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clave: "corte_suprema:providencia:SC5327-2018 [2008-00193-01]"
titulo: "Corte Suprema: agrega es deber del tomador «declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo»"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-12-12"
radicado: "2008-00193-01"
numero: "SC5327-2018"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: agrega es deber del tomador «declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo»

- **Título oficial / radicado:** SC5327-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-12-12
- **Radicado:** 2008-00193-01
- **Número:** SC5327-2018
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5327-2018%20%5B2008-00193-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5327-2018%20%5B2008-00193-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMi4gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1MzI3LTIwMTggWzIwMDgtMDAxOTMtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Agrega es deber del tomador «declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo», al igual que las circunstancias subjetivas o morales obrantes como factores de los eventuales peligros, «pues sólo bajo este conocimiento es que se podrá afirmar que el asegurador ha emitido un consentimiento libre de vicios», en los términos del citado precepto.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 769 de 2002
- Decreto 1347 de 2005
- Constitución Política

## Extracto

Igualmente consideró infundada la excepción de «riesgo excluido», porque la cláusula en la cual se apoya la demandada «no tiene que ver con el riesgo (que era de hurto), luego mal puede decirse que se trató propiamente de una exclusión»; más bien esa argumentación apunta a considerar que se trató de un interés asegurable no cubierto en las hipótesis señaladas por la cláusula; sin embargo, del contenido de la misma, a cuyo tenor, se presenta la exclusión «cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula o su tradición no hayan cumplido con el lleno de los requisitos legales y/o reglamentarios o éstos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos», se establece que la aludida salvedad no se estructura. Por tanto, agrega, «el engañado fue el Ministerio, no la aseguradora, que amparó un interés legítimo (el derecho de dominio, que nunca estuvo en discusión) y un riesgo lícito (el de hurto)».

## Cita textual

> pues sólo bajo este conocimiento es que se podrá afirmar que el asegurador ha emitido un consentimiento libre de vicios

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n° 68001-31-03-004-2008-00193-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC5327-2018
Radicación n° 68001-31-03-004-2008-00193-01
(Aprobado en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
No habiendo obtenido mayoría la ponencia inicial, la Corte procede a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, respecto de la sentencia proferida el 17 de agosto de 2011 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por María Antonia Ríos de Gómez frente a la Aseguradora Colseguros S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
1.1. La accionante solicitó declarar que el 10 de febrero de 2008 se presentó el siniestro de pérdida total por hurto del vehículo de su propiedad de placa UZN-284, en vigencia de la póliza de seguro Nº 12746479, CIS 9680 expedida por la demandada, en la cual, ella es beneficiaria y asegurada.
1.2. Como consecuencia de lo anterior, pide que se le imponga a la convocada pagarle la suma de $229.050.000,oo, menos el 10% de deducible, por la indemnización de ese siniestro, junto con los intereses comerciales moratorios a la tasa máxima señalada por la Superintendencia Financiera, desde el 8 de mayo de 2008, fecha de objeción al pago del siniestro.
1. Hechos.
2.1. De acuerdo con lo referido en el escrito introductor, el 10 de febrero de 2008 fue hurtado, tanto el vehículo tractocamión Modelo 2007, marca Kennwort, motor Nº 79233124, chasis Nº 211176, de placa UZN-284, como el tráiler de placa R44614, el cual se encontraba asegurado con la póliza de seguro de automóviles Nº 12746479, CIS 9680 expedida por la compañía Aseguradora Colseguros, en el riesgo de hurto, por valor de $254.500.000,oo, menos un deducible del 10%.
2.2. La demandante propietaria del vehículo y beneficiaria de la indemnización, formuló la reclamación correspondiente, anexando los documentos y pruebas demostrativas de la existencia del siniestro y su cuantía, frente a lo cual la compañía aceptó pagar aquél por un monto neto de $223.272.237, previa tradición del dominio del automotor a su favor, trámite que en efecto, se realizó.
