---
clave: "corte_suprema:providencia:SC4445-2020 [1983-00507-01]"
titulo: "Corte Suprema: de no cometer estos yerros se habría visto conminado a examinar el orden en que las partes debían acatar sus obligaciones"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-11-17"
radicado: "1983-00507-01"
numero: "SC4445-2020"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4445-2020%20%5B1983-00507-01%5D"
---

# Corte Suprema: de no cometer estos yerros se habría visto conminado a examinar el orden en que las partes debían acatar sus obligaciones

- **Título oficial / radicado:** SC4445-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-11-17
- **Radicado:** 1983-00507-01
- **Número:** SC4445-2020
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4445-2020%20%5B1983-00507-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4445-2020%20%5B1983-00507-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDQ0NS0yMDIwIFsxOTgzLTAwNTA3LTAxXS5kb2M%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2282 de 1989
- Constitución Política

## Extracto

En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende, no puede decirse que exista una contradicción por el sólo hecho de que el reclamante insista en un propósito y el funcionario no encuentre soporte al mismo.» Por lo tanto, para la prosperidad de la causal segunda prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, hoy numeral tercero del canon 336 del Código General del Proceso, es menester que el recurrente demuestre un exabrupto palpable entre lo narrado y exigido en la demanda, así como lo planteado en las defensas del oponente, frente a lo que aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de bulto cómo lo decidido es extraño al debate. Sin embargo, todas estas pruebas fueron ignoradas. Por tanto, hubo alteración protuberante de dicho medio probatorio, pues bastaba con notar que se trataba de dos cláusulas debidamente separadas, numeradas y que preveían eventualidades disímiles.

## Texto del documento

Dr. Ariel Salazar Ramírez
Radicación n.° 11001-31-03-010-1983-00507-01 Dr. Ariel Salazar Ramírez
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC4445-2020
Radicación n° 11001-31-03-010-1983-00507-01
(Aprobado en sesión virtual de tres de septiembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por Promotora Universal de Inversiones Ltda «Prounida Ltda», Banco de Caldas SA -hoy BBVA Colombia SA-, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Compañía Agrícola de Seguros SA, Compañía Agrícola de Seguros de Vida SA, Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía SA y Propaganda Sancho y Cía Ltda, frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2007, adicionada el 8 de junio siguiente, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Coloca Ltda y Prounida Ltda promovieron contra los demás recurrentes, y la Compañía de Seguros Atlas SA, Compañía de Seguros Atlas de Vida SA, Productora de Gelatina SA «Progel», Unión de Inversiones SA «Univer SA», Grupo Central SA y Hernando De la Roche.
ANTECEDENTES
1. Al tenor de la demanda y su reforma, las accionantes solicitaron (folios 79 a 104 del cuaderno 1 y 103 a 148 del cuaderno 19):
1.1. Se declare que los dos contratos celebrados por ellas el 4 de junio de 1982: el primero con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Compañía Agrícola de Seguros SA, Compañía Agrícola de Seguros de Vida SA, Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía SA y Propaganda Sancho y Cía Ltda; y el segundo con la Compañía de Seguros Atlas SA, Compañía de Seguros Atlas de Vida SA, Progel SA, Univer SA, Grupo Central SA y Hernando De la Roche; corresponden a promesas de venta -o a la naturaleza jurídica que el juzgador estime-, que tuvieron por objeto la cantidad mínima conjunta de 18’889.994 acciones del Banco de Caldas SA -hoy BBVA Colombia SA-.
1.2. Que dichos pactos son nulos por faltarles los requisitos necesarios para su validez; en subsidio, que los accionantes quedaron exentos de cumplirlos; o en defecto de las anteriores, que operó su resolución por causa legal o por fuerza mayor.
1.3. Se condene solidariamente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Compañía Agrícola de Seguros SA, Compañía Agrícola de Seguros de Vida SA, Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía SA y Propaganda Sancho y Cía Ltda, a restituir $164’300.000 que recibieron y que las convocantes habían entregado al Banco de Caldas mediante la constitución del certificado de depósito 5860; o en la proporción que cada una tenía de las acciones prometidas en venta; más los intereses hasta el día en que la percibieron; los bancarios corrientes de esta fecha hasta su vinculación a la litis -o en subsidio hasta cuando incurrieron en mora-; de allí en adelante los moratorios comerciales, así como los consagrados en el artículo 886 del Código de Comercio; sumas todas que deberán ser corregidas monetariamente.
