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clave: "corte_suprema:providencia:SC5176-2020 [2006-00466-01]"
titulo: "Corte Suprema: entretanto, esos fondos pueden ser utilizados por la entidad financiera pero regulada, para la provisión de operaciones activas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-12-18"
radicado: "2006-00466-01"
numero: "SC5176-2020"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: entretanto, esos fondos pueden ser utilizados por la entidad financiera pero regulada, para la provisión de operaciones activas

- **Título oficial / radicado:** SC5176-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-12-18
- **Radicado:** 2006-00466-01
- **Número:** SC5176-2020
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5176-2020%20%5B2006-00466-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5176-2020%20%5B2006-00466-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMi4tIERpY2llbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNTE3Ni0yMDIwIFsyMDA2LTAwNDY2LTAxXS5wZGY%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Entretanto, esos fondos pueden ser utilizados por la entidad financiera pero regulada, para la provisión de operaciones activas de crédito.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 95 de 1890
- Decreto 663 de 1993
- Ley 46 de 1923

## Extracto

Por consiguiente, luce asaz desacomodado que el tribunal diga que Findeter podía confiarse en que las cosas estarían siempre en orden, como si las incurias fueran merecedoras de aplausos». De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpa, que para los efectos de la gradación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil. La máquina, en el estado actual de la civilización, es algo que sencillamente supera al hombre, lo que vale como decir que él debe estar prevenido a este respecto, entre otros fines, con el de no perder el control indispensable sobre ella. 26 Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01 Así, por ejemplo, en el fallo CSJ Sc, 19 ago. 1941, G.J.

## Cita textual

> El dueño de una chequera que hubiere perdido uno o más formularios, no hubiere dado aviso oportunamente al banco, sólo podrá objetar el pago si la alteración o la falstficación fueren notorias

