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clave: "corte_suprema:providencia:SC436-2023 [2013-00297-01]"
titulo: "Contratación estatal: la segunda exigencia de la casación oficiosa está ligada con la gravedad del yerro"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-12-19"
radicado: "2013-00297-01"
numero: "SC436-2023"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Contratación estatal: la segunda exigencia de la casación oficiosa está ligada con la gravedad del yerro

- **Título oficial / radicado:** SC436-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-12-19
- **Radicado:** 2013-00297-01
- **Número:** SC436-2023
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC436-2023%20%5B2013-00297-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC436-2023%20%5B2013-00297-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEyLi0gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M0MzYtMjAyMyBbMjAxMy0wMDI5Ny0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Luego, la inejecución culpable del pago debe ser puesta de presente, sin ninguna duda.

## Decisión

SENTENCIA

## Puntos clave

- Corte suprema de justicia rad. n.° 47001-31-03-001-2013-00297-01 francisco ternera barrios magistrado ponente sc436-2023 radicación n° 47001-31-03-001-2013-00297-01 (aprobado en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés) bogotá, d. c., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por efraín segundo miranda villalobos contra el fallo dictado por la sala civil-familia del tribunal superior del distrito judicial de santa marta el 26 de marzo del 2019. al interior del proceso declarativo impulsado por el impugnante respecto de robert emil friebe laborde. i. antecedentes 1. la pretensión el demandante, efraín segundo miranda villalobos,: promitente vendedor, suplicó que se declarara resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 14 de febrero de 2011 con robert emil friebe laborde- promitente comprador -, « por el incumplimiento de las obligaciones del último, respecto del pago del saldo del precio y la no legalización del traspaso del automotor ». en consecuencia, pidió que se condenara al accionado a indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento (los que tasó en $230.000.000). y, por último, que se le obligue a restituir los inmuebles entregados, junto con sus frutos civiles. 2. la causa petendi 2.1.- aseveró que, el 14 de febrero del 2011, celebró con el señor robert emil fiebrel laborde dos contratos que recayeron sobre «dos bienes inmuebles, uno, de menor extensión (5.7 hras), sobre el que el comprador ha ejercido la posesión, y el de mayor extensión (11 hec14m2) por compra que de éste hiciera a los herederos del señor fredy ramírez cadena » . indicó que el «objeto del contrato » lo constituía «la compraventa, a título de poseedor y de propietario respectivamente, que el señor efrain segundo miranda villalobos, ejerce, y ostenta sobre los dos (02) inmuebles rurales, ubicados en el municipio de ciénaga magdalena ». en cuanto al precio, relató que se pactó que sería de $450.000.000 por uno de los bienes -el grande, y $50.000.000 por la posesión del pequeño. observó, asimismo, que hizo entrega de ambos inmuebles al demandado, los que quedaron en su poder. [3: uno de «venta de la posesión» de un predio ubicado en la región la palma, trupillo con una cabida de 5.7 hectáreas. y, el otro, de «promesa de compraventa» sobre una finca denominada «la tere», «con cabida de 11 hectáreas, 14 metros cuadrados». ] [4: ambos fundos se denominan «la tere». empero, la disputa de que da cuenta el proceso sólo se refiere al que fue objeto de promesa de compraventa y que posteriormente pasó a llamarse “la perla” (cfr. fol. 212, cdno. 1); y no al de venta de la posesión. ] 2.2.- respecto de la forma de pago del precio pactado frente al predio de mayor tamaño

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 960 de 1970
- Ley 153 de 1887
- Constitución Política

## Extracto

En consecuencia, pidió que se condenara al accionado a indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento (los que tasó en $230.000.000). Así las cosas, para el Colegiado « ninguno de los sujetos procesales está en posición de impugnarle al otro una actitud dolosa o contravención alguna ». La segunda exigencia de la casación oficiosa está ligada con la gravedad del yerro; se presenta cuando la equivocación sea « determinante en el sentido de la decisión confutada, ‘vale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisión final, en una relación necesaria de causa a efecto’ » O se atenta gravemente contra los derechos y garantías constitucionales. En ese orden, se advierte que el impugnante anduvo impreciso y confuso en la selección y justificación de la senda propicia para combatir el fallo de segunda instancia, con lo que la demanda deviene inadmisible desde la perspectiva de lo formal ».

