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clave: "corte_suprema:providencia:SC4667-2021 [2015-00635-01]"
titulo: "Corte Suprema: el mandato 1928 de esa obra normativa no es de la estirpe comentada"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-19"
radicado: "2015-00635-01"
numero: "SC4667-2021"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: el mandato 1928 de esa obra normativa no es de la estirpe comentada

- **Título oficial / radicado:** SC4667-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-19
- **Radicado:** 2015-00635-01
- **Número:** SC4667-2021
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4667-2021%20%5B2015-00635-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4667-2021%20%5B2015-00635-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvMTEuLSBOb3ZpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzQ2NjctMjAyMSBbMjAxNS0wMDYzNS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Las equivocaciones en que puede incurrir el enjuiciador en su labor investigativa de la situación fáctica son de distinto temperamento, distinción que da origen a los errores de hecho y de derecho.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Constitución Política

## Extracto

Se trata de un dislate que se produce estrictamente en el plano jurídico, esto es, « en la proposición normativa que ha de servir para efectuar el proceso de subsunción de la plataforma material» En ese sentido, atiéndase que no basta con endilgar la comisión de errores in iudicando, si la presencia de tales anomalías no se comprueba en el desarrollo del cargo, porque en ese evento no se quiebran los pilares sobre los cuales se levanta la sentencia confutada, ni se derruyen las presunciones de acierto y legalidad con que ésta arriba amparada a la sede de la Corte, de ahí que se exija a toda acusación que trascienda del terreno de la enunciación al de la demostración «haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resolución combatida»

