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clave: "corte_suprema:providencia:SC4527-2020 [2011-00361-01]"
titulo: "Corte Suprema: en numerosas sentencias, ha resaltado la Corte que el contrato de seguros debe ser interpretado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-11-21"
radicado: "2011-00361-01"
numero: "SC4527-2020"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: en numerosas sentencias, ha resaltado la Corte que el contrato de seguros debe ser interpretado

- **Título oficial / radicado:** SC4527-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-11-21
- **Radicado:** 2011-00361-01
- **Número:** SC4527-2020
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4527-2020%20%5B2011-00361-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4527-2020%20%5B2011-00361-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzExLi0gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M0NTI3LTIwMjAgWzIwMTEtMDAzNjEtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

En numerosas sentencias, ha resaltado la Corte que el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1480 de 2011
- Ley 769 de 2002
- Ley 336 de 1996

## Extracto

Cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, tanto de carga como de pasajeros o se emplee para uso distinto al estipulado en esta póliza; o sea alquilado, o cuando el vehículo asegurado (excepto grúas y remolcadores o tracto mulas), remolque otro vehículo, con o sin fuerza propia Con la lectura de esos segmentos de la póliza se advierte una confusión, pues, en primer lugar, su encabezado alude al traslado del riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual del asegurado a la compañía por razón de accidentes causados con el vehículo descrito en la póliza siempre que la causa del accidente no se encuentre excluida . En ese mismo cargo segundo se duele el casacionista de que las exclusiones no estaban en caracteres destacados en la primera página de la póliza. De modo que, vistas esas pruebas, no puede ahora el recurrente aseverar que todo es duda y que sólo una prueba técnica la puede disipar.

## Texto del documento

Radicación n°. 11001-31-03-019-2011-00361-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
SC4527-2020
Radicación n°. 11001-31-03-019-2011-00361-01
(Aprobado en sesión virtual de veinticinco de junio de dos mil veinte)
Bogotá D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso de casación formulado por Rápido El Carmen Ltda. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha 26 de agosto de 2014, en el proceso que la recurrente entabló a Generali Colombia Seguros Generales S.A.
I.
ANTECEDENTES
A.
La pretensión. -
En la demanda (f. 109 a 127, c. 1), con las modificaciones introducidas (fls.131 a 177) por razón de su inadmisión por parte del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, al que por reparto correspondió el conocimiento del asunto, persigue la empresa actora que se declare que, entre las partes, existió un contrato de seguro representado en la póliza integral modular para vehículos de transporte público de pasajeros No. 4021963, expedida por la demandada (aseguradora) y tomada por la actora (también asegurada).
Esta póliza amparaba, entre otros rodantes, la buseta marca Hino modelo 2004 de placa SND-655 de servicio público, contrato vigente para el 30 de mayo de 2009. Que la actora cumplió con su carga contractual y legal de presentar ante la demandada aviso de siniestro el 5 de junio de 2009. Que la objeción de esta no fue seria ni fundada y que debe reembolsar a Rápido El Carmen Ltda., los valores que pagó o llegue a pagar, con ocasión de la responsabilidad civil contractual y extracontractual derivada de los hechos ocurridos el 30 de mayo de 2009, en que se vio involucrado el vehículo aludido. Así mismo, se hizo referencia a los eventuales perjuicios perseguidos en procesos civiles o penales, presentes o futuros, que, con ocasión de los hechos relatados, se instauren contra la actora. Además, se insistió en lo siguiente: que se reconozca como indicio en contra la inasistencia de la Aseguradora a la audiencia de conciliación que adelantó la Procuraduría General de la Nación.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pide que se condene a Generali Colombia Seguros Generales S.A. a reintegrar, a manera de reembolso a favor de Rápido El Carmen Ltda., las sumas que esta ha tenido que pagar a cada una de las víctimas. Cifras limitadas al valor asegurado por persona que contempla el contrato de seguro afectado con el siniestro, determinadas en el libelo, todas indexadas y con intereses moratorios tasados a partir de la fecha en que realizó los pagos:
1.
