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clave: "corte_suprema:providencia:SC5290-2021 [2012-00268-01]"
titulo: "Corte Suprema: el asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-11-30"
radicado: "2012-00268-01"
numero: "SC5290-2021"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
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# Corte Suprema: el asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador

- **Título oficial / radicado:** SC5290-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-11-30
- **Radicado:** 2012-00268-01
- **Número:** SC5290-2021
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5290-2021%20%5B2012-00268-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5290-2021%20%5B2012-00268-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzEyLi0gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1MjkwLTIwMjEgWzIwMTItMDAyNjgtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990
- Ley 510 de 1999
- Ley 389 de 1997

## Extracto

Se advierte que el precepto continuó tomando como punto de partida para el cómputo del nuevo plazo, la entrega de la póliza al tomador. Por otro lado, como medio de protección de tomadores, asegurados y beneficiarios se establece la obligación para la compañía de entregar la póliza dentro de los 15 días siguientes, así como duplicados o copias de la misma cuando aquéllos lo soliciten7 La necesidad de tornar consensual el contrato de seguro y de establecer un sistema especial de prueba del mismo, en el sentido de que su comprobación requiere escrito o confesión, fueron los argumentos aducidos en las sucesivas ponencias a que fue sometido el proyecto, hasta su aprobación final. Con otras palabras, su perfeccionamiento dejó de producirse “desde el momento en que el asegurador suscribe la póliza”, como lo contemplaba el inciso 2º del artículo 1036 original, que en la nueva reglamentación desapareció, y 7 ACOLDESE.

## Texto del documento

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC5290-2021
Radicación n.° 11001-31-03-025-2012-00268-01
(Aprobado en sesión de sala civil del veintisiete de octubre de dos mil
veintiuno)
Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021).-
Decide la Corte el recurso de casación que la demandante
CASS CONSTRUCTORES & CÍA. S.C.A. interpuso frente a la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil, en el presente proceso ordinario
que la impugnante adelantó contra ALLIANZ SEGUROS S.A.
ANTECEDENTES
1. De la demanda (fls. 44 a 53, cd. 1) y de su
subsanación (fls. 57 a 66 ib.) se establece que las pretensiones
elevadas consistieron en lo siguiente: Que se declare la
responsabilidad civil contractual de la accionada, derivada de
la ocurrencia, el 28 de noviembre de 2010, del siniestro
previsto en la “Póliza de Seguro de Equipo y Maquinaria de
Contratista MAQC 634”; Que se condene a pagar a la actora la
indemnización a que está obligada, en cuantía de
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$337.040.211.oo junto con los intereses moratorios causados
desde el 2 de abril de 2011 y que se causen hasta cuando se
sufrague esa cantidad; y que se imponga el pago de las costas.
2. En respaldo de las anteriores súplicas, se
esgrimieron los hechos que pasan a compendiarse:
2.1. La celebración del mencionado contrato de
seguro entre la promotora del litigio, quien actuó como
tomadora y beneficiaria, la demandada, como aseguradora, y
Finesa Seguros y Compañía Limitada, como intermediaria,
cuyo objeto fue brindar “los amparos de HMACC - AMIT -
TERRORISMO” a “diferentes equipos y maquinaria ubicados en el
departamento de Choco, de propiedad de la demandante”, que
desde el 16 de septiembre de 2010 comprendió adicionalmente
“maquinaria y equipo que se encontraban en el departamento de
Putumayo”, con un deducible del “10% del valor de la pérdida”.
2.2. Dentro de los elementos cubiertos estaba la
“Retroexcavadora Marca Caterpillar 320 LM identificada con el
número de chasís (PIN) CAT0320CHSB01337, SERIE SBN01337”,
cuyo valor ascendía a la suma de $374.489.123.oo, “que
coincide con el asegurado”.
2.3. En vigencia de la póliza, el 28 de noviembre de
2010, “desconocidos armados incineraron varias máquinas, entre
ellas la referenciada [r]etroexcavadora”, provocándole “diferentes
daños que implica[ron] su pérdida total”, hecho comprendido
dentro del amparo de la póliza.