## Cita textual

> la porción de vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien

## Texto del documento

Radicación N° 11001-31-03-023-2015-00635-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC4667-2021
Radicación n.° 11001-31-03-023-2015-00635-01
(Aprobado en sesión de catorce de octubre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
La Corte decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por las partes en el proceso frente a la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que Blanca Oliva Casas promovió contra José Ernesto Ospina Roa.
I. ANTECEDENTES
1. La promotora del juicio deprecó que se decretara la resolución, por incumplimiento, del contrato de compraventa celebrado por las partes y, en consecuencia, se condenara al demandado a restituir los bienes objeto del negocio jurídico, sanear los gravámenes que los afectan y pagar los frutos civiles en la forma señalada en el escrito introductorio.
En subsidio, reclamó declarar que, con la celebración del convenio, sufrió lesión enorme y, en forma consecuente, se dispusiera la rescisión, ordenándole al comprador completar el valor hasta ajustar el precio real o, en caso de optar por rescindir el acuerdo de voluntades, restituir los inmuebles y sanear sus gravámenes.
2. En respaldo de sus pretensiones, relataron los hechos que a continuación se compendian:
2.1. Blanca Oliva Casas, en calidad de promitente vendedora, pactó el 16 de octubre de 2013, con José Ernesto Ospina Roa y Claudia Marcela Quiroz Galvis, promesa de compraventa respecto del apartamento 601 y los garajes 5 y 6 del Edificio Santos Propiedad Horizontal, localizado en la Calle 94A No. 16-51 de la ciudad de Bogotá.
2.2. Como precio de los bienes raíces acordaron la cantidad de $760.000.000, de la cual se desembolsarían primero $560.000.000 y posteriormente el saldo de $200.000.000. No obstante, el importe total se reajustó a $1.015’762.000, atendiendo el avalúo catastral.
2.3. Mediante escritura pública No. 1376 de 25 de abril de 2014, protocolizada ante la Notaría Treinta y Siete del Círculo Notarial de Bogotá, las partes celebraron el contrato prometido, estipulando en la cláusula cuarta el monto incrementado.
2.4. Al suscribir el anterior instrumento y en razón del ajuste del precio, el comprador pagó $12.720.000 y $10.157.620 por concepto de retención en la fuente; no obstante, no cubrió la totalidad del saldo, pues solo canceló la suma de $782.877.620, adeudando $232.884.380.
2.5. Si se considerara que el valor de la venta era $760.000.000, este sería lesivo para la demandante, porque el avalúo catastral asciende a $1.015’762.000 y el comercial a $1.521’107.515.
3. Admitida la demanda y dispuesto el traslado, el convocado se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que tituló: “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos”, “simulación relativa que vendedora y comprador directa, expresa y reflexivamente acordaron”, « inexistencia de la causa invocada – falta de legitimación en la causa” e “inexistencia de lesión enorme” .
4. El demandado presentó, además, libelo de mutua petición en el que reclamó declarar “parcialmente simulado” el contrato de compraventa consignado en la escritura pública No. 1376 de 25 de abril de 2014 y en forma consecuente, se declarara que debía prevalecer el convenio real respecto del precio pactado y por tanto, tener en cuenta como tal la suma de $760.000.000.
Como fundamento de sus peticiones, adujo que:
4.1. En septiembre de 2013, la reclamante Blanca Oliva Casas consignó en el portal web www.metrocuadrado.com , una oferta de venta sobre el inmueble objeto del litigio, indicando, entre otras cosas, que el precio era la cantidad de $780.000.000 y el área de 242 mts2.
4.2. El actor en la reconvención y su cónyuge Claudia Marcela Quirós Galvis, adelantaron la etapa precontractual con el intermediario Spazio Inmobiliario Ltda., definiendo los elementos esenciales de la negociación, para lo cual el agente solicitó se le presentara una propuesta formal de compra.
4.3. A ello se procedió el 3 de octubre de 2013 por Quirós Galvis, mediante comunicación confirmatoria de los términos del acuerdo y el plan de pagos previamente concertado con la propietaria Blanca Oliva Casas, el cual consistía en pagar un monto total de $760.000.000 en dos contados: $560.000.000 a través de cheque de gerencia a entregar contra la firma de la promesa de compraventa y $200.000.000 en cheque de gerencia a la firma del instrumento de venta.
