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clave: "corte_suprema:providencia:SC5105-2020 [2010-00177-01]"
titulo: "Corte Suprema: el legislador mismo ha habilitado la posibilidad de que las partes puedan aportar experticias en las oportunidades para pedir pruebas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-12-14"
radicado: "2010-00177-01"
numero: "SC5105-2020"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: el legislador mismo ha habilitado la posibilidad de que las partes puedan aportar experticias en las oportunidades para pedir pruebas

- **Título oficial / radicado:** SC5105-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-12-14
- **Radicado:** 2010-00177-01
- **Número:** SC5105-2020
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5105-2020%20%5B2010-00177-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC5105-2020%20%5B2010-00177-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEyLi0gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M1MTA1LTIwMjAgWzIwMTAtMDAxNzctMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

El reproche que sirve de báculo a la censura es que el acta que contiene la posesión del auxiliar de la justicia no está suscrita por el juez, por lo que consideran los recurrentes la prueba pericial ya referida es nula de pleno derecho, al ser obtenida con violación al debido proceso, por desatender las exigencias de ley.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 50 de 1936
- Ley 794 de 2003
- Constitución Política

## Extracto

Desdén que se presenta, como se dijo, cuándo se actúa en el proceso sin alegarla o conociendo del proceso se abstiene de concurrir al mismo. D) A folio 37 está la certificación expedida por la empresa Apoyo Logístico en Mensajería Limitada A.L.M, de fecha 6 de mayo de 2010, dando cuenta que la guía 707851 con la cual se envió «CITATORIO», dirigido a Cecilia Pardo Bohórquez con dirección « CLL 19 N. 13 A-15 », fue recibida por María Camila Pardo el « 04 ED (sic) MAYO DE 2010 », atestando que « CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE LA PERSONA A NOTIFICAR SI VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR ». El reproche que sirve de báculo a la censura es que el acta que contiene la posesión del auxiliar de la justicia no está suscrita por el juez, por lo que consideran los recurrentes la prueba pericial ya referida es nula de pleno derecho, al ser obtenida con violación al debido proceso, por desatender las exigencias de ley.

## Texto del documento

Radicación n°. 11001 31 03 029-2010-00177-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC5105-2020
Radicación n.° 11001 31 03 029 2010 00177-01
(Aprobado en sesión virtual de nueve de julio de dos mil veinte)
Bogotá D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandados Jaime Orlando Ovalle Gaitán y Cecilia Pardo Bohórquez contra la sentencia proferida, el 4 de julio de 2012, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso reivindicatorio que contra los recurrentes promovieron Carlos Alberto Mancera Mancera y Martha Isabel Trujillo de Mancera.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante demanda que correspondió por reparto al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá se reclamó de la jurisdicción se declare que los convocados « carecen de todo derecho para conservar la posesión material que en la actualidad ostentan sobre el “apartamento trece A- quince (13A-15) de la calle ciento diecinueve (119) hoy calle 119 N° 11D-15, según certificación catastral o boletín de nomenclatura que se acompaña… » de propiedad de los reclamantes. Y, se condene a su restitución una vez quede ejecutoriada la sentencia, « junto con los frutos civiles que se hubieran causado durante el tiempo en que de mala fe hayan ejercido posesión sobre el mencionado apartamento, hasta el momento en que se verifique su restitución ».
2. Las mencionadas pretensiones se soportaron en los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio:
a) Manifiestan los actores que adquirieron el predio antes referido por compraventa que hicieran a Klaus Robert Krellenberg Wiese, contenida en la escritura pública 3732 de 17 de noviembre de 1981, de la Notaría Décima de Bogotá y registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-315973, cuyas medidas y linderos aparecen en el mentado instrumento público.
b) Indicaron que, el 2 de septiembre de 1991, entre Carlos Roberto Mancera y los señores Jaime Orlando Ovalle Gaitán y Cecilia Pardo Bohórquez, se celebró un negocio de compraventa sobre el referido inmueble, por valor de $50.000.000, como « se hiciera constar en los términos del documento privado suscrito por los mencionados celebrantes el 27 de abril de 1994 ».
c) Con ocasión del mencionado acuerdo, el demandante hizo entrega real y material del inmueble a los señores Ovalle y Pardo el 2 de septiembre de 1991, ejerciendo estos desde esa data posesión de este. El « 5 de marzo de 1993 se convino llevar a cabo el otorgamiento de la respectiva escritura en el mes de abril de ese mismo año, sin que se hubiera realizado ».
d) De la suma pactada como precio, el señor Carlos Roberto Mancera tiene recibida la suma de $38.750.000,00, que le fue entregada en la forma detallada en el numeral 5 de la demanda.