2.3. No obstante, con posterioridad, la demandada, mediante comunicación 0002702 de 8 de mayo de 2008, objetó la reclamación, esgrimiendo la cláusula 2.1.8. de las condiciones generales del contrato, según la cual, no había lugar a resarcimiento «cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula o su tradición no hayan cumplido con el lleno requisitos legales y/o reglamentarios o éstos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos» .
Según la accionante, tales supuestos carecen de relación de causalidad con el siniestro y se trata de una estipulación sorpresiva, injusta, ilegal, abusiva y ambigua, razón por la cual debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1624 del Código Civil, pues la Aseguradora, unilateralmente le impuso a la asegurada todas las condiciones del contrato de seguro, a las cuales debió adherir.
Por lo demás, agrega, el trámite para la matrícula del rodante no incidió en el siniestro del mismo, resultando insólita la objeción por supuestas falencias en su inscripción.
2.4. Tal vehículo, inicialmente matriculado a nombre de la convocante María Antonia Ríos de Gómez, posteriormente le fue transferido a la Aseguradora Colseguros S.A. quien, desde el 14 de marzo de 2008 es su propietaria, habiéndose cancelado, igualmente, su matrícula en la Secretaría de Tránsito y Transportes de Vélez (Santander), por hurto.
El certificado de tradición del rodante, agrega, no registra tacha que lo invalide, ni la matrícula ha sido cancelada por ilegalidad.
1. Actuación procesal.
3.1. El escrito introductorio le fue asignado al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, quien lo admitió y dispuso surtir el respectivo traslado a la parte demandada.
3.2. Una vez notificada la convocada, ésta lo respondió, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las siguientes excepciones de mérito:
3.2.1. «Nulidad absoluta y/o inexistencia del aseguramiento del vehículo de placas UZN-284» porque la Certificación de Cumplimiento de Requisitos para el registro inicial del vehículo de placas UZN-284 fue obtenida de manera irregular y por ende, al contravenir normas de orden público, se estructura la ilicitud del interés asegurable e impedía su aseguramiento.
3.2.2. «Nulidad relativa del seguro» , en la hipótesis de no acogerse la anterior defensa, porque el consentimiento de la aseguradora fue viciado, al no informársele, debiendo hacerlo, la irregular forma empleada para obtener la licencia de tránsito del señalado vehículo, pues de haberla conocido, la compañía no hubiera emitido la póliza.
3.2.3. «Riesgo excluido» , debido a que el automotor en referencia, fue matriculado de manera ilegal y fraudulenta, pues no entró en reemplazo de otro automotor de carga como lo exigía la reglamentación vigente, circunstancia que se halla prevista como exclusión en la cláusula 2.1.8. de las condiciones generales.
3.2.4. «Pérdida del derecho por mala fe en la reclamación» , en razón de que con posterioridad a la reclamación, fue establecido que para obtener el Certificado de Cumplimiento de Requisitos para el Registro Inicial del citado rodante se cometieron diversas irregularidades, suministrándose información y documentación falsa, pues el remolcador no entró en reemplazo de otro vehículo de carga, según lo exigido por la reglamentación vigente.
1. Fallo de primer grado.
Mediante decisión de 20 de enero de 2011, el a quo negó las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por las irregularidades presentadas en el proceso de matrícula del vehículo siniestrado, haberse pactado en la cláusula 2.1.8. de la póliza que tales anomalías excluían el amparo, y hallar estructurada la nulidad relativa del contrato.
II. SENTENCIA IMPUGNADA
1. El ad quem al desatar la apelación propuesta por la parte demandada, mediante el fallo recurrido en casación, revocó el de primera instancia, al considerar que el convenio génesis de la controversia, no comporta nulidad relativa, como lo indicó el a quo , pues tratándose del contrato de seguro, las respectivas causales deben corresponder a las previstas por la ley, sin que el juez pueda crear otras, al ser entendidas como sanciones.
