---
clave: "corte_suprema:providencia:SC4961-2019 [2008-00448-01]"
titulo: "Corte Suprema: el propietario interesado en la desvinculación del vehículo no podrá prestar sus servicios en otra empresa"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-11-15"
radicado: "2008-00448-01"
numero: "SC4961-2019"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4961-2019%20%5B2008-00448-01%5D"
---

# Corte Suprema: el propietario interesado en la desvinculación del vehículo no podrá prestar sus servicios en otra empresa

- **Título oficial / radicado:** SC4961-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-11-15
- **Radicado:** 2008-00448-01
- **Número:** SC4961-2019
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4961-2019%20%5B2008-00448-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4961-2019%20%5B2008-00448-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDk2MS0yMDE5IFsyMDA4LTAwNDQ4LTAxXS5kb2M%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

El propietario interesado en la desvinculación del vehículo no podrá prestar sus servicios en otra empresa hasta tanto no se haya autorizado la desvinculación.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 171 de 2001
- Ley 105 de 1993
- Ley 336 de 1996

## Extracto

Desvinculación administrativa por solicitud de la empresa . Ninguno de esos defectos se configura en esta ocasión, ya que el escrutinio que hizo el sentenciador se hizo con un razonamiento lógico del contenido, concatenado con las estipulaciones de derecho privado aplicables y las que regulan el servicio de transporte público de pasajeros, sin que se aprecien alejamientos o el desprecio de algún ajuste dentro del contexto factual delineado por los intervinientes. Debe quedar perfectamente claro que una vez formalizado el contrato de vinculación automotor se generan los llamados "efectos vinculantes" para las partes que se ven impelidas al cumplimiento de lo pactado en forma espontánea o forzadamente mediante acción coercitiva; efectos que mueren o fenecen por decisión de ellas mismas, o como resultado de cláusulas resolutorias expresas o por decisión unilateral (si se ha concedido por los contratantes o la ley este derecho).

