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clave: "corte_suprema:providencia:SC515-2024 [2021-00342-01]"
titulo: "Corte Suprema: no es que se desconozca la condición de « contratante del comprador»"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-19"
radicado: "2021-00342-01"
numero: "SC515-2024"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: no es que se desconozca la condición de « contratante del comprador»

- **Título oficial / radicado:** SC515-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-19
- **Radicado:** 2021-00342-01
- **Número:** SC515-2024
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC515-2024%20%5B2021-00342-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC515-2024%20%5B2021-00342-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvNC4tIEFicmlsL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1MTUtMjAyNCBbMjAyMS0wMDM0Mi0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Un hecho ilícito puede asimismo dejar muchas víctimas, aunque no todas estén en idéntica relación con su autor, y concurrir allí responsabilidades diversas.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1448 de 2011
- Constitución Política

## Extracto

Al cierre, el impugnante resaltó que de haberse examinado la controversia bajo la mirada del artículo 1746 del estatuto civil, la corporación habría concluido que «únicamente las partes del contrato que se declara nulo son recíprocamente acreedoras y deudoras de la devolución de lo que mutuamente se hayan entregado en ejecución de aquel» , caso en el cual, la convocante, en calidad de cesionaria de Cementos Argos S.A., estaba habilitada para exigir el retorno de lo cancelado por esta última como « contraprestación por la adquisición de los inmuebles, en desarrollo de un contrato del que el Fidecomiso No. 732-1359 no fue parte, aunque finalmente se le transfiriera el dominio de los bienes por instrucción del [comprador]». De la pauta también se desprende que el beneficiario debe ser alguien completamente ajeno al negocio jurídico, ni es mandante ni está representado por el estipulante , es un verdadero tercero.

## Cita textual

> el comprador exige al vendedor que la cosa comprada sea entregada a su representante o a otra persona que la recibe por cuenta del comprador

## Texto del documento

Radicación n.° 05001-31-03-007-2021-00342-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC515-2024
Radicación n.° 05001-31-03-007-2021-00342-01
(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Fundación Crecer en Paz , en calidad de cesionaria de Cementos Argos S.A., contra la sentencia de 10 de mayo de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso declarativo iniciado por la recurrente contra Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez .
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
En la demanda que dio paso al referido proceso, se solicitó que se declarara que el demandado está obligado a restituir a la demandante, en su condición de cesionaria de Cementos Argos S.A., la suma de $860.296.950,oo, por concepto de precio que la cedente le pagó por la transferencia de ocho (8) inmuebles, actos anulados absolutamente por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena . En consecuencia, se le condene a cancelar los frutos e intereses respecto de aquella cantidad desde la fecha en que la recibió hasta su efectiva devolución «liquidados con la tasa del interés bancario corriente» .
En subsidio, se disponga el reembolso del valor referido «con actualización monetaria más los intereses del 6% anual» . [Archivos digitales: 40 Escrito Demanda y 50DemandaSubsanada].
B. Los hechos
El sustento fáctico de las precedentes peticiones puede resumirse así:
1.- El 16 de septiembre de 2009 Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez prometió en venta a Reforestadora del Caribe S.A. los predios ‘Parcela No. 2’, ‘El Respaldo No.1 La Unión’, ‘Ciénaga de Oro A’, ‘Ciénaga de Oro B’, ‘Ciénaga de Oro C’, ‘Villa Betty’ y ‘Los Guayacanes-El Aceituno’[footnoteRef:1], los cuales se encuentran situados en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar). El precio total pactado fue de $665’896.950,oo. [1: El cual hace parte de otro de mayor extensión.]
Luego, el 20 de octubre siguiente, el enjuiciado prometió enajenar a la sociedad aludida otro fundo denominado ‘El Aceituno’ ubicado en aquella localidad y por un coste de $194’400.000,oo.
2.- Reforestadora del Caribe S.A. cedió su posición como « promitente compradora» en los negocios mencionados a favor de Cementos Argos S.A., de lo que fue enterado Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez.