$8.000.000,00 pagados a Jaime Pardo Nieves, pasajero.
2.
$59.628.000,00 como valor asegurado en el amparo de responsabilidad civil contractual, por la indemnización pagada a Julio César Gil García por sus lesiones y las sufridas por su menor hijo Daniel Andrés Gil Gutiérrez.
3.
$29.814.000,00 (valor asegurado), por el mismo concepto anterior, pagado a Julio César Gil García (en nombre propio y en representación de su hijo menor Daniel Andrés Gil), Nubia Ángel Barreto, Álvaro Gutiérrez Rodríguez, Carlos Arturo Gutiérrez Rodríguez y Ana Carolina Roncancio Ángel, por los perjuicios a aquellos causados por la muerte de Dayci Rocío Gutiérrez Ángel (compañera permanente, madre, hija, sobrina y hermana de los reclamantes).
4.
$10.000.000,00 por concepto de la indemnización integral que pagó a Martha Beatriz Rubiano Leal por sus lesiones sufridas en el accidente.
5.
$2.000.000,00, como indemnización que pagó a Mery del Carmen Yanes de Triana, por sus lesiones sufridas en el accidente.
6.
$25.000.000,00, como indemnización pagada a María Estrella Barón Jiménez, como representante legal de los hijos de Carlos Tique Sandoval (pasajero fallecido en el accidente).
7.
$9.000.000,00, como indemnización pagada a Beatriz Elena Ramírez Gómez, por sus lesiones sufridas a causa del accidente.
8.
$29.814.000,00, como valor asegurado por la indemnización integral que fue pagada a Paula Camila Montilla Villalba, así como a Aly Magnoly Villalva Rico -en igual suma-, en su calidad de madre de la primera
B.
La causa petendi. - Como fundamentos fácticos adujo, en síntesis:
1.
Que, en cumplimiento de normas legales que así lo exigen, la actora contrató con la demandada la póliza mencionada para amparar su responsabilidad civil contractual y extracontractual, respecto de todos los vehículos afiliados a dicha empresa. Esta póliza tuvo vigencia desde el 13 de agosto de 2008 hasta el 13 de agosto de 2009. Con cobertura de muerte accidental, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, cada uno hasta por 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se incluyen los perjuicios patrimoniales en concepto de lucro cesante y perjuicios morales, así como amparos adicionales de asistencia jurídica en el proceso civil o penal y de protección patrimonial.
2.
Que, dentro de esos vehículos englobados en la póliza, se encuentra el distinguido con la placa SND-655, que el 30 de mayo de 2009 salió de Bogotá con destino a Girardot. El vehículo, en principio, salió con tres pasajeros. Empero, a lo largo de su recorrido, se recogieron otros pasajeros. Así mismo, a la altura de la vía que de Mosquera conduce a Girardot, el relatado automotor sufrió un accidente en el cual cuatro de sus ocupantes perdieron la vida y otros sufrieron lesiones corporales. La causa del accidente -se sostuvo- fue “falla en los frenos del vehículo”.
3.
Por lo anterior, el 5 de junio de 2009, la demandante presentó el aviso de siniestro, que la aseguradora objetó (con comunicación del 26 de junio), lo que condujo a la primera a enviar una misiva en que se refería a las razones de la objeción (el 2 de julio de 2010).
Tanto las víctimas directas como algunos de sus familiares presentaron reclamaciones a la empresa demandante. Esta, ante la poca probabilidad de éxito en un eventual proceso judicial, decidió conciliar con las víctimas, evitando así mayores valores en condenas judiciales y gastos de defensa. La transportadora pagó los rubros indicados en las pretensiones en favor de las personas señaladas.
C.
Oposición y excepciones
La empresa interpelada se opuso. Indicó, en particular, que “ objetó la reclamación presentada por Rápido el Carmen por cuanto se constató la configuración de la exclusión numerada en el punto 7.1.1. del clausulado general de la póliza integral modular para vehículos de transporte público de pasajeros, referida al sobrecupo con el que viajaba el vehículo al momento del accidente ” (f. 195, c. ppal.).