## Texto del documento

18c1— 2/3
0_004 ziccis
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sale de Concito Civil
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC5176-2020
Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
(Aprobado en sesión de quince de octubre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil
veinte (2020).
Se deciden los recursos extraordinarios de casación
interpuestos por el demandado, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaría Colombia S.A. (en adelante, BBVA), y la llamada
en garantía, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero - en
Liquidación (en adelante, Caja Agraria), contra la sentencia
de 23 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá., dentro del
proceso declarativo promovido por la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A. (en adelante, Findeter).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La convocante solicitó que se declarara al BBVA
civilmente responsable por el incumplimiento del «contrato de
Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
prestación de servidos bancarios» de fecha 1° de junio de 1995, y
que, consecuencialmente, se le condenara a restituirle
$1.080.000.000, a título de daño emergente, además de «los
intereses de mora a la tasa más alta permitida por la ley, desde el 17 de
octubre de 1997, hasta la fecha en que efectivamente se produzca el
pago de la obligación indemnizatoria» , por concepto de lucro
cesante.
2. Fundamento fáctico.
2.1. En la calenda antes indicada, las litigantes
celebraron un contrato de administración de depósitos en
cuenta corriente bancaria. Alli se estableció que, previa
instrucción de Findeter, la entidad financiera demandada
dispersaría una cantidad determinada de los recursos que le
fueron confiados, con el propósito de proveer liquidez a
proyectos de infraestructura regional que adelantaban
«distintos entes territoriales».
2.2. Para trasladar los dineros, se pactó que la actora
remitiría una «solicitud de transferencia», donde constara el
monto y el destinatario de la asignación. Recibido el
requerimiento, el banco entregaría «los fondos en el lugar
designado (...) por medio de sus sucursales, o de cualquier banco que
tenga oficina en el municipio destinatario», de lo que se notificaría a
la convocante, «para que informe mediante telegrama al alcalde o
gobernador respectivo, la localización, convenio y fecha de ocurrencia*.
2.3 El 9 de octubre de 1997, Findeter radicó las
órdenes de transferencia 608 y 613; la primera, por valor de
$639.000.000, autorizando desembolsos a favor del
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departamento de San Andrés y Providencia ($81.000.000) y
de los municipios de Villavicencio ($220.500.000), Cúcuta
($207.000.000), Espinal ($9.000.000) y San Pedro
($121.500.000). Y la segunda, por un total de $621.000.00,
repartidos en tres transferencias, con destino al
departamento del Atlántico (por valor de $261.000.000,
$270.000.000 y $90.000.000).
2.4. Estando en poder del banco, esas instrucciones
fueron sustituidas por otras, «con /os mismos números y un
presunto sello de radicación del 9 de octubre de 1997», en las que se
ordenaba trasladar el importe combinado de ambas órdenes
de giro ($1.080.000.000) a una cuenta bancaria de la Caja
Agraria, sucursal Soledad, cuyo titular era el vecino
municipio de Malambo, Atlántico.
2.5. En las investigaciones penales que se adelantaron
con posterioridad, se logró establecer que Emiro Adolfo Reyes
Del Valle, a la sazón «director de la oficina de la Caja Agraria de
Soledad», había fraguado la estafa, aprovechándose de que la
cuenta bancaria no era frecuentemente utilizada por la
municipalidad de Malam.bo; así, dispuso de forma ilicita de
los recursos mediante el giro de varios «cheques de gerencia,
expedidos entre el 20 y el 27 de octubre de 1997», hechos por los
cualés el funcionario fue encontrado responsable de los
delitos de »peculado por apropiación, falsedad material de particular
en documento público; supresión, ocultación o destrucción de
documentos públicos y uso de documento público falso».
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
2.6. Para la querellante, su contraparte «incumplió los
deberes objetivos de diligencia, prudencia, cuidado y custodia», que le
correspondían como profesional de la actividad bancaria,
pues omitió realizar «confirmaciones y verificaciones previas», y se
abstuvo «de dar cumplimiento a la obligación contemplada en la
cláusula décima del contrato de prestación de servicios bancarios,
específicamente en lo relativo al deber de notificar seguidamente [a
Findeter]» de cada operación de dispersión.
3. Actuación procesal.
3.1. El convocado se notificó del auto admisorio de la
demanda, y tempestivamente se opuso al petitum,
formulando las defensas que denominó «cumplimiento de
obligaciones contractuales y buena fe en la ejecución del contrato»;
«inexistencia de nexo causal entre la culpa atribuida en este asunto a la
entidad demandada y el resultado dañoso»; «intervención de un tercero
(causa extraña) en la producción del daño»; «extinción de la acción civil
de que trata el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil» y
(iagotamiento de la elección de la acción prevista en el artículo 45 del
Código de Procedimiento Penal».
3.2. De otro lado, BBVA llamó en garantía a la Caja
Agraria, con el propósito de que le reembolsara las sumas
que tuviera que pagar «como resultado de una eventual condena en
este proceso». Para sustentar esta súplica, alegó que la
apropiación ilícita se materializó sirviéndose de una cuenta
corriente de esa entidad, y con la coordinación de uno de sus
directivos (el señor Reyes Del Valle).
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
3.3. La llamada en garantía compareció al proceso,
formulando las excepciones de «cosa juzgada frente a la acción
civil ejercida en el proceso penal*, «imposibilidad para instaurar la
acción civil por haberse agotado dentro del proceso penal.
Enriquecimiento sin justa causa»; «prescripción de la acción derivada del
vínculo contractual surgido del contrato de prestación de servicios entre
Find eter y el BBVA» e «improcedencia del reconocimiento de intereses
por parte de la Caja Agraria en razón de la liquidación*.
Frente al llamamiento, alegó «ausencia de los elementos que
configuran la responsabilidad»; «improcedencia del llamamiento en
garantía*, «prescripción de la acción de reparación de perjuicios
derivados de una supuesta situación extracontractual» , y «aplicación de
la concurrencia de culpas*.
3.4. La primera instancia culminó con el fallo de 21 de
junio de 2018, mediante el cual el juzgador a quo acogió las
pretensiones, y declaró a BBVA «civilmente responsable por el

