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clave: "corte_suprema:providencia:SC5185-2021 [2013-00038-01]"
titulo: "Corte Suprema: los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-11-23"
radicado: "2013-00038-01"
numero: "SC5185-2021"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
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# Corte Suprema: los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente

- **Título oficial / radicado:** SC5185-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-11-23
- **Radicado:** 2013-00038-01
- **Número:** SC5185-2021
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5185-2021%20%5B2013-00038-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5185-2021%20%5B2013-00038-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzExLi0gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1MTg1LTIwMjEgWzIwMTMtMDAwMzgtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 527 de 1999

## Extracto

- Y no efectuó la valoración conjunta de los medios de convicción. Empero las negociaciones siguieron avanzando, hasta cuando las partes se pusieron de acuerdo sobre la totalidad de los elementos, esenciales y accidentales, del contrato de arrendamiento objeto de las tratativas y optaron por reducir a escrito dicha convención de forma fidedigna a la voluntad por ellos expresada, como pasa a verse. Por consiguiente, es ostensible el desafuero del Tribunal al enarbolar esas razones, para quitarle a la declaración que se comenta toda significación probatoria, tal y como se denunció en la referida acusación examinada, amén que, como en ese mismo cargo se reprochó, esa Corporación, adicionalmente, omitió apreciarla en conjunto con las demás pruebas del proceso, análisis que le hubiese permitido vislumbrar su correspondencia con ellas.

## Cita textual

> no pueden tenerse como pruebas

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 54405-31-03-001-2013-00038-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC5185-2021
Radicación n.° 54405-31-03-001-2013-00038-01
(Discutido y aprobado en sesión virtual del catorce de octubre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veintiseis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte el recurso de casación que los demandantes JAIME HUMBERTO , JOHANA MARGARITA y CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO interpusieron frente a la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que ellos adelantaron contra AUTO STOK S.A.
ANTECEDENTES
1. En el libelo con el que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 49 a 55 del cuaderno principal, se solicitó, en síntesis:
1.1. Declarar, de un lado, la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre los actores y la accionada, respecto del “inmueble ubicado sobre la margen derecha de la Autopista Internacional que de Cúcuta conduce a la población venezolana de San Antonio, Estado Táchira, identificado con la cédula catastral N° 010207120006000 y la matrícula inmobiliaria N° 260-146870 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta” ; y, de otro, su incumplimiento por parte de Auto Stok S.A.
1.2. Condenar a la demandada a pagar a los gestores del litigio las cantidades de $600.000.000.oo, “a título de indemnización por lucro cesante correspondiente a los cánones de arrendamiento” dejados de percibir “durante el término de duración pactado” , y de $100.000.000.oo, por concepto de “daño emergente que está representado en la
cláusula penal
” estipulada.
2. En respaldo de dichas súplicas, se relataron los hechos que a continuación se compendian:
2.1. En su condición de propietarios del predio sobre el que versó la controversia, los hermanos Alvarado Serrano recibieron “ una oferta” del representante legal de la accionada, para que le arrendaran a dicha sociedad tal inmueble, con el propósito de “construir un lugar para la exhibición y venta de automóviles nuevos, la prestación del servicio técnico de reparación, mantenimiento y venta de autopartes y accesorios, y en general todo lo que implicara el desarrollo de su objeto social”.
2.2. Como en ese momento el terreno estaba arrendado al señor José Luis Mora Sayago y se adelantaba en su contra un proceso de restitución, lo que era de conocimiento de la aquí convocada, “ ante la premura, insistencia y seriedad” que ella le imprimió a su propuesta, los promotores de este asunto optaron por “llegar a un acuerdo transaccional” con el nombrado , en desarrollo del cual le pagaron la suma de $89.240.000.oo como indemnización, para que entregara inmediatamente el predio, lo que en efecto él hizo.
2.3. Auto Stok S.A. contrató “la elaboración de los diseños arquitectónicos del local-taller” que iba a construir en el predio al señor Hugo Alberto Ríos Saffi, quien los realizó y presentó, actividad que revistió de certeza la pretendida negociación.
