedor, razón por la cual los asistentes dejaron constancia de su comparecencia, recogida en la escritura pública No. 6714.
4. En la cláusula séptima del contrato de promesa se había estipulado que en caso de incumplimiento, la parte cumplida o que se hubiere allanado a cumplir podía exigir el cumplimiento de la obligación principal y el pago de la pena, que era de carácter compensatorio.
5. La inobservancia a lo pactado indujo a los promitentes compradores a tramitar proceso ejecutivo por obligación de hacer contra Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, que cursa en el Juzgado 9º Civil del Circuito de Bogotá, en el que se pidieron como medidas cautelares el embargo y secuestro de cinco inmuebles (incluido el que fue objeto de fiducia) cuatro de los cuales figuran hipotecados a Elidia Farhat Escudero; pero a la fecha de presentación de la demanda, el inmueble San Rafael de Suba, dado en fiducia, no se encontraba embargado por cuanto a pesar de haber sido ordenada la medida por el juez del proceso ejecutivo, el registrador se abstuvo de inscribirla en vista de que Gonzalo de Jesús Mejía no era titular de ese bien raíz.
6. Este demandado otorgó poder a Jairo Munarth Álvarez para que en su nombre y representación celebrara promesa de compraventa sobre el inmueble comprometido en esta litis. Con base en ese poder, el 2 de diciembre de 1994 el apoderado y otras personas naturales, acá demandadas, acordaron con Selfiducia la constitución de una fiducia otorgando la escritura 8000 ya mentada, instrumento con el cual transfirió el dominio y la posesión del predio, prometido antes en venta al demandante y demás personas indicadas.
7. No obstante, el 16 de diciembre de 1994 el promitente vendedor Mejía Zapata informó a los promitentes compradores, por conducto de los doctores Gustavo Vargas y Hugo Briceño Jáuregui, que no podía dar cumplimiento al precontrato por razón de una demanda de nulidad que le formulara Justo Pastor Oliveros, de quien había adquirido el lote; pero tal causal es contradictoria porque sí pudo acordar la fiducia mencionada.
Manifestaron los doctores Vargas y Briceño que el dinero dado como arras ($500.000.000,oo) les sería devuelto tan pronto como fuera posible. Posteriormente, el 18 de enero siguiente, estos voceros del promitente vendedor anunciaron la devolución de $500 millones.
8. Los promitentes compradores, incluido el actor, celebraron el negocio con la finalidad de hacerse al predio San Rafael de Suba para adelantar un proyecto que involucraba viviendas, salones comunales, capilla, canchas, plazoletas y centro comercial. Para lo anterior, el pretensor adelantó estudios del terreno, levantamiento de planos y trámites que le representaron gastos.
9. En el folio de matrícula del inmueble consta la inscripción de tres escrituras públicas referidas a la cesión de la posición contractual de los fideicomitentes A y B en favor de la sociedad Altanare Ltda., actos estos también inexistentes por cuanto corren la misma suerte del contrato de fiducia. En adición, Jairo Munarth Álvarez, quien actuó como apoderado de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, adujo un poder otorgado por este, cuya firma es falsa. En ese documento además se ratificaba el insuficiente poder anterior.
10. Altanare Ltda. sabía de la existencia de los conflictos que tenía pendientes Gonzalo de Jesús Mejía en relación con el lote tantas veces mencionado.
11. El 20 de diciembre de 1994 Mejía Zapata ratificó el mentado poder y facultó al apoderado Munarth para ceder sus derechos como Fideicomitente A, lo que en efecto hizo a la sociedad Altanare Ltda. por $50 millones. Cedió también los derechos de los fideicomitentes B a la misma sociedad, por $1.550 millones.
12. El 3 de marzo de 1995, también sin poder, Jairo Munarth Álvarez, en nombre y representación de Gonzalo de Jesús Mejía, adujo corregir un error involuntario cometido por las partes en cuanto al valor de la contraprestación.
13. La prueba grafológica efectuada a la firma de Gonzalo de Jesús Mejía establece que el poder presentado ante el Notario 4º de Bogotá, con el cual dice ratificar el que había otorgado ante el Notario 16 de ese círculo, “ no corresponde a la misma persona que firma los demás documentos cotejados ” (ibídem).