incumplimiento del contrato
de prestación de servicios bancarios (...) por
el fraudulento pago de las órdenes de transferencia 608 y 613 emitidas
el 8 de octubre de 1997*.
También condenó al banco a pagar $1.080.000.000,
indexados a la fecha de la providencia, junto con «los intereses
liquidados desde el pago fraudulento, 17 de octubre de 1997, hasta el
día del pago, a la tasa máxima establecida, certificada por la
Superintendencia Financiera». Por último, dispuso que la llamada
en garantía debía «concurrir con la parte demandada al pago de la
indemnización a la cual fue condenada, por ser responsable del pago
fraudulento de las órdenes 608 y 613*.
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
Contra esa decisión, las opositoras interpusieron
apelación.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante providencia de 23 de noviembre de 2018, el
tribunal modificó lo resuelto por el juez a quo, para precisar
que: (i) no debía reconocerse indexación sobre el daño
emergente, tasado en $1.080.000.000; (ii) la condena a título
de lucro cesante -$6.275.812.085- es equivalente a «los
intereses moratorios liquidados desde el 17 de octubre de 1997, hasta
el 13 de noviembre de 2018P; y (iii) la llamada en garantía asumirá
solamente el 30% de la reparación, monto que debía de
reembolsar a la convocada.
Los fundamentos de la providencia de segunda
instancia pueden sintetizarse así:
(i) El informe de la grafóloga forense, Patricia Pardo
García, el testimonio de Doris Janeth Jiménez (probanzas
aportadas al expediente como prueba trasladada del juicio
penal), y las copias auténticas de las órdenes de
transferencia 608 y 613, que reposaban en los archivos de la
convocante, muestran que esas instrucciones se radicaron
de manera correcta, yen la oficina de correspondencia del entonces
Banco Ganadero (...), ninguna de las cuales tenía como destinatario de
algún giro al municipio de Malambo, Atlántico».
(ii) Ello permite tener por demostrado que «fue dentro
del Banco, o por lo menos con la participación de alguno de sus
funcionarios, que se produjo la falsificación, lo que compromete sin lugar
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
a dudas la responsabilidad de la entidad financiera, pues a ella le
incumbía la custodia celosa de las órdenes que arribaron para su
trámite, con mayor razón si se tiene en cuenta que se trataba de dineros
públicos, que alcanzaban una cuantía bastante considerable».
(iii) Asimismo, «esas probanzas le restan fuerza a los reparos
del BBVA según los cuáles aquella entidad "solo conoció de las [órdenes]
que tenían como destinatario al Municipio de Malambo Atlántico" y
'cumplió con todos los protocolos que le exigía el contrato para hacer las
transferencias", pues si bien el material probatorio no apunta en estrictez
a que tuvo a su alcance las órdenes falsas y las auténticas para poder
cotejarlas (...), sí permite inferir que en sus oficinas fueron radicadas las
órdenes originales, de donde le asistía a sus funcionarios el deber de
custodia, con la rigurosidad que amerita el manejo de las mismas,
destinadas a satisfacer necesidades estatales».
(iv) Aunque la condición de profesional del banco
demandado «le exigía adoptar mecanismos de seguridad rigurosos
(...), quedó expuesto que dentro no existían protocolos de seguridad para
el recibo de correspondencia, al punto que el sello para certificar el arribo
de los documentos estaba a disposición de cualquier persona».
(y) Los testimonios recaudados a instancias del
demandado no restan credibilidad a las demás probanzas,
puesto que «esas declaraciones solo se limitaron a realizar un recuento
general del modo en que se realizaban los procesos de recepción y visado
de las transferencias una vez las mismas eran radicadas por [Findeter],
pero en modo alguno señalaron que en el Banco no se recibieron las
notas auténticas, que es lo que acá se echa de menos».
(vi) No es factible deducir una culpa exclusiva o
concurrente de la convocante, «por no revisar, acto seguido, el
contenido de los soportes de las transferencias que se le remitieron el día
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27 de octubre de 1997, como tampoco por no haberse percatado de la
irregularidad que tuvo lugar en los procesos de recepción y visado por
parte del Banco BBVA. Ello por cuanto, dadas las particularidades del
caso, es razonable concluir que el F'indeter se encontraba en una
situación que le resultaba habitual en desarrollo de ese tipo de
operaciones financieras, luego, de una interpretación sensata de los
eventos, la aludida revisión no resultaba trascendental para el éxito de
la actividad».
(vii) El razonamiento anotado «permite, de igual forma,
descartar la ocurrencia de una causa extraña y, por ende, la rotura del
nexo causal, pues, se itera, el actuar negligente ocurrido en los trámites
de recepción y visado de los documentos contentivos de los giros le es
imputable, en forma exclusiva al demandado».
(viii) La imposibilidad de enrostrar una conducta
fraudulenta a alguno de los empleados de la demandada
carece de significación, ya que ello «no descarta la evidente
negligencia en que incurrió la entidad financiera en el manejo de los
documentos bajo su custodia, y ni siquiera esa eventualidad impide al
juez civil entrar al análisis de la responsabilidad contractual, en cuanto
acá no se discute de nuevo aspectos relacionados con los delitos
cometidos, ni con los autores de los mismos».
(ix) En adición, las sentencias dictadas por los jueces
penales carecen de los efectos extintivos a los que se aludió
en las excepciones, pues como lo ha precisado la
jurisprudencia, «el hecho de que la víctima de un punible se
constituya en parte civil o promueva incidente de reparación de peduicios
en el proceso penal que se adelanta contra el reo (...) no se opone a que
promueva, de igual modo, una acción civil ordinaria frente a las demás
personas que sean civilmente responsables, siempre bajo el entendido
de que éstas no fueron convocadas ante el juez de lo criminal».
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(x) Al haberse reconocido intereses moratorios
comerciales sobre los dineros que se le ordenaron restituir al
convocado, y en consideración a que dichos réditos ya
contienen un componente de actualización monetaria, no era
factible disponer la indexación de aquel capital, como lo hizo
el tallador de p

