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clave: "corte_suprema:providencia:SC456-2024 [2012-00333-01]"
titulo: "Corte Suprema: la ritualidad del proceso prevé una fase inicial de calificación de la demanda que puede dar lugar a su admisión"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-30"
radicado: "2012-00333-01"
numero: "SC456-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la ritualidad del proceso prevé una fase inicial de calificación de la demanda que puede dar lugar a su admisión

- **Título oficial / radicado:** SC456-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-30
- **Radicado:** 2012-00333-01
- **Número:** SC456-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC456-2024%20%5B2012-00333-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC456-2024%20%5B2012-00333-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzQuLSBBYnJpbC9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDU2LTIwMjQgWzIwMTItMDAzMzMtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

La ritualidad del proceso prevé una fase inicial de calificación de la demanda que puede dar lugar a su admisión, inadmisión o rechazo.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Acuerdo 034 de 2020
- Ley 2244 de 2022
- Resolución 412 de 2000

## Extracto

En consecuencia, condenarlas a indemnizar los siguientes perjuicios: Por tanto, la búsqueda de la que se habla sólo tiene cabida cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia” Como punto de partida cumple precisar que el juez de primera instancia al abordar el estudio del caso refirió la clasificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual y reparó en que en este asunto los demandantes solicitaron de manera general que se declara la « responsabilidad civil médica », por lo que dejó sentado que estructuraría su estudio « desde el punto de vista contractual en lo que respecta a la señora Paola González Ríos y a la menor Juliana Gómez González » por su calidad de beneficiarias del Plan Obligatorio de Salud ofrecido a través de la EPS demandada; y como extracontractual en lo que atañe a los demás promotores de la litis.