Propuso estas otras excepciones: “Rápido el Carmen no estaba autorizada por Generali para celebrar transacciones y conciliaciones, así como tampoco para hacer pagos”, “inexistencia de la obligación”, “ausencia de cobertura del daño a la vida de relación o daño fisiológico”, “no es compatible la indexación de sumas de dinero con el pago de los intereses corrientes bancarios, pues estos últimos tienen un componente indexatorio”, “límites de la indemnización” que para cada una de las coberturas es de $27,690,000 y “objeción expresa al juramento estimatorio realizado por Rápido El Carmen para tasar los perjuicios”.
D.
Primera instancia
La primera instancia culminó con sentencia en que el juzgado de conocimiento, tras constatar el sobrecupo en que se encontraba el vehículo al momento del accidente y hallar próspera la primera excepción de mérito formulada por la pasiva, negó las pretensiones de la demanda.
Apelado el fallo de primera instancia, el ad quem , al desatar la alzada, lo confirmó.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego del usual resumen del proceso, determina el ad quem que el problema jurídico para resolver estriba en los alcances de la exclusión (sobrecupo de pasajeros), que sirvió de base al juzgado para desestimar las pretensiones. Para lo cual, estima pertinente referirse al riesgo y su delimitación, a efectos de determinar si el siniestro “ es producto de una causa comprendida en la cobertura que conlleve a su posible producción ” (f. 117, c. 4).
Seguidamente, hace referencia a la teoría de la causalidad adecuada , admitida por la jurisprudencia nacional. Fue definida por el Tribunal como “ la que normalmente es capaz de provocar el perjuicio de que se trate ” (f. 118). Remata la idea señalando que la obligación del asegurador se materializa cuando se configure el siniestro que emane de una causa idónea para generarlo, incluida como riesgo asegurado.
Pasa a referirse a lo previsto en la Ley 1480 de 2011, en lo atinente a los derechos y deberes de los consumidores y usuarios, así como al carácter de servicio público que ostenta el de transporte, para arribar así al caso concreto, con la reasunción del eje de la disputa judicial -el sobrecupo como exclusión- e indicar que aparece proscrito en el artículo 82 de la Ley 769 de 2002 (Estatuto del Transporte).
De manera puntual, se establece que ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito, con excepción de los niños de brazos. Se destaca como conducta sancionable con multa si se incurre en exceso en la capacidad autorizada. Subraya que el Ministerio del Transporte, en manual adoptado mediante resolución en 2010, explica que el sobrecupo aumenta la proclividad de un accidente por la mayor distancia de frenada que debe emplearse, así como por la disminución en la seguridad pasiva y activa del vehículo.
A partir de lo anterior, no sin antes resaltar el objetivo de la seguridad presente en la Ley 336 de 1996 en punto del servicio público de transporte, expresa que “ el asumir como riesgo en el contrato de seguro de responsabilidad el evento del sobrecupo, conlleva ni más ni menos que asegurar una conducta proscrita o prohibida en normas de linaje superior e interés general, es decir de orden público, y si ello es así, una cláusula de tal naturaleza se tornaría ineficaz, como prescribe el artículo 1055 del código de Comercio ” (f. 124). De allí infiere que resulta legítima la exclusión del sobrecupo en el contrato que se analiza, lo que descarta que sea una cláusula abusiva.
Desestima, además, el reproche de la demandante, respecto de su desconocimiento de la exclusión. Sobre el particular, el Colegiado estimó que el pacto de exclusión, a más de aparecer expresamente convenido, no se condicionó a evento alguno que condujera a tenerlo por inadvertido o que exigiese una causalidad eficiente entre riesgo excluido y la consecuencia que produjo el daño.
Sobre el particular, valga aclarar lo siguiente: si se analizan las aristas del caso concreto -bajo la teoría de la causalidad adecuada-, la alegación del demandante no podría salir avante. Como se sabe, los pasajeros transportados ascendían a 44, restando al conductor y un menor de 7 meses (pasajeros aquellos que conforman el grupo de lesionados, reclamantes y fallecidos).
