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clave: "corte_suprema:providencia:SC4853-2021 [2002-00094-01]"
titulo: "Corte Suprema: ni la actividad desarrollada por las demandantes puede tildarse de ilegal"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-11-18"
radicado: "2002-00094-01"
numero: "SC4853-2021"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: ni la actividad desarrollada por las demandantes puede tildarse de ilegal

- **Título oficial / radicado:** SC4853-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-11-18
- **Radicado:** 2002-00094-01
- **Número:** SC4853-2021
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4853-2021%20%5B2002-00094-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4853-2021%20%5B2002-00094-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvMTEuLSBOb3ZpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzQ4NTMtMjAyMSBbMjAwMi0wMDA5NC0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 14 de 1991
- Ley 42 de 1985

## Extracto

El enunciado según el cual quien ocupe el espectro electromagnético sin autorización es un operador clandestino, que es de la esencia de la norma superior que se dice infringida (art. 24 ley 182 de 1.995), no se opone per se a que el legislador opte, antes que sancionar, por dar la oportunidad a este tipo de operadores de adecuarse a la formalidad, con miras a asegurar la percepción de recursos para el Estado, de poderlos vigilar y controlar, como se señala en el parágrafo del artículo 1° del artículo 8° de la ley 335 de 1.996. Tal fijación antelada surte el efecto de exonerar al demandante de demostrar la existencia, cuantía y naturaleza de los perjuicios causados, pues estos se presumen de derecho y como su monto se tiene el libremente señalado por las partes y, en principio, es improcedente su acumulación con otra reparación, a menos que así se haya convenido en el contrato. Remítase el expediente a la Corporación de origen.