3. La causa así planteada se admitió por auto de 13 de abril de 2010 (fl. 32 Cd. 1), ordenando el enteramiento de los convocados, a quienes por auto del 1° de octubre de 2010 se les tuvo por debidamente notificados, en razón a que se les remitieron los citatorios que ordena en artículo 315 del Código de Procedimiento Civil y el aviso de notificación de que trata el artículo 320 ídem, anotando el juzgador que dicho extremo procesal no propuso excepciones.
4. Por auto de 12 de noviembre de 2010 se dispuso la apertura a pruebas del proceso. Se decretaron las solicitadas por los demandantes, entre ellas la práctica de un dictamen pericial (fl. 61 cd 1).
5. Surtida la instrucción correspondiente, el 14 de octubre de 2011, se profirió sentencia de primera instancia que negó la totalidad de las pretensiones (fls 110-114 Cd 1).
6. Por su parte, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, con sentencia de 4 de julio de 2012, revocó la decisión impugnada. En su lugar se dispuso lo que viene:
« Primero. Declarar próspera la acción reivindicatoria que la señora Martha Isabel Trujillo de Mancera incoó contra los aquí demandados, e impróspera la impetrada por Carlos Roberto Mancera Mancera.
Segundo. Declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa que el 2 de septiembre de 1991 celebró Carlos Roberto Mancera Mancera (vendedor) con los señores Jaime Orlando Ovalle Gaitán y Cecilia Pardo Bohórquez (compradores).
Tercero. Ordenar al señor Mancera Mancera (vendedor) que restituya a los señores Ovalle Gaitán y Pardo Bohórquez las siguientes sumas de dinero, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia:
a) Por concepto de restitución de lo pagado del precio.
$20'000.000, indexada desde el 2 de septiembre de 1991, hasta que se produzca su pago, atendiendo la variación del IPC, que a 31 de mayo del año en curso equivale a $166'417.352,28.
$10'500.000, indexada desde el 14 de enero de 1992, hasta que se produzca su pago, atendiendo la variación del IPC, que a 31 de mayo del año en curso equivale a $81'176.164.
$7'000.000, indexada desde el 5 de marzo de 1993, hasta que se produzca su pago, atendiendo la variación del IPC, que a 31 de mayo del año en curso equivale a $41'225.516,15.
$1'250.000, indexada desde el 15 de septiembre de 1993, hasta que se produzca su pago, atendiendo la variación del IPC, que a 31 de mayo del año en curso equivale a $6'750.606,80.
Cuarto. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de este proveído, los señores Ovalle Gaitán y Pardo Bohórquez restituirán a su contraparte el apartamento ubicado en la Calle 119 No. 11D-15 de Bogotá, con sus frutos civiles, estos en proporción al derecho de cuota de los susodichos condueños, calculados a 31 de mayo de 2012 en la suma de $71'706.687, la cual se actualizará hasta la fecha en que se realice su pago, en la forma que se indicó al final de las consideraciones de esta sentencia» .
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Colegiado ad quem arribó a esa decisión luego de considerar que en el proceso quedó demostrado que entre el demandante Carlos Roberto Mancera y los demandados se celebró un acuerdo sobre el predio en disputa, que no atendió la solemnidad de la escritura pública. Negociación que impedía que respecto de él pudiera abrirse paso la acción dominical, pues « la posesión que éste le atribuye a sus demandados guarda relación con el negocio jurídico de compraventa que con estos últimos celebró Mancera Mancera ».
Del escrutinio del material probatorio estimó que el mencionado acuerdo de voluntades estaba viciado de nulidad absoluta. Por ello, devenía forzosa su declaración, aun de oficio, en aplicación de lo establecido en el artículo 306 del C.P.C. y la ley 50 de 1936.