## Cita textual

> en contractos de tracto sucesivo no procede la resolución contractual

## Texto del documento

Radicación n° 05001-31-03-011-2008-00448-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC4961-2019
Radicación n° 05001-31-03-011-2008-00448-01
(Aprobada en sesión de trece de marzo de dos mil diecinueve)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 14 de mayo de 2014, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que adelantó la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. “Coonorte” contra Jaime Enrique Yepes Gómez, donde éste reconvino.
I.- EL LITIGIO
1.- La empresa de transporte solicitó disponer la resolución del contrato de vinculación del automotor de placas SNK952 celebrado con Jaime Enrique Yepes Gómez el 6 de febrero de 2006, por expiración del término pactado a partir del 6 de febrero de 2008, sin que existiera la obligación de renovarlo ni diligenciar una nueva tarjeta de operación del automotor, así como a reconocer alguna suma, por lo que la contraparte está compelida a tramitar en forma conjunta la desvinculación del rodante ante el Ministerio de Transporte.
En subsidio, pidió declarar nulo ese vínculo de administración ya que a la luz del artículo 983 del Código de Comercio únicamente puede ser acordado con los dueños y él solo es copropietario.
Relató en sustento que el 6 de febrero de 2006 Jaime Enrique afilió a la compañía el bus de placas SNK952, de propiedad suya y de Weimar Hoyos Gómez, por dos años y con la advertencia expresa en la cláusula octava de que era causal de terminación el vencimiento del plazo convenido y no había prórroga automática, como se les recordó a ambos en comunicación de 6 de diciembre de 2007.
Pese a lo anterior, Yepes Gómez se dirigió al Ministerio de Transporte para que le expidieran tarjeta de operación, ya que en su sentir la relación seguía vigente al tenor de los artículos 56 a 58 del Decreto 171 de 2001, lo que es improcedente ya que de conformidad con los artículos 61, 65 y 66 ibídem es una atribución exclusiva de la empresa.
El Director Territorial del Ministerio de Transporte Ad-hoc Antioquia expidió la Resolución 071 de 7 de febrero de 2008 en la que declaró legalmente vinculado al servicio público de transporte el bus SNK952, acto que se impugnó y está siendo debatido en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Coonorte entiende desvinculado el automotor desde el 6 de febrero de 2008 y está legitimada para acudir a esta acción ante la jurisdicción ordinaria para que se precise que el contrato dejó de surtir efectos, porque el comunero entiende que continúan en rigor por las actuaciones de la administración (fls. 1 al 9 cno. 1).
2.- Jaime Enrique Yepes Gómez se opuso y excepcionó « ausencia de causa para pedir resolución », « violación del debido proceso », « abuso de posición dominante », « ausencia de causa para pedir la
terminación del contrato
de vinculación », « carácter de orden público e imperativo de las normas que rigen el servicio público de transporte terrestre de pasajeros », « expresa estipulación contractual acogiéndose al régimen de desvinculación administrativa », « en contractos de tracto sucesivo no procede la resolución contractual », « temeridad y mala fe » y « la copropiedad sobre un inmueble hace al comunero dueño de la cosa, la norma al hablar de dueño o propietario no distingue en que sea único o codueño con un tercero. La solidaridad en materia comercial se presume » (fls. 66 al 88 cno. 1).
Adicionalmente, presentó demanda en reconvención para establecer la continuidad del nexo y el incumplimiento de los deberes por la cooperativa de « tramitar su tarjeta de operación y programar el vehículo vinculado en su plan de rodamiento» , con cargo de satisfacerlos y responder por los perjuicios causados que discriminó en $20’505.000 por daño emergente, $417’080.000 de lucro cesante, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes de daño moral e igual monto por afectación a la vida de relación, todo ello debidamente indexado.
Basó sus aspiraciones en que, para atender la invitación de vinculación de vehículos tipo thermo cero kilómetros que hizo Coonorte a sus afiliados a finales de 2003, adquirió en compañía de Weimar Hoyos Gómez el bus de placas SNK952 y de consuno con éste quedó como guardador único, por lo que en esa condición celebró el contrato con la transportadora.
Después de dos años de estar operando, el 6 de febrero de 2006 se celebró un nuevo acuerdo leonino y con cláusulas abusivas, en cuya ejecución se le exigieron sumas no estipuladas para continuarlo al vencimiento, a lo que se negó luego de instruirse de la normativa aplicable y, en vista de que el 7 de diciembre de 2007 le devolvieron la documentación aportada para obtener la nueva « tarjeta de operación », radicó queja ante el Ministerio de Transporte a fin de que le fuera expedida, entidad que en Resolución 000071 de 7 de febrero de 2008 ratificó la continuidad en la vinculación y renovó la tarjeta de operación hasta el 25 de abril de 2008.
A pesar de dicho acto administrativo, la empresa insiste en que la relación culminó y se ha negado a incluir el bus en el plan de rodamiento, permitir el acceso al parqueadero y gestionar la tarjeta de operación, entre otras conductas que le han ocasionado un considerable detrimento (fls. 1 al 22 cno. 2).
3.- La reconvenida se enfrentó a lo perseguido por su contraparte y propuso las defensas de « ineptitud sustantiva de la demanda », « indebida fundamentación del libelo demandador, pues trae actos sin vigencia del Ministerio de Transporte y, además ilegales », « buena fe e inexistencia de la obligación » y « el contrato es ley para las partes » (fls. 217 al 253 cno. 2)
4.- El Juzgado Adjunto al Undécimo Civil del Circuito de La Mesa, en sentencia de 27 de junio de 2012, declaró probada la « ausencia de causa para pedir la
terminación del contrato
de vinculación » y negó tanto las pretensiones de Coonorte como las de Jaime Enrique Yepes Gómez, porque el contrato materia de disputa era a término fijo y desde que se planteó la litis ya estaba terminado, sin que fuera posible hacer reclamaciones recíprocas derivadas del incumplimiento de algo que ya no existe (fls. 392 al 411 cno. 1).