## Texto del documento

Radicación n° 08001-31-03-001-2002-00094-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
SC4853-2021
Radicación No. 08001-31-03-001-2002-00094-01
(Aprobado en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
Procede la Corte, en sede de instancia, a proferir sentencia sustitutiva dentro del proceso ordinario promovido por TV Cable Guajira 2000 Ltda. y Cable TV de Sucre Ltda. contra Satelcaribe S.A., Cablevista S.A. y Televista Telecomunicaciones S.A.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandantes acudieron a la jurisdicción para que, en razón del incumplimiento de los contratos celebrados con las llamadas a juicio, a las últimas se les condenara a restituir “ las redes, equipos de cabecera instalados, herramientas y enseres con los que actualmente se presta el servicio de televisión por suscripción (Televisión informal)” en las ciudades de Riohacha, Maicao y Sincelejo, y a pagar “ las compensaciones y (…) las asesorías acordadas, debidamente reajustadas”, señaladas en los hechos 23.1 y 23.2 del libelo introductor, además de la
cláusula penal
consignada en la “cláusula OCTAVA de cada uno de los contratos denominados PROMESA DE COMPRAVENTA, por los valores, debidamente ajustados indicados en el hecho 27, numeral 27.1 y 27.2” y los perjuicios materiales ocasionados.
2. En sustento de sus pretensiones, adujeron que la Comisión Nacional de Televisión convocó a una licitación pública para la concesión de contratos de operación y explotación del servicio público de televisión por suscripción, proceso en el que resultaron favorecidas Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A.
3. El 30 de mayo de 2000, las convocantes suscribieron con las citadas sociedades dos negocios jurídicos que titularon: “promesa para celebrar un contrato” . Allí acordaron, entre otras cosas, que las primeras venderían a las segundas los bienes muebles destinados a la prestación del servicio de televisión por suscripción en las locaciones de Riohacha, Maicao y Sincelejo, y les cederían los convenios vigentes de arrendamiento sobre los inmuebles donde realizaban la mencionada operación y aquellos de ejecución periódica con los usuarios.
4. En la cláusula quinta del acuerdo con TV Cable Guajira 2000 Ltda., las promitentes compradoras se obligaron a pagar a la mencionada sociedad, la cantidad de $12.000.000 mensuales “a título de asesoría, durante todo el término que transcurra desde la fecha de entrega de lo prometido en venta, hasta cuando se haga efectivo el pago total del precio” ; en tanto, en homóloga estipulación del negocio signado con Cable TV de Sucre Ltda., Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A. se comprometieron a cancelar la suma de $10.000.000 cada mes por concepto de “compensación” , durante el mismo lapso antes referido.
5. La compañía Televista Telecomunicaciones S.A., con ocasión del mandato comercial con representación suscrito con las enjuiciadas, ha operado y explotado el servicio público de televisión en la zona norte del país desde el 2 de junio de 2000, pese a la existencia de prohibiciones legales, pues, no tiene la calidad de concesionaria del servicio.
6. Las demandadas dejaron de pagar las cifras prefijadas como compensaciones y asesorías con sus correspondientes reajustes, incurriendo en incumplimiento de sus obligaciones (folios 153 a 169, cno.1).
7. Admitido el escrito inaugural (folios 171 y 172, ib.), las convocadas se opusieron al petitum (folios 215 a 227, ib.) y, para el efecto, formularon las excepciones de mérito que denominaron “nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa por objeto ilícito” y “contrato no cumplido” .
8. Agotado el trámite de la instancia, el 3 de julio de 2015, el a quo profirió sentencia que desestimó las excepciones planteadas por las llamadas a juicio, declaró resueltos los convenios motivo de la acción, ordenó a las demandadas devolver a su contraparte los bienes objeto de dichos negocios y pagar la
cláusula penal
, los perjuicios y las costas del proceso.
Para arribar a dicha conclusión señaló que las promotoras de la acción demostraron la satisfacción de las obligaciones a su cargo, mientras que las concesionarias no pagaron los equipos entregados, ni observaron cabalmente los términos de las promesas de venta (fls. 584 a 588, cno. 1, Tomo 3).
9. Contra la anterior decisión, la demandada Cablevista S.A. interpuso recurso de apelación, con fundamento en que las promesas de compraventa no cumplen los requisitos establecidos en la legislación civil, particularmente los contemplados en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, en tanto no expresaron el plazo que fijara la época en que debía celebrarse el negocio prometido y no se identificaron a plenitud los bienes sobre los cuales recayeron. Analizados desde el estatuto mercantil tampoco satisfacen las exigencias reclamadas por esa normatividad.
A la par de lo anterior, los convenios comprenden un objeto ilícito, toda vez que las demandantes prestaban de manera “informal” el servicio de televisión por cable, pues no se demostró en el plenario que contaran con autorización, permiso o concesión conferida por el Estado para ejercer la indicada actividad y habilitara la celebración de contratos relativos a la misma como los de suscripción con los usuarios, los cuales se pretendieron incluir en los pactos preparatorios.
Añadió la recurrente que la funcionaria de primer nivel soportó la condena impuesta en una experticia violatoria del artículo 870 del Código de Comercio, pues cuando lo pretendido es la resolución por incumplimiento, acorde con este canon procede la indemnización de los perjuicios compensatorios y no los moratorios liquidados por el perito, admisibles sólo si el petitum de la demanda se dirige a hacer efectiva la obligación insatisfecha.
De otra parte, cuestionó la negativa de la indemnización a que se contrae la regla 925 del compendio comercial, derecho a favor de los convocados emanado de la falta de saneamiento de la tradición de los bienes objeto de las promesas en razón de la ilegalidad del servicio prestado por las promitentes vendedoras. La inobservancia de esta obligación produjo el incumplimiento automático de los acuerdos celebrados.
Por último, reprochó la desatención del precepto 948 ejusdem porque la providencia impugnada no reconoció su derecho a la restitución de la parte pagada del precio con deducción de la pena concertada por las partes.