2.4. Recuperado el inmueble, las partes de este litigio acordaron su arrendamiento a partir del 16 de noviembre de 2012, por un lapso se diez (10) años y un canon mensual de $5.000.000.oo, reajustable año a año. Pactaron, además, una
cláusula penal
por la suma de $100.000.000.oo, a cargo de la parte que incumpliera el contrato, “sin perjuicio de la eventual indemnización de perjuicios” .
2.5. El día anterior, 15 de noviembre, se efectuó la entrega material de inmueble, diligencia que se hizo constar en acta, en la que, adicionalmente, se dejó nota expresa de que el representante legal de la demandada recibió el contrato escrito de arrendamiento “en dos (2) ejemplares debidamente firmado [s] por los arrendadores” para su correspondiente suscripción, sin que luego los devolviera diligenciados.
2.6. A partir de ese momento, la accionada ocupó el predio y contrató vigilancia privada para el mismo.
2.7. Unos días después, “el señor ALIRIO ALARCÓN CEPEDA informó al señor CARLOS EDUARDO ALVARADO SERRANO verbalmente que no cumpliría las estipulaciones contractuales, debido a unas supuestas amenazas que recibieron los guardas de seguridad de la firma que les prestaba el servicio de vigilancia” , de modo que la arrendataria no efectuó “el pagó de ninguna de las mensualidades correspondientes” al canon pactado.
3. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander, mediante auto del 7 de marzo de 2013, admitió la demanda (fl. 56, cd. 1), proveído que notificó personalmente al representante legal de la convocada en diligencia verificada el 21 siguiente (fl. 64 ib .).
4. La accionada, por intermedio de apoderado judicial, contestó el libelo introductorio, escrito en el que se opuso al acogimiento de las súplicas de los actores, negó los hechos fundantes de las mismas y propuso, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominó “ INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ”, “ FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR ACTIVA Y PASIVA ”, “ INEXIGIBILIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL Y LOS PERJUICIOS ”, “ REDUCCIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL RECLAMADA POR LOS DEMANDANTES ”, “ IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS ”, “ CULPA EXCLUSIVA DE TERCEROS, CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Y BUENA FE DE LA DEMANDADA ” y “ MALA FE DE LOS DEMANDANTES ” (fls. 72 a 82, cd. 1).
Por separado, plateó las excepciones previas de “ FALTA DE COMPETENCIA ” y “ AUSENCIA TOTAL DE PODER PARA DEMANDAR LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO Y LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO ” (fls. 1 y 2, cd. 2), que el juzgado del conocimiento declaró no probadas por auto en firme del 21 de junio de 2013 (fls. 10 y 11 ib .).
5. Agotado el trámite de la instancia, la mencionada oficina judicial le puso fin con sentencia del 6 de agosto de 2014, en la que desestimó las excepciones formuladas; declaró la existencia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes; estimó incumplido el mismo por la demandada; condenó a ésta a pagar a los actores la suma de $600.000.000.oo, “a título de indemnización por lucro cesante, correspondiente a los cánones de arrendamiento dejados de percibir” , junto con “intereses comerciales” ; negó el reconocimiento de la
cláusula penal
; e impuso las costas a la convocada (fls. 210 a 237, cd. 1).
6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil - Familia, al desatar la apelación que contra dicho proveído interpuso la sociedad accionada, lo revocó, mediante providencia del 29 de octubre de 2014. En defecto del mismo, “ NEG [Ó] LAS PRETENSIONES invocadas ” y condenó en costas a los promotores del litigio (fls. 24 a 44, cd. 5).