4.4. Como el pago se realizaría con un crédito otorgado por Bancolombia, Claudia Quirós le comunicó a Spazio Inmobiliario la necesidad de contar con las escrituras actuales del bien, incluida la corrección del metraje, con miras al estudio de títulos, el avalúo y la constitución del gravamen hipotecario, y solicitó realizar la entrega el 30 de noviembre de 2013 con motivo de las adecuaciones que se realizarían.
4.5. La inmobiliaria remitió la anterior propuesta y petición al correo electrónico de Blanca Oliva Casas al día siguiente, quien la aceptó en los términos indicados por ellos y en cuanto a la corrección del metraje, manifestó que realizaría el trámite personalmente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, modificación que, desde el 9 de octubre siguiente, quedó perfeccionada, según correo electrónico remitido por Spazio Inmobiliario Ltda. a Marcela Quirós.
4.6. El 16 de octubre, las partes suscribieron la promesa de venta, convenio donde se consignó la suma de $760.000.000 ofrecida por los promitentes compradores y aceptada por la promitente vendedora y se concertó la entrega para el 30 de noviembre de la misma anualidad.
4.7. Para realizar las adecuaciones, José Ernesto Ospina contrató a Tomás García G. Arquitectura y Construcción, acordando un presupuesto de obra por $190.000.000 y un término de ejecución de tres meses, entregándose las reformas a principios de marzo de 2014.
4.8. Por solicitud de Bancolombia, el promitente comprador solicitó a la firma Bancol Inmobiliaria, avaluadora indicada por la primera entidad, estimar el valor del apartamento y los dos garajes objeto del negocio jurídico, tarea que arrojó el resultado de $923.860.000.
4.9. Vendida la deuda a BBVA, éste exigió un nuevo avalúo, el cual se realizó el 21 de julio de 2015 por Tinsa S.A., que determinó la cantidad de $1.269’968.000.
4.10. Debido a las inconsistencias halladas por el abogado de Bancolombia en el estudio de títulos, los compradores le solicitaron a la vendedora corregirlas, quien se comprometió a hacerlo incluyendo el área real del apartamento (242 mts2) en todos los documentos.
4.11. Oliva Casas deprecó a la Unidad Especial de Catastro Distrital la enmienda del citado dato, pues en dicha entidad se referenciaba que el apartamento tenía un aérea de 129 mts2. La corrección acarreó el incremento del avalúo catastral que las partes no advirtieron hasta el día de la suscripción de la escritura pública.
4.12. Al advertir la Notaría 37 del Círculo de Bogotá la variación del avalúo catastral por razón de la actualización del área del inmueble, el cual pasó de $554.517.000 a $978.298.000, les propuso a los contratantes simular un precio mayor al real ($760.000.000), sugerencia aceptada por estos en razón a que no alteraba lo acordado en el convenio preparatorio. En consecuencia, en el instrumento otorgado se consignó el precio simulado de $1.015’762.000, resultante de sumar los segundos avalúos catastrales del apartamento ($978.000.000), el garaje No. 5 ($18.732.000) y el garaje No. 6 ($18.732.000).
5. La demandada en reconvención se opuso a las pretensiones perseguidas con el libelo y planteó la excepción de mérito de “inexistencia de la simulación del precio de la compraventa” .
6. El juez a quo dirimió la instancia declarando la prosperidad de las defensas radicadas en la “simulación relativa que vendedora y comprador directa, expresa y reflexivamente acordaron”, « inexistencia de la causa invocada” e “inexistencia de lesión enorme” y, en consecuencia, negó el petitum principal y subsidiario de la demanda. Respecto del libelo de mutua petición, declaró frustránea la excepción de “inexistencia de la simulación en el precio de la compraventa” y por ende, simulado relativamente el contrato, debiendo prevalecer el importe realmente pactado ($760.000.000) sobre el que declararon los concertantes.
7. La demandante primigenia y convocada en la reconvención apeló la decisión, la cual modificó el superior funcional para declarar probadas las defensas de “inexistencia de la causa invocada” e “inexistencia de la lesión enorme” propuestas por José Ernesto Ospina, así como la de “inexistencia de la simulación del precio de la compraventa” que formuló Blanca Oliva Casas, negando la pretensión de simulación relativa impetrada en el escrito de mutua petición.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