3.- Mediante sendas escrituras públicas otorgadas entre el 28 de enero y el 24 de mayo de 2010, se enajenaron los bienes con actos denominados « transferencia de dominio a título de adición al fideicomiso» ; allí se consignó que Cementos Argos S.A. desembolsó el precio acordado. Por instrucción de esta última, Echeverría Ramírez se obligó a realizar la tradición de las heredades al Fideicomiso No. 732-1359 cuya vocera y administradora era la Fiduciaria Fiducor S.A.[footnoteRef:2], ello con el propósito de «facilitar la vinculación de inversionistas» para el desarrollo de un proyecto agroforestal. [2: Posteriormente la vocera y administradora fue Alianza Fiduciaria S.A.]
4.- Los instrumentos memorados se registraron en los folios de matrícula inmobiliaria de los bienes raíces, radicándose el dominio en cabeza del patrimonio autónomo.
5.- En 2014 y 2015, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas promovió un sinfín de trámites de restitución y formalización de tierras respecto de los fundos citados. En el marco de esas diligencias, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena amparó el derecho a la restitución de los solicitantes, declaró la inexistencia de los compromisos pactados entre estos y Echeverría Ramírez, al paso que invalidó los actos con los que el patrimonio autónomo adquirió la propiedad de los bienes, así que dispuso la cancelación correspondiente en el registro inmobiliario.
6.- El Fideicomiso No. 732-1359 se opuso infructuosamente al interior de los trámites de restitución de tierras, pues no pudo demostrar la buena fe exenta de culpa en la obtención de los ocho inmuebles, por ende, tampoco percibió la compensación de que trata la Ley 1448 de 2011. Igual suerte corrió Cementos Argos S.A. al formular oposición en los pleitos que abarcaron los predios ‘Parcela No. 2’, ‘El Aceituno’, ‘Ciénaga de Oro A’, ‘Ciénaga de Oro B’, ‘Ciénaga de Oro C’ y ‘Villa Betty’. Ni uno ni otro, hicieron llamamiento en garantía en esos litigios especiales.
7.- Ante la declaratoria de nulidad absoluta de las escrituras públicas de «transferencia» por la justicia transicional y la ausencia de un mecanismo dentro de la misma, Cementos Argos S.A. consideró que tiene derecho a exigirle a Álvaro Echeverría Ramírez la devolución del precio pagado por los ocho terruños, más los réditos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1746 del Código Civil.
8.- Fundación Crecer en Paz está habilitada para pedir el reintegro de esos dineros, ya que Cementos Argos le cedió « sus acciones y derechos a reclamar las restituciones derivadas de la nulidad absoluta de los actos de transferencia de los predios », cesión comunicada, debidamente, al accionado.
C. El trámite de las instancias
1.- Una vez enmendado el libelo, fue admitido por el Juez Séptimo Civil del Circuito de Medellín, el 14 de octubre de 2021, disponiendo el enteramiento del convocado. [Archivo digital: 51AdmiteDemanda].
2.- Al contestar, el interpelado se resistió a las pretensiones, alegando las excepciones de mérito de « ineptitud de la demanda; caducidad de la acción rescisoria contenida en el artículo 1746; si la acción corresponde al saneamiento por evicción, no ha surgido la obligación desde el punto de vista sustancial para la entidad demandante, conforme al artículo 1899 del Código Civil; caducidad de la acción de saneamiento por evicción; [y] cosa juzgada» . [Archivo digital: 66ContestaciónDemanda].
3.- El juzgado clausuró la primera instancia mediante fallo de 15 de noviembre de 2022, en el que declaró la falta de legitimación de la precursora; decisión que confirmó el Tribunal en la suya de 10 de mayo de 2023.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- Advirtió delanteramente que el problema jurídico a resolver era si la promotora estaba habilitada para exigir las prestaciones económicas de las « compraventas» de unos inmuebles invalidadas por decisión judicial, cuya tradición se hizo a favor de una persona distinta al « comprador» .
2.- Según el Tribunal, en materia del «contrato de compraventa» las partes pueden acordar libremente que la « tradición» de la cosa se haga a favor de un « patrimonio» diferente, posibilidad que les otorga el artículo 1506 del Código Civil a través de la “ estipulación para otro”. Así, cuando el desembolso del precio lo efectúa el « comprador» y en su querer decide que el vendedor realice la enajenación a un tercero ajeno a la relación negocial, este recibe los « derechos sobre el bien» .