1.4. Se ordene de forma solidaria a la Compañía de Seguros Atlas de Vida SA, Compañía de Seguros Atlas SA, Progel SA, Univer SA, Grupo Central SA y Hernando De la Roche, devolver $100’700.000 que recibieron y que las convocantes habían entregado al Banco de Caldas mediante certificado de depósito 5862; o en la proporción que cada una tenía de las 7’169.994 acciones prometidas en venta; más los intereses hasta el día en que su delegada -la Compañía Comercial Roche Ltda.- percibió el dinero; los bancarios corrientes de esta fecha hasta la vinculación a la litis -o en su defecto hasta cuando incurrieron en mora-; de allí en adelante los moratorios comerciales, así como los consagrados en el artículo 886 del Código de Comercio; sumas todas que deberán ser objeto de actualización.
1.5. Se declare que el Banco de Caldas es responsable de haber pagado los certificados de depósito a término 5860 y 5862, por consiguiente, debe ser condenado en los términos de las dos pretensiones inmediatamente anteriores de manera solidaria por existir concurrencia de responsabilidades o, en subsidio, sin solidaridad.
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento fáctico común el que a continuación se sintetiza:
2.1. El 30 de abril de 1982 las demandantes y sus convocadas celebraron una promesa de venta sobre la propiedad de las acciones que las demandadas ostentaban en el Banco de Caldas, pero como el precontrato no quedó ajustado al ordenamiento jurídico, de mutuo acuerdo le restaron ineficacia mediante la suscripción de dos nuevos convenios fechados el 4 de junio de ese mismo año, que denominaron compraventas, aunque realmente no lo eran.
2.2. Estos dos últimos pactos quedaron ligados entre sí, pues se acordó y condicionó la operación de compra a que ascendiera como mínimo a 18’889.994 acciones del Banco de Caldas, so pena de que ambos negocios jurídicos quedaran sin efectos porque el propósito era adquirir el control mayoritario de la entidad financiera.
2.3. Varias de las potenciales enajenantes actuaron con apoderados especiales sin que oportunamente acreditaran los mandatos -tal cual sucedió con la Federación Nacional de Cafeteros porque quien dijo representarla carecía de facultades-; tampoco se probó la representación ni las autorizaciones de las juntas de socios de las empresas que suscribieron el último contrato; por ende, no se alcanzó el número de acciones pretendidas, quedando exoneradas las interesadas en la adquisición de sus obligaciones por ausencia de perfeccionamiento de los tratos o, de considerarse que sí lo fueron, por incumplimiento de los demandados.
2.4. Además, algunos prometientes vendedores del segundo contrato no eran los titulares de las acciones que ofrecieron, ni siquiera para la fecha en que se comprometieron a entregarlas, al paso que 3’738.494 de ellas estaban pignoradas; y si bien tales intervinientes presentaron propuestas a las potenciales compradoras para subsanar esas situaciones, estas no las aceptaron, lo que revela otra infracción de las convocadas precedente a sus anteriores contravenciones.
2.5. Los contratos no corresponden a ventas ni promesas, sino a un procedimiento sui generis acordado para llevar a cabo la compra de las acciones, sometido a condiciones suspensivas, o en subsidio resolutorias; muestra de esto es: primero, que la Comisión Nacional de Valores debía autorizar previamente la presentación de la oferta pública de adquisición, la cual se obligaron a radicar Coloca y Prounida; segundo, se requería aprobación anticipada de la negociación por la Superintendencia Bancaria; tercero, el cumplimiento de las condiciones impuestas por estas entidades; cuarto, que un tercero no presentara oferta concurrente; quinto, la aceptación de los ahora demandados; sexto, la entrega de las acciones en títulos endosados; séptimo, el pago por los adquirentes del valor acordado; y octavo, la constitución de las garantías mientras vencían los plazos para cubrir los saldos del precio.