Al proveer sobre los cuestionamientos concretos formulados por el recurrente en la alzada, decidió abordar, en primer lugar, la problemática alrededor de la simulación relativa del contrato, pues elucidado ese tópico, podría establecerse si existió incumplimiento o no en el pago del precio que diera lugar a la resolución del convenio o abrir paso a constatar si se incurrió en la lesión enorme alegada.
Consideró que obraban elementos de juicio serios y coincidentes que permitían colegir que la compraventa se celebró por un precio de $760.000.000.
Referente a esos instrumentos demostrativos, en primer lugar, aludió al negocio de promesa que contenía dicho valor y del cual indicó que al ser “ad substantiam actus” no era “susceptible de modificaciones de manera consensual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1611 del CC” [footnoteRef:1], precisando después que el negocio prometido debe sujetarse, en principio, al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el acuerdo preparatorio y si bien éstas pueden ser objeto de variación, le incumbe demostrarla a la parte que la alega, lo que, en el caso, debía hacer la demandante “no solamente con la escritura pública (…) como quiera que precisamente se cuestiona la realidad del precio del inmueble” , sino con otros medios de convicción, máxime si lo que afirmó es que en el momento de suscribir la venta, se pactó cambiar dicho valor por el del avalúo catastral corregido, hecho que no fue demostrado con suficiencia. [1: Folio 22, cno. Tribunal. ]
Añadió que la certificación expedida por el Notario Treinta y Siete del Círculo Notarial de Bogotá no acreditaba el incremento en el importe del negocio, porque las partes y sus cónyuges, fueron coincidentes en sus declaraciones al atestar que ningún funcionario de la Notaría presenció la discusión que se suscitó entre los concertantes en relación con el importe de la transacción, por lo que no puede constarles si hubo un nuevo acuerdo respecto de las condiciones consignadas en la promesa de compraventa, particularmente relativo al punto materia de debate, y aunque se manifiesta que los empleados no realizan sugerencias tendientes a mutar los términos contractuales o a simular alguna convención, lo cierto es que “por razones fiscales no es posible suscribir escrituras en las cuales se consigne un precio inferior al avalúo catastral” [footnoteRef:2] y los testigos Claudia Marcela Quiroz y Edwin Jesús Figueroa Varela al unísoo depusieron que el precio contenido en la escritura pública “se produjo únicamente ante el cambio del precio de avalúo y porque si no se elevaba en esas condiciones, no era posible llevar a cabo el negocio” .[footnoteRef:3] [2: Folio 24, cno. Tribunal. ] [3: Ibídem.]
Sobre las cantidades de $12.500.000 y $10.157.620 pagadas por el comprador en adición a la suma de $760.000.000, estimó que no correspondían a intereses por un pacto de mutuo, pues no preexistía ninguna obligación entre las partes del juicio; no obstante, del testimonio rendido por Claudia Quiroz se extrae que ante el incremento en la valuación catastral, la vendedora se negó a hacer efectiva la rebaja otorgada sobre el monto inicial que pidió por los bienes, el cual era de $780.000.000, a más de lo cual, según se acreditó, el comprador venía sufragando intereses pendientes en cuantía de $5.500.000.
Refirió que la testigo declaró sobre los pormenores de la discusión de las partes en torno al precio de los bienes, afirmando que la vendedora pidió el reconocimiento de más réditos en razón de los pagos adicionales a lo planeado que ella debía asumir por concepto de expensas de registro y notariales, ante lo cual la declarante y su esposo sufragaron la totalidad de los gastos y el monto destinado a la declaración de retención en la fuente, todo lo cual asumieron “como intereses” .[footnoteRef:4] [4: Folio 28, ídem.]
Respecto de la simulación del ítem correspondiente al importe del negocio jurídico concluyó que los elementos de convicción obrantes permitían colegir que su modificación obedeció exclusivamente a razones tributarias, pues “no es posible suscribir escritura pública de compraventa de inm