3.- Para la Corporación, el inconveniente surge cuando el pacto de venta es anulado absolutamente por una « decisión judicial» , caso en el cual la « legitimación» para reclamar las « restituciones» que se derivan del acto invalidado penden de dos « variables» , de un lado, si se invoca una «relación jurídica sustancial que vincule al demandante con el demandado -por ejemplo, un contrato» y, de otro, que «en el contexto de esa relación, el demandante se afirme en una posición que, según las normas sustanciales, le permita reclamar frente al demandado una determinada prestación» .
4.- En esas condiciones, prosiguió el ad quem , en el evento en que los contratantes acuerden una “ estipulación para otro” , solamente «esta tercera persona podrá demandar lo estipulado» , así el « comprador» haya «hecho la estipulación» y costeado el valor de la cosa.
No es que se desconozca la condición de « contratante del comprador» , mucho menos, los «negocios subyacentes que hayan existido entre el comprador y el tercero» , en sentir de la colegiatura, se trata de respetar la voluntad de los negociantes en « estipular para otro» una prestación específica del concierto, caso en el que, «se configura un contrato en razón del cual quien estipuló la prestación no tiene derecho a reclamarla frente al deudor para sí, ni de reclamar consecuencias derivadas de la pérdida de la cosa, pues estipuló voluntariamente ese crédito a favor de un tercero» .
5.- Otro es el evento en que el « comprador» diputa para el pago a un tercero (art. 1634 C.C.), éste ni adquiere el dominio ni se encuentra legitimado para exigir la resolución o el cumplimiento de las obligaciones del pacto. La «diputación para el cobro de una prestación –como cuando se otorga para el efecto poder a un abogado- supone un contrato de mandato que no da ningún derecho propio al mandatario sobre la prestación, pues éste es un simple administrador de un bien ajeno» .
6.- Pero, en opinión del iudex plural, si en vez de un «mandatario al que se diputa para el cobro» , el tercero es un patrimonio autónomo a favor de quien se hace un « aporte» , el «objeto de la prestación se integra a un patrimonio distinto, como es el patrimonio fiduciario -art. 1233 [Código de Comercio] -» y, bajo esa hipótesis, es el « administrador fiduciario» el llamado a ejercer las « reclamaciones judiciales» a que haya lugar.
7.- Al cabo de concluir de tal modo, dio en agregar que, a voces de la convocante, la «participación del Fideicomiso núm. 732-1359 en los negocios de compraventa entre Cementos Argos S.A. y Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez consistió en una diputación para el cobro de la prestación de traditar (sic) a favor de la sociedad compradora» , por manera que, «no existe una sustitución contractual del comprador, ni tampoco una alteración a la regla de legitimación para demandar» .
Sin embargo, estimó el fallador, otra es la verdad que emana de las «escrituras públicas de compraventa» de los predios que « compró» Cementos Argos S.A. para «adicionarlos» al Fideicomiso 732-1359. En dichos actos la compañía cementera obró en tres calidades diferentes: i) Como «comprador» ; ii) Como «mandante de una estipulación a favor de un tercero» , en donde «delegó» al « vendedor» para realizar el traspaso de los terrenos a favor de un tercero, el fideicomiso; y iii) « [C] como fideicomitente, en tanto el mandato al vendedor y la estipulación a favor del fideicomiso, se realizan con la finalidad de aportar los predios al patrimonio autónomo que constituye la fiducia» .
El Tribunal infirió que la accionante, en su condición de cesionaria de Cementos Argos S.A., carecía de legitimación en la causa, porque, de un lado, se « estipuló a favor del fideicomiso la tradición de los predios» , por lo que sólo este último podía exigir lo « estipulado» , incluyendo la « legitimación para reclamar las consecuencias patrimoniales de la pérdida del bien por nulidad» . De otra parte, dadas las especiales reglas de la fiducia previstas en los artículos 1226 y siguientes del estatuto mercantil, la « pérdida efectiva de los predios por las nulidades declaradas por los jueces de restitución de tierras afecta directamente el patrimonio de la fiducia, que en consecuencia es la única llamada a reclamar», pues, la «afectación de Cementos Argos S.A. o su cesionaria es sólo indirecta, dependiente de las relaciones derivadas del contrato de fiducia y ajenas a este proceso» .