En relación con la señora Martha Isabel Trujillo de Mancera apuntó lo siguiente: respecto de la señora Trujillo era viable la acción reivindicatoria, « en tanto que ella no integró ninguno de los extremos del pluricitado “contrato de compraventa”, según lo reflejan los documentos reseñados », que daban cuenta de los pagos que con ocasión de este se hicieron.
A partir de esto halló pacífico lo referente a la singularidad del inmueble sobre el que recae la acción reivindicatoria, la titularidad del derecho de dominio y la posesión del demandado. Extrayendo esta última de la conducta procesal de los convocados, al no contestar la demanda en que se endilgó la condición de poseedores, así como la inasistencia injustificada a la audiencia que ordena el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y a las diligencias programadas para escuchar sus declaraciones (sin que se hubiera allegado otra probanza).
Consecuente con tales premisas estimó, que ante la declaración oficiosa de la nulidad respecto del acuerdo negocial celebrado entre Mancera Mancera y los demandados y la viabilidad de la pretensión dominical de la señora Martha Isabel Trujillo de Mancera, se imponía disponer lo pertinente en relación con las restituciones mutuas que de tales determinaciones se generaban.
Tanto demandantes como demandados, inconformes con la determinación adoptada por el Tribunal, formularon recursos de casación. Sin embargo, como el extremo convocante se abstuvo de presentar la demanda, con la debía sustentar la impugnación extraordinaria, se declaró la deserción del mismo respecto de dicha parte -por auto de 26 de agosto de 2013 (fl. 8 Cd Corte)-.
III- LAS DEMANDAS DE CASACIÓN.
Los señores Jaime Orlando Ovalle Gaitán y Cecilia Pardo Bohórquez formularon demandas de manera independiente. Así y todo, la Corte estudiará estas demandas conjuntamente (al haberse admitido cargos análogos que tienen igual fundamentación argumentativa y jurídica).
En efecto, Jaime Orlando Ovalle Gaitán como soporte de su censura esgrimió cuatro (4) cargos (fls. 18 66), de los cuales esta Corporación, por auto AC7080-2014 de 20 de noviembre de 2014, decidió inadmitir el segundo y cuarto. En una palabra, se dio trámite a los cargos primero y tercero (fls 68-82).
La demandada Cecilia Pardo Bohórquez atacó la sentencia del Tribunal, con soporte en seis (6) cargos (fls. 106-173 Cd Corte). Esta Corte, con auto AC1055-2016 de 26 de febrero de 2016 (fls. 177-193 Cd Corte), inadmitió cuatro -confirmado con el proveído AC5918-16 de 7 de septiembre de 2016 (fls. 216-229)-. Es decir, se abrió paso únicamente a las acusaciones contenidas en cargos primero y tercero.
CARGO PRIMERO
Al amparo de la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, aducen los impugnantes que en el proceso se incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 140. Aseguraron que, en el caso concreto, se presentaron « inconsistencias, falencias y manifiestos errores in procedendo que afectan los derechos fundamentales de la parte demandada ». En efecto, relacionaron las falencias que a su juicio afectaron el acto de enteramiento del auto admisorio de la demanda al extremo pasivo.
Precisaron que dicha parte no ha aceptado o convalidado la nulidad que de tales irregularidades emerge. Sobre el particular, se aseguró que « [n]o ha ocurrido entonces convalidación tácita (implícita) ni tampoco expresa (por escrito) en ningún momento procesal, y por el contrario se reclamó inmediatamente tan pronto se tuvo conocimiento del proceso de la referencia inmediata y simultáneamente se esgrimió, reclamó, alegó y demandó ( el vicio procesal ) al constatarse inequívocamente la notoria existencia de los hechos anómalos, la comprobación de las falencias formales y la existencia de los vicios procedimentales que daban lugar al nacimiento de causales de nulidad acaecidas antes demandadas y que inexorablemente afectaban e invalidaban toda la actuación judicial surtida, por el trascendental motivo de haberse transgredido la regla de oro de todo procedimiento y por supuesto de todo proceso (administrativo y/o jurisdiccional), como lo es incondicionalmente verificar siempre el cumplimiento de la igualdad real y efectiva de todas las partes ante la ley y ante el proceso, garantía constitucional (arts.28 y 29 C.N.) que aquí no se ha cumplido por haberse desconocido la ley fundamental (LEX FUNDAMENTALIS) del derecho de defensa y haberse violado el principio máximo legal del debido proceso de los cuales deriva el nacimiento y existencia a la vida jurídica el instituto que contiene todas las reglas y causales de nulidad procesal ».