## Cita textual

> sólo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio

## Texto del documento

Radicación n. ° 76001-31-03-012-2012-00333-01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC456-2024
Radicación n.° 76001-31-03-012-2012-00333-01
(Aprobado en sala del veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
De conformidad con el Acuerdo 034 de 2020 de esta Corporación y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en esta providencia , los nombres de la menor y de sus padres demandantes se reemplazarán por otros ficticios, a fin de evitar la divulgación de sus datos reales.
Procede la Sala, en sede de instancia, a emitir sentencia sustitutiva dentro del proceso de responsabilidad médica promovido por Paola González Ríos y Leonardo Gómez Arango, quienes actúan en nombre propio y en representación de su hija Juliana Gómez González; María Rosalba Ortiz Marín y Martha Ligia Castaño, contra S.O.S. Servicio Occidental de Salud S.A., E.P.S. Clínica Versalles S.A. I.P.S., Paula Andrea Ramírez Muñoz, Marcelo Iván Feuillet y Darío Alberto Santacruz, al cual Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. acudió como llamada en garantía, por cuanto mediante SC405-2023, se casó el fallo del 13 de diciembre de 2019 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
I.- ANTECEDENTES
1.- Para sustentar sus aspiraciones, los accionantes relataron los hechos que a continuación se resumen:
1.1.- Paola González Ríos, quien se encontraba vinculada al Plan Obligatorio de Salud, en calidad de beneficiaria, a través de la EPS Servicio Occidental de Salud S.A., al estar embarazada de su primer hijo sin presentar ninguna complicación durante el periodo de gestación, el 8 de mayo de 2006 acudió a la Clínica Versalles S.A. para un control final, allí fue atendida por el médico Héctor Sarasti y remitida para valoración por ginecología.
El 12 de mayo siguiente, el ginecólogo Gilberto Mesa decidió hospitalizarla para inducción del parto a las 8:20 a.m., ordenándole monitoría fetal y misoprostol tabletas intravaginal; a las 2:30 p.m. del mismo día el médico John Carlos (sic), ordenó iniciar oxitocina; a las 4:30 p.m., la médica Paula Andrea Ramírez describió que se presentó ruptura espontánea de membranas a la 1:00 p.m., y que en ese momento la paciente presentaba « una dilatación de 2 cm, borramiento del 70% y salía líquido amniótico de aspecto claro ». La siguiente revisión se realizó a las 7:00 p.m., con « dilatación de 3 cm., borramiento del 80% y líquido amniótico de aspecto claro ».
En la historia clínica la doctora Paula Andrea Ramírez refirió que a las 10.00 p.m., persistía « dilatación de 3 a 4 cm, con un borramiento del 80% pero no describe el color del líquido amniótico ». La próxima valoración por parte de un profesional de la salud, solo se presentó a las 3:30 a.m. del día siguiente 13 de mayo, es decir, cinco (5) horas después, cuando el médico Marcelo Iván Feuillet encuentra que la paciente llevaba al parecer «media hora en periodo de expulsivo según lo escrito por él en el Historial Clínico, describiendo la presencia de un caput succedaneum, que según criterio médico “es cuando el bebé ha transcurrido mucho tiempo en el canal vaginal y debido a esto se empiezan a presentar cambios que terminan por deformar y comprimir las estructuras del cerebro». En ese momento fue llamado el Dr. Darío Alberto Santacruz, ginecólogo de turno, quien decidió realizar una cesárea de urgencia por persistir una « presentación de variedad posterior ».
La nota en la historia clínica puesta por el doctor Marcelo Iván Feuillet a las 3.30 a.m., « presenta alteraciones precisamente en la hora de revisión y en el tiempo que llevaba la paciente en periodo de expulsión. Pese a ello, es contundente la falla del prestación del servicio médico por la negligencia, impericia, imprudencia y falta de atención por el periodo tan largo transcurrido sin valorar a la paciente, entre las 22:00 pm del 12 de mayo de 2006 y las 3:30 am del 13 de mayo de 2006 ».