## Cita textual

> en cabeza de qué persona radica el presunto incumplimiento de las promesas de venta del pasado 14 de febrero del 2011. Y si el fallo de anterior instancia constituye una decisión inhibitoria

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Rad. n.° 47001-31-03-001-2013-00297-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC436-2023
Radicación n° 47001-31-03-001-2013-00297-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés)
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por Efraín Segundo Miranda Villalobos contra el fallo dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 26 de marzo del 2019. Al interior del proceso declarativo impulsado por el impugnante respecto de Robert Emil Friebe Laborde.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión
El demandante, Efraín Segundo Miranda Villalobos, - promitente vendedor - suplicó que se declarara resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 14 de febrero de 2011 con Robert Emil Friebe Laborde- promitente comprador -, « por el incumplimiento de las obligaciones del último, respecto del pago del saldo del precio y la no legalización del traspaso del automotor ». En consecuencia, pidió que se condenara al accionado a indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento (los que tasó en $230.000.000[footnoteRef:1]). Y, por último, que se le obligue a restituir los inmuebles entregados, junto con sus frutos civiles[footnoteRef:2]. [1: Véanse fols. 153-162, cdno. 1.] [2: Páginas 12 y ss. del archivo «C0024AnexoDigitalCuadernoCorteFl6Cuaderno principal No.1».]
2. La causa petendi
2.1.- Aseveró que, el 14 de febrero del 2011, celebró con el señor Robert Emil Fiebrel Laborde dos contratos[footnoteRef:3] que recayeron sobre «dos bienes inmuebles, uno, de menor extensión (5.7 Hras), sobre el que el Comprador ha ejercido la POSESIÓN, y el de mayor extensión (11 Hec14M2) por compra que de éste hiciera a los herederos del señor Fredy Ramírez Cadena » . Indicó que el «objeto del contrato » lo constituía «la compraventa, a título de poseedor y de propietario respectivamente, que el señor EFRAIN SEGUNDO MIRANDA VILLALOBOS, ejerce, y ostenta sobre los dos (02) inmuebles rurales, ubicados en el municipio de Ciénaga Magdalena »[footnoteRef:4]. En cuanto al precio, relató que se pactó que sería de $450.000.000 por uno de los bienes -el grande - y $50.000.000 por la posesión del pequeño. Observó, asimismo, que hizo entrega de ambos inmuebles al demandado, los que quedaron en su poder. [3: Uno de «venta de la posesión» de un predio ubicado en la región La Palma – Trupillo con una cabida de 5.7 hectáreas. Y, el otro, de «promesa de compraventa» sobre una finca denominada «La Tere», «con cabida de 11 hectáreas, 14 metros cuadrados». ] [4: Ambos fundos se denominan «La Tere». Empero, la disputa de que da cuenta el proceso sólo se refiere al que fue objeto de promesa de compraventa Y que posteriormente pasó a llamarse “La Perla” (cfr. fol. 212, cdno. 1); y no al de venta de la posesión. ]
2.2.- Respecto de la forma de pago del precio pactado frente al predio de mayor tamaño - objeto de la promesa de compraventa - (es decir, $450.000.000), advirtió que el demandado se comprometió a sufragarlo así:
«Esta suma sería cancelada de la siguiente manera: $270.000.000 en efectivo, depositados en una cuenta de ahorros del vendedor, a la firma del contrato de compra-venta.
La entrega y legalización de un vehículo Tractor Ford 4000 color azul, 4x4 modelo 1984 serie 27-7011 avaluado en la suma de $30.000.000, lo que sería entregado al momento de la firma y autenticación del documento de Promesa de Compraventa.
CINCUENTA MILLONES ($50.000.000.00) de pesos, a los treinta (30) días de firmada la Promesa.
y (sic) los CIEN MILLONES ($100.000.000.00) de pesos restantes al momento que se corriera o suscribiera la respectiva escritura pública, a favor del señor ROBERT EMIL FREBEL LABORDE » .
2.3.- De otro lado, puntualizó que « [l] a Escritura se otorgaría y firmaría en la NOTARIA UNICA DE CIEN [E] GA, una vez CONCLUYERA, el proceso de SUCESIÓN, que por mutuo acuerdo se llevaba en la NOTARIA TERCERA DE SANTA MARTA, colocando como plazo máximo 15 días después de finalizado el mismo, toda vez, que dichos Bienes (sic) el señor MIRANDA los obtuvo por compra que de él hiciera a la viuda del entonces propietario » .