Pero al margen de la naturaleza jurídica que se dé a los acuerdos, las aludidas condiciones que le darían vida se incumplieron, lo que significa que no se perfeccionaron los contratos, devienen nulos, en subsidio sin efectos jurídicos, resueltos por causa legal o, en el peor de los casos, por fuerza mayor que impidió acatarlos.
2.5.1. En efecto, los convenios no se concretaron porque se omitió plasmar la hora en que se reunirían las partes para realizar la transferencia, así como el lugar exacto dentro del perímetro urbano de Bogotá en el que se daría el primer abono y se entregarían las garantías de los demás; por otra parte, la fecha de cumplimiento quedó incierta, contradictoria e imposible de constatar, por estar supeditada a las autorizaciones previas de la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia Bancaria.
2.5.2. Con posterioridad a la suscripción de los negocios hubo fuerza mayor que impidió a los negociantes honrar sus compromisos, porque la Superintendencia tardó en otorgar el respectivo permiso al exigir, excediendo sus límites legales, que de concretarse la negociación las potenciales compradoras deberían efectuar, en el término de 3 meses, un aumento de capital suscrito del Banco por $200’000.000; que éste conservara su domicilio en la ciudad de Manizales; que los socios nombraran como presidente y miembros de junta directiva a personas del departamento de Caldas; que reinvirtieran como pago de dividendos en acciones las utilidades de los años 1982 a 1984; y por último, ofrecer preferencialmente entre inversionistas de la misma región no menos del 50% de las acciones adquiridas.
Todas estas condiciones fueron atemperadas porque la Superbancaria disminuyó el aumento del capital exigido al valor de las acciones sin suscribir, otorgó seis meses de plazo para este propósito, liberó las utilidades correspondientes a 1984, eliminó la exigencia de capitalizarlas, y no precisó la venta obligatoria del 50% de las acciones, sino de una participación adecuada; morigeración que de cualquier manera denotó el exceso de aquella entidad.
2.5.3. Según los actores, seguidamente la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de compra de acciones, no obstante estar vencido el plazo pactado en los contratos para celebrar la enajenación. Sin embargo, al detectar que para la adquisición Coloca tenía la intención de utilizar dineros provenientes de Panamá, mediante acto administrativo de 14 de septiembre de 1982 ordenó que, a más tardar el día 17 de ese mismo mes, explicara la modalidad de la operación y acreditara los permisos de las autoridades cambiarias.
Agregaron que este ultimátum evidenció el ánimo de impedir el negocio proyectado, al requerir documentos innecesarios pues la compra de acciones no se había realizado, su pago estaba pactado a un plazo de 18 meses y la notificación de la referida exigencia fue realizada el día en que vencía el término para cumplirla.
A pesar de que en esta fecha Prounida y Coloca interpelaron ante la Comisión Nacional de Valores, esta ratificó su acto administrativo con similar del 20 de septiembre de 1982, otorgando dos días más para acatar sus reclamaciones, lo cual tornó imposible cumplir los contratos.
2.5.4. Añadieron los promotores que con posterioridad la oferta de compra fue publicada y los potenciales vendedores la aceptaron, pero la Comisión, en un nuevo acto obstructivo, prohibió al Banco de Caldas registrar cualquier enajenación de las acciones a favor de Coloca, según comunicó con telegrama del 21 de septiembre de 1982.
2.6. Los demandantes afirman que, de otro lado, con independencia de la naturaleza de los convenios y del motivo generador de ineficacia, las prometientes enajenantes carecían del derecho a redimir los depósitos a término constituidos a título de arras penitenciales o
cláusula penal
, por valores de $164’300.000 y $100’700.000, de allí que solidariamente están obligadas a devolverlos, conforme a la cláusula décima de cada acuerdo; también lo está el Banco de Caldas por desatender las instrucciones que le fueron dadas, como quiera que ilegalmente entregó los dineros con anterioridad al vencimiento del término conferido para la presentación de ofertas de compra concurrentes.