10. En fallo proferido el 22 de febrero de 2017, el ad quem revocó lo resuelto en la primera instancia y declaró oficiosamente la nulidad absoluta de las promesas de compraventa, condenando a las encartadas a restituir los bienes recibidos en razón de los negocios, y a las convocantes a devolver, debidamente indexadas, las sumas recibidas por concepto de asesorías. Fundó su determinación en la ausencia de plazo o condición que fijara la época de celebración de las enajenaciones (folios 45 a 59, cno. Tribunal).
11. Formulada por las reclamantes la impugnación extraordinaria, mediante el pronunciamiento SC5224-2019, la Corte casó el veredicto del Tribunal, cardinalmente por encontrar que incurrió en yerro fáctico en la apreciación de los documentos allegados como soporte de las pretensiones, al imponerles el acatamiento de “solemnidades innecesarias para la compraventa de bienes muebles” .
Tal desacierto, se indicó, fue producto de inobservar el contenido objetivo de los convenios, del cual brotaba “el acuerdo definitivo sobre la cosa que las vendedoras transferían y el precio que las compradoras pagarían en los plazos determinados”. Respecto de las cesiones ajustadas por los litigantes respecto de los contratos de televisión por suscripción y de arrendamiento de los inmuebles empleados para la operación comercial, así como en relación con los pagos por comisiones y asesorías, el sentenciador cometió idéntica equivocación, pues soslayó que aquellos se celebraron efectivamente (folios 35 a 49, cno. Corte).
12. Previo a proferir la decisión de reemplazo, se ordenó como prueba de oficio, oficiar al Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla para que remitiera copias auténticas de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2008 dentro del juicio que allí cursó entre Cable TV de Sucre Ltda., Cablevista S.A. y Satelcaribe S.A., el pronunciamiento de segunda instancia, si lo hubo, la demanda, su contestación y el contrato sobre el que versó el juicio.
Agregadas a la actuación las indicadas piezas procesales y puestas en conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes, procede la Sala a desatar la alzada propuesta por la demandada Cablevista S.A.
II. CONSIDERACIONES
1. Satisfechos los presupuestos procesales y ante la ausencia de irregularidades invalidantes de lo actuado, la decisión de esta sede se limitará a las inconformidades manifestadas por la apelante que no fueron objeto de auscultación al resolver el recurso extraordinario de casación, pero antes de emprender dicho laborío es menester pronunciarse en relación con el medio de cognición recaudado oficiosamente.
1.1. Como respuesta a la comunicación enviada por la Corte, el juzgador requerido remitió copias auténticas de los siguientes documentos:
a) Demanda impetrada por las sociedades Cablevista S.A. y Satelcaribe S.A. frente a Cable TV de Sucre Ltda., en la cual persiguieron la revisión y reajuste de las condiciones pactadas en el contrato que suscribieron el 30 de mayo de 2000, rotulado por ellas como “promesa para celebrar un contrato” , al haberse presentado “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración” que “agravaron las prestaciones económicas de futuro cumplimiento” a su cargo.
b) Contestación al libelo presentada por la curadora ad litem de las enjuiciadas, quien no se opuso a las pretensiones y manifestó conformidad con lo que resultara probado en el proceso (folio 70 ib.).
c) Sentencia proferida por el juzgado remitente el 19 de noviembre de 2008, que denegó las peticiones de las gestoras y oficiosamente declaró la ausencia de efectos del convenio, esencialmente por no señalar la ciudad y hora de celebración del negocio jurídico prometido (folios 71 a 81, ib.).
d) Proveído de 4 de junio de 2009, mediante el cual se declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por Cable TV de Sucre Ltda.[footnoteRef:1] contra la decisión antecedente, debido a la falta de sustentación de dicho mecanismo (folios 82 y 83, ib.). [1: La sociedad fungía como demandada en ese litigio.]
1.2. De los anteriores medios suasorios se extrae que la controversia debatida con anterioridad a la presente causa judicial se suscitó entre Cablevista S.A., Satelcaribe S.A. y Cable TV de Sucre Ltda., al verificarse, según invocaron las dos primeras sociedades, “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles” posteriores a la celebración del acuerdo, que alteraron y tornaron demasiado onerosas las prestaciones económicas que a futuro estaban llamadas a cumplir, razón por la cual pretendieron el reajuste “en equidad” del contenido de algunas de las estipulaciones acordadas.
El juzgador, al dirimir la instancia, determinó que el acuerdo de voluntades sometido a su escrutinio, coincidente con uno de los analizados en sede de la súplica extraordinaria, no producía ninguna clase de efectos como promesa mercantil, pues carecía de especificación de las circunstancias de tiempo y locación en que sería celebrado el contrato prometido, precisiones propias de esa tipología contractual que debían resguardarse a la hora de su confección.
1.3. La reseñada decisión es consonante con la adoptada por esta Corporación en relación con el acuerdo concertado el 30 de mayo de 2000 entre Cable TV de Sucre Ltda., Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A., pues después de analizar el contenido de las convenciones celebradas entre las mencionadas operadoras del servicio de televisión por suscripción en las áreas de Riohacha, Maicao y Sincelejo y las sociedades que obtuvieron la concesión del Estado para prestarlo en esas comunidades, la Sala determinó que ninguno de esos pactos estaba llamado a surtir los efectos que por ley se atribuyen a los negocios preparatorios, pero sí aquellos que generan los contratos de compraventa de bienes muebles, los cuales, en el sub iudice , se perfeccionaron al alcanzar las partes un acuerdo sobre la cosa y el precio, sin necesidad de cumplir solemnidad alguna para la existencia y validez de las enajenaciones.
De lo expuesto deviene la habilitación de la Corte para proveer, en segunda instancia, respecto de los dos negocios jurídicos que fueron escrutados en la impugnación extraordinaria.
2. Superado el análisis preliminar anunciado ab initio , aborda la Sala la alzada propuesta por la convocada Cablevista S.A., cuyos argumentos, en síntesis, son:
a) Las promesas de compraventa no cumplen las exigencias consagradas en el artículo 83 de la Ley 153 de 1887 que reformó el canon 1611 de la codificación civil ni en las normas mercantiles, pues no