2.4.- Aseveró que, una vez concluido el proceso de sucesión, ambas partes acudieron a la Notaría Única de Ciénega a efectos de « legalizar las escrituras ». No obstante, el vendedor se negó a firmar el instrumento público, en tanto que el comprador « no canceló previamente, ni llevó el dinero restante, o sea los $100.000.000.00». Así como tampoco efectuó el traspaso del tractor; sobre el cual, únicamente, hizo su entrega material « pero, sobre el que no se le ha legalizado la situación, tal cual se comprometió ».
3. La posición del demandado
El convocado se opuso a lo suplicado por el gestor. Negó algunos hechos, admitió otros y refutó varios. Formuló las defensas de «excepción de contrato no cumplido », «inexistencia de incumplimiento de Robert Friebe », «incumplimiento contractual del demandante » y «prescripción, compensación y nulidad relativa »[footnoteRef:5]. También, planteó las excepciones previas de «indebida representación del demandante » e «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales »[footnoteRef:6]. Aclaró, de otro lado, que sólo debía $50.000.000 del pago del precio acordado sobre uno de los predios, el de mayor tamaño. Y respecto del otro, el de menor área, sostuvo que nada adeudaba. En cuanto a la tradición del tractor, observó que «los traspasos de ese tipo de vehículos no están sujetos a registro ante la autoridad de tránsito, su tradición se perfecciona con la entrega de la cosa, lo cual se realizó (…)». [5: Fols. 11-17, cdno. 1. ] [6: Fols. 57-59, cdno. 1. Tales excepciones fueron declaradas no probadas mediante auto de 29 de mayo de 2015. ]
Parejamente, demandó, en reconvención, que se declarara que Efraín Segundo incumplió la promesa. Y, consecuencialmente, que se conminase a éste a suscribir la escritura pública de compraventa respecto del fundo «La Tere » el sexto día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Además de condenarlo al pago de los daños materiales causados, que estimó en una cuantía superior a los $300.000.000, derivados del hecho de «no haber obtenido la propiedad sobre el predio, no pudo incluirlo en un programa de Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales para la siembra de once (11) hectáreas de palma de aceite que promovía la sociedad El Roble Agrícola S.A.; con lo cual (…) no pudo contraer un crédito a largo plazo ni pudo acceder al Incentivo de Capitalización Rural (ICR) que otorga el Estado (…)», teniendo, con ello, que «realizar un esfuerzo financiero que le ocasionó sobrecostos superiores a los $6.000.000 por hectárea ». Y a los intereses causados «sobre las sumas entregadas (…) como parte del precio »[footnoteRef:7]. [7: Fols. 60-65, cdno. 1. ]
En sustento de esas súplicas, relató que en las cláusulas del contrato se estipuló que Miranda Villalobos adquiriría «la totalidad del predio prometido en venta por adjudicación dentro del proceso de sucesión intestada de Freddys Ramírez Cadena y que, 15 días después de concluido el proceso de sucesión, se otorgaría la escritura pública (…)». Empero, el demandante no honró esa obligación, por cuanto «no obtuvo la adjudicación de la totalidad del predio prometido en venta para la fecha establecida », la que sí consiguió luego. Además, indicó que él sí había satisfecho sus compromisos negociales, comoquiera que «cumplió con el pago »[footnoteRef:8]. [8: Fols. 60-65, cdno. 1. ]
4. La primera instancia
La clausuró el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta el 10 de agosto de 2018. Desestimó las pretensiones de la demanda principal y las de la reconvención. Esto, al deducir que ambas partes desatendieron sus obligaciones contractuales. Efraín Segundo Miranda Villalobos, porque no era dueño de la totalidad del inmueble ( «La Tere ») para el día en que se pactó el encuentro en la notaría de Ciénega (Magdalena). Y Friebel Laborde, por cuanto no canceló íntegramente el precio pactado. Precisó, de otro lado, que no era del caso aplicar la doctrina del mutuo disenso tácito. Esto, ya que de la actitud asumida por los contendientes no podía inferirse que era su voluntad fulminar, sin ninguna consecuencia, el pacto[footnoteRef:9]. [9: Fols. 512-514, cdno. 1. ]
Inconforme, el demandado (demandante en reconvención) apeló. A su turno, el promotor se adhirió a la alzada.
5. La sentencia atacada