1.2.- En la descripción del acto quirúrgico, refiere el cirujano que encontró « recién nacido vivo, en canal vaginal deflejado con gran edema de cuero cabelludo y frente », sin mencionar el APGAR que es la escala de bienestar del recién nacido al momento del nacimiento. Por su parte, la doctora Ivonne Aldana en su nota de atención, plasmó: « recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional, asfixia perinatal, trauma perinatal, hematoma subganeal, ruptura prematura de membrana de 15 horas, hipoglicemia, síndrome de dificultad respiratoria: maladaptación neonatal, Descartar fractura craneana », y decidió remitirla a la unidad de cuidados intensivos.
1.3.- La niña recién nacida ingresó a la Clínica de Occidente a las 6:50 a.m. con signos de dificultad respiratoria, se indicó «nace deprimida reanimación con PPI, importante edema en el cuello cabelludo y S.D.R. por lo cual lo remiten, presenta glicemia baja por glucometría manejada con L.E.V. (…)» y se describió en la historia clínica que presentaba «importante edema del cuero cabelludo, eritema del mismo, laceración en región parietal izquierda con sensación de líquido que se desplaza y abarca a la mitad posterior del hemicráneo (hematoma Subgaleal) cabalgamiento de suturas, hipotonía muscular, moro débil, moviliza las cuatro extremidades. Tórax con hiperinflamación, murmullo vesicular normal».
En el resultado del examen de escanografía de cráneo de 13 de mayo de 2006, se informó « hay una colección hipodensa subgaleal en territorio fronto-perieto-occipital homogéneo bilateral aunque se extiende hacia el contorno izquierdo de la tabla ósea parietal el aspecto es hipodenso indicando un CAPUT, no hay evidencia de céfalo hematoma. Sistema ventricular solo permite una adecuada valoración de cuernos frontales y occipitales, aun no se observa una adecuada diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca y se evidencia mielinización en tronco cerebral, correlacionar con edad gestacional, no hay evidencia de lesiones intra parenquimatosas, no se observan colecciones epi ni subdurales no calcificaciones anormales»; y en la resonancia magnética de 6 de julio, se dijo que presentó un daño del tejido cerebral relacionado con «injuria perinatal» .
La bebé estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante 13 días, por sufrir un paro cardio respiratorio y convulsiones, requiriendo ventilación mecánica por varios días y alimentación por sonda. En la fundación Valle de Lili, fue atendida por el neurólogo quien explicó que había sufrido daño a nivel cerebral y que eso le causaría unas secuelas y problemas neurológicos de por vida por falta de oxígeno al momento del nacimiento.
A medida que avanza el tiempo, la salud de Juliana ha desmejorado, presenta daños y alteración de la visión y requiere terapias de estimulación visual, control con « ortopista » y oftalmólogo, de igual forma, presenta un retraso severo en el neurodesarrollo al no poder sostener la cabeza, no puede voltearse ni sentarse por sí sola. Además, ha presentado convulsiones controladas, con crisis fuertes mayores a cinco (5) minutos que ponen en peligro su vida y merman la calidad de vida de los demás accionantes; su nuevo diagnóstico es «Síndrome de Lennox Gastaup, parálisis cerebral tipo paresia espástica, microcefalia retardo severo en el neurodesarrollo, trastorno de deglución».
1.4.- Es evidente la indebida prestación del servicio médico derivada de « la negligencia, impericia, imprudencia y falta de atención por el periodo tan largo transcurrido sin valorar a la paciente, entre las 22:00 pm del 12 de mayo de 2006 y las 3.30 am del 13 de mayo de 2006, y por el estado en que se encontraba la paciente luego de ese lapso prolongado: en caput succedaneum»; adicionalmente, cuando la hospitalizaron no había ginecólogo y solo 17 horas después llamaron a ese especialista.
1.5.- La responsabilidad endilgada a los accionados deviene de la grave omisión de la EPS S.O.S., la IPS Clínica Versalles S.A. y de los médicos tratantes, respecto de la atención dispensada a la gestante, « específicamente por la demora (más de 5 horas) sin contar a la hora que llegó la cual fue a las 8.30 a.m. del día anterior, es decir, 17 horas en la atención médica adecuada durante el “periodo expulsivo” de la madre, estando a punto de dar a luz, el cual requiere un constante monitoreo por parte de los responsables », todo lo cual « repercutió en la salud del recién nacido (…) ocasionándole una asfixia perinatal y como consecuencia de esto dejando de por vida a la menor con un síndrome convulsivo y retardo del crecimiento y del desarrollo normal ».