2.7. El Banco supo de su infracción desde el inicio, pues a fin de redimir el certificado de depósito 5862 por $100’700.000, instó la suscripción de un pagaré a Germán De la Roche -quien obró como apoderado de los prometientes vendedores de la segunda promesa-, precaviendo que tuviera que devolver esa suma a Coloca y Prounida; máxime si para que el Banco entregara los dineros no se le acreditó que estas entidades hubieran incumplido sus obligaciones.
2.8. Aprovechando la oferta de compra tramitada y publicada por las demandantes, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia compró a la Compañía de Seguros Atlas SA, Compañía de Seguros Atlas de Vida SA, Progel SA, Univer SA, Grupo Central SA y Hernando De la Roche, las acciones que tenían en el Banco de Caldas, circunstancia que configuró una oferta concurrente y dejó sin efectos los contratos del 4 de junio de 1982, por expreso pacto de las partes.
Además, como en estos no intervino la Federación, porque quien los suscribió en su nombre carecía de facultad para obligarla, los depósitos a término números 5860 y 5062 debieron ser devueltos a Coloca y Prounida.
3. Una vez vinculadas al pleito, Progel SA, Grupo Central SA y el Banco de Caldas se resistieron a las pretensiones, este último además propuso la excepción meritoria de « carencia del derecho sustancial invocado por las demandantes » (folios 223 a 229 cuaderno 19, 3 a 6 cuaderno 17 y 5 a 9 cuaderno 18); mientras que la curadora ad litem designada a Hernando De la Roche manifestó estarse a lo probado en el trámite (folio 201, cuaderno 1).
4. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Compañía Agrícola de Seguros SA, Compañía Agrícola de Seguros de Vida SA, Sucesores de José Jesús Restrepo y Cía SA, Propaganda Sancho y Cía Ltda, Compañía de Seguros Atlas SA, Compañía de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

que negó la autorización del negocio de adquisición de Diez y ocho millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientas noventa y cuatro acciones (18.889.994) acciones del Banco de Caldas por parte de Prounida Ltda. y Coloca Ltda. o de que oportunamente fue presentada oferta concurrente (se resalta).
En ese contexto, podía entenderse, como lo hizo el tribunal, que su entrega a los promitentes vendedores era dable sólo si la oferta pública de adquisición se concretaba a favor de las oferentes, que eran las promitentes compradoras; en cuyo caso, se debía esperar a conocer el resultado de esa operación, ya que la existencia de una « oferta concurrente » frustraba el negocio, al así haberse estipulado.
Pero esa comprensión no era excluyente de cualquier otra, porque también era factible deducir, como lo hizo la Corte, que el banco podía entregar los títulos a los promitentes vendedores si estos le presentaban constancias escritas de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia Bancaria, en el sentido que la primera había autorizado la oferta pública en un mínimo de dieciocho millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientas noventa y cuatro (18.889.994) acciones del Banco de Caldas S.A. y la segunda había aceptado que Prounida Ltda. y Coloca Ltda., las adquirieran.
Esta última interpretación era también posible porque las diversas condiciones estaban separadas por la palabra « o », partícula gramatical que funciona como conjunción disyuntiva y que, según la Real Academia Española, « expresa diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. Puede tener valor exclusivo, es decir, si se dan dos opciones solo puede ser una y no las dos a la vez ».
Esa expresión lingüística, que se interponía entre las múltiples condiciones pactadas, permitía también colegir, en sentido opuesto a lo que vio el tribunal, que bastaba con que la oferta pública de adquisición fuera autorizada para que los promitentes vendedores pudieran reclamarle al banco la entrega de los depósitos siempre que le exhibieran las constancias escritas de que tal operación (la OPA) había sido permitida a favor de las promitentes compradoras, potenciales adquirentes de las acciones; con mayor razón, cuando las partes convinieron que esos rubros constituían « arras penatorias », pacto que denotaba su intención de que fueran entregados anticipadamente a sus beneficiarios.
Ante ese complejo panorama, dentro del sub judice , en la tarea de indagar por cuál fue, en verdad, el designio real de las partes, tanto el tribunal, en sede de apelación, como la Corte, ahora en Casación, exhibieron razones plausibles e hicieron esfuerzos argumentativos valederos tendientes a justificar sus tesis en torno al proceder del banco reprochado.