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

atorio que pueda hacer más o menos factible
un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en
razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para
aniquilar una sentencia si no va acompañado de la evidencia de
equivocación por parte del sentenciador (...)» (CSJ SC, 8 sep.
2011, rad. 2007-00456-01).
2. Caso concreto.
Como viene de verse, el tribunal entendió que el fraude
bancario del que fue víctima la demandante tuvo su origen
en la conjunción de infracciones atribuibles a BBVA (permitir
la alteración de las órdenes de giro radicadas por su cliente)
y a la Caja Agraria (facilitar el manejo de sus cuentas para la
disposición de los recursos hurtados).
Consecuentemente, la colegiatura de segundo grado
asignó a BBVA un porcentaje de participación en el resultado
dañoso equivalente al 70%, dejando el 30% restante a cargo
de la llamada en garantía; lo anterior tras considerar que, sin
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la infracción contractual enrostrada al primer banco, el
dinero nunca hubiera salido de las cuentas de Findeter, ni
caído en manos de los funcionarios de la extinta Caja Agraria,
que participaron en el desfalco.
Ahora bien, al margen de que esa argumentación se
comparta cabalmente, lo cierto es que no puede calificarse de
manifiestamente contraria a la razón; cabe anotar que los
ejercicios de ponderación entre causas carecen de un
parámetro objetivo de comparación, de modo que no pueden
evaluarse en términos de corrección matemática, sino dentro
de un marco de prudente razonabilidad, lo que impone para
el quiebre de la sentencia que la estimación carezca
completamente de relación con el marco fáctico del conflicto.
Así lo enseña el precedente:
«Si bien es cierto que no existen criterios fijos e intangibles para
llegar a la tasación del daño cuando éste es consecuencia de
culpas concurrentes, lo que también es claro es que éste no puede
ser el resultado de antojadizas y arbitrarias deducciones, sino
efecto de un prudente juicio, extraño al capricho y voluntarismo del
juzgador, porque como antes se anotó, y lo ha señalado la Corte,
esa es una cuestión fáctica "que debe fijar el fallador de acuerdo
con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso
(artículo 174 del Código de Procedimiento Civil), para luego, sobre
la base de hechos comprobados a satisfacción y no en gracia de
meros artificios en no pocas veces fruto de soluciones dogmáticas
preconcebidas, determinan de modo matemático las proporciones
en que debe efectuarse la división y de consiguiente, mitigar las
prestaciones de reparación en el sentido y cuantía que proceda,
cometido en el que ha de prevalecer ante todo la virtud de la
prudencia y en cuyo desarrollo es en donde se hacen actuales,
adquiriendo la plenitud de su vigencia, los poderes de ejercicio
discrecional que a los jueces de instancia les reconoce la doctrina
jurisprudencial rememorada en el párrafo precedente...".
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De modo que cuando el fallador se sustrae a esos criterios
objetivos y por la vía de la arbitrariedad y el mero subjetivismo
llega a conclusiones contraevidentes y carentes de razonabilidad,
que a simple vista se descubren como tales, entonces, según lo ha
entendido la Corte, la "discrecionalidad deja de ser inquebrantable
y si además, la influencia en lo dispositivo de la susodicha
equivocación es de envergadura tal", procedente resulta el examen
del mérito de un cargo en casación formulado por vía indirecta
atribuyendo, como en el caso se propone, la violación de normas