Y, tras acentuar lo anterior, el sentenciador lucubró de la siguiente manera:
[La] legitimación corresponde a la administradora del Fideicomiso núm. 732-1359, por la regla de especial del artículo 1506, en tanto Cementos Argos S.A., en calidad de compradora, estipuló la tradición de los predios a su favor. Asimismo, dado que el patrimonio del fideicomiso es distinto del patrimonio del fideicomitente, y que fue el patrimonio autónomo el que sufrió directamente la afectación derivada de las nulidades de los contratos, sólo la administradora fiduciaria está en posición de afirmarse en una relación jurídica frente al demandado que la legitime a realizar las reclamaciones correspondientes .
8.- Por tanto, no podía abrirse paso la pretensión del escrito incoativo.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Tres (3) cargos lanzó el recurrente frente a la decisión de segundo grado; el primero y el tercero, por la senda de la infracción indirecta de la ley sustancial (núm. 2º art. 336 C.G.P.); y el segundo, por la vía de la «violación directa de una norma jurídica sustancial» (núm. 1º art. 336 C.G.P.); desatinos que serán despachados conjuntamente dada su conexidad, según se notará cuando sea ocasión.
PRIMER CARGO
En este, se acusó la sentencia de infringir de manera « indirecta» los artículos 1506, 1746 del Código Civil y 1233 del Código de Comercio, por «errores de hecho evidentes y trascendentes» en la apreciación de la demanda.
En su demostración señaló que la Fundación Crecer en Paz persiguió la restitución de lo pagado por su cedente Cementos Argos S.A. a Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, en virtud de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tintas problemáticas que enfrentan las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, de ello no se sigue la existencia de una habilitación exclusiva para conocer de todas las disputas vinculadas tangencialmente con un bien restituido, aun cuando no involucren a las víctimas, ni aludan a obligaciones estatales propias del mecanismo de justicia transicional que consagra la citada normativa.
Cabe agregar que no existe norma que, de manera clara y explícita, consagre un fuero de atracción como el que se describió en el literal i) del numeral 3.3.6.2. del fallo mayoritario (fl. 123). Al contrario, la aplicación de la Ley 1448 de 2011 parece circunscribirse a la problemática de las víctimas –en los términos de su artículo 2–, cuestión que de por sí reviste suficiente complejidad como para adicionarle la solución de controversias de otra índole, que no solamente carecen de nexo con la suerte del proceso de restitución de tierras –o de las demás medidas que correspondan para materializar los derechos constitucionales de las víctimas–, sino que se basan en la aplicación de reglas y principios que corresponden al derecho privado.
Además, aunque una primera aproximación al principio de economía procesal pudiera sugerir la bondad de acumular todas las controversias en un solo trámite judicial, no puede perderse de vista que las complejidades propias de la administración de justicia han motivado la prudente escisión de los procesos por materias y especialidades, no solo para garantizar mayor expertice de los funcionarios encargados de su resolución, sino también para mantener cierto orden y coherencia entre las diversas especies de reglas sustantivas y procedimientos empleados para su efectividad.
Y aun si se dejaran de lado esas razones, lo cierto es que el acceso a la justicia de los ciudadanos no puede limitarse sino en aplicación de preceptos expresos y objetivos, que no obran en este caso. Es decir, en mi opinión respetuosa, no es evidente la fuente jurídica que justificaría impedir que un comprador ejercite una acción civil autónoma contra su vendedor, con el propósito de reclamar la devolución del precio pagado en ejecución de un contrato de compraventa que fue declarado nulo en el marco de un juicio de restitución de tierras.
Por el contrario, amén de ser legítima, una controversia como la descrita, que busca deshacer los efectos de una transacción privada sin pretender compensaciones del Estado, ni afectar para nada la propiedad, posesión o tenencia del inmueble restituido a la víctima de despojo, parece de aquellas expresamente asignadas a los jueces civiles, conforme las reglas de atribución que se aplicaron en este juicio sin disputa de las partes, ni de las autoridades que tramitaron el procedimiento (artículos 20-1, 26-1 y 28.-1, Código General del Proceso).