La culpa de los demandados se derivó de « omitir un control en los protocolos señalados por la Secretaría de Salud Pública Municipal al llenar un reporte de trabajo de parto, el cual como se aprecia en los anexos no está completamente diligenciado paso a paso, así como la atención, vigilancia y cuidado que deben tener con sus pacientes », lo que quedó verificado con la Resonancia Magnética del 6 de julio de 2006 tomada en la Clínica de Occidente, en la cual « se diagnosticó la causa de la enfermedad de la paciente, manifestando inequívocamente que la menor padece de síndrome convulsivo secundario a asfixia perinatal ».
1.6.- Concurren los elementos que determinan la responsabilidad médica en el campo de la obstetricia toda vez que la señora Paola es una mujer joven, ese era su primer parto, durante todo el proceso de embarazo estuvo en controles y « nunca se presentó ninguna complicación y solo al momento del alumbramiento por el abandono, la falta de cuidado, la ausencia del ginecólogo, el no practicarle los exámenes correspondiente como el monitoreo fetal para saber cómo se encontraba el nasciturus durante el proceso del alumbramiento es que se origina el daño (…) privando a la bebe no solo de gozar su infancia, de tener una vida normal con sus familiares, sino también privando a la mamá de continuar trabajando y viviendo feliz como una familia con una hija en normal desarrollo de sus funciones motoras y sicológicas ».
2.- Se solicitó declarar la « responsabilidad civil » de los convocados, por el daño ocasionado directamente a la menor de edad Juliana Gómez González y a los demás accionantes -padre, madre y abuelas-, por la negligencia, impericia, imprudencia, y por la falta de vigilancia y cuidado, durante el trabajo de parto de la señora Paola González Ríos. En consecuencia, condenarlas a indemnizar los siguientes perjuicios:
- Morales: para cada uno de los promotores de la litis, el equivalente a 500 salarios mínimos mensuales vigentes, por la tristeza, profundo pesar y sufrimiento que les ha ocasionado el daño.
- Pérdida de oportunidad : Para cada uno de los actores, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por « pérdida de oportunidad de una vida sana (…) como es el desarrollo normal de una niña jugando, teniendo una calidad de vida digna y saludable, sin ir en detrimento de su desarrollo normal acorde a cada etapa de su vida», toda vez que, debido a la negligencia médica en el servicio de salud prestado a la madre y a su hija, la bebé se asfixió, lo que impidió que « continuara con su desarrollo normal», pues la culpa del equipo médico le impidió « tener una vida completamente sana con crecimiento y desarrollo normales, a sus padres y demás familiares de poder tener una vida con una niña sin ninguna enfermedad causada durante el trabajo de parto ».
- Fisiológico o daño a la vida de relación . A razón de 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes, por cuanto se trata de un perjuicio de naturaleza inmaterial reflejado en la esfera externa de la vida.
- Materiales en sus modalidades de lucro cesante y daño emergente , a favor de la infante y de sus padres, en las cantidades indicadas en el acápite de «declaraciones y condenas» [footnoteRef:1]. [1: Folios 392 a 414, c. 1.]
3.- Los accionados contestaron la demanda, se opusieron a las pretensiones y formularon excepciones de mérito, así:
3.1.- Darío Alberto Santacruz[footnoteRef:2] y Paula Andrea Ramírez Muñoz[footnoteRef:3], alegaron: « ausencia de imputación o causalidad jurídica entre la conducta desplegada y el daño», «división de trabajo», «inexistencia de responsabilidad por ausencia de las formas de la culpa». «exoneración por el cumplimiento de la obligación de medio», «indebida tasación de perjuicios» e «innominada». [2: Folios 421 a 439, c. 1] [3: Folios 493 a 509, c. 1]
3.2.- Servicio Occidental de Salud S.A., SOS E.P.S.[footnoteRef:4] a manera de defensas invocó: « cumplimiento contractual por parte de la entidad promotora de salud »; « inexistencia de prueba de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil extracontractual médica por parte del demandante » e « inexistencia del nexo de causalidad ». [4: Folios 171-205 c. 1]
3.3.- Marcelo Iván Feuillet[footnoteRef:5], adujo: « inexistencia de la relación de causa a efecto