Indicaron que la ocurrencia del vicio procesal fue aceptada, incluso, por el propio apoderado del actor en el memorial que presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá. Y, agregaron, que « [en] todo caso nunca recibimos ningún documento u oficio citatorio, ni tampoco jamás se nos envió, ni nos llegó realmente algún aviso de notificación remitido por el Juzgado del conocimiento, ni enviado por la parte actora para que pudiéramos comparecer legalmente al proceso y poder hacernos parte para integrar el contradictorio y el litis consorcio necesario para lograr así defender nuestros derechos sustanciales, procesales y constitucionales. Artículos 28, 28 y 228 de la C. N ».
En ese orden de ideas, sostuvieron, que « es inconducente, impertinente e improcedente que se inventen cargas y deberes procesales que la norma del artículo 315 del C. De P. C, no contempla, no consagra y no contiene, y que se desfigure su verdadero autentico sentido, ya que sin que haya inequívocamente lugar a otra interpretación distinta, siempre se debe entregar el citatorio en el lugar de destino, (a la misma dirección…incisos 2do y 3ro del art. 320 del C. De P. C. ), lo cual no ocurrió en el sub examine porque contrario a lo que erradamente se inventa no se envió, no se remitió, ni se entregó exactamente (NO HAY PRUEBA) en la dirección correspondiente de que trata el libelo demandatorio (folio 23, página primera, folio 25 página tercera, folio 29 hoja siete, cuaderno principal), demostrando así de una vez por todas que el tribunal incurrió en un error manifiesto, grave e inexcusable en las providencias que denegaron las peticiones y suplicas de la nulidad procesal deprecada, las que a todas luces son ilegales por ser notoriamente contraevidentes. Ver los Autos del catorce de febrero de 2013, visible a folios 176 a 182 inclusive

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

antemano, tiene plena cabida en todos los procedimientos, valga precisar, en el civil, en el laboral, en el penal y en el administrativo, entre otros, así en el primero y específicamente en el tercero de los mencionados ámbitos haya tenido mayor expansión, aplicación y análisis. Es que a voces del mismo precepto, el debido proceso, en sí mismo, “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”.
Ahora bien, en cuanto concierne a la indicada nulidad, necesario es precisar, que a más de reflejar en la estructura constitucional del debido proceso ese carácter restringido -o si se prefiere sometido a puntuales límites- del derecho a la prueba, como se expresó en precedencia, corresponde a la citada regla de ‘exclusión de las pruebas’, cuya operancia tiene lugar cuando un medio demostrativo ha sido producido con violación de los derechos fundamentales y de los requisitos esenciales fijados en la ley, y que, por la forma en que está concebida, auscultadas las diversas tendencias que a nivel internacional existen en la materia, esto es, básicamente la anglosajona –Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Gran Bretaña-, la germánica –Alemania y Suiza- y la romana –Francia e Italia-, se evidencia una mayor proximidad del sistema colombiano a la última de ellas, caracterizada por someter las pruebas indebidamente obtenidas a un régimen sancionatorio de nulidades, todo sin perjuicio de la incardinación específica de algunos postulados pertenecientes a la corriente germánica, enderezados a posibilitar, in casu y de modo excepcional, la ponderación judicial, como se reseñará más adelante.