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2.4. Avisado el siniestro y elevada la correspondiente
reclamación por parte de la demandante, la aseguradora
formuló objeción el 31 de marzo de 2011.
3. El libelo introductorio fue admitido por el
Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta capital el 31 de
mayo de 2012 (fl. 68, cd. 1), proveído que notificó a la
convocada por aviso (fl. 74, cd. 1), habiéndosele corrido el
correspondiente traslado personalmente, según consta en
acta del 26 de julio siguiente (fl. 78, cd. 1).
4. En tiempo, la accionada contestó la demanda,
escrito en el que se opuso a que se acogieran sus pretensiones,
se pronunció de distinta manera sobre los hechos alegados y
planteó las excepciones meritorias de “INEXISTENCIA DE
OBLIGACIÓN ALGUNA A CARGO DE ALLIANZ SEGUROS S.A.”,
“DEDUCIBLE” e “INOPERANCIA DEL CONTRATO DE SEGURO”
(fls. 98 a 102, cd. 1).
5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Descongestión de Bogotá dictó sentencia de primera instancia
el 27 de febrero de 2015, en la que declaró probada la primera
de las excepciones propuestas por la demandada y negó las
pretensiones de la actora, a quien asignó las costas del proceso
(fls. 157 a 169, cd. 1).
6. Al desatar la apelación que contra el fallo del a
quo interpuso la promotora de la controversia, el Tribunal
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Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante proveído del 29 de
octubre de 2015, lo confirmó (fls. 9 a 21, cd. 2).
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Luego de historiar lo acontecido en el litigio, de
condensar el fallo de primer grado y de referir los argumentos
de la apelación, el juzgador de segunda instancia, para arribar
a las decisiones que adoptó, expuso los argumentos que pasan
a sintetizarse:
1. Tuvo por satisfechos los presupuestos procesales,
descartó la ocurrencia de circunstancias que pudieran
provocar la invalidación de lo actuado y estableció que la
acción es de responsabilidad contractual, derivada del seguro
ajustado entre las partes, que determinaría para la
demandada el surgimiento de la obligación de pagar el
siniestro, como lo contempla el artículo 1080 del Código de
Comercio, consideradas las modificaciones que le introdujeron
tanto el artículo 85 de la Ley 45 de 1990, como el 111 de la
Ley 510 de 1999.
2. Anunció que “como el argumento toral de la censura
recae en que nunca existió la mora en el pago de la prima por no
haberse entregado el certificado modificatorio que ampliaba la
cobertura a una máquina no cubierta”, seguiría al “análisis del
presupuesto exigido por el artículo 1066 del Código de Comercio,
como es el pago de la prima y que, en últimas, fue el que sirvió de
base para denegar la acción deprecada”.
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3. En ese orden de ideas, indicó que son elementos
esenciales del contrato del seguro el interés y el riesgo
asegurable, la prima o precio y la obligación condicional del
asegurador, a los que aludió con cierto detalle.
Se detuvo en el tercero de ellos y especificó que es “el
monto que el tomador o asegurado tiene que cancelar a la compañía
aseguradora por los riesgos amparados o que ella asume”; que su
pago debe hacerse, “salvo disposición legal o contractual en
contrario[,] (…) a más tardar dentro del mes siguiente contado a
partir de la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de
los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella
(artículo 81 de la Ley 45 de 1990)”; que dicho “plazo puede ser
modificado por la ley o por los mismos contratantes”; que “cuando
la modificación proviene de las partes contratantes el plazo y el
monto se fijan a su arbitrio, no siendo esa estipulación contraria a
derecho ni a las buenas costumbres, porque el mismo legislador lo
permite”; y que “[l]a mora en el pago de la prima de la póliza o de
los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella,
producirá la terminación automática, sin que pueda ser modificado
por las partes (artículo 82 Ley 45 de 1990)”, temáticas en relación
con las cuales reprodujo algunos segmentos de un fallo de esta
Corporación.