C. Altanare Ltda. (fls. 167 a 171, C.1) , Selena Laverde Toro (fls. 232 a 234, C.1) y Fiduciaria Integral S.A., antes Fiduciaria Selfin S.A., y antes Selfiducia- (fls. 214 a 216, C.1), en sendos escritos, se opusieron a las pretensiones, con aducción de las excepciones meritorias que denominaron “suficiencia del mandato”, “existencia del negocio fiduciario”, “inexistencia del daño” y “ausencia de culpa”.
Por su parte, Gloria Esperanza Rubio de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo, Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge Hernando Alzate Ospina, Luis Humberto Fajardo Santamaría y Ciro Meyer Olarte Corredor también rechazaron las súplicas incoadas sin proposición de medio exceptivo particular, manifestando no constarle la mayoría de los hechos aducidos (f. 186, C.1).
La curadora ad litem designada para Gonzalo de Jesús Mejía Zapata (fls. 236 a 238, C.1) se atuvo a lo que resultara probado.
D. La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones (fls. 1402 a 1431, c.1A), por considerar el juzgado de conocimiento que el demandante carecía de legitimación en la causa por no haber sido parte en el contrato de fiducia y por razón de los móviles que adujo. Además, consideró que el poder había sido ratificado. Y en cuanto a las pretensiones subsidiarias, las desestimó también por falta de legitimación y porque no se estructuró el fraude previsto en el artículo 1238 del Código de Comercio.
E. Oportunamente apelada la decisión por el perdidoso, el superior, con la sentencia objeto del recurso de casación, resolvió confirmar la del a quo, aunque por razones diferentes.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego del resumen usual, incluyendo los reproches de la alzada, sienta el ad quem estas bases con las cuales llega a la confirmación de la decisión:
A. Que Gonzalo de Jesús Mejía Zapata había prometido en venta a un grupo de personas naturales y jurídicas -dentro de ellas el actor con una participación del 14.29%- el predio denominado San Rafael de Suba; pero, lejos de cumplir lo prometido, lo transfirió mediante contrato de fiducia mercantil celebrado con Selfiducia S.A., con el fin

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

misma dirección, la de la inexistencia de los pagos hechos por el demandante de esta causa: El actor llamó a declarar a Horacio Ospina Reyes, Ana Patricia Suárez Betancourt, Luis Fernando Ospina Reyes, Carmenza de Jesús Moreno Gutiérrez, Álvaro Vargas López, Cecilia Yepes López (la que no compareció a la notaría), Juan Vicente Azuero Guerrero, es decir, todos signatarios con él, y sujetos del grupo de los promitentes compradores. Con esas declaraciones pretendía demostrar lo que a los testigos les constara en relación con la promesa, los proyectos que juntos querían adelantar en el lote, “ los dineros entregados por el señor Alfonso Contreras Lázaro, respecto a la promesa de compraventa ” (folio 133), entre otros pormenores. Y resulta que en el decreto de pruebas (f. 520, c ppal.) el juez efectivamente ordenó el testimonio de estas personas, fijó las fechas para su recaudo[footnoteRef:15], y ninguna asistió, a pesar del interés que podían tener en las resultas del pleito. [15: En folios 755 o 17 se deja constancia de la falta de comparecencia para rendir testimonio, por parte de Horacio Ospina Reyes y Ana Patricia Suárez; en folio 758 o 19 se deja constancia de que Luis Fernando Ospina y Carmenza de Jesús Moreno Gutiérrez tampoco asistieron a la diligencia en la cual debían rendir testimonio; en folio 759 o 20 lo mismo pasa con Álvaro Vargas López y Cecilia Yepes López. En folio 768 o 24 consta que tampoco asistió a esa diligencia Carlos Edward Ospina Reyes.]
c. En tercer lugar, llama la atención que en el proceso ejecutivo la parte demandante, incluido el señor Contreras Lázaro, hubiese pedido que se hiciera comparecer a “ Gustavo Vargas Gallo y Hugo Briceño Jáuregui para que reconocieran sus propias firmas como testigos de la promesa de compraventa y el contenido de dicho documento ” (f. 4, c. 9 copias del expediente del proceso ejecutivo surtido ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá cuyo demandante es Estructuras de Hormigón Ltda. y otros y el demandado Gonzalo de Jesús Mejía).