Al respecto, la Corte Constitucional, luego de analizar los antecedentes históricos de la citada norma de la Carta, apuntó que: “La consagración de un debido proceso constitucional impide al funcionario judicial darle efecto jurídico alguno a las pruebas que se hayan obtenido desconociendo las garantías básicas de toda persona dentro de un Estado Social de derecho, en especial aquellas declaraciones producto de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así entendida, la expresión debido proceso no comprende exclusivamente las garantías enunciadas en el artículo 29 de la Constitución sino todos los derechos constitucionales fundamentales …es claro que en el origen de la norma el constituyente buscó impedir que una prueba específica (‘la prueba’) resultado directo e inmediato (‘obtenida’) de un acto violatorio de los derechos básicos, fuera valorada en un proceso judicial” (Sentencia SU 159/02 de 6 de marzo de 2002).
4.5.
Propio es entonces manifestar que cuando injustificadamente un medio demostrativo desconoce en forma abierta los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política o en las normas legales básicas de los distintos regímenes probatorios, en principio, califica como prueba ilícita –o si se prefiere como una concreta modalidad de las apellidadas ‘prohibiciones probatorias’- y, por lo mismo, se hace acreedora de la sanción de nulidad de pleno derecho establecida en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, entre otras tipologías. Y se dice en principio, porque incluso en los aludidos sistemas anglosajón y romano, que propugnan y se inclinan por la aplicación férrea de la referida regla de exclusión probatoria, destacados sectores de la doctrina y la jurisprudencia, influenciados por la enunciada directriz de origen germánico, han autorizado puntuales excepciones a la misma, apoyados en el criterio de la ‘proporcionalidad’, responsable de la floración de las tildadas ‘válvulas de escape’, ya mencionadas tangencialmente.
4.6.
Elocuente ejemplo de lo anotado es precisamente el desarrollo experimentado por el tema en cuestión en el derecho colombiano, como quiera que la jurisprudencia emanada de la H. Sala de Casación Penal de esta Corporación, en ciertos y específicos casos, caracterizados por una evidente tensión reinante entre el derecho fundamental vulnerado con la obtención de la prueba (igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, etc.) y aquel o aquellos en que la apreciación del elemento de juicio permitiría salvaguardar (la vida, la integridad personal, la defensa, la moralidad y seguridad públicas, etc.), ha habilitado y, por ende, posibilitado la valoración de concretos medios probatorios que, por su etiología y ulterior materialización, algunos formalmente pudieren calificar de ilícitos. En otros términos, como lo pone de presente Luis Muñoz Sabaté, “En estos casos y en otros muchos, se presenta al juzgador un acuciante dilema al tener que decidir entre verdad y seguridad jurídica”
, dificultad que se palpa, por vía de referencia, en punto tocante con las grabaciones telefónicas subrepticias o sin autorización –interceptación, audición, registro o aprehensión no tolerada de las comunicaciones» . (CSJ SC-076-2007 de 29 de jun. de 2007, Rad. 2000-00751-01).
Deviene de lo anotado que no será cualquier irregularidad la que tenga la capacidad de viciar de nulidad una prueba judicial que obligue al juzgador a apartarse por completo de ella para definir en asunto puesto a su consideración, sino aquellas que trasgredan ostensiblemente garantías fundamentales.
13. En una palabra, pese a que el juzgador, indiscutiblemente no firmó el acta de posesión del auxiliar de la justicia designado -señor Misael Robayo-, aquella omisión no constituye una violación del procedimiento que invalide la prueba.
14. Con lo indicado, el cargo no prospera.
15. Vista la improsperidad de las censuras planteadas por los recurrentes es de rigor imponerles el pago de las costas por el trámite de la impugnación extraordinaria, como en efecto se dispondrá.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de julio de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo que promovieron Carlos Alberto Mancera Mancera y Martha Isabel Trujillo de Mancera contra Jaime Orlando Ovalle Gaitán y Cecilia pardo Bohórquez.
Costas a cargo de la parte recurrente. Atendiendo que la parte actora hizo presencia en este trámite, dando respuesta al recurso, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $3.000. 000.oo.
Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación surtida al Tribunal de origen.
Notifíquese y devuélvase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
� Este documento corresponde al memorial con el cual el apoderado de los demandantes allega al proceso los documentos referidos al acto de notificación.
� Ver su escrito de demanda folio 125.
� Luis Muñoz Sabaté. Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Temis, Bogotá, 1997, pág. 60.
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC5105-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-12-14. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2010-00177-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC5105-2020%20%5B2010-00177-01%5D).