Así las cosas, para el Tribunal se encuentra establecida la relación de causalidad entre el hecho que generó el daño y el riesgo excluido. De manera técnica se establece que el sobrecupo en los pasajeros transportados impone un exceso de peso, frente al mínimo legal y al tope establecido por el fabricante del rodante (36 pasajeros). Lo que acarrea que la máquina se muestre incontrolable. Todo lo anterior, con impacto sobre el sistema de frenos. Precisamente, en el informe técnico de reconstrucción allegado por la parte demandante en el proceso, esta falla se determinó como la causa más probable del accidente.
Tal conclusión la corrobora, además con estudios e investigaciones sobre el tema, entre los que cita uno realizado por el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre de España, del que extrae detalles para resumir las conclusiones a que llegó el documento: i) Que el agarre del vehículo en curva empeora hasta en un 19.9%. ii) Que influye poco la carga sobre la distancia de frenado en seco, pues tan sólo se alarga en un 4.3%. iii) Empero, en piso deslizante, se eleva a 17.1%. iv) Así mismo, si la frenada se produce en curva, la distancia se incrementa hasta un 21%. v) Por su parte, el consumo no sufre exceso pues se incrementa en un 3.7%. vi) Para terminar, para adelantar en situación de plena carga se necesita un 38.8% más de distancia para superar al vehículo.
Con tales datos, reitera que la carga excesiva del vehículo accidentado, en este caso, fue la causa adecuada de las fallas en su funcionamiento, específicamente en el sistema de frenos, como lo indicaron los expertos.
En consecuencia, “ el convenio de exclusión de esta eventualidad como riesgo del contrato de seguro, se muestra razonable, legal y proporcionado, pues deja por fuera de la responsabilidad del asegurador, un evento que fácilmente daría paso a la configuración del siniestro ”.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
En su momento, la Corte no admitió el primero de los cuatro cargos elevados contra la sentencia impugnada. Así las cosas, el estudio que ahora emprende se confina a los restantes tres cargo

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

RNERA BARRIOS
� El texto que el impugnante reproduce es del siguiente tenor :"Generali Colombia Seguros Generales S.A., que en adelante se llamará la compañía, en consideración a la solicitud de seguro que le ha sido presentada por el tomador, indemnizará hasta por la suma asegurada y con sujeción a los términos y condiciones de esta póliza y sus anexos, las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo descrito en el cuadro, así como los perjuicios que cause el asegurado en razón de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley, como consecuencia de cualquier causa que no se encuentre expresamente excluida (…)"
� El texto de la póliza, transcrita por el impugnante es: "esta sección no cubre la responsabilidad civil extracontractual generada por".
� El texto pertinente de la póliza, transcrita por el impugnante es del siguiente tenor: "esta sección no cubre la responsabilidad civil generada o proveniente de o que tenga conexión con".
� V. gr. La especificidad (artículo 1619), la interpretación útil (1620), la naturalista (1621), la interpretación incluyente o explicativa (1623). Se destacan la interpretación sistemática o contextual (art. 1623) y de cláusulas ambiguas en favor del deudor y en contra del gesticulante o predisponente (art. 1624). Como se sabe, este último precepto se recibe como una herramienta -además de supletiva-, residual. Esto es, sólo debe aplicarse una vez hayan fracasado los esfuerzos de interpretación realizados con base en las demás reglas contenidas en los artículos 1619 a 1623 de ese estatuto.
� Artículo 11 de la ley 1328 de 2009 faculta a la Superintendencia Financiera para establecer de manera previa y general cláusulas o estipulaciones contractuales que tilde de abusivas
� El numeral tercero del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indica: “Requisitos de las tarifas. Las tarifas cumplirán las siguientes reglas:
a. Deben observar los principios técnicos de equidad y suficiencia;
b. Deben ser el producto de la utilización de información estadística que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad, y
c. Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera, en aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte viable el cumplimiento de las exigencias contenidas en la letra anterior”. En palabras de la Superintendencia Financiera, la suficiencia a que se refiere el precepto consiste en que la tarifa deba cubrir razonablemente la tasa de riesgo los costos propios de la operación, tales como los costos de adquisición y los administrativos, así como las utilidades
� Garantía, que más precisamente generan “confianza en el asegurador en el sentido de que el riesgo contratado se mantendrán los términos por él conocidos y evaluados al momento de determinar la prima del seguro” (SC127-2008); pero a fin de cuentas, en caso de presentarse, la compañía no asume el siniestro.
� Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.
� Dice el precepto: el seguro de transporte comprenderá todos los riesgos inherentes al transporte. Pero la segurador no está obligado a responder por los deterioros causados por el simple transcurso del tiempo ni por los riesgos expresamente excluidos del amparo
� Dijo la Corte que “tratándose del seguro de transporte prevalece el principio de la universalidad de los riesgos que consiste en que la póliza ampara todos los riesgos inherentes al transporte, salvo aquellas excepciones previstas en la ley o que convencionalmente pacten las partes, pues no otra cosa puede deducirse de lo mandado por el artículo 1120 ejusdem.” (SC218-2001, de nov 19 2001, rad. n°. 5978)
� Con la cual se adopta el Manual para el diligenciamiento del formato del informe policial de accidentes de tránsito � HYPERLINK "https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=6412" �https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=6412�. Consulta realizada el 1º de marzo de 2019.
� “En torno a la causalidad adecuada, dicha teoría viene a constituir la dimensión jurídica (imputación objetiva) de la relación causal […]. Del conjunto de hechos antecedentes, habría que considerar como causa, en sentido jurídico, solo aquellos hechos de los cuales quepa esperar, según criterios de verosimilitud estadística (juicio de probabilidad), la producción de un resultado”. L. Fernando Reglero Campos, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, (Thomson Reuters Aranzadi: Madrid, 2014), pp. 781-782.
� Su lectura permite concluir que no sólo tiene reglas del derecho (artículos primero a séptimo) sino que, a las normas se le adicionaron unas instrucciones o manual de infracciones. Esta circunstancia fue puesta de presente por el Tribunal en cita de pie de página que dice: "Este manual fue adoptado por la resolución 0032027 del 26 de julio de 2010 y fue elaborado por la doctora Betty Herrera, subdirectora de tránsito del Ministerio de Transporte y el subintendente Fernely castañeda morales de la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional con la revisión de los doctores Jorge carrillo todos, Jaime Ramírez, Antonio José Serrano y Oscar David Gómez”. En ese sentido por ejemplo, se comenta la regla C. 06 del artículo primero de la resolución, que se refiere a los códigos asignados a las conductas que constituyen infracciones a las normas de tránsito: "la utilización del cinturón de seguridad no evitará un accidente, pero como componente de seguridad pasiva, en caso de una colisión o frenada brusca, está encaminado a evitar el desplazamiento de la persona hacia delante, lo que disminuye las lesiones por impacto directo con el timón, el parabrisas, o distintos elementos del habitáculo del vehículo, incluyendo los demás ocupantes, así como evitar que salgan expulsados fuera del vehículo en el caso de fuertes impactos como abultamientos, salidas debía, etc. " . O la C.15 se refiere a conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación”. El manual comenta: “no se puede conducir un vehículo con «sobrecupo», en atención a la proclividad de un accidente, un vehículo con mayor cantidad de pasajeros requiere más distancia de frenada y por ende de parada, así como también comienza a disminuirse la seguridad pasiva y activa del vehículo”
� En dicha providencia expresó la Corte, de modo conclusivo: “luego de la modificación introducida [se refiere la Corte la ley 45 de 1990], es claro que en el “seguro de responsabilidad” los riesgos derivados de la “culpa grave” son asegurables, y, por ende, su exclusión debe ser expresa en virtud a la libertad contractual del tomador, ya que de guardarse silencio se entiende cubierto”.
� Por lo demás, desde esta lectura, podría entenderse desplazada la fórmula supletiva y residual del art. 1624 C.C.
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4527-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-11-21. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2011-00361-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4527-2020%20%5B2011-00361-01%5D).