En tales condiciones, como el contrato de seguro no fue celebrado por un incapaz relativo, tampoco por persona inhabilitada para realizarlo en protección de un interés particular, ni se incurrió en vicio del consentimiento, pues el alegado no se configura, y no se omitió ninguna formalidad prevista en consideración a las personas, además inoperante en el contrato de seguro, la aludida nulidad se desvirtúa.
Si bien la reticencia o inexactitud enarbolada por la aseguradora afectan el contrato de seguro y conducen a la nulidad relativa, no cualquier omisión del tomador puede significar esa invalidez, sino solo la concerniente a la «declaración del verdadero estado riesgo» , circunstancia ausente en este caso, porque la falta incurrida nada tiene que ver con dicha manifestación .
2. Tampoco se evidencia nulidad absoluta «dado que no hay ilicitud en el objeto», pues «aunque la parte asegurada haya cometido las irregularidades que la aseguradora le enrostra (…) [las mismas] no vician ni el derecho de dominio, ni el traspaso del vehículo, como quiera que hoy se encuentra en cabeza de la aseguradora, sin cortapisa ni limitación alguna».
Aunque la demandante incurrió en actos irregulares, admite el fallador, ni a esa autoridad, ni a la aseguradora les compete sancionar tales conductas y cómo las mismas, reitera, «no afectan ni el derecho de dominio (la matrícula), ni el traspaso del vehículo, ni tienen que ver con el riesgo amparado ni con el existente al momento de celebrar el contrato, en consecuencia, no vician el mismo».
3. Igualmente consideró infundada la excepción de «riesgo excluido», porque la cláusula en la cual se apoya la demandada «no tiene que ver con el riesgo (que era de hurto), luego mal puede decirse que se trató propiamente de una exclusión»; más bien esa argumentación apunta a considerar que se trató de un interés asegurable no cubierto en las hipótesis señaladas por la cláusula; sin embargo, del contenido de la misma, a cuyo tenor, se presenta la exclusión «cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula o su tradición no hayan cumplido con el lleno de los requisitos legales y/o reglamentarios o éstos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos», se establece que la aludida salvedad no se estructura.
En efecto, señala la Corporación que «el vehículo ingresó legalmente al país (no es de contrabando) y la matrícula se realizó sin problemas, al igual que el traspaso» y si bien hubo irregularidades, «tales tuvieron que ver con pasos previos a la matrícula y, obviamente, al traspaso: la obtención de la certificación de cumplimiento, que debía ser expedida por el Ministerio de Transporte».
Por tanto, agrega, «el engañado fue el Ministerio, no la aseguradora, que amparó un interés legítimo (el derecho de dominio, que nunca estuvo en discusión) y un riesgo lícito (el de hurto)».
En tales condiciones, sostiene, la aseguradora no queda eximida del pago del siniestro, pues aunque la demandante pueda resultar sancionada, «su acto no fue cometido ni para obtener la celebración del contrato de seguro, ni para obtener el pago del siniestro, sino para obtener la mentada certificación del Ministerio, acontecimiento anterior al contrato de seguro y ajeno a él, jurídicamente hablando».
4. Fundado en que la aseguradora no está legitimada para investigar y sancionar las conductas ilícitas de su cliente, el Tribunal también desechó la excepción de «mala fe en la reclamación», pues estimó que ni esa autoridad, ni la aseguradora cuentan con dicha atribución juzgadora, sino los funcionarios penales, aunque de todas formas, esa falta no tiene que ver con el derecho de dominio, el traspaso o la reclamación.
5. En este caso, finaliza, si bien hubo una conducta irregular, ella se produjo ante el Ministerio de Transporte para obtener una certificación, pero no para demostrar el siniestro, ni el monto de la indemnización, como tampoco para usurpar un derecho del cual carezca la asegurada.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
1. Con sustento en la primera causal, inciso 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la convocada denuncia la sentencia de vulnerar de manera directa los preceptos 1602 del C.C., 822, 899, 900, 1055 del Código de Comercio, 2º y 46 de la Ley 769 de 2002, y 1º, 3, 4º y 5º del Decreto 1347 de 2005, por falta de aplicación, 1058 de aquél estatuto, por interpretación errónea, y 1077, 1080 y 1083 ibídem , por indebida aplicación.