5.- Apelaron ambas partes (fls. 415 al 444 cno. 1), ante lo cual el superior mantuvo la determinación adversa respecto de las aspiraciones indemnizatorias de Jaime Enrique Yepes Gómez y revocó lo resuelto en cuanto a Coonorte, para en su reemplazo dar por extinguidas las obligaciones derivadas del contrato en discusión « en virtud de haber expirado el término de duración », por lo que Yepes Gómez « debe suscribir conjuntamente con la empresa la solicitud de desvinculación administrativa del vehículo automotor de placas SNK952, de conformidad con el artículo 55 del Decreto 171 de 2001 » (fls. 370 al 381 cno. 19).
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El debate se centra en determinar si debe ratificarse la extinción de las obligaciones por expiración del término pactado en el contrato de vinculación, conforme a la interpretación del libelo inicial, o la declaración de su incumplimiento por inaplicación del primer parágrafo del artículo 57 del Decreto 171 de 2001, con la consecuente indemnización que persigue el opositor.
El transporte de personas o cosas constituye un servicio público esencial a la luz de lo dispuesto en los artículos 24, 333 y 365 de la Constitución Política, 3° de la Ley 105 de 1993 y 2° de la Ley 336 de 1996, cuyo desempeño se sujeta al ordenamiento que regula el tema, sin que por ello se pueda desconocer la autonomía de la voluntad que tienen los propietarios de los vehículos para convenir con las empresas prestadoras aspectos puntuales como « duración, causales de terminación, preavisos, etc.; agregando todas las notas particulares y distintivas que le sean propias en la determinación de los derechos y obligaciones que no contravengan ninguna disposición de orden público o las especiales y propias del servicio », según dispone el artículo 54 del Decreto reglamentario 171 de 2001.
En esta ocasión impera todo lo previsto de consuno sobre las « condiciones de validez, efectos, interpretación y disolución del contrato de vinculación », ya que en el clausulado no se vislumbra un desequilibrio en las obligaciones adquiridas y los aspectos generales no desbordan el marco de autonomía fijado por el último precepto.
Las partes fijaron como causal de terminación del nexo el « vencimiento del término estipulado » y una duración de dos años contados a partir del 6 de febrero de 2006, lo que está dentro del ámbito convencional e incluso encaja en las indicaciones del referido artículo 54, por lo que agotados los pasos del parágrafo de la cláusula octava « no existe la posibilidad, remota siquiera, de arribar a una conclusión distinta a tener como extinguidos el derecho y las obligaciones que tal pacto generó », con lo que prosperarían las pretensiones de Coonorte Ltda.
Mientras que el contrato de vinculación se formaliza con su firma y la incorporación del vehículo al parque automotor de la empresa (art. 53 id), la oficialización consiste en la expedición de tarjeta de operación por el Ministerio de Transporte, como se distinguió en CE SSCA 22 ago. 2011, con la cual se autoriza al rodante que cumple con el anterior paso para prestar el servicio por dos años y cuya renovación debe gestionar la empresa si se cumplen las exigencias de ley, entre ellas certificar « la existencia de los contratos de vinculación vigentes de los vehículos » (arts. 61 a 63 y 65 id.), por lo que mal podría exigirse dicho trámite respecto de « un contrato finalizado lícitamente, con derechos y obligaciones extinguidas ».
En lo que tiene que ver con la administración pública el Decreto 171 de 2001 prevé tres formas de obtener la desvinculación de los vehículos. La primera por el común acuerdo entre la empresa y el propietario, informado por escrito, ya sea durante su vigencia o como « una simple consecuencia inmediata del vencimiento del término que de "común acuerdo" hubiesen pactado », cual ahora ocurre (art. 55 id). Las dos restantes por « desvinculación administrativa », una vez « vencido el contrato de vinculación » y por causales taxativas, ya a solicitud del propietario por trato discriminatorio en el plan de rodamiento, el cobro de sumas por conceptos no pactados o dejar de gestionar los documentos de transporte a pesar de reunir las exigencias de rigor (art. 56 id.); ora por iniciativa de la empresa ante el incumplimiento del plan de rodamiento, la falta de acreditación de requisitos, dejar de cancelar las sumas pactadas, negarse a efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo o desatender los aportes obligatorios al fondo de reposición (art. 57 id).
Los últimos dos eventos se refieren a « un procedimiento netamente administrativo » durante el cual el propietario no puede prestar el servicio en otra empresa y ésta debe permitir que el vehículo siga trabajando como lo venía haciendo, mientras se decide sobre la desvinculación, como se dijo en CE SSCA 22 ago. 2011 y concepto CE SCSC de 3 de abril de 2003, por lo que en contra de lo que señala el opositor, no estaban dadas las condiciones para que la transportadora agotara la vía administrativa posterior al vencimiento del contrato de vinculación, toda vez que, como ella misma señaló, ninguna de las conductas previstas en la norma estaba configurada, por lo que mucho menos debía prolongar los efectos del convenio hasta la producción de acto administrativo alguno.
Por el contrario, el propietario del vehículo sí contaba con la posibilidad de acudir a ese procedimiento por el cobro de sumas no pactadas, en lo que sustenta su reconvención por grave incumplimiento de las obligaciones de la empresa, « perdiendo así la posibilidad que ahora predica para su oponente ».
En consecuencia, todas las defensas propuestas por Yepes Gómez bajo la perspectiva de que « se imponía en este evento el trámite de la desvinculación administrativa para la
terminación del contrato
», quedan sin sustento jurídico y las que « se limitan a rechazar de plano las pretensiones de la solicitud, es decir, que niegan el derecho invocado » no ameritan una respuesta específica por carecer de la connotación de excepciones.
En cuanto a la reconvención, que se basa en el incumplimiento del parágrafo 1° del artículo 57 del Decreto 171 de 2001, « no estando probado el supuesto de hecho contenido en ella, tal y como atrás se concluyó, está llamada a fracasar », porque en virtud de la autonomía privada los pactantes quedaron atados a lo acordado y era « perfectamente válida como causa para la terminación del negocio jurídico la llegada del término previsto para su duración », con el debido preaviso, para quedar desligadas a futuro de toda controversia, ya que Coonorte Ltda. ni