La dictó la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 26 de marzo del 2019. Confirmó lo decidido por el fallador de primera instancia.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1.- A juicio del sentenciador, el problema jurídico consiste en verificar « en cabeza de qué persona radica el presunto incumplimiento de las promesas de venta del pasado 14 de febrero del 2011. Y si el fallo de anterior instancia constituye una decisión inhibitoria ».
2.- Fundamentado en los artículos 1546, 1602 y 1609 del Código Civil, así como en la doctrina jurisprudencial referida al distracto contractual, el Tribunal estimó que la condición resolutoria tácita de los contratantes conmutativos solo favorece a quien haya respetado el pacto de manera íntegra. De manera que «lo primero que debió acreditar el apelante principal es la observancia de sus deberes contractuales, sin entrar a mirar si el vendedor tuviera o no la capacidad dispositiva de transferir el bien o, en términos generales, de materializar la compraventa ».
2.1-. El demandante principal no observó sus deberes contractuales, por cuanto para el 15 de junio del 2012 « no se había adquirido el 100% de la propiedad distinguida con folio de matrícula 222-1672, situación que lo inhabilitaba para cumplir su carga contractual, pues el dominio total del inmueble apenas se logró el 10 de noviembre de 2012, es decir, 3 meses posteriores a la fecha fijada ». Lo cual se verifica del certificado de libertad y tradición del inmueble y de la confesión efectuada por la parte en su interrogatorio.
2.2-. No obstante, para el ad quem es claro que el promitente comprador también desatendió sus obligaciones. Tal conclusión se desprende de la apreciación de la declaratoria del señor Robert Emil, pues « según su relato, al momento de la firma de la escritura pública, al no tener el señor Efraín Segundo Miranda Villalobos, el paz y salvo de las deudas de riego con Aso Río Frío. Siendo que esto no hacía parte de la promesa, como lo analizó la juez a quo, se abstuvo de desembolsar el resto del dinero debitado sin tener en cuenta lo ya plasmado en la jurisprudencia, que era de suyo pagar el precio acordado para hacer viable la acción indemnizatoria en comento, sin entrar a cuestionar las circunstancias ajenas a sus obligaciones ».
2.3-. Además, si bien la certificación obrante a folio 102 del cuaderno principal no está suscrita por el notario de Ciénega, lo cierto es que no existe medio probatorio alguno que desacredite el dicho del señor Miranda « consistente en el retiro del demandado para la búsqueda del dinero y su no regreso ». Y si en gracia de discusión se atendiera lo manifestado por el demandado, de todos modos « si de demandar la consumación del pacto se trata, solo podrá hacerlo el negociante puntual con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido o no sus compromisos, aun en el supuesto de que estos fueran anteriores». Así las cosas, para el Colegiado « ninguno de los sujetos procesales está en posición de impugnarle al otro una actitud dolosa o contravención alguna ».
3.- Por otra parte, tampoco era posible adentrarse en el estudio del mutuo disenso tácito, pues tal pretensión no fue planteada por ninguna de las partes. Frente al reparo esbozado por el apelante adherente -quien adujo que la sentencia impugnada dejó en suspenso la controversia contractual-, indicó que el mero desconocimiento recíproco de las obligaciones de los contrayentes no hace operante, de forma automática, la resciliación. Por el contrario, « es requisito indispensable que su declaratoria sea pedida por alguno o ambos extremos procesales, y además, que de la conducta asumida por las partes se extraiga el querer de fulminar el pacto que dio origen al vínculo negocial. Estos deben exteriorizarse bien sea de forma expresa o tácita a lo largo del proceso o previo a aquel. Así pues le corresponde al juez no solo verificar que el vendedor estaba presto a fenecer el acuerdo, sino también el comprador ».
En ese sentido, evidenció que del expediente no se desprende que los sujetos intervinientes hayan propuesto la disolución del negocio sin ninguna consecuencia. Por el contrario, lo que ambos persiguen es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Aludió a que « el señor Efraín Segundo Miranda Villalobos, en su libelo introductor peticionó la resolución del contrato, pero al ser encarado en su declaración de parte expuso lo siguiente: “yo no pretendo la finca, si y