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Luego de historiar lo acontecido en la tramitación y de referirse en abstracto, tanto al contrato de arrendamiento, en general, como respecto del de naturaleza comercial, el Tribunal, en sustento de las decisiones que adoptó, expuso los razonamientos que pasan a compendiarse:
1. En ninguna parte de la demanda con la que se dio inicio al proceso se determinó, de un lado, la naturaleza del contrato de arrendamiento cuya declaratoria de existencia se solicitó, “si civil o comercial” , en procura de establecer la normatividad aplicable; y, de otro, cuál de las partes era la arrendadora y cuál la arrendataria.
2. Ese escrito dio cuenta de una oferta, mas no de la “celebración del contrato de arrendamiento en sí, debiéndose aclarar que una cosa es la oferta, otra la aceptación y otra la celebración del contrato, que nada tiene que ver con la elaboración de un documento, pues para [l] a viabilidad del documento, debe haberse celebrado el contrato” .
3. Pese a las anteriores anomalías, el sentenciador de segunda instancia estimó que correspondía resolverse en el fondo la controversia planteada, en virtud de lo cual, luego de invocar el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se ocupó de escudriñar si los demandantes comprobaron la celebración del contrato de arrendamiento sobre el que versaron sus peticiones, temática sobre la que observó:
3.1. El documento contentivo de dicho acuerdo de voluntades carece de validez, toda vez que no aparece suscrito por los contratantes.
3.2. La escritura pública concerniente con el dominio “de algunos bienes” de los actores, entre ellos, el que es materia del litigio, “no reviste mérito probatorio alguno, pues no está en discusión la propiedad de la cosa presuntamente arrendada” .
3.3. La factura fechada el 22 de noviembre de 2012, correspondiente a seis cánones de arrendamiento, a razón de $5.000.000.oo cada uno, para un total de $30.000.000.oo, elaborada por Transportes Alvarado Serrano, “no prueba absolutamente nada respecto del contrato de arrendamiento a que se refiere [l] a demanda, pues es apenas indiscutible, innegable que dicha empresa no es parte del proceso, como tampoco se relaciona dentro del contrato de arrendamiento presuntamente celebrado entre las partes; es decir, no existe ninguna relación entre dicha sociedad y las pa [r] tes del proceso ” , menos cuando “en los hechos de la demanda nada se refi [rió] sobre el pacto de un pago prematuro o adelantado de seis meses de arrendamiento por parte de la sociedad demandada” .
3.4. Los “correos electrónicos” aportados, cuya autenticidad avaló uno de los testigos, “no prueban la existencia de un contrato de arrendamiento, especialmente el visto a folio 19, pues es un correo enviado por PAOLA MORA al señor ORLANDO ROA , que son, al parecer, pues no se probó, empleados de la sociedad demandada, donde le envía un contrato de arrendamiento, pero no refiere el documento a qué contrato se refiere (…) , por lo tanto, se repite, no es prueba de la existencia del contrato. Los demás correos aportados no prueban absolutamente nada sobre la existencia del contrato de arrendamiento” .
3.5. El “acta de entrega de un inmueble” carece de la “identificación plena” del predio sobre el que trató, toda vez que contiene una alusión muy general al mismo, por lo que “no es prueba” de que ese hecho se haya verificado y que hubiere recaído sobre el terreno “objeto de esta acción” .
3.6. Igual acontece con “la audiencia de conciliación extraprocesal” invocada por los actores.
3.7. Los documentos aportados por el representante legal de la empresa convocada, “están relacionad [o] s con una empresa Transportes Alvarado ” y, por lo mismo, “no pueden tenerse como pruebas” .
3.8. Las declaraciones rendidas por los señores Jaime Ricardo Marthey Tello, Jorge Humberto Maldonado Peña y Hugo Ríos Saffi, “no aportan nada al proceso en lo que refiere a la existencia del contrato de arrendamiento, pues nunca estuvieron presentes en la celebración del mismo y toda su narrativa respecto del contrato la hacen en virtud de lo (…) que el demandante CARLOS ALVARADO les comentó, pero no tiene [n] conocimiento de la existencia o no del contrato de arrendamiento” .