Lo anterior, además, no riñe con el « carácter decisivo y definitivo el conjunto de lazos y vínculos jurídicos que emanan del inmueble motivo de restitución » al que se refiere la providencia mayoritaria, ni implica en lo absoluto « desconocer la trascendencia de la justicia transicional civil, su naturaleza y finalidad ». El fallo de restitución de tierras podría haber coexistido con cualquier determinación adoptada para zanjar la presente disputa –promovida por la entidad actora en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el acceso a la administración de justicia–.
Por otra parte, respetuosamente disiento de la aplicación al caso del artículo 1899 del Código Civil. En primer lugar, no es claro que la demandante haya reclamado el saneamiento de la evicción; más bien, como expresamente lo advirtió la sentencia de casación, lo que aquella pidió fue materializar las restituciones mutuas que son consecuencia de cualquier declaración de nulidad de un contrato, lo que, en el caso particular, implicaría la devolución del precio pagado al demandado por los inmuebles que terminaron siendo restituidos a víctimas de actos de despojo.
Adicionalmente, debe anotarse que el deber de saneamiento se refiere a « todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta » (artículo 1895 del Código Civil) y, en mi opinión respetuosa, la causa de la “evicción” que afectó a la demandante –si es que la anulación de su título pudiera equipararse con tal cosa– sería la aplicación de las prescripciones jurídicas que introdujo la Ley 1448 de 2011, acto posterior al contrato que ajustaron los litigantes (pues, según el proyecto, las escrituras públicas correspondientes datan de « 28 de enero y el 24 de mayo de 2010 »).
Tampoco existe consenso en la doctrina alrededor de la pérdida de cualquier derecho del comprador que no denuncia el pleito –en la terminología original– o ejercita el llamamiento en garantía –usando la expresión actual– frente a su vendedor, a fin de que asuma la indemnización connatural al supuesto de evicción. Existen posturas doctrinales relevantes que no se discutieron en la Sala, y que apuntan a que el comprador conserva otras acciones contractuales para restablecer el equilibrio normativo afectado por la pérdida de la cosa adquirida. Incluso cabría pensar en acciones extracontractuales, dispuestas para compensar daños antijurídicos, o conjurar la perniciosa consolidación de un enriquecimiento injusto de aquel que recibe un precio, pero no transfiere nada a cambio.
Adicionalmente, el artículo 91, lit. q), de la Ley 1448 de 2011, establece como uno de los aspectos a los que se debe referir la sentencia de restitución « Las órdenes y condenas exigibles de quienes hayan sido llamados en garantía dentro del proceso a favor de los demandantes y/o de los demandados de buena fe derrotados en el proceso ». En este caso, la casacionista no fue considerada como opositora de buena fe en el juicio de restitución de tierras, de modo que, incluso, podría ponerse en entredicho la procedencia formal del llamamiento en garantía que extrañó la Corte en el fallo mayoritario.
Esta particularidad trató de ser salvada a través de la introducción de un párrafo insular, según el cual el parámetro de la buena fe exenta de culpa no aplicaría al llamamiento en garantía que hace el comprador que sufre la evicción (fl. 117). Sin embargo, dicha consideración teórica constituyó apenas un dicho de paso, sin nexo aparente con la suerte de la controversia, de manera que no hizo parte del consenso decisorio de la Sala, ni contó con una explicación justificativa suficiente.
Para finalizar, estimo pertinente destacar y ponderar el enorme esfuerzo que significó construir un marco dogmático extenso, detallado, prolijo y de gran valía conceptual en la determinación de las fuentes, como el que está inserto en el numeral 3. de esta providencia. Sin embargo, considero que ese ejercicio corresponde a un obiter dicta.
Con reiteración de mi irrestricto respeto por los demás integrantes de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, dejo expuestas las razones por las cuales salvo mi voto.
Fecha ut supra ,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC515-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-19. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2021-00342-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC515-2024%20%5B2021-00342-01%5D).