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

texto.]
Es decir que el demandante pidió además del faltante de la contraprestación dineraria a cargo del comprador, que considera insoluta, la transferencia jurídica del « tracto r», cuya entrega tuvo por efectuada, al sostener, en el hecho séptimo, que:
A la fecha de hoy, mi representado tiene recibido, en efectivo la suma de TRESCIENTOS VEINTE ($320.000.000), Millones de Pesos, los cuales fueron recibidos en la forma y cantidad acortada, lo referente a un bien mueble, consistente en el Tractor Marca FORD 4000, de color azul, 4x4 modelo 1981 serie Z7-7011 avaluado en la suma de TREINTA MILLONES ($30.000.000) de Pesos, el que tiene recibido mi poderdante, como abono a la negociación, PERO, sobre el que no se le ha legalizado la situación, tal cual se comprometió, y, que, consta en el párrafo del centro del numeral Tercero de dicho documento de Compra-Venta, como es el traspaso, a nombre del vendedor, señor EFRAIN SEGUNDO MIRANDA VILLALOBOS .[footnoteRef:53] [53: Negrillas fuera de texto.]
Manifestaciones sobre las que, en la contestación de la demandada, se precisó:
Frente al Hecho Séptimo.- No es cierto. Tal como se explicó frente al Hecho Sexto, mi mandante ha pagado $400.000.000 . En cuanto al traspaso del tractor el cual se refiere la demandante, es necesario expresar que los traspasos de este tipo de vehículos no están sujetos a registro ante la autoridad de tránsito , su tradición se perfecciona con la entrega de la cosa, lo cual se realizó, según lo afirmado y probado con la demanda.[footnoteRef:54] [54: Negrillas fuera de texto.]
Entonces, lo solicitado no podía circunscribirse al saldo de $50.000.000 de un total de $450.000.000, para colegir que no existió incumplimiento resolutorio por parte del comprador demandado, considerando que la reclamación judicial del demandante se integraba con el monto adeudado y la inmaterializada tradición del tractor.
No pudiéndose pasar por alto la aseveración del demandado sobre el aludido tractor, al indicar que « los traspasos de este tipo de vehículos no están sujetos a registro ante la autoridad de tránsito », sin analizar que el artículo 46 de la Ley 769 de 2002, establece que «[t] odo vehículo automotor, registrado y autorizado para, circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte ». Norma que guarda correspondencia con el artículo 10 Ley 1005 de 2006, que dispone: « A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente a: (…). 7.
Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. Será responsable de su inscripción el Ministerio de Transporte quien expedirá la respectiva tarjeta de registro » .
4. En esos términos dejo expresado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra .
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
Radicación n.° 47001-31-03-001-2013-00297-01
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Radicación n.° 47001-31-03-001-2013-00297-01
SALVAMENTO DE VOTO
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala, manifiesto mi disenso con lo aquí resuelto. La razón para ello estriba en que, sin perjuicio de reconocer la importante teorización que se expuso en torno a la acción y el incumplimiento resolutorios, considero que no resulta coherente que la Corte acuda a una facultad oficiosa (la selección positiva ), para después refrendar la decisión que el tribunal había adoptado hace más de tres años; y no solo por la infundada dilación que ello comporta, sino porque el resultado del litigio deja a las partes en la indefinición de sus derechos: atados a un contrato que no pudieron resolver, y que, lógicamente, tampoco podrán ejecutar.