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

l cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal” .
Tal fijación antelada surte el efecto de exonerar al demandante de demostrar la existencia, cuantía y naturaleza de los perjuicios causados, pues estos se presumen de derecho y como su monto se tiene el libremente señalado por las partes y, en principio, es improcedente su acumulación con otra reparación, a menos que así se haya convenido en el contrato.
De esa manera lo ha considerado esta Corte luego de precisar que:
(…) la
cláusula penal
como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la
cláusula penal
y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser diferente tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda, para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato” (CSJ SC 23 may. 1996, rad. 4607, reiterada en CSJ SC170-2018, 15 feb., rad. 2007-00299-01).
Luego, del incumplimiento por parte la recurrente de las obligaciones de su resorte dimana su responsabilidad frente a los perjuicios inferidos a las convocantes, pero no debió ignorar la falladora a quo la indebida acumulación de pretensiones contenida en la demanda para, en su lugar, darle vía libre.
En efecto, habiéndose concertado en los dos contratos aducidos, una sanción o pena para el caso de incumplimiento de la obligación principal contraída por cada uno de los ahora contendientes: $200.000.000 en el caso del negocio celebrado con TV Cable Guajira 2000 Ltda. y $500.000.000, en el del pacto ajustado con Cable TV de Sucre Ltda., sin que hubieran prefijado la posibilidad de una reparación adicional por concepto de los daños ocasionados, el reclamo de resarcimiento efectuado en la pretensión cuarta del libelo introductorio[footnoteRef:16] resultaba claramente improcedente. [16: Folio 164, cno. 1.]
Tal circunstancia impone modificar lo decidido en la sentencia impugnada sobre el particular, pero sólo en beneficio de la sociedad Cablevista S.A., pues esta fue la única apelante como se advierte en el memorial mediante el cual propuso la alzada[footnoteRef:17], de modo que al no recurrir la empresa Satelcaribe S.A., asintió la condena impuesta. [17: Folios 590-591, cno. 3.]
La anterior consideración determina que sea innecesario proveer sobre el alegado desconocimiento del artículo 870 mercantil tanto por el perito que rindió la experticia atendida en el fallo como por la juzgadora, pues la
cláusula penal
es comprensiva de todos los perjuicios que podían causarse a los negociantes y excluye, como se indicó, cualquier otra estimación.
2.4. Resta por examinar el punto atinente a las restituciones mutuas, en el cual asiste razón a la discrepante, porque según lo estatuido en el último inciso del artículo 948 de la codificación comercial “{c}cuando el vendedor obtenga que se decrete la restitución de la cosa tendrá derecho el comprador a que previamente se le reembolse la parte pagada del precio, deducido el valor de la indemnización o pena que se haya estipulado, o la que en defecto de estipulación fije el juez al ordenar la restitución”.
2.4.1. En los hechos 23.1.1. y 23.1.2. de la demanda, las reclamantes confesaron que a la sociedad Cable TV de Sucre Ltda. le fue pagada la suma de $129.876.000 a título de las “compensaciones” acordadas en la cláusula quinta del contrato celebrado con ella; en tanto a TV Cable Guajira 2000 Ltda. se le canceló la cantidad de $108.000.000 por concepto de las “asesorías” convenidas en la estipulación homóloga del negocio suscrito con esa empresa[footnoteRef:18]; empero, como tales cifras resultan ser inferiores a las instituidas convencionalmente en las cláusulas penales, no hay lugar a su reembolso. [18: Folio 161, cno. 1.]
3. Sobre las demás restituciones recíprocas no contempladas en la sentencia recurrida, las cuales ameritan pronunciamiento oficioso, debe repararse en que ni los frutos civiles ni las mejoras fueron debidamente acreditadas en el plenario.
4. Corolario de lo discurrido, se confirmará parcialmente la determinación que por vía de apelación se ha revisado en el entendido que los contratos allegados con la demanda corresponden a compraventas como así se dejó claro al dirimir el remedio extraordinario de casación. No hay lugar a condenar en costas ante la prosperidad relativa del recurso vertical.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la condena impuesta a la demandada Cablevista S.A. en los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva del fallo proferido por el juzgado de primera instancia. Por lo tanto, se MODIFICAN y quedan como sigue :
“5 - Condenar a Satelcaribe S.A. a pagar a Cable TV de Sucre Ltda. la suma de $500.000.000 correspondiente al valor de la
cláusula penal
pactada en la cláusula octava del contrato celebrado con dicha sociedad el 30 de mayo de 2000 y por perjuicios la suma de $3.644.649.814” .
“6 - Condenar a Satelcaribe S.A. a pagar a TV Cable Guajira 2000 Ltda. la cantidad de $200.000.000 correspondiente al valor de la
cláusula penal
pactada en la cláusula octava del contrato celebrado con dicha sociedad el 30 de mayo de 2000 y por perjuicios la suma de $4.929.376.456” .
SEGUNDO: ADICIONAR la providencia impugnada, con el fin de NEGAR el reconocimiento de frutos civiles y mejoras, atendiendo los motivos señalados en el apartado considerativo de esta determinación.
TERCERO: CONFIRMAR , en lo demás, la sentencia objeto de impugnación.
CUARTO: Sin costas en la segunda instancia.
Remítase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4853-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-11-18. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2002-00094-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4853-2021%20%5B2002-00094-01%5D).