De igual forma considera quebrantados los cánones 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política, por desconocer el derecho constitucional fundamental a una tutela judicial efectiva.
2. Fundamenta su acusación, en las circunstancias seguidamente compendiadas:
2.1. Luego de efectuar un recuento del acaecer procesal, de los motivos que llevaron a la convocada a formular diversas excepciones de mérito, dentro de ellas, las de «nulidad absoluta» y «nulidad relativa» del contrato de seguro, así como de lo decidido por el ad quem , la censura denota que aquel, a pesar de constatar y aceptar la presencia de las irregularidades en las que incurrió la demandante al momento de tramitar la matrícula del vehículo asegurado, y la inexactitud u omisión cometida al tomar el seguro, pues no las informó a la compañía, conclusiones que dice aceptar, considera, que dicho juzgador, con un raciocinio jurídico equivocado negó la prosperidad de los medios de defensa y accedió a las pretensiones de la demandante.
2.2. Los errores de juicio incurridos por el sentenciador, señala, se produjeron al haber inaplicado las aludidas normas de la Ley 769 de 2002 y del Decreto 1347 de 2005 relacionadas con el régimen de matrícula y derecho, tanto de dominio de los vehículos automotores, como a la explotación de los de servicio público de transporte terrestre de carga.
Al respecto, señala, «los fraudes e infracciones cometidas por la parte demandante en el proceso de matrícula del vehículo de placas UZN-284, vician, si se quiere, el derecho de dominio que sobre el mismo se ostentaba, conllevando a la ilicitud del interés y por contera a la inasegurabilidad del mismo» , pues según doctrina que cita, «es inasegurable el interés del propietario sobre bienes que se explotan al margen de la ley».
A partir de referir el texto de cada una de las citadas disposiciones, denota que ellas establecen el procedimiento del registro inicial de un vehículo de servicio público de transporte automotor de carga, o su matrícula, según la definición que de ella hace el artículo 2º de la ley 769 de 2002, concretándose aquel, en la previa obtención de la autorización aludida

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ores deben informar aquellas circunstancias relevantes para apreciar el estado del riesgo sobre las cuales versa el cuestionario del asegurador, paralelamente las aseguradoras deben, en virtud de su carácter profesional, elaborar un examen suficiente, relacionado directamente con los aspectos trascendentales de aquel, en orden a establecerlo cabalmente.
Y ello es así, porque atendida la naturaleza y finalidad del contrato de seguro y el marco de los deberes correlativos de las partes, se exige sin duda la observancia de la buen fe, que es principio general del derecho que por lo mismo, vincula a los extremos negociales sin necesidad de estipulación expresa, principio que en su más diáfana expresión, se traduce en que asegurador y tomador deben ser leales y honestos el uno con el otro, de suerte que en el devenir contractual, incluida la fase de negociación o de perfección del contrato, su comportamiento debe ser colaborativo, al punto de arribar a un contrato sobre bases firmes, esto es, en un escenario de claridad total respecto del riesgo y del interés asegurado.
En el presente caso, la Aseguradora demandada no obró de esa manera; pues, se conformó con la información dada por la tomadora, pero no la cotejó, en tanto omitió hacer sus propias averiguaciones, dado que no investigó los antecedentes de licenciamiento del vehículo asegurado al momento de considerar el estado del riesgo y para efectos de contratar. Por el contrario, sólo ejecutó esa labor cuando se presentó la reclamación de la asegurada y con otra finalidad, es decir, para objetarla.
En esas condiciones, si fuere viable predicar que la tomadora no brindó información suficiente en la etapa de contratación, lo que, de ser así, debe reprocharse por inobservancia de los aludidos deberes, es claro que la aseguradora tampoco realizó una investigación que le permitiera estimar lo dicho por aquella y, de esa forma, valorar adecuadamente el estado del riesgo, lo que resulta igualmente censurable.