En efecto, según los hechos que se dieron por probados, los señores Efraín Segundo Miranda Villalobos (demandante y promitente vendedor) y Robert Emil Friebe Laborde (demandado y promitente comprador) ajustaron un acuerdo preparatorio el 14 de febrero de 2011, pero no celebraron el contrato prometido en la fecha estipulada, quedando también pendiente de pago un saldo del precio que decidieron anticipar ( prima facie , $100.000.000[footnoteRef:55] y el traspaso de un automotor). [55: Cabe anotar que el convocado solo aceptó deber la mitad de ese importe, pero no presentó pruebas para desvirtuar la negación indefinida de su contraparte, relacionada con el impago del monto mayor ya señalado (o, cuando menos, de ello no da cuenta la providencia objeto de estas líneas).]
En ese escenario, parecía razonable casar de oficio el fallo desestimatorio del ad quem , que se fundó en el mutuo incumplimiento de las partes, a fin de resolver el contrato preparatorio sin reconocer indemnizaciones de ningún tipo, justamente a partir de la referida inobservancia (replicando así la solución expuesta en CSJ SC1662-2019). Sin embargo, la Sala mayoritaria arribó a una conclusión distinta, a partir de considerar irrelevante el impago de ese saldo del precio.
No obstante, de manera cordial considero que tal desenlace pierde de vista el verdadero incumplimiento recíproco de los referidos estipulantes, este sí trascendente y determinante: no haber celebrado el contrato de compraventa en la fecha que se dijo en la promesa. A ello agréguese que, al privar a los contratantes de la acción resolutoria (según lo decidido en este fallo), la Sala mayoritaria los invitó a ensayar la acción ejecutiva, obviando que ninguno desea seguir vinculado al otro, y que, en todo caso, el simple paso del tiempo les ha conferido una herramienta eficaz para desembarazarse de cualquier reclamo de cumplimiento.
En suma, amablemente considero que la argumentación expuesta condujo a que se confundiera el objeto del contrato de promesa, haciendo pasar como su prestación principal el pago del precio, cuando en realidad lo era el otorgamiento del contrato prometido. Además, se dejó a los contendientes justamente en la inicua situación que la reciente postura de la Corte sobre la resolución por mutuo incumplimiento quería evitar, esto es, sin posibilidades jurídicas serias de enmendar la situación en la que se encuentran.
Por último, con respetuosa consideración por la Sala, no comparto la afirmación según la cual « la selección positiva de la demanda comporta que la Corte examine el cargo denunciado », pues de ser así, el ejercicio de la facultad oficiosa resultaría inane. En mi opinión, siempre respetuosa, al hacer uso de la referida prerrogativa, esta Corporación debe emprender « un análisis autónomo y panorámico de la controversia » (CSJ SC963-2022), que se extiende más allá de los argumentos esgrimidos en la demanda de sustentación del recurso extraordinario, para adentrarse en la materialidad del conflicto jurídico, sin limitaciones formales.
En los anteriores términos dejo fundamentado mi salvamento de voto, con reiteración de mi irrestricto respeto por los demás integrantes de la Sala.
Fecha ut supra ,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC436-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-12-19. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2013-00297-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC436-2023%20%5B2013-00297-01%5D).