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

l instituto de la responsabilidad civil médica, no obstante que no lo es.
En suma, considero respetuosamente que la acción de responsabilidad civil bajo estudio tenía que prosperar íntegramente, lo que, de paso, debió generar indemnización a favor de los demandantes en sus distintas modalidades de daño pretendidas, esto es, daño emergente, lucro cesante, daños morales, etc., sin limitarlo a los perjuicios deprecados por pérdida de oportunidad.
2. El derecho fundamental a la igualdad y el principio de confianza legítima.
Aunque la Sala no lo asuma, lo cierto es que tan sólo con un ejercicio argumentativo paralelo su decisión abandona la tesis de la causalidad (probabilidad suficiente, causalidad adecuada, principio res ipsa loquitur , etc. ) en la investigación del nexo causal como elemento de la responsabilidad civil, que en los precedentes invocados a pie de página de este apartamiento tiene desarrollado esta Corte así como en las sentencias SC328 de 2023 rad. 2018-01213, SC1256 de 2022 rad. 1999-00227, SC4124 de 2021 rad. 2010-00185, SC4455 de 2021 rad. 2010-00299 y SC3919 de 2021 rad. 2012-00247, entre otras, lo que implica la conculcación del principio de confianza legítima y el derecho fundamental a la igualdad del extremo activo de esta litis, quien acudió a la administración de justicia prevalida del ordenamiento jurídico vigente, del cual hace parte el desarrollo jurisprudencial, que sorpresivamente fue mutado.
Ciertamente, para asumir el análisis de la pérdida de oportunidad como tipología del derecho de daños, la Sala parte de que no está acreditado el nexo causal como elemento de la responsabilidad civil, no obstante que, como quedó anotado en precedencia, el propio veredicto más adelante deja al descubierto que sí lo está aunque con una redacción que omite denominarlo como tal, lo que constituye afrenta al derecho a la igualdad y al principio de confianza legítima, sobre los cuales la jurisprudencia constitucional señaló:
«‘ El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme. En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una conducta estatal, entendida ésta en términos más amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción’.
En efecto, la Constitución impone unos límites claros a la función judicial, que si bien es autónoma, no tiene un carácter absoluto, ni puede devenir en arbitraria, porque ello equivaldría a despojar a los ciudadanos de sus derechos y garantías en el marco de un proceso judicial. Uno de estos límites es la competencia previamente fijada por el legislador, que permite a los ciudadanos tener una expectativa razonable del ámbito sobre el cual fallarán los jueces, con el fin de que éstos preparen con antelación sus argumentos de defensa.
En este sentido, resulta contrario a los postulados de buena fe y confianza legítima, el hecho de que un juez sorprenda a las partes en el proceso, ampliando el ámbito de su competencia, y fallando en desmedro de sus pretensiones, cuando la Constitución previamente ha señalado unos límites materiales a su facultad jurisdiccional.» (Corte Constitucional, sentencia T-204 de 2015).
Así las cosas, la sentencia aprobada mayoritariamente conculcó el derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima en detrimento de la parte demandante, al desestimar la responsabilidad civil médica deprecada porque supuestamente no estaba probado unos de sus elementos axiológicos (el nexo de causalidad entre el daño y la culpa) a pesar de estarlo.
3. El principio de reparación integral.
Inicialmente el artículo 16 de la ley 446 de 1998 consagró el principio de reparación integral, al señalar que « [d]entro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. »
Posteriormente, tal mandato legal fue reproducido en el inciso final del canon 283 del Código General del Proceso, a cuyo tenor « [e]n todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. »
Tal máxima jurídica fue inadvertida con la sentencia acogida por la Sala, habida cuenta que el acogimiento de la pérdida de oportunidad como tipología del derecho de daños, al tratarse de un perjuicio independiente de otras tipologías de perjuicios materiales como son el lucro cesante y el daño emergente, impone la negación de estos, a pesar de encontrarse acreditados los requisitos necesarios para su resarcimiento, según lo anoté.
La presente providencia traduce un retroceso en relación con el derecho de daños y, específicamente, respecto de la aplicación del principio de reparación integral, en razón a que deja al descubierto cómo a través de un ejercicio argumentativo el juzgador se abroga la facultad para hacer abstracción del desarrollo jurisprudencial vigente en aras de mensurar los daños con la aplicación humilde que en una época caracterizó nuestra administración de justicia.
Por supuesto que aun cuando en el veredicto se concede indemnización a los promotores en cuantía 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la menor de edad víctima directa e inmediata de los padecimientos reclamados y otro tanto para cada uno de sus padres, resulta innegable lo irrisorio de tales cantidades si en la cuenta se tiene que la primera, quien padeció los perjuicios desde su nacimiento, sufre una pérdida de capacidad laboral del 100%, es decir, para toda su vida.
En otros términos, nadie se atrevería a aseverar que con 100 salarios mínimos mensuales legales vigente queda resarcido el daño que sufrió cualquiera persona que desde su nacimiento perdió la totalidad de la capacidad laboral, máxime si se desconocer hasta cuándo se prolongará su existencia.
4. Conclusión.
En suma, no debió declinarse la responsabilidad civil médica pedida en la demanda por ausencia de prueba del nexo causal sino que, por el contrario, lo justo hubiese sido acceder íntegramente a sus pretensiones, salvo en lo que atañe a la responsabilidad atribuida al galeno Darío Alberto Santacruz.
En los anteriores términos dejo planteado el salvamento de voto.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC456-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-30. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2012-00333-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC456-2024%20%5B2012-00333-01%5D).