Conforme al argumento que se deja expuesto, no se presenta la violación directa del artículo 1058 del Código de Comercio, razón por la cual, el cargo no prospera.
8.2.3. Sobre la cláusula de exclusión pactada.
Estima la censura que lo consagrado en el numeral 2.1.8., de las condiciones generales de la póliza constituye una cláusula de exclusión, toda vez que en ninguno de los amparos habrá cubrimiento «cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula o tradición no hayan cumplido con el lleno de los requisitos legales o reglamentarios o estos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos, su posesión o tenencia resulten ilegales (…) sean estas circunstancias conocidas o no previamente por el tomador, asegurado o beneficiario, sin importar que estos hayan participado o no en tales hechos».
Según las motivaciones expuestas (núm. 6.2.), resulta improcedente considerar esa cláusula como una genuina exclusión, entendiendo por tal una circunstancia ajena al riesgo amparado, o que supera los límites de los acontecimientos peligrosos previstos, pues la transcrita realmente alude a circunstancias propias de la determinación del estado del riesgo, cuya definición es previa al contrato, mediando los cotejos señalados.
Memórese que una cosa es delimitar el riesgo y otra limitar los derechos del asegurado, que es justamente lo que ocurre en este evento, en el que la presunta exclusión no es de un tipo de siniestro no previsto en el convenio, sino que se contrae a describir circunstancias que impiden el reclamo pertinente, respecto del riesgo explícito y pactado en el contrato. De ahí que, al no avizorarse una genuina salvedad, no puede concluirse que el fallo violó directamente las normas sustanciales incluidas en el recurso, como se declarará.
Ahora bien, en sentencia de 21 de mayo de 2002, exp.: n° 7288, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió como válida y libre de reproche una cláusula de exclusión en virtud de la cual la aseguradora había asumido el riesgo de hurto de un vehículo, siempre que no estuviera envuelto en situaciones irregulares precedentes, constitutivas de un ilícito o que se hubieran presentado en perjuicio de terceros.
No obstante, dichas circunstancias no resultan aplicables en este evento, en orden a estimar la existencia de una genuina cláusula de exclusión, válida y ajustada a los términos del canon 1056 del C. de Comercio, pues, como se explicó anteriormente, la exclusión trasuntada se refiere al ingreso ilegal del vehículo al país, así como a su matrícula o tradición, cuando no hayan cumplido con el lleno de los requisitos legales o reglamentarios o estos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos, y también a su posesión o tenencia, en tanto resultaran ilegales.
Como se dijo, en este caso la tradición del vehículo no obedeció a trámites fraudulentos, ni las saneables irregularidades detectadas en torno de la inscripción del vehículo para el servicio de transporte público de carga afectan su enajenación, razón por la cual la salvedad no tiene el mérito excepcionado por el censor.
Lo anterior denota la improcedencia de la exclusión alegada, pues, conforme con lo indicado, la aseguradora no puede pretender la reducción o exclusión de sus obligaciones, cimentada en circunstancias conocidas o que debió conocer, como sucede en este evento, dado que, por su carácter profesional, pudo y debió constatar los factores que llevaron a la exclusión consagrada, precisamente porque, como ya se dijo, aludían realmente al estado del riesgo.
9. Conclusión.
Conforme a lo analizado en precedencia, el cargo no alcanza a quebrar la sentencia recurrida y, siendo ello así, las razones expuestas conducen a desestimar la acusación estudiada, y por ende la impugnación extraordinaria propuesta.
En consecuencia, con fundamento en el inciso final artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas al recurrente, debiéndose tomar en cuenta para la fijación de agencias en derecho, que la convocante replicó oportunamente la demanda de casación.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 17 de agosto de 2011, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por María Antonia Ríos de Gómez frente a la Aseguradora Colseguros S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la impugnante extraordinaria al pago de las costas procesales. En la liquidación respetiva, inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones de pesos ($6’000.000).
TERCERO. DEVOLVER , en su oportunidad, el expediente a la Corporación de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5327-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-12-12. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2008-00193-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5327-2018%20%5B2008-00193-01%5D).