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

cno. 1), corresponden a actos administrativos con alcance particular de renovación de la tarjeta de operación vencida el 6 de febrero de 2008, hasta el 25 de abril « fecha en la cual vence la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara los vehículos afiliados a la empresa de transporte Coonorte, entre los cuales se encuentra asegurado el vehículo de placas SNK952 » (fls. 112 al 117), por lo que a la presentación del escrito introductorio el 18 de septiembre de esa anualidad ya habían perdido efecto y de todas maneras las opiniones consignadas en las consideraciones no tienen el alcance de comprometer la labor del juez ordinario.
Además, la sola circunstancia de que el Director Territorial Ad-hoc Antioquia del Ministerio de Transporte concediera una simple extensión de algo más de dos meses, cuando el artículo 63 del Decreto 171 de 2001 prevé que « [l]a tarjeta de operación se expedirá por el término de dos (2) años y podrá modificarse o cancelarse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación », quiere decir que su campo de acción en ese momento se restringía a verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 65 ibídem para « obtener o renovar la tarjeta de operación », sin extenderse a decidir sobre cualquier otro aspecto ajeno a su competencia.
Como para la época en que se trabó la contienda ni siquiera contaba el vehículo con tarjeta de operación vigente que permitiera destinarlo a la prestación del servicio público de transporte, ninguna incidencia tenía en la determinación a tomar la decisión que permitió desempeñar la actividad desde la fecha de vencimiento del contrato de vinculación a la de cobertura del seguro de responsabilidad, bajo una interpretación de la normatividad que solo aplicaba para fines administrativos.
4.- Recapitulando, al contrastar la propuesta del ataque con la forma como abordó el estudio del caso el juzgador y sopesó los diferentes medios de convicción recaudados, antes que una equivocación manifiesta al momento de desatar el litigio queda en evidencia una simple inconformidad del opositor con el resultado que lo torna insuficiente para derrumbar una determinación que arriba a la Corte amparada con una presunción de acierto.
Al respecto en SC4958-2015 se recordó como
[e]n razón a que las acusaciones examinadas se fundamentaron en la incursión del Tribunal en «error de hecho» en la valoración de los medios de prueba, debe precisarse que del inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que su eficacia para desvirtuar las bases del fallo impugnado en casación, deriva de que sea manifiesto u ostensible, además de trascendente y que se concrete su demostración, en principio, a través del cotejo o parangón entre el contenido de los medios de prueba apreciados erróneamente, con lo deducido de los mismos por el sentenciador, o lo que este dejó de tener por demostrado, a partir de aquellos cuya valoración pretirió, y mediante la exposición de una argumentación clara y exacta, revelar la contrariedad de las ideas obtenidas por el juzgador con el verdadero sentido de las plasmadas en los elementos de juicio.
Acerca del señalado equívoco, esta Corporación ha expuesto que «atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (…), es decir, acontece: ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento».
Ha de ser tal la notoriedad y gravedad del yerro que de su solo planteamiento surja que «el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (…), se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (…), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (…)’ (…)’» (CSJ SC, 4 Abr 2013, Rad. 2002-09414).
Luego, cuando el casacionista le endilga al sentenciador haber cometido yerros de facto, tiene la carga de «individualizar las pruebas sobre las cuales recae el equívoco» y además debe «demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta; de tal suerte que la valoración que de aquéllas haya realizado el sentenciador se muestre ostensiblemente contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación», sin que su labor pueda reducirse a «una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia…» (CSJ SC, 13 Dic 2012, Rad. 2004-00141-01).
5.- Como no se demostró yerro de facto alguno, decae la censura.
6.- Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, habrá de imponerse al contradictor el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta la réplica de la gestora (fls. 104 al 126).
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de mayo de 2014, proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que adelantó la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. contra Jaime Enrique Yepes Gómez, donde éste reconvino.
Costas a cargo del opositor y a favor de la promotora. Inclúyase la suma de $6’000.000 por concepto de agencias en derecho. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
� Aparte declarado nulo en sentencia del Consejo de Estado de 22 abr. 2011, rad. 2008-00199-00
� Ibídem.
� Id.
45

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4961-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-11-15. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2008-00448-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4961-2019%20%5B2008-00448-01%5D).