4. Advirtió a continuación, en primer lugar, que
ocurrido el siniestro surge para la compañía aseguradora la
obligación de pagar la prestación asegurada, lo que deberá
hacer dentro del mes siguiente a la fecha en la que el
asegurado o beneficiario acredite ante ella, aun
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extrajudicialmente, su derecho, de conformidad con las
previsiones del artículo 1077 del Código de Comercio.
Y, en segundo término, que no obstante lo anterior, “la
compañía aseguradora, (…), puede eximirse de cancelar la
indemnización (…), a saber: a) cuando ‘…el siniestro se inicia antes
y continua después que los riesgos hayan principiado a correr por
cuenta del asegurador’ (inciso 2º artículo 1073 del C. Co.); b) cuando
omite declarar los seguros coexistentes (artículo 1076); c) cuando el
asegurado o beneficiario de mala fe presenta la reclamación (artículo
1078); d) cuando se declara la nulidad relativa del contrato por
reticencia o inexactitud por parte del tomador o asegurado sobre los
hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con
posterioridad a la celebración del contrato y que signifiquen
agravación del riesgo o variación de su identidad local (art. 1060); f)
cuando se produce la terminación automática del contrato por mora
en el pago de la prima (art. 1068 modificado por el art. 82 de la Ley
45 de 1990); y, g) cuando se produce la revocación unilateral del
contrato (art. 1071)”.
5. Puestos sus ojos en el presente asunto, observó que
mientras la accionada “sost[uvo] que la prima no fue pagada
dentro del término previsto en la ley, para el caso un mes, pues el
certificado No. 2 se expidió el 21 de septiembre de 2010, en el cual
no se convino fecha ni forma de pago, por lo cual se incurrió en mora
en dicho pago y, por ende: ‘…terminó automáticamente el contrato
de seguro’ (fl. 100 c. 1), (…) el extremo actor asegur[ó] que: ‘la prima
no se había cancelado, pero ello no implicaba la terminación del
contrato de seguro, porque nunca se configuró la mora en razón de
que el certificado modificatorio que ampliaba la cobertura a una
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maquinaria inicialmente no cubierta, NUNCA fue entregado al
tomador’ (fl. 7 c. 2)”.
6. Debido a los referidos argumentos de las litigantes,
el Tribunal se preguntó “¿[e]n qué momento el tomador o
asegurado incurre en mora en el pago de la prima?”, interrogante
en torno del cual señaló:
6.1. El mandato del artículo 1036 del Código de
Comercio y un pronunciamiento de la Sala, contentivo del
concepto que emitió sobre el contrato de seguro.
6.2. Reprodujo a espacio otro fallo de la Corte, en el que
se analizaron las dos posturas más sobresalientes respecto de
la vigencia del amparo, esto es, por una parte, que ello
acontece desde cuando se realiza el pago de la prima o de parte
de ella y, por otra, una vez transcurra la hora 24 del día en
que se perfecciona el contrato, teorías que ese
pronunciamiento calificó de excluyentes entre sí, tras lo cual
el Tribunal expresó:
Ahora bien, nótese que para ninguna de las tesis doctrinales
antes reseñadas cobra relevancia jurídica la entrega de la
póliza, de certificados o anexos y, ello es así por razón que con
la modificación que el artículo 1º de la Ley 389 de 1997 le
hiciera al artículo 1036 del Código de Comercio, el contrato de
seguro pasó de ser solemne a simplemente consensual,
eliminándose la póliza como signo objetivo de su celebración y
perfección, se impone admitir que dicho documento, se redujo
a servir solamente de medio probatorio y, por lo tanto, hoy en
día carece de la importancia que le señala el artículo 1066
ibídem, en cuanto a tener la fecha de su entrega como punto
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de partida para el conteo del mes siguiente que el tomador del
seguro cuenta como plazo máximo para el pago de la prima,
ello por razón que hoy por hoy la expedición de ese documento
no tiene significado de perfección del contrato de seguro, de allí
que su entrega al tomador carece de relevancia sustancial.