3.9. La señora Fanny Inmaculada Gómez Sandoval, cuya versión el ad quem reprodujo en parte, “tampoco fue testigo directo de los hechos de la demanda” , como quiera que “todo lo que sabe respecto del presunto contrato y que hizo la elaboración del documento referido fue indicaciones del señor CARLOS ALVARADO , pero jamás estuvo reunida con los demandantes ni con la [s] ociedad demandada. (…) . Esta es otra testigo de oídas, como tal su testimonio no tiene ninguna validez y mucho menos, cuando sopesado con los otros testigos mencionados atrás, todos fueron de oídas” .
Se suma a lo anterior, que la deponente incurrió en imprecisiones sobre el incremento del valor del arrendamiento y la identificación del predio; que ella tenía “interés (…) en las resultas del proceso, pues como bien lo exp [uso] en su testimonio, [era] asesora jurídica de los demandantes y pese a la tacha extemporánea del apoderado de la [s] ociedad demandada, se pone en tela de juicio su credibilidad, situación que deb [ió] tener en cuenta la [j] ueza a la hora de valorar el testimonio” ; y que tuvo acceso al expediente, antes de la diligencia en la que se recepcionó la prueba.
En relación con los correos electrónicos que, reducidos a escrito, aportó la declarante, el Tribunal reiteró que ellos dejan en claro su vinculación con el extremo demandante y su “interés directo en el proceso” .
Al cierre, esa autoridad reprodujo un fallo de esta Corporación alusivo a los testigos sospechosos y le reprochó al a quo , la incorrecta ponderación de este medio de convicción.
3.10. En lo tocante con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, se limitó a destacar que “negó la existencia de cualquier contrato de arrendamiento” .
3.11. Para terminar, el sentenciador de segunda instancia señaló que de acuerdo con lo narrado en la demanda y por los testigos, quien realizó “todas las diligencias precontractuales y celebró el presunto contrato de arrendamiento fue CARLOS ALVARADO SERRANO ; sin embargo, en el documento contentivo del contrato de arrendamiento sin firma y de la demanda, los presuntos arrendatarios (sic) son CARLOS , JAI

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimiento, una posibilidad vaga de realización’ (Cas. Civ. de 5 de julio de 1935)’ (Sent. Cas. Civ. de 4 de julio de 2002, Exp. No. 6461).
Fruto de los anteriores precedentes emerge la conclusión de que el contratante que alega el caso fortuito o la fuerza mayor como eximente de responsabilidad contractual, debe demostrar a más de los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, que no contribuyó por acción u omisión en la realización del hecho, pues si de lo que se trata es de fracturar la relación entre la actuación del deudor y el resultado contractual no deseado, la existencia de una conducta inapropiada de dicho deudor, permitiría mantener el lazo causal y le haría atribuible el resultado dañoso.
Y analizadas las circunstancias que rodean este episodio a la luz de las anteriores premisas, juzga la Corte que la falsificación de un documento y la utilización del mismo por un tercero para retirar irregularmente mercancía de un Almacén General de Depósito, en la forma como se presentó en este litigio, no constituye un evento de caso fortuito o fuerza mayor, pues tal fenómeno carece, en el contexto de los hechos, de los elementos de imprevisibilidad, irresistibilidad, y ausencia de intervención del deudor, que deben acompañar los medios exonerativos aludidos.
En cuanto a la imprevisibilidad e irresistibilidad, es claro que, de modo general, el hurto y la utilización de documentos falsos constituyen hechos de ordinaria ocurrencia, tan probable, que no originan sorpresa asombro o desconcierto a un deudor razonablemente precavido ante la inusitada frecuencia con que suelen presentarse; también es nítido que adoptadas las medidas adecuadas, se logran conjurar situaciones similares. La Corte ha expresado que cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como factor exonerante de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible, pues ‘...en tanto sea posible prever la realización de un hecho susceptible de oponerse a la ejecución de un contrato, y que este evento pueda evitarse con diligencia y cuidado, no hay caso fortuito ni fuerza mayor. Sin duda el deudor puede verse en la imposibilidad de ejecutar la prestación que le corresponde, pero su deber de previsión le permitirá evitar encontrarse en semejante situación (…) La presunción de culpa que acompaña a quien no ha ejecutado el contrato, no se destruye por la simple demostración de la causa del incumplimiento cuando el hecho así señalado es de los que el deudor está obligado a prever o impedir. Por ejemplo, el robo y el hurto son hechos que se pueden prever y evitar con sólo tomar las precauciones que indique la naturaleza de las cosas…' (G.J.LXIX, pag. 555)’ (Sent. Cas. Civ. de 19 de julio de 1996, Exp. No. 4469) (CSJ, SC del 21 de noviembre de 2005, Rad. n.° 1995-07113-01).