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

or economía, no se transcriben.
La recurrente calificó las inferencias del juez de conocimiento de ayunas de respaldo probatorio, sustentadas tan solo en conjeturas, a pesar de la existencia de un documento auténtico en el cual el Notario Treinta y Siete del Círculo de Bogotá hizo constar que ningún empleado de la oficina notarial indujo a las partes a tergiversar el valor realmente pactado, el cual se consignó en la escritura. Además, el importe no era de $760.000.000, porque según se demostró en el proceso, se realizaron pagos adicionales por $12.500.000 y $10.157.620, los cuales no obedecen a un préstamo ni a intereses.
4. Esta colegiatura ha considerado que la simulación presupone « (i) la divulgación de un querer aparente, que oculta las reales condiciones del negocio jurídico o la decisión de no celebrar uno; (ii) un acuerdo entre todos los partícipes de la operación para simular; y (iii) la afectación a los intereses de los intervinientes o de terceros » (CSJ SC2582, 27 jul. 2020, rad. n.° 2008-00133-01; CSJ SC2929-2021, 14 jul., rad. 2013-00120-01).
De modo que, como también lo ha recalcado la Corporación “supone el nacimiento simultáneo de dos actos, uno visible y otro invisible; el segundo suprime, adiciona, altera o modifica los efectos o la naturaleza del público (…) ” (CSJ SC5191-2020, 18 dic., rad. 2008-00001-01).
En la modalidad de relativa, que es la que aquí interesa, el acuerdo cierto de los partícipes se esconde a terceros con fines que no siempre son de defraudación, como ocurrió en este caso, donde la ficción afectó únicamente el objeto del contrato al recaer sobre el precio, el cual se disfrazó, haciendo figurar públicamente uno diferente del real con el fin de amoldarlo a la formalidad que creían exigible de equipararlo con el monto del avalúo que catastralmente se asignó al apartamento y los garajes vendidos.
5. La disconformidad entre la representación ofrecida a terceros y lo realmente deseado por los negociantes, presupone un acto voluntario y consciente, esto es, querido por los intervinientes; empero, no se requiere que sus motivaciones sean coincidentes. Es su determinación de falsear la verdad, con independencia de las razones que abrigue cada uno, lo que determina el concierto simulatorio que en la súplica extraordinaria se encontró probado.
5.1. Recientemente, esta Corporación recordó que las escrituras públicas otorgadas para el perfeccionamiento de los negocios jurídicos no reflejan fielmente en todos los casos la voluntad de los intervinientes; por tal razón, con base en el artículo 1766 del Código Civil la jurisprudencia ha construido el instituto de la simulación para que el sujeto que experimente perjuicio con un negocio o clausulado ficticio pueda vindicar que emerja la verdad y «desaparezca la fachada que impide hacer efectivos los derechos del afectado, siendo un medio tendiente a que se revele la esencia de lo que resulta ajeno a la realidad, ya sea por mera suposición o por desfiguración y prevalezca la verdad» (CSJ SC837-2019, 19 mar., rad. 2007-00618-02, reiterada en CSJ SC3365-2020, 21 sep., rad. 1999-00358-01)
5.2. Aunque para el efecto perseguido de hacer brotar la realidad de la convención pactada rige el principio de libertad probatoria, es innegable la importancia de los indicios en esta tarea, lo que se explica porque los simulantes se preocupan de no dejar vestigios, en lo posible, de la volición secretamente expresada.
Por ello ha decantado la Sala que es «a través de la inferencia indiciaria como el sentenciador puede, a partir de hechos debidamente comprobados y valorados como signos, arribar a conclusiones que no podrían jamás revelarse de no ser por la mediación del razonamiento deductivo» (CSJ SC7274-2015, 10 jun., rad. 1996-24325-01; CSJ SC2582-2020, 27 jul., rad. 2008-00133-01).
Acotó posteriormente la relevancia de los medios indirectos de prueba «ante el sigilo, la mendacidad y el engaño que el negocio jurídico simulado ostenta, amén de la persistente negativa de los protagonistas del negocio fingido para dar testimonio de las propias mentiras » (CSJ SC11232-2016, 16 ago., rad. 2010-00235-01).
Esta aparente preferencia, no supone, en ningún caso, menospreciar la confesión y declaraciones de las partes o los testimonios cuyo aporte es también significativo. En el pronunciamiento citado se destacó como las contradicciones de los contratantes en sus atestaciones en el juicio «frente a las circunstancias modales en el pago del precio en la compraventa» , pueden ser reveladoras del fingimiento convencional, de ahí que el juzgador deba prestar atención a ellas, pues «son múltiples las posibilidades probatorias que reportan las declaraciones en la semiótica de la simulación, inclusive para probar contra documento público o privado siguiendo las disposiciones probatorias y la sana crítica» (CSJ SC11232-2016, 16 ago., rad. 2010-00235-01; CSJ SC3790-2021, 1 sep., rad. 2015-00675-01).
5.3. En este asunto, reunidos los varios indicios que se dejaron compendiados, apreciados de manera conjunta, se encontró acreditado el fingimiento relativo del contrato de compraventa. La Sala se remite a las reflexiones realizadas al acometer el estudio de las acusaciones analizadas al inicio, una de las cuales resultó próspera por las razones allí expuestas; por ende, se limita a referir que la apelación propuesta por Blanca Oliva Casas, argumentando la carencia de respaldo probatorio de la declaración de simulación, no prospera y las excepciones relativas a esta figura sustancial que planteó José Ernesto Ospina Roa al petitum de resolución contractual y lesión enorme, están llamadas a acogerse.
6. En razón del fracaso de la alzada propuesta por la demandante primigenia y convocada en reconvención, se le condenará en costas.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA parcialmente la sente ncia de 27 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio referenciado en el encabezamiento de esta providencia.
Sin costas en casación por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
En sede de segundo grado de conocimiento,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 21 de noviembre de 2017 por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar a la demandante Blanca Oliva Casas al pago de las costas de la segunda instancia. En la liquidación concentrada, inclúyase la cantidad de $4.000.000, por concepto de las agencias en derecho correspondientes a la sede de la alzada.
Devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese,
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4667-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-19. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2015-00635-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4667-2021%20%5B2015-00635-01%5D).