Lo anterior, en virtud a que la póliza representaba la
solemnidad y prueba del aludido contrato y su entrega al
tomador debía hacerse ‘dentro de los quince días siguientes a
la fecha de su expedición (art. 1046 citado)’, empero, la reforma
de 1990 solamente modificó del artículo 1066 ibídem, el
término previsto para el pago de la prima, ampliándolo de
quince días a un mes, contados a partir de la fecha de la
entrega de la póliza, por lo que sobre el particular debe
tenerse como realmente relevante es la obligación de
pagar la prima frente a la perfección de la celebración
del contrato de seguro, tal y como lo revela la jurisprudencia
en cita y, no como erróneamente lo aduce el extremo recurrente
desde la entrega de la póliza, pues de acuerdo con la reforma
del año 1997 aquella se relegó a un carácter meramente
accesorio.
En este orden de ideas, la obligación de pagar la prima debe
entenderse, a cargo del tomador, a más tardar dentro del mes
siguiente a la celebración del contrato, acto que se entiende
surtido en el momento mismo en que el tomador y asegurador
se ponen de acuerdo en el amparo solicitado, salvo pacto en
contrario.
7. Con apoyo en esas premisas, el ad quem retornó al
caso llevado a su conocimiento y estimó:
7.1. No hay duda sobre la celebración del contrato de
seguro base de la acción y que el mismo “fue objeto de
modificación por solicitud de la asegurada para que se incluyera una
nueva maquinaria: retroexcavadora marca Caterpilar 320 LM,
chasis No. CAT0320CHSB01337, serie No. SBN01337, avaluada en
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la suma de $374.489.123.oo, circunstancia que generó una prima
adicional para cubrir el amparo, la cual como el mismo extremo actor
lo señala en los argumentos de la alzada nunca fue cancelada: ‘…en
razón de que el certificado modificatorio que ampliaba la cobertura a
una maquinaria inicialmente no cubierta, NUNCA fue entregado al
tomador’ (fl. 7 c. 2)”.
7.2. Ese argumento “no es de recibo”, porque “si el contrato
de seguro, a partir de la vigencia de la Ley 389 de 1997, se
perfecciona en el momento en que las partes acuerdan los elementos
esenciales de aquél (art. 1045 C. Co.), como fue antes detallado,
entre ellos ‘la prima o precio del seguro’, es indudable que la
sociedad CASS CONSTRUCTORES & CÍA, SCA., en su calidad de
tomadora del seguro y, petente de una nueva inclusión, conocía de
antemano no sólo el mom

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

redisciplinado toda la materia regulada por una norma
precedente, forzoso es suponer que ha partido de otros
principios directrices, los cuales, en sus variadas y posibles
aplicaciones, podrán llevar a consecuencias diversas y aun
opuestas a las que se pretenden si se introdujera un precepto
de la ley antigua, aunque no fuere incompatible con las
normas de la ley nueva.
(…)
Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer
que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley
antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la
época y que por tanto responde mejor al ideal de justicia, ideal
y necesidad éstos que tornan urgente la aplicación de la nueva
ley; aplicación que por lo mismo debe ser lo más amplia posible
para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador
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ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva.
Es un principio universalmente reconocido que cuando un
legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente
prevalece (CSJ, SC del 28 de marzo de 1984. G. J., t.
CLXXVI, págs. 155 y 166; se subraya).
4. Ahora, como el artículo 72 del Código Civil señala
que “[l]a derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores,
aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna
con las disposiciones de la nueva ley”, la insubsistencia afectante
del artículo 1066 no es total o absoluta sino que únicamente
recae sobre el mojón que fijó para la contabilización del
término para pagar la prima, esto es, que tenga como tal “la
entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos
que se expidan con fundamento en ella”.