De suyo, entonces, así se admita que la amenaza referida tuvo ocurrencia en la forma como lo acreditó la excepcionante, ese hecho, en sí mismo considerado, no es una fuerza mayor y caso fortuito y, por lo mismo, no configura un exonerante de la responsabilidad que le endilgaron los gestores de este asunto litigioso.
6.6. Finalmente debe decirse que en relación con “ MALA FE DE LOS DEMANDANTES ” el a quo aseveró su falta de demostración, apreciación esta que, pese a no ser más, es suficiente para descartar la excepción alegada, razón por la cual el cuestionamiento que respecto de este preciso tema cabía formularse debió estar dirigido a desvirtuar esa contundente conclusión fáctica de sentenciador de primera instancia, laborío que brilla por su ausencia en la actividad impugnaticia de la apelante.
6.7. Corolario de lo analizado, es que, pese a que el a quo no explicitó las razones para ello, la decisión desestimatoria de las excepciones alegadas por la accionada fue correcta y, por lo tanto, debe ser confirmada.
7. En cuanto atañe a los motivos de la apelación, queda por decir que, según ya se estudió, el sentenciador de primera instancia no escogió por capricho suyo, el resarcimiento del perjuicio por lucro cesante como único factor indemnizatorio sino que, obligado como estaba, a resolver la petición que en tal sentido elevaron los actores, coligió su pertinencia y, como consecuencia de ello, la improcedencia de reconocer la
cláusula penal
, pedimento que también tenía que resolver, lo que en definitiva lo llevó a conceder la primera de tales solicitudes y a negar la segunda.
Ahora bien, en cuanto a la condena que impuso, dejó en claro que ella correspondía a “las sumas pactadas y no canceladas conforme a las cláusulas convenidas dentro del contrato de arrendamiento” , es decir, a las que dejaron de percibir los accionantes como consecuencia del incumplimiento contractual de la demandada.
Por consiguiente, las quejas que la apelante planteó en relación con esos aspectos de la sentencia de primera instancia tampoco tienen la fuerza necesaria para ocasionar su derrumbamiento.
8. A nada conduce la última queja de la apelación, sustentada en la falta del poder de los hermanos Jaime Humberto y Johana Margarita Alvarado Serrano a Carlos Eduardo Alvarado Serrano para que los representara en la negociaciones que desembocaron en el contrato de arrendamiento base de la acción, puesto que si los dos primeros suscribieron y autenticaron el documento escrito en el que se recogió esa convención, como se comprobó en el proceso, ello significa que hicieron suyo el acuerdo de voluntades y que, independientemente, de si estuvieron ausentes o representados por el último en la fase precontractual, es lo cierto que adoptaron los términos definitivos del acuerdo de voluntades y actuaron como arrendadores directos.
9. No habiéndose abierto camino la apelación examinada, propio es colegir que habrá de confirmarse la sentencia fustigada con esa impugnación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 29 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil - Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído; y actuando en sede de segunda instancia, CONFIRMA la que en ese mismo asunto dictó el 6 de agosto de 2014, el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, Norte de Santander. Las costas en segunda instancia corren por cuenta de la apelante. Como agencias en derecho, se fija la suma de $6.000.000.oo. Por la Secretaría del ad quem practíquese oportunamente la correspondiente liquidación.
Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
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