Pues bien, previamente notificado (f. 12) asistió a la diligencia de reconocimiento del contenido y firma del documento el señor Hugo Alfonso Briceño Jáuregui, quien manifestó: “ en ninguno de los documentos que se me ponen de presente, no figuro, ni aparecen firmados por mí, ni tampoco reconozco el contenido porque no intervine en ese documento ” (f. 14). Es decir, los promitentes compradores que se sirvieron de unos testigos para que, llegado el caso, dieran fe de la suscripción del documento de promesa, llaman a dos de ellos, pero uno no va y el otro niega su participación en ese documento, en los términos antedichos.
Pero aún más, ya en el proceso ordinario, Alfonso Contreras Lázaro, esta vez asistido de un abogado diferente del que llevó el ejecutivo, presenta la demanda de esta causa litigiosa y pide que se tengan en cuenta las copias de las comunicaciones de los señores Vargas y Briceño, ya transcritas. Y dice: “ sírvase señor juez hacer comparecer en su despacho a los doctores Gustavo Vargas Gallo y Hugo Briceño Jáuregui para que reconozcan firma y contenido ” (f. 131, c. 1).
Sube de punto la sorpresa cuando en el auto que decreta las pruebas (f. 520, c. principal) nada dice el juez sobre la petición de reconocimiento de las firmas de estos señores. Esa providencia fue recurrida en reposición por el actor, para pedir que se complementase con algunas pruebas pedidas por él y omitidas por el juzgador (f. 545 o 5). Y, en efecto, el juez complementó el decreto de pruebas; pero ni el interesado ni el juez se refirieron al peticionado reconocimiento aludido. La parte interesada calló al respecto.
Evidentemente, si en el proceso ejecutivo el señor Briceño Jáuregui manifestó no haber participado ni haber servido de testigo en la promesa, puede inferirse que justo temor podía tener la parte actora de que pasara lo mismo en este proceso ordinario.
d. En cuarto lugar, llama poderosamente la atención que en el proceso ordinario sólo uno de los promitentes compradores, y no exactamente el que más porcentajes tenía en el negocio, se hubiese interesado en demandar la extinción de la fiducia. En efecto, según ya se indicó, la sociedad Estructuras de Hormigón Ltda., de conformidad con la promesa de venta, participaba en ella en un 53.58%. Aún más: el gerente de esta sociedad, ya como persona natural y también promitente comprador, fue citado como testigo en esta causa y tampoco asistió a rendir declaración.
Como corolario de todo lo anterior, estima la Corte que la condición de acreedor cierto e indiscutido, legitimado para buscar la extinción de una fiducia en busca de la satisfacción de un crédito a cargo del fiduciante, por haber sido aquel un contratante cumplidor de lo suyo, en manera alguna quedó demostrada, razón por la cual, retomando el hilo conductor de estas explicaciones, si como Tribunal de instancia la Corte entrase a dictar el fallo en reemplazo del casado, llegaría a la misma conclusión de denegar las pretensiones de la demanda.
El demandante debía haber dejado corroborado que los promitentes compradores –todos y él dentro de ellos- eran contratantes puntuales en sus débitos, es decir, debía quedar disipada toda duda acerca de incumplimientos de obligaciones a su cargo, que le impidieran perseguir su crédito. Recuérdese que el artículo 1609 del Código Civil consagra la excepción de contrato no cumplido, en virtud de la cual ninguna de las partes puede demandar a la otra para exigirle el cumplimiento o la resolución del contrato, si no ha cumplido por su parte o está pronta a cumplir las obligaciones que éste le impone. Si lo hace sin haber llenado este requisito, la parte demandada que no se encuentra por lo mismo en mora, puede oponer la excepción de incumplimiento (SC del 15 dic de 1973, GJ TCXLVII, n°s. 2372 a 2377, pág. 162).
El cargo, pues, no prospera. Mas, por la rectificación doctrinaria, se exonerará de costas al impugnante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil,
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario de Alfonso Contreras Lázaro frente Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, Jairo Munarth Álvarez, Gloria Esperanza Rubio de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo, Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge Hernando Alzate Ospina, Luis Humberto Fajardo Santamaría, Selene Laverde Toro, Ciro Meyer Olarte Corredor, Selfiducia S.A. (hoy Fiduciaria Integral S.A. en liquidación) y Altanare Ltda.
Sin costas en el recursos por la rectificación doctrinaria.
Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Presidente
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
(Impedimento)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ALONSO RICO PUERTA
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5424-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-12-11. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 1998-04834-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5424-2019%20%5B1998-04834-01%5D).