5. Como esa derogatoria parcial deja un vacío, toda
vez que no se sabría desde cuándo debe contarse el aludido
término de un mes, para llenarlo habrá de aplicarse el artículo
30 del Código Civil, conforme al cual “[e]l contexto de la ley
servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”,
de modo que, siguiendo la misma línea de pensamiento
trazada por el legislador de 1997, habrá de entenderse que
será la celebración del contrato de seguro el hito a partir del
cual habrá de contabilizarse el referido término, toda vez que,
como ya se anotó, es desde ese momento, esto es, se reitera,
del acuerdo de voluntades, que surgen para las partes las
obligaciones propias de la convención por ellas ajustada, es
decir, para el asegurador, asumir el riesgo y para el tomador,
pagar la prima.
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6. Corolario de lo hasta aquí expuesto, es que el
artículo 1066 del Código de Comercio, por contravenir la
reforma que al contrato de seguro hizo la Ley 389 de 1997,
quedó derogado en cuanto consagra como punto de partida
para la contabilización del término para pagar la prima, “la
fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o
anexos que se expidan con fundamento en ella”.
Al perder eficacia jurídica esa parte de la norma, se
impone, con sujeción a las premisas del artículo 30 del Código
Civil, entender que será la concurrencia positiva de las
voluntades de las partes, en punto del surgimiento del
contrato o de la ampliación o modificación de su cobertura
inicial, el factor que habilita el cómputo del plazo para el pago
de la prima.
VI. Conclusiones.
1. No obstante que el Tribunal no avizoró la
derogatoria tácita parcial del artículo 1066 y que, fruto de ella,
debía entenderse que el punto de partida para la
contabilización del término para pagar la prima era la
celebración del contrato de seguro, esto es, la concurrencia de
voluntades del tomador y del asegurador o, en el caso de
adiciones o modificaciones, el acuerdo concurrente de dichos
intervinientes respecto de tales cambios, es lo cierto que esa
autoridad no erró al interpretar la citada norma.
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Lo anterior, por cuanto fue acertado el análisis que hizo
de que la póliza, “hoy en día[,] carece de la importancia que le
señala el artículo 1066 ibídem, en cuanto a tener la fecha de su
entrega como punto de partida para el conteo del mes siguiente que
el tomador del seguro cuenta como plazo máximo para el pago de la
prima, ello por razón que hoy por hoy la expedición de ese documento
no tiene significado de perfección del contrato de seguro, de allí que
su entrega al tomador carece de relevancia sustancial”.
Y sobre todo, porque en definitiva concluyó que “la
obligación de pagar la prima debe entenderse, a cargo del tomador,
a más tardar dentro del mes siguiente a la celebración del contrato,
acto que se entiende surtido en el momento mismo en que el tomador
y asegurador se ponen de acuerdo en el amparo solicitado, salvo
pacto en contrario” (se subraya).
2. Por virtud de lo anterior, no hay lugar a casar el
fallo del ad quem, toda vez que el entendimiento que hizo del
artículo 1066 del Código de Comercio se ajusta al sentido que
en verdad tiene, según el análisis efectuado en precedencia por
esta Corporación, de lo que se sigue que tampoco erró al
aplicar el artículo 1068 del mismo estatuto, en tanto coligió,
de un lado, el incumplimiento de la obligación del tomador de
pagar oportunamente la prima, y de otro, la terminación
automática del contrato de seguro base de la acción,
inferencias fácticas que devienen intocables en casación,
habida cuenta que el cargo se propuso por violación directa de
la ley sustancial y que, por ende, no habilita el examen de los
hechos establecidos por el ad quem.
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DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia del 29 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que se dejó
plenamente identificado en los comienzos de este proveído.
Costas en casación a cargo del recurrente. Replicada en
tiempo la demanda por la parte opositora, se fija como
agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La Secretaría
de la Sala practique la correspondiente liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Francisco Ternera Barrios
Álvaro Fernando García Restrepo
Hilda Gonzalez Neira
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5290-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-11-30. C.P. Alvaro Fernando García Restrepo. Rad. 2012-00268-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5290-2021%20%5B2012-00268-01%5D).