de derecho sustancial como consecuencia de errores de hecho en
la apreciación de las pruebas.
Con todo, el caso examinado no se compadece con la hipótesis
teórica que se ha dejado expuesta, y que en otras ocasiones le ha
permitido a la Corte entrar en el campo de la discrecionalidad del
ad quem para abolir su fallo por hallar evidentemente acreditado
un factum completamente distinto al concebido o descubierto por
dicho juzgador. Basta una simple lectura de la sentencia
impugnada para advertir que el Tribunal en modo alguno cometió
los errores de hecho que la censura le atribuye, pues la condena
impuesta (pagar el 70% de los daños, y no el 50% o el 30%, como
lo reclama el casacionista), estuvo determinada en este caso por
una discrecionalidad razonable y objetiva, ya que no fue fruto del
capricho del fallador, sino el resultado del examen crítico del caso,
"apreciadas las circunstancias" del mismo, en consideración a la
información dada por las pruebas formal y oportunamente
allegadas al expediente (...).
La exclusión del control de casación de conceptos jurídicos de
grado y mensura, como son los que integran la aplicación del
artículo 2357 del Código Civil, tiene su razón de ser no tanto por el
"margen de juicio" o discrecionalidad o soberanía del juez de
instancia, sino, como lo ha dicho la doctrina española, por el
empleo de "módulos relativos que suelen variar de un caso a otro".
De ahí que la Corte en las referencias jurisprudenciales atrás
traídas a colación, sólo entienda válida esa intromisión cuando se
descubre esa contraevidencia fáctica, porque ahí el modelo no
parte de la discrecionalidad sino de la arbitrariedad. Pues bien,
si no se verifica la contraevidencia, intangible queda el
juicio prudente de la instancia y la soberanía del fallador
en la propia apreciación de las pruebas» (CSJ Sc, 21 feb.
2002, rad. 6063; reiterada en CSJ SC, 18 dic. 2012, rad.
2004-00172-01).
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En este caso, lo arbitrario de la distribución de
porcentajes de influencia causal brilla por su ausencia; de
hecho, BBVA ni siquiera enfiló sus argumentos por esa
senda, sino que intentó proponer una valoración alternativa
de la problemática anunciada, que se ajustara a su particular
visión del asunto, alegato que así presentado carece de la
entidad suficiente para lograr el quiebre del fallo de segunda
instancia ante esta sede extraordinaria.
Así, entonces, el segundo cargo tampoco prospera.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 23 de noviembre
de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de
responsabilidad contractual promovido por la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A. contra el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A. - BBVA Colombia S.A., trámite al
que fue llamada en garantía la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero - en Liquidación.
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
SEGUNDO. SIN COSTAS, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso final del articulo 349 del Código
General del Proceso.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifiquese y cúmplase
LUI ARMANDO TOLOS VILLABONA
Presidente de S a
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Radicación n.° 11001-31-03-028-2006-00466-01
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5176-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-12-18. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2006-00466-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5176-2020%20%5B2006-00466-01%5D).