No obstante, como el primero obró en instancia y la realidad negocial, cual ya expliqué, admitía, cuando menos, dos interpretaciones posibles, creo que la Corte, situada en sede casacional, no podía echar por tierra la hermenéutica de ese juzgador e imponer la suya, comoquiera que la solución confutada no revelaba la presencia de los desafueros denunciados o, al menos, estos no son palmarios.
Lo anterior sube de punto si se tiene en cuenta que la decisión cuestionada arribó a la Corte escoltada por una doble presunción de legalidad y acierto que no fue derruida por los ataques de la parte interesada en desmoronarla para hacer prevaler su particular postura, toda vez que, como anticipé, la tesitura del tribunal era jurídicamente viable al interpretar los términos de los contratos y, particularmente, la carta de instrucciones de la cual dependía, en cualquier caso, el pago de los títulos.
No desconozco que la casación, al ser un recurso extraordinario, tiene como fin prístino unificar la jurisprudencia nacional, es solo que pienso que ese designio, que le es connatural, se mantiene intacto en los casos en que, como el de ahora, el entramado negocial sobre el que versó la pendencia admitía más de una exégesis. Luego, si el juzgador de instancia se apoyó en una de ellas y justificó su silogismo de forma amplia y consistente, como así lo hizo, ello le cerraba la puerta al remedio excepcional, que, finalmente, se impuso, pues, en ese contexto, yerro no había o, al menos, no asomaba de bulto, ni brillaba con luz propia y menos con la intensidad que lo vio la Sala.
Tal modo de ver las cosas no ha sido ajeno a la Corte, pues, en CSJ SC 21 sept 1973, precisó que:
Si una determinada prueba admite dos o más interpretaciones diferentes, que no estén reñidas con la lógica acoger una cualquiera de ellas no entraña comisión de error manifiesto, desde luego que tal suceso no desacompasa con la realidad procesal y aunque en el sentir de la Corporación o del censor, la interpretación no acogida por el Tribunal o por el Juez fuese más ajustada a la lógica y consultara mejor los principios, el simple hecho de que la otra no sea arbitraria ni contraevidente sería bastante razón para que la Corte no pudiera variarla porque mientras no aparezca diáfanamente la arbitrariedad o la contra evidencia los juicios del Juzgador de segundo grado son así ciertamente intocables".
Eso mismo reiteró en CSJ SC 1º feb. 1994, rad. 4090, cuando explicó:
Siendo así las cosas se tiene que cuando el sentenciador saca de la prueba, al ponderarla, una conclusión razonable o lógica o que no choca abiertamente con lo que ella exterioriza, en este evento no se configura el yerro fáctico por carecer de la singular característica de ser evidente o manifiesto. Por consiguiente si un determinado suceso o hecho admite varias interpretaciones todas posibles acoger una de ellas no constituye un error evidente.
El anterior panorama me lleva a pensar que la decisión de la cual tomo distancia terminó por darle la razón al banco enjuiciado, a pesar que la posición del fallador de segundo grado, que lo halló responsable de amortizar de forma irregular los Certificados de depósito (CDTs), no se mostró alejada de la sindéresis que admitía el caso.
En compendio, como encuentro que la tesis del tribunal se acompasa con el instructivo entregado al fiduciario, aun cuando, según destaqué, no era la única admisible, considero que no se dio el yerro de facto, que, por tergiversación probatoria, halló la Sala en la providencia de la cual me separo, o que, en el mejor de los casos, carecía de carácter protuberante o garrafal y por eso la decisión atacada debía mantenerse incólume al no ser desatinada ni contraevidente.
Así debió ocurrir porque la casación, que no es proceso, está hecha para corregir dislates in iudicando e in procedendo , que sean palmarios y trascendentes, mas no para reexaminar la contienda y dar pábulo a una salida diferente a la adoptada en segunda instancia, por concluyente e incisiva que pueda llegar a ser, pues esto último contraría la esencia y el objeto de ese medio de control extraordinario.
En esos términos, dejo sentada mi inconformidad.
Fecha, ut supra.
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
148

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4445-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-11-17. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 1983-00507-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4445-2020%20%5B1983-00507-01%5D).
